Todos los gobiernos son susceptibles de caer, como las moscas de Samaniego, presos de patas y pies en el panal de rica miel de la corrupción. También el de Cataluña. Es cierto que se ha de presumir que las Administraciones Públicas actúan de acuerdo con los principios de legalidad y objetividad. Ahora bien, a la vista de lo que ha acontecido en nuestra Comunidad es difícil no sospechar del mal uso de los fondos que ha hecho el Gobierno autonómico de Cataluña.

El informe de auditoria presentado por el consejero Castells en el Parlamento autonómico relativo a los estudios y los dictámenes contratados por la Generalidad en el año 2007 ha puesto en evidencia que muchos de los informes encargados eran inútiles, o muy caros, o podían haber sido hechos por los empleados públicos de la propia Administración y no por asesores externos. Se ha demostrado, por lo tanto, que se ha dilapidado el erario público y que ha habido contratación a dedo que ha beneficiado a algunas personas, entre otras: Raimon Bergos, secretario de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Musica, tal como denuncié en la Comisión de Economia, Finanzas y Presupuestos.

La detección de triquiñuelas administrativas para eludir la transparencia en los procesos de contratación administrativa (la fijación de precios del contrato en 11.999,99 euros para no llegar a los 12.000 o el fraccionamiento de un dictamen en dos o tres partes, se han hecho para esquivar la obligación de convocar concursos públicos) ha servido para hacer aflorar la sensación de impunidad con la que trabajan algunos operadores públicos.

Ahora bien, el método utilizado en la auditoria es insuficiente, adolece de un aspecto fundamental. No se ha querido entrar, intencionadamente, en la objetividad e imparcialidad de los encargos asignados y se ha eludido analizar las posibles incompatibilidades derivadas de vínculos de amistad, de familia o de afinidad partidista entre los que encargan los informes y quienes los realizan.

Llevamos muchos años sospechando que en Cataluña concurre un catálogo completo de formas de corrupción (nepotismo, patrocinio, compadreo). Tampoco en esta ocasión será posible descubrir la Catalonia-connection, esto es, las conexiones entre el Gobierno autonómico y determinados círculos o familias poderosas de la sociedad civil.

El antónimo de corrupción política es transparencia. A pesar de que todos los gobiernos de Cataluña han presumido de ello, hasta ahora la transparencia ha brillado por su ausencia. Una Administración deviene madura cuando el sector privado no la condiciona o cuando ella no pretende condicionar, mediante la dádiva o la compra, a la sociedad civil.

La credibilidad pública de las instituciones depende de su grado de objetividad, imparcialidad, eficacia y efectividad. En definitiva, de su utilidad.

José Domingo es diputado del Grupo Mixto en el Parlamento autonómico de Cataluña, también se le puede leer en su blog personal.