Esta semana el Parlamento catalán ha aprobado la nueva Ley de Educación para Cataluña tras un acelerado proceso que tan sólo ha perseguido ambiciones políticas. La educación es un largo proceso a lo largo de la vida que pretende transmitir a los individuos un conjunto de valores y conocimientos para desarrollar sus capacidades intelectuales, sociales y hacer de ellos ciudadanos libres con suficiente espíritu crítico.

Para ello es preciso diseñar un sistema educativo de calidad que se adapte a los nuevos retos sociales y hacer de la nuestra una sociedad formada y culta, para que nuestro capital humano sea tan capaz como el de cualquier país de nuestro entorno en un mundo global.

La nueva LEC ha perseguido unos objetivos muy distintos, es una ley ideológica con una clara ambición política expresada por los partidos que le han dado apoyo a los que sólo les interesa la pasión por lo local. Para el Gobierno catalán esta ley ha sido una pieza más en su objetivo de avanzar en el proceso de construcción nacional que nace de un Estatuto cuya constitucionalidad está por sentenciar y pretende evitar su enmienda para que no haya vuelta atrás.

En palabras de los miembros del tripartito, la nueva LEC corrige una anomalía histórica fruto de la guillotina competencial, y con ella pretenden establecer una escuela catalana en lengua y contenidos identificando educación, lengua, cultura e identidad. Un modelo empobrecedor, cuyo único objetivo es formar a toda una generación en el ideario nacionalista dando la espalda a la pluralidad social que existe en Cataluña, enmascarándola en un falso consenso y olvidando la necesidad de abordar retos globales.

El redactado de la ley obvia con intención cualquier referencia a los principios constitucionales, a las leyes orgánicas básicas y tiene una clara intención de incumplir los decretos de mínimos, blindando un modelo lingüístico excluyente al que muchos informes apuntan como uno de los causantes del gran fracaso escolar en Cataluña. La ley vulnera los derechos de los padres, excluye una lengua oficial como lengua de aprendizaje y despoja de sus derechos a una parte de los ciudadanos para atribuir derechos a otros.

Durante todo el proceso ha habido una sobresaliente ambición política, una notable insensibilidad negociadora, una buena dosis de indiferencia a los reclamos de los padres y profesores, la suficiente soberbia como para enfrentarse a socios de gobierno, sindicatos y oposición, y la insuficiente capacidad para frenar el elevado fracaso escolar.

Entretenidos en pactos y negociaciones han perdido la oportunidad de elaborar una ley que dotara al sistema de instrumentos para mejorar el rendimiento de nuestros alumnos, buscar la excelencia, inculcar el valor del esfuerzo, devolver la autoridad a los profesores, evitar manipular los contenidos, permitir a las familias decidir libremente dónde y cómo quieren educar a sus hijos. En lugar de eso se ha pretendido legitimar ambiciones políticas que nada tienen que ver con la vocación de educar con calidad y en libertad.

Carina Mejías es diputada del PP en el Parlamento autonómico de Cataluña.