Desde que el tripartito gobernado por José Montilla llegó al poder, en 2003, el Gobierno autonómico ha recaudado 241.475 euros con las sanciones a comercios por rotular en español. Se ha ocupado de ello la Agencia Catalana del Consumo (ACC), ahora en manos de Antoni Castells, del PSC.

Desde 2003 hasta mediados de 2006, la ACC fue dirigida por los consejeros de Comercio, los independentistas Pere Esteve y Josep Huguet, por lo que los dirigentes del PSC escondían el bulto al ser preguntados por las multas lingüísticas por utilizar una lengua oficial de Cataluña. Ahora, pese a que el control de las multas está en manos de un dirigente del PSC, la coacción institucional sobre los ciudadanos se mantiene.

Una ley inconstitucional

Las multas, eso sí, obedecen al estricto cumplimiento de la Ley de Política Lingüística de la Generalidad de Cataluña de 1998, que en su artículo 32.3 dice: ‘La señalización y carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, como mínimo, en catalán’. Algo que choca frontalmente con la Constitución española, pero que nadie ha recurrido al Tribunal Constitucional.

El montante de las sanciones: 241.475 euros, entre 2003 y 2007, pone de manifiesto que la realidad está muy lejos de los políticos que intentan cambiar una realidad, que sigue siendo bilingüe en su conjunto, es decir, la ciudadanía utiliza el idioma que quiere.

Multas por no catalanizar todo

Entre 2003 y 2007 la ACC ha sancionado a 420 establecimientos comerciales. Del ejercicio de 2007 destacan 83 denuncias lingüísticas, como ya publicamos en LA VOZ DE BARCELONA, por no rotular en catalán, a las que hay que sumar 55 por otros motivos relacionados con la la Ley de Política Lingüística, que suponen 121.900 euros más.

¿En función de qué conceptos se sanciona además de la rotulación? Consumo también multa por no emplear el catalán en recibos de caja, hojas de reclamaciones o al atender al cliente.