Dedicado a todas las víctimas del terrorismo. Un amigo me envía el siguiente vídeo y su letra, acompañado de un comentario muy acertado: ‘Primera vez que me tomo en serio esto de los carnavales. Hasta una chirigota gaditana puede ser mucho más digna que todos nuestros políticos juntos’. Quería compartirlo. ¡Qué lo disfrutéis! Aunque no olvideis que el nacionalismo sigue ahí en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia…

Barcelona TV.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, prescribe el ‘equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado […] [también en] los medios de comunicación públicos de Cataluña’.

Barcelona TV (BTV) es un canal de televisión local público de Barcelona, cuya titularidad pertenece al Ayuntamiento de esta ciudad. Emite desde 1994 (fuente: Wikipedia). A la cabeza del mismo se encuentra Àngel Casas, un profesional contrastado que, al parecer, no molesta al nacionalismo conservador, pues, no en vano, ya ‘en 1984, tras el nacimiento de TV3, la televisión autonómica de Cataluña, comienza a trabajar en esa emisora, y se convierte en la estrella de la cadena con su programa Àngel Casas Show, talk-show que se mantiene en pantalla hasta 1988′. Tras un impasse, ‘en septiembre de 2008 fue elegido, tras concurso público, nuevo director de BTV’ (fuente Wikipedia).

La televisión pública local de Barcelona, dependiente del Instituto de Cultura de Barcelona, está operada por la sociedad Informació i Comunicació de Barcelona, SA SPM, cuya presidenta es Isona Passola, una productora, guionista y directora de cine catalana, conocida por el documental Cataluña-Espanya, que se estrenó en el 2009 y que, de momento, es la única que ha dirigido. Junto a ella, encontramos como consejeros a otros conocidos periodistas y profesionales -próximos al nacionalismo o contemporizadores con el mismo- cercanos a los distintos partidos politicos con representación en el consistorio barcelonés: Ricardo Fernández Deu, José Alberto Gregorio de Prieto, Jodi García Soler y Vicenç Villatoro Lamolla. Esta sociedad tuvo un presupuesto para el año 2010 de 16.598.963,00 euros.

Es bien conocido de todos los vecinos de Barcelona que su television, la que pagamos con nuestros impuestos, emite vehicularmente en una de las lenguas oficiales en la ciudad, el catalán, y ello pese a que:

‘El castellano es la lengua mayoritaria y común de los barceloneses. Esa es nuestra realidad más o menos bilingüe, y, por ende, nuestra identidad. Pero no es esa la que se invoca y la que se recrea desde las instituciones, la que se finge. Basta con echar una mirada a las páginas del Ayuntamiento, a su publicidad, a sus comunicaciones. O a nuestra television, a BTV, que informa sobre la ciudad en veinte lenguas, entre las que no incluye la de la mayoría de barceloneses. Y de los emigrantes, por cierto, a esos mismos a los que apela para justificar ese Babel. A su identidad, claro. Sería bueno saber de quién exactamente. Otro modo de engañarnos’ (Félix Ovejero, Las tres mentiras de Barcelona, 2010).

Siguiendo a su hermana mayor, TV3, y no conformándose con lo anterior, prácticamente, ha desaparecido cualquier comunicación y/o participación en la misma de ciudadanos castellanoparlantes. Pareciera que en las televisiones públicas catalanas sólo cabe la información de los que se expresan en la lengua afín al poder politico (un simple derivado del económico que ejerce, sin concesiones, la burguesía catalana, pero, que miren ustedes por donde, en Cataluña ha abrazado, sin sonrojarse y en un salto al vacío, la izquierda con representación institucional); sin oportunidad siquiera a la disidencia lingüística.

Llegados a este punto, es preciso recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, prescribe el ‘equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado […] [en] los medios de comunicación públicos de Cataluña, sin perjuicio, claro está, de la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de unas lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener’.

