Desde la llegada a su cargo de Felip Puig (CiU), a la Consejería de Interior de la Generalidad de Cataluña, han sido constantes los problemas, entre otras cosas, producidos por las peculiares formas de ejercer su función, muy alejadas de la prudencia que cabe exigir a cualquiera que la desempeñe y más propias de los sheriffs del antiguo oeste americano.

Llama poderosamente la atención la creación de una página web a raíz de los sucesos acaecidos durante la jornada de huelga general del 29 de marzo de 2012 con la siguiente presentación:

‘La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) demana la col·laboració dels ciutadans/es per tal que aportin informació que permeti la identificació de les 68 persones següents, de les quals la PG-ME disposa d’elements d’incriminació de la seva participació en actes delictius o vandàlics. La PG-ME garanteix la plena confidencialitat de la identitat i de les dades facilitades pels ciutadans/es, i els agraeix la seva implicació en la lluita per erradicar els episodis de violència urbana’.

Desde un primer momento han sido múltiples las dudas razonables sobre esta web para identificar a los violentos, llegándose a considerar por algunos el portal como una “práctica inquisitiva” propia de la caza de brujas de la época de McCarthy en EEUU. Incluso se cometió la barbaridad de insertar la fotografía de un menor, lo que obligará a intervenir a la fiscalía ya que ésta debe hacerlo en los casos de difusión de imágenes de menores que puedan ‘implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación o que sea contraria a sus intereses’.

También el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) ha abierto “actuación de oficio” para saber si existe alguna “irregularidad” en la web para identificar a los vándalos. En el mismo sentido, la sociedad civil se ha opuesto, en general y abiertamente, a cualquier recorte en la interpretación de los derechos fundamentales, demandando, igualmente que se cierre la web del sheriff Puig.

Sirva como ejemplo este Comunicado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), de 18 de mayo de 2012, institución nada sospechosa de cuestionar el orden establecido:

‘La Junta del Colegio de Abogados de Barcelona reitera que la violencia callejera por parte de grupos minoritarios (al aprovecharse de concentraciones y/o manifestaciones legales de la ciudadanía) no justifica ni legitima ninguna reforma legislativa que tienda a reducir los derechos constitucionales de asociación, de reunión, de expresión, de presunción de inocencia, de derecho al honor y a la propia imagen que tienen todos los ciudadanos.

Esto comporta que la ciudadanía se convierte en víctima no sólo de los ataques de los grupos violentos que dañan bienes y derechos de las personas, sino también de las reformas legislativas que recortan derechos y endurecen más el Código Penal, que ya prevé penas graves por las actitudes violentas y los ataques a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Por ello, el Colegio de Abogados de Barcelona manifiesta que debería cerrarse la web del departamento de Interior de la Generalidad mientras no se resuelvan ciertos aspectos que pueden considerarse inconstitucionales por atentar contra los derechos a la presunción de inocencia, al honor y a la propia imagen. Igualmente, desde el ICAB se considera que la difusión de las fotografías e imágenes de ciudadanos no imputados judicialmente debería ser autorizada expresamente por un juez’.

Por otra parte, no cabe olvidar que en el establecimiento de páginas web como la indicada, y a semejanza de otras que promocionan abiertamente la transición nacional, subyace un sustrato ideológico, nacionalista y conservador, que pretende la eliminación del disidente a las consignas que se consideran políticamente correctas en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Ahora que ya han sido puestos en libertad todos los detenidos y encarcelados, preventiva e injustamente, durante semanas a raíz de aquellos hechos que sirvieron de excusa a la creación de tan reaccionario instrumento, me uno a la pregunta que se hacen muchos ciudadanos:

‘Nos preguntamos, para cuando habrá una fiscalía especial que investigue a los banqueros, políticos corruptos y empresarios que han creado una crisis que están llevando a millones de personas a la exclusión social y la miseria. Para cuando una web con todas las fotos de los delincuentes de guante blanco que son tratados como señores por los poderes públicos. Para cuando una web con las fotos de los Mossos que han mutilado con bolas de goma y machacado a porrazos a ciudadanos. Señor Puig eso sí es violencia y usted siempre la justifica’.

Cartel de los estudiantes sevillanos para la huelga del 22M.

Los principales sindicatos estudiantiles han convocado a una huelga general en la educación hoy 22 de mayo en protesta por los recortes educativos y en defensa de los servicios públicos. Por primera vez todas las etapas de la educación se suman a este paro conjunto que tendrá un gran alcance nacional. Los sindicatos representativos de la enseñanza, FE-CCOO, ANPE, CSI-F, STEs-i y FETE-UGT firmaron el pasado 9 de mayo por una huelga estatal en el sector.

A esta huelga están llamados todos los profesionales de la educación de los distintos niveles educativos, desde profesorado, personal de servicios educativos, educadores de Educación Infantil y personal de administración y servicios.

Las medidas aprobadas por el Congreso con el voto en solitario del Gobierno del PP y con la oposición del resto de grupos parlamentarios, supondrá, según esgrimen los sindicatos, la pérdida de calidad e igualdad de oportunidades, la pérdida de derechos, el aumento de las tasas universitarias, la privatización de los servicios educativos, la disminución de becas, el aumento de la jornada laboral, la pérdida de miles de puestos de trabajo, el abandono de determinados programas de apoyo a la Educación Infantil y de nuevas tecnologías, la no implantación de ciclos de Formación Profesional actualizados y un largo etcétera que representa un gran paso atrás en la calidad del sistema educativo.

Los organizadores aseguran que, tras el triunfo del PP en las urnas “se ha producido un brutal ataque a la calidad e igualdad de oportunidades en la educación”, que ya venía gestándose con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La huelga es apoyada por la Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, que ha hecho pública una declaración para sumar a la mayor cantidad de participantes posible en las manifestaciones y el Manifiesto por una educación de calidad y en igualdad. Con anterioridad ya había elaborado otro, titulado Manifiesto en defensa del Estado de bienestar social y de los servicios públicos. Con la sanidad y la educación no se juega.

Lamentablemente, los gobiernos del PP a nivel nacional y de CiU a nivel autonómico sí están jugando con el futuro de muchos ciudadanos en edad formativa.

Me vienen ahora a la memoria aquellas palabras del orador, ministro religioso y activista estadounidense El-Hajj Malik El-Shabazz, nacido con el nombre de esclavo Malcolm Little y más conocido como Malcolm X: “Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today“ (“La Educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy”).

Se denomina peaje al pago que se efectúa como derecho para poder circular por un camino. En la antigüedad, se llamaba portazgo a la suma que debía pagarse para cruzar cierto límite (puerta) entre dos zonas territoriales. En términos más generales se asocia el concepto de peaje a la tasa o tarifa que se cobra a un medio de transporte terrestre, fluvial o marítimo como derecho de tránsito para utilizar la infraestructura de la respectiva vía de comunicación; por ejemplo a los automóviles para poder circular por una autopista, o a los barcos para poder atravesar por un canal de navegación o una hidrovía. En la mayoría de los casos la vía o ruta marítima sujeta a peaje permite a los usuarios ahorrar tiempo de viaje y reducir sus costos de operación, con respecto al tránsito por vías o rutas alternas libres de peaje. El dinero recaudado a través de un peaje se destina normalmente a financiar la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras viarias (carreteras, túneles, canales de navegación o puentes), (fuente: Wikipedia).

Autocar turístico, en el centro de Barcelona (foto: Federico Llosa Marsé).

Entre los diferentes tipos de peaje, encontramos el peaje urbano de congestión: tasa, cargo o impuesto que se cobra en algunas ciudades bajo la política de tarifas de congestión, como los implantados en Buenos Aires, Estocolmo, Londres, Milán y Singapur, con el propósito de disminuir la cantidad de vehículos que acceden a una determinada zona del centro para reducir la congestión de tránsito, y en los programas más recientes, también tienen el objetivo de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque no se trata de un peaje en el sentido tradicional, los medios de comunicación con frecuencia lo llaman peaje urbano.

¿Es necesario establecer un peaje de este tipo que limite el acceso de vehículos privados al centro de la ciudad de Barcelona? El RACC realizó unos estudios, según publicaba La Vanguardia de 4 de julio de 2009, en los que destacaba, entre sus conclusiones, que los accesos a las dos grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona, están dominados por el coche, que se impone con claridad al transporte público. Para entrar a estas dos ciudades españolas en coche se precisa, según los citados estudios, un promedio de 39 minutos mientras que hacerlo en transporte público consume 72. Advertía de la necesidad de mejorar el transporte público para que haya una alternativa potente al vehículo privado y destacaba de la comparación de los estudios de Barcelona y Madrid la disposición de los conductores a pagar más de tres euros para eludir los atascos: el 60% de los de la primera ciudad lo haría por el 41% de la segunda. En conclusión, existe congestión de tráfico en Barcelona y los afectados directos, los conductores, estarían dispuestos a pagar mayoritariamente un peaje si ello contribuyese a evitarla.

