El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declaró ilegal la campaña de autopromoción 1.000 días de Gobierno que el primer tripartito realizó durante el verano de 2006, tres meses antes de las elecciones autonómicas.

El TSJC había sentenciado contra la Generalidad tras el recurso presentado por Convergència contra la campaña del Gobierno de Pasqual Maragall y, ahora, el Supremo ha desestimado el recurso de casación que había interpuesto la Generalidad y la ha condenado a pagar las costas.

El Supremo estima que ‘Convergència estaba legitimada para recurrir’ y que la anulación ‘se dirigía a restablecer las condiciones de igualdad en la competición electoral‘, ya que la campaña se realizó ‘cuando ya se conocía la fecha de las inminentes elecciones’ y afectaba negativamente a la federación nacionalista frente a los electores, mientras que beneficiaba a los partidos en el Gobierno autonómico.

Prohibido por ley

La ley prohíbe explícitamente a las administraciones públicas que sus campañas ‘tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados’, y solo permite que se informe de los derechos u obligaciones de los ciudadanos.

La campaña del verano de 2006 incluyó el encarte de miles de revistas en los principales diarios catalanes, en las que se destacaban los logros del tripartito. Además se distribuyeron folletos sobre salud y se habilitó una página web con información complementaria.

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