Algunos parecen querer olvidar que a la luz de la referida STC, de conformidad con las previsiones del apartado 1 del artículo 38 (en el mismo sentido que el artículo 87) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 octubre, del Tribunal Constitucional, que consagra el valor de cosa juzgada de sus sentencias, vinculantes para todos los poderes públicos –incluido, por supuesto, el poder público municipal- todos debemos acatar, cumpliendo y haciendo cumplir, el derecho vigente. Más allá de cualquier consideración ideologica personal, los servidores públicos deben acomodar la realidad a los mandatos de la referida sentencia y, en consecuencia, reestablecer inmediatamente el equilibrio en los medios de comunicación públicos por lo que hace al uso de las lenguas con status jurídico de oficiales, pues, el Alto Tribunal ha declarado nula cualquier ‘preferencia’ por una de ellas.

Si en el año 2008 Informació i Comunicació, SA SPM se adaptó a lo que señalaba la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña (Ley 22/2005, de 29 de octubre), ¿por qué no se hace, ahora lo mismo a raíz de la STC? Esta permite el fomento del catalán, en la línea de la convivencia con la otra lengua oficial; pero, impone coactiva e inequivocamente, como no puede ser de otra forma, la plena oficialidad del castellano.

Como es evidente que desde la dirección de BTV no se pretende acatar la referida STC, uno, como mínimo –y dejando a salvo otras actuaciones en el ánimo de hacer cumplir, pese a quien pese, lo que toca- lamenta el silencio cómplice de los trabajadores, unos 20 de media, de la emisora de televisión pública local de Barcelona. ¡Señores, se trata, tan solo, de hacer cumplir la legaliad! ¿No habrá alguien, en el seno de BTV, dispuesto a dejar el triste papel de cordero cómplice?

La ley señala que las administraciones públicas, es decir, las organizaciones ordenadas a la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, con independencia del poder legislativo y el poder judicial sirven con objetividad los ‘intereses generales’. Es decir, todos sus recursos, personales y materiales, deben destinarse, exclusivamente, a este único fin.

Pero, ¿qué es el interés general (se utiliza generalmente como sinónimo de interés público, interés social, interés colectivo, utilidad social o bien común)? Como todo concepto jurídico indeterminado, ha estado sujeto a amplias discusiones doctrinales. Cabe destacar, no obstante, dos delimitaciones generales del mismo en España: la del profesor Eduardo García de Enterría, para el que será la ley quién defina el alcance de este concepto, y la del profesor Alejandro Nieto García, que considera indefinido e indefinable a priori este concepto, será la política quién la defina en cada momento. También la jurisprudencia del Tribunal Supremo, caso por caso, ha ayudado a su definición.

En las últimas semanas, nos encontramos con diversos casos que constatan un abuso en la utilización de este concepto que afecta a destacados miembros del anterior equipo de gobierno del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. En primer lugar, y por orden cronológico, tenemos el caso Palacio de la Música, que ha supuesto la imputación, entre otros, de Ramon García-Bragado, por una permuta de suelo justificada por un inexistente ‘interés general’. En segundo lugar, el Tribunal Supremo, a semejanza del caso anterior y a raíz de otra permuta, ha corregido la recalificación del solar de la antigua clínica Quirón porque no hubo ‘interés general’. La fiscalía estudia la posible imputación de Xavier Casas Masjoan. Y, en tercer lugar, y en relación a la carga de los Mossos d’Esquadra contra los indignados del 15M que trataban de impedir el acceso de los vehículos de limpieza al centro de la Plaza de Cataluña de Barcelona, la máxima responsable municipal, Assumpta Escarp, que justificó la operación de limpieza de la plaza por el ‘interés general’ está imputada, también.

El uso y abuso de un supuesto interés de todos que sirve de coartada para determinadas operaciones urbanísticas especulativas o acciones de utilización desproporcionada de la fuerza pública no es patrimonio exclusivo del pasado, y, en este sentido, el nuevo gobierno de la ciudad, con Xavier Trias (CiU) a la cabeza, ya nos está dando muestras de ello. Pensemos, por ejemplo, en la ocupación del espacio público de la Plaza de Cataluña durante las últimas navidades por operadores privados en interés, declarado por ellos mismos, exclusivamente particular.