Por su parte, la Unión Europea realizo un informe en el que estudió el impacto del tráfico sobre la población en 10 ciudades europeas, entre ellas Barcelona -que obtuvo el peor resultado- (muy alejada de Granada -la ciudad más limpia de entre las analizadas-). Las calles barcelonesas son responsables de entre el 25% y el 30% de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias que padecen los ciudadanos, estima el estudio. El informe, que retrató la polución entre 2004 y 2006 para concluir que los niveles registrados durante esos tres años hurtaron 13,7 meses de vida a los barceloneses, ha destapado una incidencia del tráfico sobre la salud mayor a la asumida hasta ahora por la comunidad científica. Los expertos señalan que la orografía de la capital catalana complica las cosas: entre el mar, la montaña y la escasa precipitación, las partículas contaminantes y el dióxido de nitrógeno quedan estancadas sobre la ciudad. Así que en Barcelona hace falta más contundencia que en otras capitales y eso pasa por reducir el tráfico. En conclusión, Barcelona es una ciudad que sufre altas cotas de contaminación atmosférica, muy por encima de la media permitida desde el punto de vista de los estándares europeos.

Finalmente, cabría señalar que la ciudad condal es eminentemente terciaria, con un sector turístico muy potente y en expansión. ¿Quién no siente ya, hace tiempo, la presión ambiental que producen la ingente cantidad de autobuses turísticos que campan a sus anchas por el centro? Recientemente, los taxistas de Barcelona han propuesto establecer un peaje de acceso al centro de la ciudad que obligaría a pagar a los no residentes que quisieran entrar, con lo que se podría recaudar fondos para reducir el déficit del transporte público y mejorar el servicio. La iniciativa supondría crear un área con acceso de pago comprendida entre las calles Entenza, Travesera de Gracia, Marina, Avenida Diagonal, Paseo de Colón y Paralelo, con lo que calculan que disminuiría un 30% el número de vehículos privados que circulan por el centro y un 15% los niveles de contaminación acústica y atmosférica.

Me parece que esta propuesta va en el buen camino. Debemos exigir a los representantes políticos en el Consistorio barcelonés que no hagan dejación de sus funciones por motivos electorales y den una respuesta rápida y contundente a un problema que se agrava por momentos. Una demanda de menos contaminación (a niveles europeos) y más y mejor transporte público que redunde en una mayor movilidad, ya no son negociables, sino, una simple cuestión de supervivencia y calidad de vida que exigimos los vecinos de Barcelona.

En Estocolmo, el peaje urbano se implantó en 2006 sin debate político: se puso a prueba durante seis meses, una comisión de expertos evaluó los efectos de la medida sobre la contaminación y el proyecto se sometió a votación popular. Casi el 60% de los ciudadanos apoyó el peaje. Algunos piensan que Barcelona el resultado sería muy distinto; otros confiamos en la madurez de los ciudadanos de esta ciudad.

‘No riáis, […] los que dejasteis la choza de Pedro el Pescador para instalaros en palacios de mampostería; los que abandonasteis el desierto de la Tebaida y los montes Armenios por las grandes urbes; los que arrancasteis los dientes a la calavera de San Jerónimo para ponéroslos postizos, engarzados en oro, y poder sonreír delante de las señoronas que os visitan; los que tiráis como desperdicios en vuestras cocinas lo que fue el único alimento de vuestros fundadores; los que quemasteis las antiguas cruces de madera para fundir la plata de los modernos crucifijos que os regalan vuestras clientes de confesionario; los que dejasteis de hacer rosarios debajo de un árbol de amable sombra y junto a una fuente de clara agua para instalar fábricas de licores y chocolates’ (Ramón Acín, No riáis, en La Ira. Barcelona, 26 de julio de 1913).

Obras en la Sagrada Familia (foto: Federico Llosa Marsé).

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, conocido simplemente como la Sagrada Familia, es una gran basílica católica de Barcelona diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí. Iniciada en 1882, todavía está en construcción. Es la obra maestra de Gaudí, y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Según datos de 2011, es el tercer monumento más visitado de España (con 2,3 millones de visitantes), tras la Alhambra de Granada (3 millones) y el Museo del Prado (2,9). En 2005, la parte construida por Gaudí (cripta y fachada del Nacimiento) fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. La Sagrada Familia es también conocida popularmente como la catedral de los pobres, a causa del cuadro homónimo del pintor modernista Joaquim Mir. Además, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. En 2001 la Junta recibió el premio Cruz de San Jordi que otorga la Generalidad de Cataluña (fuente: Wikipedia).

La Junta Constructora es una fundación eclesiástica creada en 1895 para promover su construcción, a través de donativos e iniciativas públicas y privadas. En la actualidad, junto a su función original, promueve la obra y la figura de Antoni Gaudí, artífice del templo, a través del legado y el proyecto reflejados en el templo y en el resto de su obra, así como la proyección internacional de Gaudí y del modernismo catalán. La previsión, no tan lejana ya, de finalización de las obras en 2026, propiciada por la gran afluencia de visitantes que se ha traducido en un vertiginoso ritmo de las obras, debe suponer una transición por lo que hace al objeto de sus funciones dado el indudable interés público de la construcción; sin olvidar que aún queda pendiente la operación urbanística correspondiente al proyecto de la plaza y la zona verde frente a la fachada de la Gloria -la de la calle Mallorca- que comporta la expropiación de decenas de viviendas y negocios, con un elevadísimo gasto en indemnizaciones y realojos sobre el que aún se discute -entre el Ayuntamiento de Barcelona y el patronato del Templo- quién debe sufragarlo.

Desde entonces el presidente ha sido el obispo y después el arzobispo de Barcelona. El presidente actual es el cardenal arzobispo Lluís Martínez Sistach y su presidente delegado, Esteve Camps Sala, que sustituyó en el cargo al político, nacionalista y democratacristiano, Joan Rigol Roig (UDC). Según manifiesta su web, la Sagrada Familia se financia de manera totalmente privada, señalándose que:

‘La dirección y la coordinación del plan de construcción del templo, y la gestión de los fondos económicos y de las actuaciones de la Fundación, se delegan en una persona no perteneciente a los ámbitos eclesiásticos, que trabaja conjuntamente con los miembros de la Junta Constructora. Tanto el presidente delegado como la Junta de Patronos colaboran desinteresadamente‘.

Como es el lugar más visitado de Barcelona, emblema de la ciudad en el mundo, que comporta gran poder y beneficios, que deberían revertir mayoritaria y directamente en la ciudad, no es extraño que revisemos con lupa quienes integran actualmente la Junta de la fundación; además de su presidente y de su presidente delegado la componen: Joaquima Alemany Roca (militante de CDC), Pere Alegri Guitart, Joan-Jordi Bergós Tejero, Jordi Bonet Armengol (director general de Patrimonio Artístico de la Generalidad durante el primer gobierno autonómico Pujol, 1981-1984), Miquel Bosch Obradors, Maria Carulla de Tomàs, Joan Güell de Sentmenat (próximo a CDC), Joan Matabosch Soler, Roser Maragall Garriga y Joan Uriach Marsal.

Siendo evidentes las relaciones de los mismos con las familias tradicionales de la burguesía barcelonesa, con cruces de San Jordi entre ellos por los servicios prestados, inmediatamente se hacen inevitables los paralelismos con el patronato del Palacio de la Música: así sabemos, por ejemplo, que mientras Bergós Tejero está en la Sagrada Familia, Bergós Civit estaba en el Palacio de la Música; mientras Güell de Sentmenat está en la Sagrada Familia, Carles Güell estaba en el Palacio de la Música; lo mismo ocurre con la familia Maragall. Roser Maragall Garriga es la de la Sagrada Familia, mientras que su hermana Marta era vocal del Palacio de la Música. Con el pujolista Joan Uriach lo tenemos más fácil: el que aparece en la fundación del templo y el que estaba en el patronato del Palacio de la Música, son la misma persona. Lo de la Carulla tiene un poco más de miga, ya que Maria Carulla Font usa el nombre de casada en el patronato de la Sagrada Familia (Maria Carulla de Tomàs), y el de hija amantísima en la dirección del Palacio de la Música: Mariona Carulla i Font, donde ha llevado a cabo una labor muy ingrata ostentando los dudosos méritos de haber sido durante los 13 últimos años la vicepresidenta de Fèlix Millet en su junta y la persona que lo sustituyó el 27 de julio de 2009.

El maridaje entre el nacionalismo político, económico y religioso resulta claro. Y es que donde está la burguesía catalana instalada, acto seguido aparecen las ramificaciones financieras hacia los partidos políticos catalanes mayoritarios, principalmente CDC; lo que algunos han llamado su mano negra, todo ello bendecido por la Iglesia catalana. No en vano, por ejemplo, la coalición nacionalista conservadora se llevó el 42% de las donaciones anónimas a partidos políticos españoles entre 1987 y 2007. Muchas derivaban del Palacio de la Música, ¿ocultará un entramado semejante la Sagrada Familia?

