Cataluña

Más presión para los magistrados del Tribunal Constitucional, ahora los decanos de Derecho

[&hellip

Redacción
Lunes, 28 de junio de 2010 | 11:37

Unos 160 profesores de Derecho de universidades de Cataluña firman un manifiesto en el que defienden la legalidad del Estatuto y lo presentan la misma semana en que el Alto Tribunal podría hacer pública la sentencia. De Carreras, responde: ‘invierten la relación entre juez y culpable’.

‘Respeto’ y ‘deferencia’ al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Eso es lo que piden unos 160 profesores universitarios que abogan por la ‘plena constitucionalidad’ del texto pese a que tiene presentados ocho recursos de incosntitucionalidad -siete aceptados- ante el Tribunal Constitucional (TC).

Para los firmantes del manifiesto, en defensa de un texto que debe decidir su legalidad el TC, si este órgano básico de la democracia adecúa la norma a la legalidad dejará a Cataluña ‘fuera de la Constitución’ de 1978. En este sentido, los profesores acusan a los magistrados del TC de no tener en cuenta que el Estatuto ha pasado por un referendo de los ciudadanos de Cataluña, con una participación por debajo del 50%.

Entre los firmantes e impulsores se encuentran los decanos de las facultades de Derecho de la UB, Enoch Albertí -que este lunes ha estado en TV3 presentando la posición de los decanos-, de la UAB, Josep Maria de Dios, de la UPF, Josep Vilajosana, de la UdG, Xavier Arbós, de la URV, Federic Adan, y de la UdLl, Pere Enciso.

‘Consejos innecesarios y archisabidos’

Sin embargo, no todos los profesores o catedráticos de Derecho están de acuerdo con esta apreciación. En este sentido se ha mostrado el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Francesc de Carreras. En un texto publicado en La Vanguardia el pasado jueves 24 de junio, De Carreras hacía hincapié en las distintas ‘fases’ de presión sobre los magistrados del TC que desde el Gobierno de Montilla se ha llevado a cabo.

Las ‘tres fases’ que describe el catedrático de Derecho Constitucional y fundador de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía se pueden resumir en una primera, en la que se exige una sentencia rápida; una segunda fase, una vez filtrado un borrador que tumbaba 40 preceptos del texto estatutario, en la que se decide desprestigiar al TC; y la tercera, una fase de ‘desesperación’ en la que se pide al Alto Tribunal que no sentencie.

Así, De Carreras considera que la decisión de presionar al TC del Parlamento autonómico y el Gobierno tripartito es de:

Una imprudencia que revela inmadurez y poca inteligencia. El acuerdo del Parlament [autonómico] según el cual se reclamaba la incompetencia del TC merecía un suspenso de primer curso de Derecho. Intentar hacer marcha atrás en la recusación de un magistrado, otro tanto. Nadie en la Generalitat podía confiar en que estas argucias de leguleyo prosperaran, simplemente lo que se pretendía era retrasar la sentencia hasta después de las elecciones catalanas, tanto terror tienen los partidos a que el electorado les castigue en las urnas.

Y hace referencia al texto firmado por los decanos de las universidades, que se conoce desde el 14 de junio:

[…] Es muy triste que en estos manejos de última hora se haya comprometido a instituciones públicas que deberían estar alejadas del poder político. Me refiero concretamente a las universidades. Los rectores ya firmaron un documento en apoyo a lo que antes he dicho que era merecedor de un suspenso en primero de carrera. Es difícil que su dignidad cayera más abajo, comprometiendo con sus actos a las instituciones que representan y haciendo pésima pedagogía.

Ahora son todos los decanos de las facultades de Derecho de Catalunya quienes han elaborado un documento – y lo han pasado a la firma de los demás profesores-en el cual, a última hora y a la desesperada, expresan su convencimiento de que el Estatut es constitucional bajo palabra de honor – es decir, sin dar razones para ello-, dan consejos innecesarios y archisabidos a los magistrados sobre cómo deben actuar antes de dictar el fallo y, en un insólito último párrafo, invierten la relación entre juez y culpable. En efecto, sostienen que en caso de que se declaren inconstitucionales elementos esenciales del Estatut lo que sucedería es que el pacto político que expresa “quedaría situado fuera de la Constitución” y, en este caso, deslizan la velada amenaza de que “los riesgos generados por esta situación no pueden escapar a nadie”. Tal razonamiento es incomprensible en personas que, en principio, deben saber en qué consiste un Estado de derecho y cuál es la posición que ocupa un juez en el mismo. Es como si afirmaran que la culpa de un delito está en el juez que condena, no en el culpable que lo comete. Lamentable papel el de estos juristas.

