Pablo Yáñez, presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL), ha entregado este viernes una carta en la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, solicitando amparo para que no se contraten traductores de gallego, vasco, catalán y valenciano en el Senado.

En la carta, la ANLL argumenta que el coste económico que pagarán todos los ciudadanos, si finalmente se aprueba la medida propuesta por los nacionalistas de permitir en la Cámara alta los idiomas cooficiales de las CCAA que lo aprueben sus estatutos, sería superior al millón de euros algo que, desde el punto de vista de la entidad, no es coherente con el plan de ajuste del gasto público que desde Bruselas se ha recomendado al Gobierno de España.

Yáñez ha denunciado que esta medida, y otras similares, están ‘alejadas absolutamente del interés y beneficio de los ciudadanos’ y ha indicado que este tipo de decisiones suponen ‘un daño aún mayor al ya de por sí maltrecho erario público‘ español.

En este sentido, en la carta dirigida a los comisarios europeos recuerda que España ‘no es un país plurilingüe, sino que la Carta Magna reconoce la cooficialidad de determinadas lenguas, en determinadas Comunidades Autónomas’, con una lengua común en todo el territorio nacional. Yáñez ha asegurado que “mantendremos la denuncia porque el despilfarro es inmoral, y trabajaremos para hacer llegar a los españoles en qué se emplea verdaderamente el dinero público mientras se nos aprieta el cinturón”.

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