Tampoco ayuda a la tranquilidad el que, hoy por hoy, las fundaciones en Cataluña estén bajo sospecha como ya señalé en otra entrada, pues, facilitan la opacidad de pagos y retribuciones no justificadas (sin ir más lejos, otra fundación con presencia del arzobispado, la del Hospital de San Pablo vio como era intervenida por la Generalidad de Cataluña al observarse graves irregularidades, como la recientemente conocida circunstancia de que se continuó pagando durante siete años el sueldo a un ex gerente).

Frente a la situación descrita, los partidos conservadores -los más beneficiados, lógicamente por su cercanía a la Iglesia, por este tipo de persona jurídica supuestamente caracterizado por ser una organización sin ánimo o fines de lucro-, PP y CiU fundamentalmente, tienen la intención de limitar la transparencia de las mismas rechazando el acceso público al registro de entidades retrocediendo a la situación anterior a 2008 no se sabe bien con qué intenciones encubridoras.

¿Están en orden las cuentas de la Sagrada Familia? ¿Se sabe, con certeza, lo que se ingresa y los gastos que suponen la construcción? ¿Dónde van a parar los posibles beneficios que se generan? ¿Se da en estas obras la famosa comisión del 3%? Sería interesante saberlo, porque, además la Iglesia esté exenta de pagar algunos impuestos (como por ejemplo el IBI), un privilegio medieval, que nos cuesta a los españoles 3.000 millones de euros al año, según Europa Laica, pero que el PP en el Gobierno de España no piensa, en contra del interés general, suprimir.

Vaya por delante que no les podré informar del destino final de los beneficios que genera la Sagrada Familia, sencillamente porque lo desconozco y no hay información al respecto. Sólo en entradas por visitantes, y teniendo en cuenta que la individual cuesta 13 euros, estamos hablando de muchos millones de euros. Añadan a ello todo el merchandising que acompaña al templo y la cifra se me antoja astronómica. Además hemos de tener en cuenta que la construcción de la Sagrada Familia nace con la vocación de financiarse a partir de donativos, como expresa la propia Junta en su página web: ‘La Sagrada Familia se define como templo expiatorio desde su nacimiento en 1882. Esto quiere decir que la construcción del templo se ha financiado mayoritariamente con los donativos y las aportaciones de miles de personas a lo largo de estos años’.

Las cifras de visitantes, de ingresos y de las propias obras crecen en el año 2011 de forma tan rápida y espectacular que se parecen a las del veloz y otrora temido AVE, cuyo túnel se ha perforado al lado de los cimientos sin notarse siquiera, publicaba El Periódico recientemente apuntando unos ingresos, solo por ventas de entradas, de 31,3 millones de euros. Esperemos que la catedral de los pobres no acabe por esconder, a semejanza de lo que pasó con el Palacio de la Música o el Hospital de San Pablo, un entramado de intereses particulares -incluida la financiación de ciertas opciones políticas empeñadas en la construcción de una nación a la medida de la burguesía catalana nacionalista- ajenos a la labor social que, se supone, realiza la Iglesia y, lo que sería peor, al general de los barceloneses.

Tenía un vecino que se llamaba Pablo. Era un chico muy majo, aunque algo retraído y tímido. Cuando nos encontrábamos en la escalera o en la calle nos saludábamos. Un día, desapareció por unos meses; había hecho un gran viaje para conciliar su aspecto exterior con sus sentimientos basados en su orientación sexual. La persona sigue siendo la misma, pero ahora se llama Paula y la vida le abre nuevas perspectivas. ¡Qué te vaya bonito!

LGBT o GLBT son las siglas que designan colectivamente a lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero. En uso desde los años 90, su uso moderno intenta enfatizar la diversidad de las culturas basadas en la sexualidad y la identidad de género, y se puede aplicar para referirse a alguien que no es heterosexual, en lugar de aplicarlo exclusivamente a personas que se definen como homosexuales, bisexuales o transgénero. Para dar cuenta de esta inclusión, una variante popular incluye la letra Q de queer (LGBTQ, para aquellos que no estén específicamente representados por LGBT, como los pansexuales, intersexual, etc.).

Las siglas se han establecido como una forma de autoidentificación y han sido adoptadas por la mayoría de comunidades y medios de comunicación LGBT en muchos países de habla inglesa. Sin embargo, no son del agrado de todos a los que literalmente engloba. Por un lado, algunos intersexuales quieren ser incluidos en el grupo LGBT y preferirían el término LGBTI. Por otro, ciertos individuos de un grupo pueden sentir que no tienen ninguna relación con los individuos de los otros grupos englobados y encontrar ofensivas las persistentes comparaciones. Algunos defienden que las causas transgénero y transexuales no son las mismas que las de los homosexuales y bisexuales. Esto encuentra su expresión en la corriente del separatismo gay y lésbico, que mantiene que las lesbianas y los gais deberían formar una comunidad distintiva y separarse de los otros grupos que normalmente se incluyen. Otras personas tampoco ven con buenos ojos el término ya que creen que las letras son demasiado políticamente correctas, un intento de categorizar diversos grupos de personas en una zona gris, que implica que las preocupaciones y prioridades de los grupos principales representados reciban la misma consideración (fuente: Wikipedia).

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y las asociaciones que la componen se unen un año más a la celebración del 17 de Mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Esta fecha coincide con la eliminación de la homosexualidad como enfermedad mental por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990. Las entidades de la FELGTB conmemoran el 17 de mayo con actos en toda España. La educación, el matrimonio, el infierno y la lucha contra el olvido centran la celebración del Día contra la LGTBfobia.

En este Día Internacional, la FELGTB quiere rendir homenaje a las miles de personas que en todo el mundo son víctimas del odio a causa de su orientación sexual o su identidad de género y recordar que las mejores estrategias para acabar con este sufrimiento innecesario son la educación en el respeto a la diversidad afectivo-sexual y la plena igualdad legal, que pasa, incuestionablemente, por el derecho al matrimonio igualitario.

En torno a esta fecha la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales entrega cada año, en un acto que se celebrará en Madrid, sus Premios Látigos y Plumas a detractores y defensores de los derechos LGTB. En esta edición, los galardones reconocen la labor en torno al matrimonio igualitario:

Pluma Individual ex aequo a Fernando Grande Marlaska, juez de la Audiencia Nacional, a Iñigo Lamarka, ararteko vasco, quienes ya han confirmado su asistencia, y a Esther Nolla, presidenta de Asociación de Madres y Padres de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (AMPYGL).

Pluma Colectiva a Amnistía Internacional, por su posicionamiento oficial a favor del derecho al matrimonio igualitario.

Pluma Institucional al Parlamento Europeo,  por instar a eliminar la prohibición de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Pluma In Memoriam ex aequo a Agnes Torres, activista transexual mejicana, a Gabriela y La Brasileira,  mujeres transexuales de Uruguay, así como a Daniel Zamudio, gay chileno, personas asesinadas en este mismo año por la sola razón de su orientación o identidad  sexual.

Látigo Colectivo a los setenta y dos diputados, que en el año 2005 firmaron el recurso de la vergüenza ante el Tribunal Constitucional contra el matrimonio igualitario.

La Federación también estuvo en el encuentro ‘Prácticas y políticas efectivas para conducir el bullying homofóbico en las instituciones educativas’, organizado por la Unesco para conmemorar el Día contra la LGTBfobia ayer, 16 de mayo, en París.

Estos días asistimos atónitos a declaraciones de unos y otros que evidencian que, en determinadas administraciones públicas de nuestro entorno, se vulnera a menudo el artículo 103 de la Constitución que, entre otras cosas, exige que las mismas sirvan con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al Derecho y que el acceso a la función pública lo sea de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

Nada de lo anterior se respetó, por ejemplo, cuando se exigía para contratar en Baleares, con la administración controlada por Unió Mallorquina, el pagar fuertes sumas de dinero y colocar a determinados trabajadores del partido (“Eso se hace así aquí: los contratistas pagan y contratan a empleados“), o, cuando, determinados cargos de la Administración autonómica, controlada por el PP en Valencia contrataban, a través de la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (CACSA), y el Ayuntamiento de Valencia, con el Instituto Nóos sencillamente porque lo respaldaba Iñaki Urdangarin… y los que este tenía detrás, y no necesariamente en este orden (no los olvidemos).

Ahora hemos sabido, por la prensa del corazón, que Telma Ortiz, de 38 años, hermana de la Princesa de Asturias, y su prometido se casaron en secreto el pasado viernes. Telma se ayudaba de muletas ya que se recupera de la operación de rodilla a la que se sometió hace dos semanas. La recién casada se lesionó durante su estancia en la estación de esquí de Aspen (Estados Unidos), a la que se había desplazado en Semana Santa. Telma, que está de baja laboral en el Ayuntamiento de Barcelona, aún no ha renunciado formalmente a su puesto de trabajo pero todo parece indicar que lo hará en breve pues su marido ha anunciado que la pareja se va a vivir a Londres. Al parecer, su marido celebró la boda publicando un escrito en el diario El Mundo en el que, además de confirmar el enlace, lanzó una diatriba contra la prensa para defender la particular batalla que desde hace años libra Telma Ortiz en defensa de su derecho a la intimidad, calificando de ‘zarrapastrosos’ a los paparazzi y afirmando que la crónica social funciona como una mafia ya que ‘emplea métodos criminales para lograr sus objetivos’.

