El Ministerio de Administraciones Públicas ha publicado una nota de prensa en la que resume la aplicación y desarrollo del Estatuto -con nueve recursos de inconstitucionalidad- desde su aprobación, para salir al paso de las críticas del Gobierno de Montilla, CiU y el PP de Cataluña.

En estos dos años, se dice en la nota del MAP, el Ejecutivo de Zapatero ‘ha aprobado el traspaso de once funciones y servicios a la Generalitat de Cataluña’, con un coste efectivo de 78.962.172,16 millones de euros, y ‘ha cerrado cuatro acuerdos de colaboración con distintos departamentos del Gobierno catalán’. Además, recuerda, se han aprobado ‘cantidades adicionales destinadas a inversiones en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona (110 millones de euros) y en nuevos órganos judiciales (6.663.492,07 euros)’.

Asimismo, se hace constar que ‘el Gobierno de España ha demostrado su firme compromiso con el desarrollo de la reforma estatutaria’. Por este motivo, también ‘los acuerdos alcanzados por ambas administraciones se han producido en el marco de las tres comisiones creadas por el nuevo Estatuto y encargadas de su desarrollo: la Comisión Bilateral Cataluña-Estado, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat y la Comisión de Transferencias Administración del Estado-Generalitat de Cataluña.’

Los 11 últimos traspasos son:

1. Hospital Clínico y Provincial de Barcelona.
2. Ordenación y gestión del litoral, primera fase. Incluye las autorizaciones de usos de temporada o las de ocupación con instalaciones desmontables, entre otros.
3. Gestión del ISBN e SSN.
4. Declaración de utilidad pública de asociaciones.
5. Ampliación de funciones y servicios en materia de agricultura.
6. Ampliación de medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Generalidad de Cataluña en materia de obras hidráulicas.
7. Ampliación de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
8. Ordenación y gestión del litoral, segunda fase. El Gobierno autonómico será el encargado de las concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre y las sanciones correspondientes.
9. Homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias.
10. Comunicaciones electrónicas.
11. Ampliación de medios traspasados en materia de obras hidráulicas.