Cataluña

El PSC ratifica su acuerdo de gobierno en Vic y desde ‘Nicaragua’ piden “prudencia”

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Redacción
Lunes, 12 de abril de 2010 | 20:48

Los partidos del gobierno local de Vic (Barcelona) -CiU, ERC y PSC- han ratificado su acuerdo para que a partir de este lunes se notifique al Estado los casos de inmigrantes ilegales que quieran empadronarse. SOS Racisme y el Colectivo Ronda alertan de la posible ‘cacería’ contra los inmigrantes.

Según han calculado funcionarios del Consistorio vicense las personas en situación irregular que quieren empadronarse en el Ayuntamiento representan entre un 2 y un 3%. Estas mismas fuentes, según han publicado diversas agencias de noticias, han indicado que la situación en la Oficina de Acogida de Vic ha sido la habitual que la de otros lunes.

‘Cacería contra las personas sin papeles’

En relación a la decisión del gobierno local, diferentes asociaciones que defienden los derechos civiles de los inmigrantes han hecho público su discrepancia y preocupación por lo que consideran una decisión ilegal la anunciada por el Ayuntamiento de Vic.

El Colectivo Ronda, por ejemplo, ha indicado que según la Ley Orgánica de Protección de Datos ‘no se podrán ceder los datos personales a un tercero sin la autorización del afectado‘, por lo que ‘ceder los datos relativos a la situación administrativa personal o de otros datos como el domicilio de las personas empadronadas a cualquier otra persona o administración constituye una infracción de esta disposición’.

SOS Racisme-Catalunya ha denunciado, por su parte, que la política de empadronamiento en Vic se podría convertir en una ‘cacería contra las personas sin papeles, y los funcionarios en policías delatores‘. Para este colectivo, el Gobierno de Vic ha vuelto a ‘abrir una polémica ya cerrada para obtener rédito electoral’ y ha solicitado al Gobierno de la Generalidad ‘una respuesta rápida y contundente para frenar las políticas que ponen en peligro la convivencia en nuestros municipios’.

“Chivato”

La decisión del Consistorio barcelonés también ha provocado que se pronuncien los dirigentes políticos. El coordinador general de EUiA y miembro de la mesa del Parlamento autonómico, Jordi Miralles, ha acusado a CiU de convertirse en un “chivato contra los más débiles” en relación a este tema. “CiU se caracteriza por recortar derechos y no cumplir compromisos”, ha asegurado Miralles.

El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, ha asegurado que los nacionalistas no darán instrucciones a los ayuntamientos convergentes porque “cada municipio tiene una realidad diferente” y ha apoyado la decisión del alcalde de Vic, miembro de su partido.

El PP también ha terciado en el asunto y su presidenta en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho ha asegurado que los populares presentarán “mociones en sus ayuntamientos […] para obligar a que se comuniquen a la Delegación del Gobierno, y a través de ellos a la Policía, las presuntas situaciones de inmigración irregular que se detecten en los empadronamientos”.

Desde el PSC se ha pedido “prudencia y responsabilidad” y Ciudadanos ha solicitado al resto de partidos políticos que “saquen el tema de la inmigración del debate político electoral“.

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