Me quedo con lo de criminal; que para quien no lo recuerde hace referencia al que ha cometido o procurado cometer un crimen, es decir, un delito grave (como lo son, por ejemplo, la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el cohecho, etc.). Son criminales, presuntamente y en este sentido, aquellos de Baleares y Valencia; pero, también los que favorecen el acceso profesional a la administración no por principios constitucionales sino por otras razones ajenas a estas, como pudiera serlo, la amistad, el parentesco declarado y conocido públicamente u otras circunstancias no admitidas legalmente.

Llegados a este punto, cabría preguntarse: ¿cómo accedió a su actual puesto de trabajo público en la Administración municipal, la cuñada del futuro Rey de España? De entrada se creó, por el entonces alcalde, Jordi Hereu (PSC), un puesto específico para Telma Ortiz, en el departamento de Relaciones Internacionales que se había reestructurado para la ocasión -cambien ustedes una letra por una f de la denominación del departamento en el que se incardinaba el puesto de nueva creación y sabrán, con chanza y sorna, como se le conoció, a partir de entonces, entre los empleados públicos del consistorio-.

La contratación de Telma Ortiz fue propuesta por el delegado de presidencia del Ayuntamiento, Ignasi Cardelús, El Marco Polo de Sant Jaume (como un rotativo lo bautizó por sus numerosos y costosísimos viajes por todo el mundo a costa del erario público y que algunas fuentes vieron unido sentimentalmente a la misma, con la que al parecer se encontraba en esos viajes) -uno de los hombres de máxima confianza del entonces alcalde, quien dio el visto bueno- y que la había conocido “en mayo [del 2009] durante el seminario Migraciones Forzosas que organizó el Centre per la Pau del castillo de Montjuïc”. ¿No les parece llamativo? Sin embargo, por altos cargos del PSC se explicó que “se valoraron otras candidaturas”, especificándose que Ortiz y diversas personas “entraron en julio en el Ayuntamiento a hacer las entrevistas de selección con el director de Relaciones Internacionales”. Más tarde, por este affaire y otros, su figura en el partido entenderían muchos de su formación política que ya había quedado “amortizada”. Incompresible.

Telma Ortiz se había incorporado en septiembre de 2009 a la plantilla del Ayuntamiento de Barcelona con carácter de personal eventual y la función de directora adjunta de proyectos del departamento de Relaciones Internacionales, sin embargo, y contrariando la normativa aplicable, no se comunicó hasta octubre en comisión a los grupos municipales. Se justificó el retraso en la información sobre esta contratación eventual a “un error, ya que pensábamos que tenía que ir al pleno”.

Sobre su cualificación académica y experiencia profesional, era y es licenciada en Económicas por la Universidad de Barcelona -además es políglota, incluido, al parecer aunque nunca confirmado, el catalán (exigido a todo el personal municipal)- y había sido cooperante de varias organizaciones internacionales, en el momento de acceder a la plaza; entre ellas, la Agencia Española de Cooperación, de la que ocupó plaza interina durante un tiempo, pero de la que suspendió la oposición correspondiente a su plaza, por lo que la tuvo que abandonar forzosamente a finales de 2007.

Su cometido específico era conocido con carácter previo y había sido pactado con ella: coordinar la participación de Barcelona en la Exposición Universal de Shanghái. Nada que ver, sin embargo, con su experiencia acreditada. Su sueldo bruto anual era, según algunas fuentes, cercano a los 80.000 euros -más entonces, por ejemplo, que un concejal (cargo público) de la oposición con dedicación exclusiva-, si bien, el Ayuntamiento, a través de un comunicado y ante el revuelo producido, lo situó en 54.958,68 euros. Además, su cargo, de designación directa, incluía entre 200 y 400 euros brutos mensuales en dietas y transportes pagados en el caso de realizar viajes para proyectar la política de cooperación internacional del Ayuntamiento que no se había frenado en tiempos de crisis.

Algunos medios, en fin, han hablado sin tapujos de que el puesto fue creado a medida y por ser quien era la beneficiada. ¿Ustedes que creen? Trias (CiU), que se había opuesto a la designación, inicialmente, pero que no la destituyó al llegar a la alcaldía, recientemente, al saber de su marcha, ha alabado la labor de Ortiz en su puesto: “El trabajo que ha hecho lo hace a plena satisfacción del Ayuntamiento”. ¡Cómo cambian las cosas!

Telma Ortiz, que en un tiempo llevó a medio centenar de medios de comunicación a los tribunales para reclamar su derecho a tener vida privada, posiblemente olvidó al ser contratada por el Ayuntamiento de Barcelona su condición de persona “normal y corriente”, como ella aseguraba quería ser, para verse beneficiada por un trabajo. Su marido quizás lo aclare en un comunicado futuro que esperamos ansiosos.

Hoy cumple un año el movimiento de los indignados. Felicidades; estoy con vosotros. Esperemos que los detenidos -ocho más, la última noche- sean puestos en libertad lo antes posible. Al parecer, según testimonio de varios de ellos, incluso ajenos al movimiento, el trato ha sido contrario a las más elementales normas constitucionales; así, a una chica, le han roto el labio, en comisaría, de un guantazo.

Ha sido tal el despliegue policial que sólo cabe calificarlo de desproporcionado; en el número y en las formas. Ha habido ocasiones en que había más policías que concentrados y aquellos han actuado envalentonados, amparados por el poder ejecutivo y judicial, contra quienes cuestionan el sistema y demandan, entre otras cosas, una verdadera división de poderes.

Para los que piensan que lo miembros del 15M son unos tirados, les informaré de que su perfil es el de un universitario, de 33 años y muy de izquierdas –o sea, joven, preparado y progresista-; además, el 70% dice que su situación económica es buena o muy buena pero tiene miedo del paro. La Fundación Alternativas ha publicado un estudio que desmonta mitos sobre sus participantes y perfila un retrato del indignado como una especie de Robin Hood contemporáneo.

Los críticos con el mismo, afines al poder económico y a sus marionetas políticas, les acusan de no aportar nada nuevo. Sin embargo, y a diferencia de los grandes partidos tradicionales -que se reparten cargos, subvenciones y fidelidades- el 15M, si por algo se caracteriza es por sus propuestas novedosas de cambio. Incluso las han catalogado y suman 14.700. Entre ellas, la solicitud ciudadana mayoritaria, que quizás a algunos no agrade escuchar, va en la senda de la supresión de los privilegios de los políticos.

Además, los expertos sectoriales ven viables muchas de ellas, por ejemplo, en el campo económico: acortar la jornada laboral para reducir el desempleo, que el stock de casas sin vender se convierta en vivienda pública en alquiler… Hay muchas más. Lo que reivindica el 15M, en definitiva, es la creación de un ágora ciudadana. Una plaza, un espacio público, en el que cualquier ciudadano pueda expresar su disconformidad y sus propuestas. Me parece una gran idea, digna de apoyo, pues, adelanta el futuro para hacernos avanzar más rápido; además, siempre he sentido debilidad por las causas perdidas y por los perdedores que las protagonizan, pues, muy de vez en cuando, anuncian la revolución que, de un plumazo, barre las instituciones que han dejado, hace tiempo, de tener sentido.

¡Quizás con el 15M algunos se equivocaron! Siempre hay tiempo para rectificar. Continuamos en la lucha.

Aunque el Movimiento 15M se ha desarrollado con vocación internacional y de ahí que se haya hablado de manifiesto global en conmemoración de su primer aniversario, lo cierto es que los indignados iniciaron su andadura en España, muy especialmente, en Madrid; pero, también, en la mayoría de capitales españolas a las que se extendió la llama de la protesta.

Más allá de las ideologías, subyace en todo este movimiento ciudadano, un afán de participación en la política para cambiar las cosas. Se busca el progreso general y eso, casa especialmente, con la izquierda. De ahí que los medios de comunicación controlados por las fuerzas políticas conservadoras hayan dado un tratamiento tangencial y desacreditador de todo lo que viene ocurriendo en los últimos días. Cosa bien distinta es, pese a la propaganda que se pretende imponer precisamente desde esos medios, que sea un movimiento social controlado por la izquierda. Ni hay pruebas de ello, ni es verdad.

En todo caso, y para evitarse males mayores, en Madrid se ordenó desalojar a los ciudadanos que ocupaban la Puerta del Sol, procediendo a la detención de 18 de ellos el sábado y 2 más el domingo; en Valencia, más originales, se ha preparado, por el Ayuntamiento de esa ciudad, una mascletá el mismo día en el que estaba programada una manifestación, en evidente y burda actitud provocadora y boicoteadora; y, así, en otros puntos de la geografía española podemos asistir a presiones, de mayor o menor intensidad, siempre con el objetivo de desinflar, en la medida de lo posible los ánimos de los ciudadanos interesados a priori en participar en algo que ya se ha convertido en historia viva de nuestro país.