Samuel Jonhson decía que “el patriotismo es el último refugio de los canallas”. Un corolario de la misma podría ser que el interés general lo es de los prevaricadores o criminales de guante blanco que anidan en nuestras administraciones desviándose, oportunistamente, del bien común. Estemos atentos y denunciemos este abuso que subvierte todo el sistema. La calle y las instituciones públicas, afortunadamente, hace tiempo que son de todos. ¡Defendámoslas!

“La izquierda española ha hecho el trabajo de destruir la conciencia nacional española, mientras la derecha deja hacer, como siempre. No se entera de las cosas”, Jesús Laínz.

Hace unos años leí el libro de Jesús Laínz Fernández (Santander, 1965, abogado y empresario): Adiós España. Verdad y mentira de los nacionalismos. Pese a que es un libro extenso, confieso que disfruté leyéndolo, además de por lo bien documentado, por su fina ironía y lo divertido que resultaba. Lo devoré en pocos días; lo recomiendo. Son otros libros, de este autor imprescindible, La nación falsificada, España desquiciada y, su ultimo libro, Desde Santurce a Bizancio.

Laínz considera que ‘el principal problema de la España de hoy, que condiciona la vida política de todos los días, es la Inquisición nacionalista –el prefiere hablar de separatistas (pues al decir nacionalismos parece que se les está concediendo que hay algo nacional detrás de sus planteamientos, lo cual es concederles demasiado)-, sobre todo la vasca y la catalana, pero no sólo ellas, pues han logrado contagiar a casi todas las provincias españolas‘.

El ideario nacionalista gira en torno a dos ejes centrales: el momento fundacional y el agravio. ‘Sin esos dos ejes, los nacionalismos no podrían existir. El primer eje es el momento fundacional, es decir el momento del pasado en el que los nacionalistas hacen arrancar su nación (por ejemplo, en Cataluña suelen ser Wifredo el Velloso, el conde Borrell y Jaime I), siempre escogiendo como momento arquetipo de la nación a recuperar el de más extension territorial; de ahí se obtiene el justo título para la secesión en el futuro. […] El segundo eje es el agravio, porque sin un agravio nacional, sin un gran atentado colectivo contra la nación no hay nacionalismo (por ejemplo, en Cataluña, sobre todo Felipe V y el famoso 11 de septiembre de 1714; no importa que la historia demuestre que en ese año no se enfretaron catalanes contra españoles, sino españoles de todas las regiones, partidarios de un candidato al trono de España contra otros españoles, de todas las regiones, partidarios de otro’ (incluso, hasta el archiduque Carlos, supuesto valedor de la causa catalana, fue recibido triunfalmente en Madrid como rey de España, y, por ejemplo Antonio Villarroel y Rafael de Casanova arengaban a los combatientes, el primero, “por nosotros y por la nación española peleamos” o, el segundo, “por la libertad de toda España”).

Laínz entiende que se debe acabar con el mito de la represión lingüística durante el franquismo pues ‘se comete la falsificación de confundir la no oficialidad con persecución’; en ese período solo existió una lengua oficial, como ha ocurrido en Francia durante todo el régimen democrático, pero se publicaron decenas de miles de libros en todas las lenguas regionales. Denuncia que ‘durante décadas se ha gastado riadas de dinero en embajadas catalanas en el extranjero, en selecciones deportivas… en tótems indentitarios absolutamente inútiles, mientras hay listas de espera en hospitales. La inmoralidad de gastar el dinero que no se tiene, en tonterías como estas en lugar de hacerlo en el bienestar de los ciudadanos, me parece criminal’, manifiesta; añadiendo, irónicamente, ‘aunque seguramente muchos nacionalistas preferirían dejar de comer antes que dejar desmontar las embajadas catalanas o vascas en el extranjero’.