Temas: , , ,

3 Comments en “Más presión para los magistrados del Tribunal Constitucional, ahora los decanos de Derecho”

NOTA: Sean respetuosos con sus comentarios. Se borrarán los comentarios cuyo contenido o enlaces puedan ser considerados difamatorios, vejatorios o insultantes. Recuerden siempre que las formas importan y que hay muchas formas de decir lo mismo. Gracias por participar.
  1. Angel - Lunes, 28 de junio de 2010 a las 14:08

    Estos 160 puede que sean profesores de Derecho de universidades de Cataluña,pero tienen un problema y debe ser que la constitucion que leen,no estudiada,porque no dirian lo que dicen,quien hizo la traduccion al catalan la cambio transformandola en una constitucion de ideologia nacionalista.

    Estos profesores me recuedan a una persona que enseñaba catecismo y por curiosidad le pedi que me rezara el padre nuestro.Mi sorpresa fue que me rezaba el padre nuestro viejo.Le comente que el padre nuestro se habia cambiado.Su respuesta fue increible;Es que yo rezo el padre nuestro en catalan.

    A estos profesores les debe pasar lo mismo, la constitucion que leen es en catalan y por eso para ellos el estatut es constitucional.

  2. Diguem NO! - Lunes, 28 de junio de 2010 a las 14:39

    UN MEDICO SE NIEGA A ATENDER A UN PACIENTE PORQUE HABLABA VALENCIANO.

    .-El Síndic recuerda el derecho a expresarse en las dos lenguas oficiales
    .-Según Sanidad, se le ofreció la posibilidad de que lo viera otro médico
    .-El denunciante niega este extremo y dice que no fue atendido.

    El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha recordado a la Conselleria de Sanidad que tiene el deber legal de garantizar que, en los servicios públicos que dependen de ella, las personas que tratan con el público tienen el suficiente conocimiento de valenciano como para atender con normalidad su responsabilidad.

    Cholbi se ha pronunciado así tras la queja de un hombre que acudió al centro de salud de San Blai de Torrent (Valencia) y cuando empezó a contarle sus dolencias al médico éste le exigió que hablara en castellano, pese a lo que el paciente insistió en expresarse en valenciano.

    Según relata el hombre en su queja, el médico abandonó la consulta exclamando que estaba “harto de gilipolleces”, y no le atendió ningún facultativo, ni la coordinadora del centro, que al parecer no estaba en el edificio.

    La dirección general de Calidad y atención al paciente expuso al Síndic que el médico “en ningún momento se negó a atender” al paciente, e incluso le ofreció la posibilidad de buscar otro facultativo, dadas sus “dificultades para establecer una correcta comunicación con el paciente”.

    Asimismo, la dirección general añade que reconoce el derecho del paciente a poder expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunitat y que el personal sanitario debe mostrar su predisposición a dirigirse en la misma lengua que el interlocutor, por lo que insistirán en su formación en esta materia.

    ‘Sin discriminación’
    Para el Síndic de Greuges, es “incuestionable”, y así lo reconoce la Administración afectada, el derecho que asistía al promotor de la queja a expresarse en valenciano y a ser atendido “sin que se produjera ninguna forma de discriminación por utilizar esa lengua, ni ninguna exigencia de traducción”.

    De la investigación realizada se deduce, añade Cholbi, que ese derecho “no fue respetado” por parte del personal que se encontraba de servicio al público en el momento en que ocurrieron los hechos objeto de esta queja.

    Por ello, el Síndic se ha dirigido a la Conselleria de Sanidad para recordarle que es su obligación garantizar que se atienda con normalidad el servicio de quienes atienden al público que se dirige a ellos en valenciano, de forma que no se produzca “ninguna discriminación o exigencia de traducción”.

    Además, recomienda que se adopten las medidas necesarias en el ámbito de las competencias de la Conselleria, o se inste al órgano competente para que, en todo caso, se garantice el derecho de los ciudadanos a expresarse en valenciano en sus relaciones en el centro de salud donde ocurrieron estos hechos.

    Cholbi recuerda que, de acuerdo con lo que marca la legislación, los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones públicas, tienen derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad autónoma.

  3. pitimini - Lunes, 28 de junio de 2010 a las 15:34

    Esto es un cachondeo, no se sabe si es constitucional y ya nos lo han impuesto de que estamos hablando

Suscripción RSS a los comentarios de esta entrada.