En Barcelona, posiblemente, por la cantidad de manifestaciones de todo tipo que se han dado en los últimos meses, derivada de los recortes impuestos desde los respectivos gobiernos nacional y autonómico, el alcalde Trias (CiU) –con el beneplácito de sus superiores políticos-, para evitar males mayores, se vio forzado a pactar y permitir la acampada durante las cuatro jornadas previstas de movilizaciones.

Vienen realizando coloquios y charlas, en los que han participado, como estaba previsto, la portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, y el presidente de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, entre otros, y poniendo en práctica todas las propuestas que han estado preparando durante el invierno. Incluso tienen su propio manifiesto, para conocimiento y comparación con el global.

Les daré dos ejemplos, cualificados y recientes, representativos de la indignación ciudadana en España. ‘Todos sabemos que hay dos pesos y dos medidas, pero no pueden ser tan diferentes que coloquen la sociedad al borde del colapso y la obligue a rebelarse. Estamos ante un deterioro superlativo; ya no se trata de indignarse, eso ya pasó. Se empieza a llegar a ese punto de ebullición que provoca la rebelión. Cabrá preguntarse si hay dos tipos de delitos: los que crean alarma social y los que no. Pero ¿quién decide sobre la alarma social cuando se ha liquidado la opinión pública?’ (Gregorio Morán, en Demasiados cristales rotos, La Vanguardia, 5 de mayo de 2012).

‘Una democracia feudal al servicio de los poderosos: el poder económico tiene cogidos a los partidos políticos, a los medios de comunicación, y de manera colateral a cualquier pensador que pudiera ser independiente y que sabe lo que se juega si denuncia esta inmundicia’ (Carlos Carnicero, en un post ¿Qué hacemos con nuestros banqueros? (I) en su blog, 9 de mayo de 2012).

El 15M de 2011 vuelve a las calles este 12M de 2012.

Hablemos, ahora, del movimiento que recogió su nombre del sentimiento generalizado que expresaba la ciudadanía española. El Movimiento 15M, también llamado movimiento de los indignados, es un movimiento ciudadano formado a raíz del 15 de mayo de 2011 con una serie de protestas pacíficas en España con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PSOE-PP y del dominio de bancos y corporaciones, así como una auténtica división de poderes y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático. Ha aglutinado a diversos colectivos ciudadanos con distintos lemas, como el de la manifestación del 15 de mayo: ‘No somos marionetas en manos de políticos y banqueros’ o ‘Democracia real ¡YA! No somos mercancía en manos de políticos y banqueros’.

El movimiento comenzó a organizarse tras el establecimiento de centenares de acampadas en las plazas de la mayoría de las ciudades españolas, así como otras creadas por expatriados españoles en ciudades de todo el mundo. Entre las bases del Movimiento 15M están las de ser un movimiento apartidista (sin afiliación a ningún partido ni sindicato), pacífico, horizontal y transparente, es decir, sin estar sujeto a ningún tipo de registro.

En la actualidad, el movimiento se organiza a través de asambleas populares abiertas, celebradas generalmente en plazas o parques, y está estructurado en diversas comisiones (Legal, Comunicación, Acción, Actividades, Barrios, Estatal e Internacional, Información, Infraestructuras, Lenguas de Signos) y grupos de trabajo (Cultura, Educación, Política, Economía, Medio Ambiente, Trabajo Social, Feminismos, Transmaricabollo, Ciencia y Tecnología, Diálogo entre Religiones, Migración y Movilidad, Pensamiento) (fuente: Wikipedia).

En los próximos días se cumplirá un año de aquella explosión de participación ciudadana. Para la ocasión se ha elaborado un manifiesto. Con el deseo de que todo pueda transcurrir como una fiesta de aniversario, pensando que sus peticiones son razonables y realizables, les invito a leerlas atentamente y en la medida de sus posibilidades a unirse a la ardua tarea transformadora de la sociedad, porque, no lo olvidemos, el progreso siempre ha venido desde abajo para corregir los excesos de los privilegiados.

“Mi hija no es una terrorista, es una madre con ideales” (María del Carmen Rodríguez, madre de Laura Gómez)

Siempre he tenido predilección por la película italiana de 1971, dirigida por Giulano Montaldo, que recuerda el juicio de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos obreros anarquistas que fueron procesados por el atraco a un banco. A pesar de las dudas sobre su inocencia, fue su ideología, en un país como EEUU, la que les condenó. Recomiendo su revisión, pues, ayuda a entender mucho de los acontecimientos que venimos viviendo, en los últimos tiempos, en Barcelona.

El anarquismo es una filosofía política y social que llama a la oposición y abolición del Estado entendido como gobierno y, por extensión, de toda autoridad, jerarquía o control social que se imponga al individuo, por considerarlas indeseables, innecesarias y nocivas. Sébastien Faure, filósofo anarquista francés, dijo: “Cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella es un anarquista”. Bajo una formulación tan simple, pocas doctrinas o movimientos han manifestado una tan gran variedad de aproximaciones y acciones, que no siempre fueron bien entendidos por la opinión pública. Históricamente hablando, el anarquismo se centra en general en el individuo y en la crítica de su relación con la sociedad, su objetivo es el cambio social hacia una futura sociedad, en palabras de Pierre-Joseph Proudhon, “sin amo ni soberano” (fuente: Wikipedia).

Históricamente se ha observado una hostilidad general hacia este movimiento social en cuya represión ha participado, prácticamente, todo el espectro político -el que va desde la derecha más conservadora hasta, incluso, la izquierda comunista- con la utilización, a menudo, del aparato represivo del Estado. El principal objetivo de la acción policial, echando la mirada a atrás, frente a los atentados anarquistas era, obviamente, detener al culpable de cualquier acción delictiva. No obstante, esto no siempre era posible. Entonces, en el caso español, la experiencia demuestra que era vital detener a alguien para que pagase las culpas, aunque esta persona no hubiera tenido nada que ver con los hechos. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en el famoso caso de las bombas del Liceo (el 7 de noviembre de 1893: en venganza por la ejecución del anarquista catalán Paulino Pallàs), en el que se detuvieron a dos culpables, uno tras otro, antes de detener al que se reconoce actualmente como el culpable real. No obstante, para cubrir apariencias, se acusó a los otros dos y a tres personas más de complicidad y se las ejecutó. Era una cuestión de prestigio.

Otro de los objetivos de la represión era predisponer a la opinión pública en contra del anarquismo y del movimiento obrero en general. Para ello se pretendía desprestigiarles aprovechando las acciones violentas y metiendo en un mismo saco a anarcocomunistas y anarcocolectivistas, a anarquistas y a marxistas, a socialistas y republicanos, y, en resumen a todos los grupos que pudieran estar en la oposición al régimen vigente.

Un tercer objetivo de la represión era acabar con las organizaciones anarquistas, socialistas y obreras en general. Se consideraba al movimiento obrero como enemigo del Estado y de la Iglesia, y por tanto, un enemigo con el que había que acabar. En este sentido, se constata la utilización de espías infiltrados en las organizaciones obreras y el uso de agentes provocadores que se dedicaban a incitar a la comisión de acciones delictivas.

Ya en los tiempos actuales, aquí y en las últimas semanas, hemos observado atónitos como se decretaba una inadecuada por desproporcionada prisión provisional para varios estudiantes y una líder sindical, para los que reclamé su libertad y a los que, parcialmente, mediante la estimación de un recurso, la Audiencia Provincial tuvo a bien dejar en la calle, rectificando a la magistrada instructora.

Sin embargo, continúa en la cárcel, la dirigente anarquista local que, según el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), sólo participó en una performance delante de la Bolsa de Barcelona cuando se produjeron unos actos vandálicos el pasado día 29 de marzo, durante la jornada de huelga general.

Las dudas que cualquier observador imparcial se podría hacer son las siguientes: ¿estaría en la cárcel si fuera afiliada de cualquier otra centra sindical de adscripción no anarquista, como por ejemplo, CCOO o UGT? ¿Por qué se ha centrado la represión en los miembros de este movimiento social, además, de en los estudiantes? ¿Resulta más fácil amedrentar a los que se consideran menos complacientes con el poder y a los más débiles?

Incluso desde los medios de comunicación controlados por el poder económico y político se llegó a afirmar que ‘el brote violento en Barcelona tiene una matriz anarcoitaliana’ y que ‘jóvenes fogueados en el movimiento No TAV animan la corriente antagonista catalana’ (La Vanguardia, 8 de abril, página 10) lo que llevó a la protesta de italianos residentes en la ciudad condal y a una respuesta de El defensor del lector del citado diario.