El próximo día 2 de febrero, a las 19:30 horas, en el Hotel Catalonia Plaza Cataluña (calle Bergara, número 11, de Barcelona) y organizado por la asociación Convivencia Cívica Catalana –organización que se ha erigido, por méritos propios, en la mayor defensora de la lucha contra la inmersión lingüística-, el autor procederá a la presentación de su libro Desde Santurce a Bizancio. Conociendo el tono con el que escribe y se expresa, seguro que resultará un acto ameno al que no se debería faltar. Por cierto, quien lo desee, también puede acompañar al autor en una cena con posterioridad a su presentación.

El servicio de Bicing, en Barcelona, es un éxito de usuarios (foto: Bicing).

‘El origen de la iniciativa de proporcionar un servicio público de transporte basado en el uso de la bicicleta podemos encontrarlo en el ideario y acciones happening del Movimiento Provo holandés, que desarrolló distintas estrategias de provocación a la autoridad y de apropiación del espacio público y de la vida social […]. El Bicing (anglicismo: bici+ing, terminación inglesa para el gerundio) es un servicio de alquiler de bicicletas públicas en la ciudad de Barcelona que se implantó en marzo de 2007, promovido por el Ayuntamiento y gestionado por la empresa Clear Channel’ (fuente: Wikipedia).

Esta introducción de alquiler masivo de bicicletas con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos a un precio módico hay que reconocer que ha sido un éxito de usuarios (117.000, en 2010). Antes de la implantación de este sistema, la ciudad registraba unos 47.000 desplazamientos en bicicleta, mientras que en la actualidad tales desplazamientos se elevan a casi 103.000 (datos de 2011). Paralelamente se incrementaron los carriles bici y rondas verdes, llegándose a más de 200 kilómetros a finales del pasado año.

Sin embargo, como toda actividad que se realiza en el espacio público, por definición limitado en la ciudad y más en Barcelona -una ciudad de apenas 100 Km2-, surgen problemas de convivencia, principalmente con otros transeúntes peatones y con los vehículos a motor, cuyos derechos entran en colisión, cada vez con más frecuencia.

Asociaciones como la Coordinadora Catalana de Usuarios de Bicicleta (CCUB) y el Bicicleta Club de Cataluña (BACC) venían denunciando hace tiempo la existencia de puntos negros crónicos por toda la red viaria de la ciudad. Un reportaje publicado en El País en el año 2005 ponía de manifiesto 11 puntos que continúan, aún hoy en día, con la misma consideración.

“El ciclista no hace lo que le da la gana, hace lo que puede”, manifestaba Albert García, coordinador de la CCUB. En muchas ocasiones es así, pero, sin embargo, todos los que paseamos habitualmente por la ciudad podemos observar, a menudo, infracciones de elementales normas de circulación por parte de ciclistas, muchas veces por dejadez y otras, lo peor en mi opinión, por desconocimiento. Es un hecho que a los usuarios de las bicicletas en nuestra ciudad no se les exige acrediten el más mínimo conocimiento en materia de tráfico. ¿Es esto admisible?

El accidente de una ciclista hace unas semanas en el mismo carril bici en el que ya había fallecido otro, puso sobre el tapete la existencia de deficiencias evidentes en el sistema. Los dos accidentes tuvieron en común que se produjeron entre ciclistas y vehículos pesados que impactaron contra los ciclistas al girar. Joan Valls, presidente del BACC, alertaba de la poca señalización en las intersecciones del Ensanche (Distrito II) y recuerda que “cuando uno gira pierde la prioridad”, por lo que [pedía que se mejorase] la señalización y [se concienciase] al colectivo de transportistas, como ocurre en Gran Bretaña, Dinamarca o Alemania. Lo peor de todo es el convencimiento general de que, con un poco de orden, se podrían haber evitado.

