Un alto cargo del departamento de Deportes de la Generalidad, Jordi Eduardo, militante de ERC, chantajeó a varios concejales para conseguir que los clubs de fútbol sala femenino de sus ciudades cedieran a sus mejores jugadoras a la selección catalana, para competir en el Mundial de Reus.

De viva voz y a través de un SMS, el coordinador territorial institucional de la Secretaria del Deporte, Jordi Eduardo, intentó convencer a los concejales de Deportes de Esplugas de Llobregat y de Rubí de que presionasen a los clubs de fútbol sala femenino de sus ciudades para que cedieran a sus mejores jugadoras a la selección catalana que competía el pasado fin de semana en el Mundial celebrado en Reus. Pero, según fuentes de ambos consistorios, este cargo de ERC utilizó un tono nada institucional. Todo lo contrario. Estas mismas fuentes aseguran que Eduardo amenazó con reducir las subvenciones que la Generalidad entrega a estos clubs como castigo por no avenirse a su petición, según informa este viernes El Periódico.

Eduardo llamó el pasado sábado a las 13.30 horas al concejal de Deportes de Rubí, Josep Antoni Serra, para reclamarle la suspensión del partido que debía enfrentar esa tarde al Rubí con el Castelldefels, en la categoría de segunda división nacional con el objetivo de que parte de las jugadores pudiesen sumarse a la selección catalana. A pesar de las gestiones, la federación española rechazó la suspensión del partido y recordó que, de no disputarse el encuentro, ambos equipos se arriesgaban a recibir una sanción.

Una hora después, cuando el concejal informó a Eduardo de que el partido se iba a jugar, recibió por respuesta un SMS (ver imagen adjunta) en el que le reprochaba que ‘la secretaría de deportes sabrá entender que rubí no colabora en nuestros proyectos’, y añadía: ‘tú mismo’.

Según fuentes del Ayuntamiento de Rubí, también el AE Penya Esplugues, que juega en la división de plata femenino recibió presiones para que cediese a sus jugadoras para participar en el Mundial de Reus.

La Secretaria del Deporte de la Generalidad ha asegurado este jueves que desconocía las presiones denunciadas por estos ayuntamientos y ha anunciado que abrirá una investigación para averiguar si son ciertas las amenazas.