Existen antecedentes que van en la línea de poder concluir que fuera de lo que representa la ideología hegemónica y la sumisión a la misma, es decir fuera del nacionalismo, en Cataluña, la policía ha abierto la veda -envalentonados por quienes la controlan; ahora el consejero de Interior, Felip Puig (CiU), como antes lo fue con Joan Saura (ICV-EUiA)-, como sucedió, por ejemplo, con la celebración, eminentemente española, por la consecución del Campeonato Mundial de fútbol en la que se emplearon con una contundencia desproporcionada que fue incluso denunciada y llegó al Parlamento autonómico -entonces, tanto éste como el Ayuntamiento de Barcelona se habían negado a homenajear a algo que consideraban extraño-.

Malos tiempos, en definitiva, para los que el poder establecido considera fuera del sistema, peligrosos para el mismo o, simplemente, molestan: anarquistas, estudiantes, prostitutas… y los ciudadanos que osan afirmarse, públicamente, como españoles. Demasiados indicios para, en términos jurídico penales, no tener una duda razonable sobre la prisión provisional decretada, y en términos políticos poder soslayar la trayectoria histórica represiva hacia el colectivo en el que se inserta Laura. Por eso me uno a la petición que se ha convertido ya en un clamor: “¡Libertad inmediata para Laura! ¡Basta de represión!”.

Bicitaxi en Barcelona (foto: Federico Llosa Marsé).

Cuando era pequeño y veía por televisión a los esforzados conductores de carretas, bicicletas y otros artilugios semejantes arrastrándolos con la finalidad de transportar a otras personas, por ejemplo, en Calcuta, me parecía algo durísimo y, sobre todo, injusto. ¿Por qué una persona tenía que dedicar su esfuerzo físico a transportar a otra? ¿No se suponía que todos nacíamos y permanecíamos iguales?

La Declaración Universal de Derechos Humanos así lo proclama en su artículo 1: ‘Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros’. Ha pasado el tiempo y, desde hace años, lo que antes me parecía inaceptable se ha extendido por la ciudad. Ahora se nos presenta por la publicidad como ‘un sistema alternativo y ecológico’, puesto para convertirse en un fenómeno europeo y norteamericano.

Las altas tasas de paro contribuyen, decisivamente, a la aparición de trabajos que, en condiciones normales, nadie osaría ofertar. ¿Debemos mirar, en tiempos de profunda crisis como los actuales, para otro lado sin resquicio para la menor crítica? Eso, al parecer, esperan nuestras autoridades -embarcadas en proyectos como Eurovegas que ahondarían en el problema-, pero, me resisto a creer que los ciudadanos barceloneses lo acepten sin rechistar.

El Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es definido como ‘trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie)’ sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo).

Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo.

En 1999, Juan Somavia -primer director general de la OIT (fundada en 1919)- presentó su memoria ‘Trabajo decente’. En ella introduce el mencionado concepto, caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno de ellos cumple, además, una función en el logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal.

Por otra parte, desde otras latitudes pero también en los años noventa (del siglo pasado), surgió otra noción de trabajo: el trabajo digno. Impulsado desde algunos movimientos sociales latinoamericanos, este concepto se centra en una comprensión de la actividad laboral humana como no-mercantil y no-individual, sino basada en el bienestar de la comunidad. La noción de dignidad aparece aquí como disruptiva y anticapitalista. El empleo (igual a salario) no es lo relevante, sino la forma de organización que se da el colectivo, orientada hacia el interés general.

La diferencia entre trabajo decente y trabajo digno es un problema eminentemente político, pero político entendido dialécticamente. Es decir que no es una cuestión económica, del mercado laboral, sino que involucra la totalidad de las relaciones sociales. Ambas nociones surgen de una misma sociedad, la sociedad que produce valor, pero mientras el trabajo decente implica la identidad, la universalidad abstracta, el cierre, el trabajo digno plantea la esperanza.

El trabajo digno hace estallar la búsqueda por imponer el orden sobre la insubordinación. Mientras que la idea de decencia se mantiene dentro de la forma-valor, la dignidad expresa la rebeldía, la humanidad. Sin embargo, hay que aclarar que la noción de trabajo decente expresa también una utopía de reconciliación social, expresándose a través de nociones como justicia social y equidad.

La política de la dignidad, al decir de John Holloway, es mucho más que la felicidad como logro del placer material. Parafraseando a Max Horkheimer, sólo una psicología ingenua y economicista podría entender la aspiración de felicidad como la mera satisfacción de las necesidades materiales. Los ideales de la historia (y del presente) no son independientes de los hombres y de sus realidades. Por ello, la noción de trabajo digno se basa en una ética del colectivo social, es la moral del grupo. Una sociedad que lograra la reconciliación sujeto-objeto no necesitaría contar con el estudio separado de la ética, porque allí la moral estaría inmersa en las propias relaciones sociales (de producción), es decir, emanaría de esas relaciones. Sería la reconciliación de interés y deber. En definitiva, en una sociedad reconciliada no se habla de trabajo decente, sino de un hacer social libre; no se reivindica un bajo nivel de explotación, sino un hacer apropiado para la autodeterminación colectiva.

En nuestra sociedad, la independencia económica es un factor determinante, decisivo, para poder poner en pie y desarrollar la autonomía personal. Sin empleo o con un trabajo temporal, de baja calidad, etc., no hay autonomía personal ni posibilidad de proyectarse en el futuro. Y no hablemos ya de las repercusiones que el desempleo tiene para la familia, los hijos, la sociedad, etc. El derecho a un trabajo digno, estable y de calidad, debería ser una aspiración que sobrepase en mucho la justa e imprescindible reivindicación sindical: un objetivo de toda la sociedad.

Esta semana, el alcalde Xavier Trias (CiU) no para de hacer amigos. Mientras se dedicaba, como es norma de actuación en los nacionalistas, a profundizar en la herida con el resto de españoles -esta vez con los extremeños a costa del AVE, sobre el que, además, no tiene ninguna competencia-, el gobierno convergente se enfrenta desde hoy a la primera huelga dentro de la Casa Gran de Barcelona: las escoles bressol (guarderías) municipales (EBM) pararán hasta el jueves (tres días). Maestros y familias protestan por los cambios organizativos adelantados por el Gobierno de Trias.

Manifiestan así su rechazo a las medidas adelantadas por el Área de Educación, dirigida por el concejal Gerard Ardanuy. Los 95 centros públicos abrirán sus puertas con un tercio de la plantilla más un directivo, según los servicios mínimos decretados por la Generalidad de Cataluña. Convoca la Plataforma en Defensa de l’Escola Bressol pública, compuesta por la Federación de Vecinos de Barcelona, el Colectivo de Maestros de las EBM y servicios complementarios de Barcelona e Iniciativa, entre otros.

No se trata de una lucha laboral, sino de la defensa de un modelo que está en peligro. Aunque las guarderías son en casi todos los países privadas y los padres se ven obligados a financiarlas, lo cual trae muchas dificultades al cuidado de los bebés, Barcelona ha destacado siempre por la introducción, con éxito, de un modelo público que se ha desarrollado en la ciudad en los últimos 30 años, como ya expliqué en otra entrada.

Las medidas que pretende introducir, justificándolas “para aumentar la cobertura y racionalizar costes”, no pueden ocultar que redundarán en la prestación de un servicio de peor calidad y de menor seguridad para los niños ya que supondrán, entre otras cosas: aumentar las ratios de niños, reducir el personal de apoyo y externalizar servicios. La Ley 18/2003, de apoyo a las familias, aprobada en la última etapa del Gobierno autonómico de Jordi Pujol (artículo 33) y la Ley 5/2004, de creación de llars d’infants de calidad (artículo 1), originada a través de una iniciativa legislativa popular y aprobada por unanimidad (también por CiU) afirman que el Gobierno autonómico de Cataluña, en coordinación y colaboración con los ayuntamientos, impulsará una red de llars d’infants de titularidad pública con el objeto de asegurar una oferta suficiente para la población menor de tres años que solicite una plaza en cualquier territorio de Cataluña.

En el programa electoral de CiU para las autonómicas de 2010 se apostaba por la ‘vinculación de las llars d’infants de iniciativa social al modelo educativo de interés público’ y el programa marco de CiU para las municipales de 2011 establecía como primer objetivo de políticas educativas ‘impulsar las llars d’infants de gestión municipal’. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Si revisamos el programa marco de CiU para las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, podemos leer lo siguiente:

‘Catalunya ha de situar les polítiques de suport i protecció de la família com una autèntica prioritat de país, ja que tradicionalment l’Estat espanyol ha destinat pocs recursos a aquestes matèries […]. Cal recuperar vitalitat demogràfica, cal un desplegament immediat de la llei catalana de suport a les famílies que emmarqui el suport, amb especial atenció a les famílies nombroses, a través d’equipaments, desgravacions fiscals, subvencions directes, permisos de maternitat i paternitat, i tot allò necessari per a reconèixer i donar suport socialment a la decisió de tenir fills, i a la seva responsabilitat‘.