Como consecuencia de lo anterior, el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn Chiariello (CiU), anunció la realización de una auditoría vial de todo el carril bici barcelonés: “Para replantear y cambiar los aspectos que no funcionen”. La bicicleta está en el séptimo puesto en la lista de vehículos que sufren accidentes, justo por debajo de los taxis; no obstante, con los datos conocidos, la sensación de descontrol se ha hecho evidente.

¿Por qué se mantienen sin solucionar, seis años después, los mismos puntos negros denunciados para los ciclistas? ¿No sería conveniente exigir a los usuarios de bicicletas que acreditasen, al menos, unas mínimas nociones de tráfico? Igualmente, ¿no se debería exigir, al convivir en un espacio limitado, a los vehículos pesados que circulan dentro del casco urbano medidas suplementarias de seguridad que minimizasen posibles impactos con ciclistas o peatones? ¿Por qué los ciudadanos tenemos, a menudo, la sensación de que se implantan servicios de forma negligente e improvisada por nuestros responsables municipales?

Al menos, para dos ciclistas, esta denuncia pública llega demasiado tarde.

Los ciudadanos conocemos, hace tiempo, que ninguno de los grandes partidos politicos tradicionales está libre de escándalos de corrupción. Casos como Gurtel (PP) o el de los falsos ERE andaluces (PSOE), por mucho que lamente las generalizaciones el actual presidente del Gobierno, son habituales.

Lejos de rectificar, esos mismos partidos se acusan entre sí y mantienen en sus puestos y listas electorales a imputados por graves delitos. Una democracia en manos de partidos y políticos corruptos es una farsa: no hay igualdad de oportunidades ni seguridad jurídica para quienes cumplen las reglas.

En Barcelona, el caso más sangrante para el interés general, en los últimos tiempos, ha sido el denominado caso Palacio de la Música de presunta financiación irregular de CiU. Después de una larguísima instrucción, los máximos implicados, Fèlix Millet y Jordi Montull, aún continúan pendientes de juicio. Una de las derivadas del saqueo de una de las instituciones musicales más importantes de la ciudad fue la tramitación irregular del proyecto de hotel adyacente al Palacio.

Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, Miriam de Rosa, ha dado por finalizada la investigación y ha concluido que existen indicios suficientes para mantener la imputación del ex teniente de alcalde de Urbanismo Ramon García-Bragado Acin (PSC); del ex gerente de esa misma área Ramon Massaguer Meléndez (PSC); del arquitecto que se encargó de los trámites urbanísticos del hotel, Carles Díaz; y del director jurídico del Consistorio, Enric Lambies Ortín, quien supuestamente ocultó que las fincas en cuyo solar se iba a construir el hotel eran de titularidad privada.

Estamos hablando de imputaciones por delitos muy graves: tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental. Todo ello en el marco de una operación, exclusivamente, especulativa que beneficiaba particularmente a los implicados. Además de los ‘claros indicios de presión’ (léase como amenazas al más viejo estilo mafioso) que se ejercieron sobre la ex concejal del PSC Itziar González (Distrito I), que era un “elemento molesto” para el proyecto.

Sin embargo, lo más llamativo e inquietante, dentro del escándalo, es que pese a todo, tanto Massaguer como Lambies han sido ratificados como técnicos de confianza por el Gobierno de Xavier Trias (CiU). El alcalde de Barcelona protege a presuntos criminales. Son imputados por la justicia, pero, amparados por el gobierno municipal. Como ya hace tiempo que no creo en las casualidades, empiezo a pensar que aquellos tienen algo que ocultar y este que agradecerles (¿su silencio?) y que, como consecuencia y solo por ello, los mantiene en sus puestos. ¿Qué otra razón habría para que altos cargos de la administración urbanística municipal socialista anterior permanecieran, contra viento y marea, en la actual dirección ejecutiva nacionalista conservadora del Consistorio barcelonés?

En cualquier caso, mientras se mantenga en la estructura municipal a altos cargos imputados en proceso penales en curso, se da pábulo a la especulación y se pone en cuestión, como mínimo, nada más ni nada menos, a una de las áreas más sensibles de cualquier Ayuntamiento: la urbanística. No cometa ese error señor Trias. Aparte a los imputados, por lo menos, hasta que se acabe el proceso y se determine su responsabilidad en el caso.

