La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del Gobierno de España, Elena Espinosa, y el consejero de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña, Francesc Baltasar, han presentado este martes el acuerdo entre administraciones para paliar la sequía en el área de la zona metropolitana de Barcelona, que consistirá en llevar agua del Ebro a la zona afectada.
Baltasar ha confirmado que una parte del agua llegará de las desalinizadoras y otra del trasvase del Ebro, “medida provisional” y de “carácter de emergencia”, para evitar restricciones de agua en Barcelona y sus cercanías. El consejero autonómico ha querido dejar claro, durante la rueda de prensa conjunta con la ministra en el Palacio de la Generalidad, que la medida es excepcional y temporal.
El dirigente de ICV y miembro del Gobierno de Montilla ha advertido de que la “aportación de agua” -por no decir trasvase- no restará ni una gota de agua al río Ebro y que la obra se retirará una vez estén en marcha las desalinizadoras. La obra -62 kilómetros de tuberías- costará entre 170 y 180 millones de euros.
“No estamos hablando de ningún trasvase” del Ebro
Por su parte, Espinosa -después de, absurdamente, pedir disculpas por no hablar en catalán, siendo gallega y ministra- ha advertido de que la situación de sequía es grave en la zona de Barcelona. Desde el Ministerio, que Espinosa dirige, se ha asegurado que el trasvase del Ebro no producirá ningún “impacto medio ambiental”, se llevará el agua que sobra del Ebro y que su caudal se mantendrá por lo que, según la ministra, “no estamos hablando de ningún trasvase” y, al no ser trasvase, permite utilizar los mecanismos que se van a utilizar.
La obra tendrá un periodo de ejecución de cuatro meses, empezará el 1 de mayo, y afectará también a los regantes del Ebro -sobre 19.000 hectáreas y un coste de 24 millones de euros, asumido por el Estado- para que tengan mejoras de cara al futuro. Espinosa ha manifestado que el agua trasvasada será la que, por culpa de unas instalaciones muy obsoletas, “se están perdiendo” actualmente.
El acuerdo se formalizará con un Real decreto del Gobierno de Zapatero y la firma de un convenio entre administraciones que espcificará que ambas administraciones son coautoras de la obra.
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