El Ejecutivo autonómico de Aragón ha decidido este jueves presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3 del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno y el Congreso de los Diputados, mediante el cual se debe realizar un trasvase del Ebro de Tarragona a Barcelona.
Marcelino Iglesias, presidente de la Comunidad aragonesa, ha emplazado asimismo a la Generalidad de Cataluña a que no aplique el decreto debido a que ya no continúa la situación de emergencia hídrica, pese a que el Gobierno autonómico de Montilla no ha retirado la fase de emergencia.
El vicepresidente del Gobierno autonómico de Aragón, José Ángel Biel, ha indicado, en rueda de prensa, que el artículo recurrido al Tribunal Constitucional autoriza la compra-venta de derechos de uso de agua a los usuarios de la cuenca del Ebro sin que se haya solicitado un informe preceptivo al Gobierno de Iglesias, como ordena el Estatuto de Autonomía de Aragón, lo que convierte el decreto, ya convertido en ley, en inconstitucional, según Biel. El resto del decreto no será recurrido.
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También el Justicia de Aragón -equivalente al Defensor del Pueblo o al “Síndic de Greuges”)- sugirió al Gobierno aragonés la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que autoriza la utilización de las aguas del Ebro en Barcelona.
El Justicia considera que la normativa vulnera la Constitución y el Estatuto de la Comunidad. Y señala que el decreto ha provocado una gran peocupación social con la presentación de numerosas declaraciones institucionales y quejas de ciudadanos y colectivos.
¿Alguien atenderá las quejas del débil frente al poderoso?
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