¿Supone el cambio propuesto un mayor apoyo a las familias? Revisando, igualmente, el programa electoral de CiU para las municipales en Barcelona (el canvi en positiu –el cambio en positivo- que prometía Trias), se decanta por un sistema diferente al actual: las guarderías concertadas; es decir, por dar entrada al capital privado en la gestión de este segmento educativo, mediante la firma de convenios entre el Ayuntamiento de Barcelona y sector empresarial. Entre otras cosas, señala que fomentarán ‘la creació de places de llars d’infants i escoles bressol que acompleixin amb els criteris de qualitat establerts‘; fundamentando su propuesta en cuatro pilares: copago (Ayuntamiento-Generalidad-Familias), precio público universal para las familias, red de utilización pública que vele por las condiciones de calidad y sistema mixto compatible con las guarderías municipales existentes.

¿Garantiza el sistema propuesto la igualdad entre los ciudadanos cuando la realidad es que se dividen los equipamientos entre públicos y privados generando confusión, como ya ha sucedido con la preinscripción y la matriculación? La incompatibilidad natural entre una política conservadora que favorece la gestión privada de los recursos y una progresista que hace lo propio con una pública es evidente; pero, cuando un modelo se ha reputado por sus usuarios como de éxito y así se atestigua incluso internacionalmente al situarlo como referente, modificarlo por una cuestión ideológica, amparándose en circunstancias coyunturales que no son óbice para cuantiosas e innecesarias inversiones en otras materias, suena no sólo a excusa sino que, además, constituye un error.

UNICEF, a través de la Convención de los Derechos de la Infancia de 1989, afirma que la educación infantil es un derecho humano fundamental y una herramienta decisiva para el desarrollo de las personas y las sociedades. Los profesionales de la educación y los psicólogos coinciden en considerar la etapa educativa de 0 a 3 años como aquella en la que se construyen los cimientos de la personalidad, del lenguaje y la comunicación, del proceso de socialización, de los hábitos individuales y colectivos, de los comportamientos emotivos y de las pautas de convivencia. Es en el primer ciclo de la educación infantil donde los niños empiezan a adquirir actitudes y valores, y donde se desarrolla una función de prevención y detección de dificultades para evitar no sólo el fracaso educativo sino también el personal y el social.

El modelo Barcelona de guarderías públicas está en peligro. La opción alternativa propuesta desde el gobierno de la ciudad no responde a una mejora en el sistema sino a la lógica de los recortes y del empobrecimiento de los ciudadanos.

Mi solidaridad con las familias y educadores en una lucha justa que persigue lo mejor para una capa de la sociedad, los niños, que mañana será lo que de forma ordenada sembremos hoy. Si lo que funciona bien es mejor no tocarlo, aún con más razón lo que lo hace muy bien como lo ha sido el modelo de guarderías públicas de Barcelona, hasta el momento. Esperemos que el elefante Trias no entre en la cacharrería. ¡Aún podemos pararlo!

En el año 2007, los periodistas italianos Gian Antonio Stella y Sergio Rizzo, publicaron en Italia su libro La Casta (La Casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili) en el que se recogían y denunciaban los privilegios injustificados de la clase política italiana.
Un año más tarde, y con el mismo título y temática, el periodista Daniel Montero, publicó un libro en el que denunciaba a los profesionales de la política española. Se hablaba de las 80.000 personas que formaban la clase política y que estaban envueltas en un velo informativo sobre el despilfarro de sus privilegios, aunque se advertía de que tal era el descontrol, que en España no había ni una sola institución que conociera cuántos políticos cobraban del Estado.

Aquellos datos resultaron ser demasiado optimistas: un estudio interno elaborado por asesores de la presidencia del Gobierno desveló, recientemente, que España es el país con más políticos por habitante de Europa: tenemos 445.568 políticos empleados en la administración pública. Casi el doble del segundo que es Italia, y 300.000 más que Alemania.

Políticos sobre los que desconocemos cosas tan básicas como su grado de absentismo al trabajo, sus remuneraciones totales (incluidos complementos, dietas, etc.) o las partidas diversas, en concepto de representación, a las que cargan cuantiosísimos gastos que pagamos entre todos los ciudadanos.

Arrastrada por el Gobierno central y por Comunidades Autónomas pioneras como Navarra, finalmente, Cataluña quiere subirse al tren de la transparencia administrativa. Al parecer el Gobierno de la Generalidad prepara una Ley de Transparencia que busca ‘garantizar la transparencia’, ‘regular el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública’, ‘establecer unos principios de buen gobierno’ y establecer sanciones a quienes lo incumplan. Se publicarán todos los sueldos, no solo de los altos cargos -que ya se hace- sino también de los directivos de los entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios, al igual que las indemnizaciones que perciban al dejar el cargo. Aquellos altos cargos que oculten información serán inhabilitados.

Sin embargo, el camino de la transparencia no parece ser el que desea seguir el alcalde Trias (CiU) y su equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento de Barcelona. Vengo denunciando, desde que se inició este blog, la opacidad en las retribuciones no sólo del jefe del Consistorio barcelonés, sino, también, en las de sus allegados. Oscurantismo que no declina, sino que, más bien, va en ascenso y lo demuestran así los hechos más recientes.

Así, hoy me hago eco de dos ejemplos en la línea de lo que señalo, a través de la reproducción de dos comunicados de la Asociación Profesional de Técnicos y Técnicas del Ayuntamiento de Barcelona (APTAB) que demuestran esa absurda actitud numantina de nuestras autoridades políticas municipales que han sido denunciadas -una con éxito judicial- por sus funcionarios:

Comunicado del 26 de abril de 2012, en el que se pone de manifiesto, entre otras cosas, la preocupación y disconformidad con los planteamientos de la gerencia de recursos humanos y organización del Ayuntamiento; las irregularidades en el nombramiento de personal eventual; se vuelve a solicitar la publicación individualizada de las retribuciones del conjunto de directivos del Consistorio, organismos autónomos y empresas públicas municipales (tanto gerentes, como directores, directores de servicios y cargos equivalentes o asimilados); y, se solicita la información exacta de la formación que reciben los altos cargos municipales en reconocidas y acreditadas escuelas de negocios.

Comunicado del 7 de mayo de 2012. La Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado el recurso de apelación interpuesto por APTAB contra la sentencia de fecha 5 de octubre de 2011 dictada por el Juzgado del Contencioso administrativo número 17 en procedimiento de amparo ordinario. Se declara el derecho de la citada asociación de funcionarios a que ‘le sea suministrado por el Ayuntamiento de Barcelona, siempre que se halle confeccionada, la lista de distribución de correo, donde poder enviar comunicaciones e informaciones de interés sindical al personal de los grupos A1 y A2 de dicho Ayuntamiento, sea cual sea su relación o vínculo contractual con tal Administración, ya que, lo contrario violaría el derecho a la libertad sindical de dicha asociación’.

Frente a lo anterior, sólo cabe dar la enhorabuena a la APTAB, esperar que cunda el ejemplo asociativo entre los funcionarios de otros consistorios y denunciar para conocimiento de los ciudadanos, una vez más, las viejas prácticas de otro tiempo que se empeñan en mantener, a capa y espada, algunos miembros destacados de la Casta, como el reaccionario político nacionalista conservador que ocupa, esperemos que por poco tiempo, el actual cargo del alcalde de Barcelona.

Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en el ámbito internacional, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño.

El principio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño se señala lo siguiente: ‘El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho” (fuente: Wikipedia).

En España, la Constitución española y su legislación derivada, principalmente, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desarrollan estos principios internacionales siempre en beneficio del menor, otorgándoles unos derechos y atribuyendo la responsabilidad de su defensa, en principio, a los padres y las autoridades, obligándolas a intervenir cuando se den situaciones de desamparo.

Un castell es la torre humana de varios pisos de altura que se viene construyendo tradicionalmente en algunos pueblos de la comarca valenciana de la Ribera Alta, como Algemesí y La Alcudia, donde se denominan muixeranga y negrets respectivamente, en el Campo de Tarragona, desde hace más de doscientos años (se encuentran referencias desde el siglo XVIII), y que después se fue extendiendo hacia el Penedés y, durante el siglo XX, por toda Cataluña, Rosellón (Francia) y las Islas Baleares, especialmente a partir de los años ochenta, lo que hace que esté estrechamente vinculado a las fiestas populares.

Un casteller es una persona que forma parte de una colla castellera para organizar castells (del catalán; castillos). El 16 de noviembre de 2010, els castells fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco (fuente: Wikipedia), señalando que: ‘Els castells són reconeguts pels catalans com una part integral de la seva identitat cultural, transmesa de generació en generació proporcionant als membres de la comunitat un sentiment de continuïtat, cohesió social i solidaritat‘.

Evidentemente en el contenido de la declaración subyace, claramente, la ideología nacionalista, tan dada a la glorificación de las bondades de lo que estiman como propio, como a la denuncia y erradicación de lo que les es sentimentalmente ajeno, muy especialmente, si consideran su origen como español (y es que si ‘catalanismo es amar a Cataluña, nacionalismo es odiar a España’, como muy bien ha resumido Francesc de Carreras en un artículo de La Vanguardia aparecido ayer).

La Generalidad de Cataluña se encarga de la promoción de la actividad castellera como cualquier otra actividad de ocio, propicia su difusión a través de los medios de comunicación que controla y la subvenciona generosamente. A pesar de los estudios estructurales, frecuentemente, los castells, fan llenya, esto es, se derrumban. El instante del derrumbe de un castell es fácilmente previsible: primero tiemblan, luego tiemblan más y, a partir de ahí, ya están todos preparando la caída durante unos interminables segundos. Porque la caída, finalmente, se produce. ¡Y qué caídas! Sin embargo, los medios de comunicación públicos catalanes que retransmiten, asiduamente, las jornadas castelleras jamás sirven los planos medios en los que podrían percibirse las expresiones de dolor, de miedo y de tensión angustiosa, que se producen justo cuando todos los cuerpos han tocado tierra o han caído sobre alguien.

Deben demostrar que los castells son una actividad inocua, festiva, lúdica y sin apenas riesgo y así se encargan de publicitarlo, precisamente en relación a los más pequeños: la enxaneta, es decir, el casteller que corona los castells y que, por norma general, es un niño o niña, de entre 5 y 10 años (fuente: Viquipèdia). Sin embargo, sólo se conocen cuatro accidentes mortales: el primero en La Masó en el siglo XIX, el segundo en Torredembarra en 1983, el tercero en Mataró en el 2006, hecho que impulsó el uso del casco entre la canalla (chiquillos), y el cuarto en Montblanc en 2011.

Más allá de cualquier consideración, el hecho es que no existe una normativa que regule la actividad castellera y las autoridades lo justifican de maneras un tanto peregrinas; así, a raíz del accidente mortal de 2006 que costó la vida a una niña de 12 años, el entonces director del Centro de Promoción de la Cultura Popular de la Generalidad, Ferran Bello, declaró, según la agencia Efe, que la muerte de la castellera era un “simple accidente” que no cuestionaba la seguridad de las torres humanas. Según Bello, el mundo casteller había asumido autorregularse, de manera que los caps de colla (jefes) “tienen claro que no deben forzar las situaciones”, pese a lo cual “están muy preocupados porque este hecho tenga una repercusión negativa para un sector que actualmente se ha convertido en el más emblemático de las manifestaciones de cultura popular catalana”.

¿Deben los niños participar en estas tradiciones? Y si lo hacen, ¿no deberían llevar, al menos, un casco protector para evitar tragedias como ésta? Lo normal es que las malas caídas de los más pequeños acaben con chichones, algún diente roto o en el peor de los casos, una lesión en el tabique nasal. Pero cada año, una media de dos casos graves de traumatismo craneoencefálico llega a la UCI del hospital infantil San Juan de Dios de Barcelona. El doctor Josep Caritg era adjunto en la dirección del centro y trató a la fallecida. A él también se le hizo la pregunta que nadie osaba formular en voz alta: “Es imposible contestarla. Como hospital creo que debemos alertar a la sociedad para que se vele por la salud de los niños y evitar estas situaciones, que no son tan excepcionales. Y todos asumimos que se supone que un traumatismo tan grave como el de Mariona sería menos grave con casco”.

Pese a todo, el uso del casco, dada la autorregulación -es decir, la falta de normativa reguladora- aunque se ha generalizado, en definitiva, sigue siendo voluntario. No existe un reglamento que regule la actividad castellera, recoja infracciones y las posibles sanciones a las mismas. Los castellers se organizan en collas o grupos que rivalizan entre sí para ver cuál es capaz de hacer el castillo más alto o más difícil. Cada dos años, y desde 1980, se organizan concursos de castells en Tarragona en los que las collas pueden demostrar su destreza y habilidad, y en donde se cobra entrada como en cualquier otro espectáculo. Incluso alguno de sus integrantes ha llegado a ganar tal popularidad que fue propuesto a catalán del año.

Hay mucho en juego, cada vez más, y eso hace que suba el riesgo, los accidentes y la cuantía de las pólizas de seguro. Hubo un tiempo en que la actividad castellera estuvo equiparada a la laboral y estaba prohibido, en consecuencia, la intervención de castellers menores de 16 años. Quizás, ahora, es el momento de abrir un debate sobre las bondades y las miserias de una actividad que debe subrayar sobre otros su carácter lúdico y festivo, si pretende continuar contando con la participación de niños. Para ello debe empezar por reconocer sus riesgos y, sobre todo, no puede pasar más tiempo sin una regulación completa y obligatoria.

Entorno del Hotel Arts de Barcelona donde se observa el dispositivo policial con motivo de la reunión del Banco Central Europeo (foto: Federico Llosa Marsé).

El Banco Central Europeo (BCE) es el banco central de la moneda única europea, el euro, y constituye el principal eje del eurosistema. El BCE es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales y está sometido a las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión y a sus propios estatutos. Esta entidad es uno de los órganos más importantes de la Unión Europea (UE) y tiene su central en Frankfurt, Alemania.

La función principal del BCE es mantener el poder adquisitivo de la moneda única y, de este modo, la estabilidad de precios en la zona euro que comprende los 17 países de la UE que han adoptado el euro desde 1999. El BCE controla la oferta monetaria y la evolución de los precios.

El Consejo de Gobierno es la máxima instancia decisoria del BCE. Está formado por los seis miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los 17 bancos centrales de la zona euro. Lo preside el presidente del BCE. Su misión primaria es definir la política monetaria de la zona euro y, en especial, fijar los tipos de interés al que los bancos comerciales pueden obtener dinero del banco central (fuente: Wikipedia).

Periódicamente -dos veces al año- éste órgano de gobierno del BCE celebra su reunión mensual fuera de su sede central, en alguno de los países miembros. Esta vez le ha tocado a España, concretamente a la ciudad de Barcelona, precisamente en unos momentos en que nuestro país está en el nuevo gran foco de ataque de los mercados de capitales: una tasa de paro del 24% y un 6% de interés que reclaman los inversores por los bonos españoles indican lo difícil de la situación que atravesamos.

Para la ocasión, se han tomado medidas excepcionales: suspensión del Tratado de Schengen –con expulsiones y detenciones en frontera-, 8.000 policías velan por la seguridad, e, incluso, muy discutidas prisiones preventivas con el objetivo de amedrentar a posibles alborotadores. Desde aquí me vuelvo a unir a la solicitud de libertad para Ismael, Daniel, Javier y Laura. Esta reunión de Barcelona ha sido replicada por los movimientos de indignados ó 15M con caceroladas y una suerte de sesiones informativas sobre el papel del órgano europeo en esta interminable crisis.

No ayuda el hecho de que el economista italiano Mario Draghi, actual presidente del BCE desde el 1 de noviembre de 2011, fuera entre enero de 2002 y enero de 2006, vicepresidente, por Europa, con cargo operativo, de Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y valores más importantes del mundo al que muchos sitúan en el origen de la crisis mundial e, incluso, en considerarlo un verdadero gobierno mundial en la sombra.

Tampoco ayuda que uno de los anfitriones, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, lo sea desde 8 de marzo de 2006. Durante su mandato ha tenido lugar la mayor crisis financiera de las últimas décadas en España, que agravó los efectos de la crisis económica financiera internacional. Como sabemos, el sistema financiero español se vio afectado de forma especial debido a la concentración de riesgos de bancos, pero especialmente de las cajas, en el sector inmobiliario. Además, el hálito de misterio y opacidad que se atribuye a su gestión -por ejemplo, no desveló su sueldo sino después de muchísimas presiones políticas- no va en la línea de la necesaria confianza que exigen los ciudadanos a sus representantes y cargos públicos.

Otro elemento que ha puesto en cuestión la reunión de Barcelona del BCE es el coste de la misma. ¿Se sabrá exactamente, alguna vez, cuánto han supuesto a las arcas públicas tanta seguridad, reuniones protocolarias, estancias, transportes, etc.? Los vecinos debemos saber si este tipo de reuniones merecen la pena, teniendo en cuenta su costo para la ciudad y los perjuicios que ocasionan; sobre todo, sabiendo que se sufraga con fondos que proporcionamos entre todos (públicos) y el grave momento económico que atravesamos.

Un panorama nada alentador que hace crecer la desconfianza sobre las instituciones de gobierno y que algunos ya ven como auténticas cuevas de Alí Babá a las que sólo acceden oportunistas, privilegiados, miembros de la casta política o próximos a ella; en definitiva, una élite amparada desde el poder económico creada a costa de la inmensa mayoría de la población.

Legítimamente muchos llevamos haciéndonos estas preguntas desde hace tiempo: ¿pueden hacernos salir del problema aquellos que, por activa o por pasiva, son responsables del mismo? ¿Es ético que se socialicen las perdidas mientras los beneficios siempre han ido -y aún van- a unas cuantas manos? En definitiva, ¿tiene razones la población para estar indignada? Mientras no se den respuestas adecuadas a todas estas cuestiones; por favor, se lo pediría, no organicen más reuniones como éstas, al menos, en BCN. Los barceloneses no las queremos.