Hablaba ayer de transparencia y de los déficits que se dan en el Ayuntamiento de Barcelona: ‘Se hacen necesarias normas que hagan públicas las cuentas de los partidos políticos, instituciones y cargos públicos, y exigir por ley a los partidos un grado elevado de autofinanciación con sus cuotas y donativos. De igual forma, se hace necesario endurecer las leyes y tribunales encargados de perseguir la corrupción. Pero, nada de lo anterior sera suficiente sin una revolución de los valores cívicos y democráticos que haga intolerable la corrupción política, demasiado tolerada en España’. Barcelona, lamentablemente, no es una excepción.

A favor de la transparencia y en contra de la corrupción (foto: vcalboan.efaber.net/).

Asistimos en los últimos años a una progresiva exigencia de transparencia en la utilización de los recursos públicos que los ciudadanos siempre hemos demandado a los representantes políticos, pero que se ha recrudezido en estos momentos de profunda crisis. Incluso han surgido organizaciones que han alcanzado un gran prestigio, como por ejemplo, Transparencia Internacional (TI) que, según manifesta en su propia página web es la ‘única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción, congrega a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una vasta coalición global […]. Quizás la principal herramienta en la lucha contra la corrupción sea el acceso a la información’.

Quedémonos con esta última afirmación. El acceso a la información es básico para poder conocer el antes y el después del paso, siempre temporal, de los que se definen como servidores públicos. Deberíamos poder conocer de forma sencilla y accesible el patrimonio de nuestros politicos y sus cargos de confianza; es decir, el quiénes y el qué, antes y después de su paso por la admnistración pública.

Centrándonos en el Ayuntamiento de Barcelona, esa transparencia es manifiestamente mejorable. Veamos.

Retribución, o mejor, retribuciones del señor alcalde, Xavier Trias (CDC). Según informa la propia web del consistorio (a fecha de septiembre de 2011) su ‘retribución anualizada’ era de 109.939 euros (la mayor de todos los municipios de España). Sin embargo, recibe además 36.800 euros en concepto de ‘dietas’ – informo, para el que lo desconozca, que están exentas de tributación-, por su asistencia a las sesiones del Área Metropolitana (organismo supramunicipal formado por los principales ayuntamientos cercanos a la capital catalana) y cantidades similares por asistir a las sesiones del Consejo Comarcal, Diputación, consorcios y otros organismos públicos varios. En definitiva, se hace, prácticamente, imposible conocer qué ingresa el alcalde del mayor municipio de Cataluña anualmente con cargo a fondos públicos. ¿No cree el señor alcalde que ya es hora de conocer sus retribuciones de forma completa?

Retribuciones de los órganos de gobierno -concejales, gerentes, asesores, etc.-. Aquí hemos ido a peor con el nuevo gobierno municipal nacionalista conservador, pues, antes –en tiempos del antiguo alcalde señor Hereu (PSC), al menos, conocíamos el nombre y apellido y la retribución que recibían individualizada todos sus integrantes. Ahora, la página web del Ayuntamiento sólo informa de forma general, sin explicitar el número ni el nombre de los que reciben las más altas retribuciones del consistorio barcelonés. Tampoco es sencillo y accesible el conocer el montante total ‘consolidado’ de lo que cobran estos cargos políticos.

Retribuciones de los empleados públicos (funcionarios y laborales). Según denunciaba, hace una semanas, la Asociación profesional de técnicos y técnicas del Ayuntamiento de Barcelona (APTAB) falta un documento esencial de información: la relación de puestos de trabajo. El artículo 25 del Decreto 214/1990, de 30 de julio por el cual se aprobó el reglamento del personal al servicio de las entidades locales exige que ‘la entidad local ha de aprobar anualmente la plantilla en la misma sesión en que se apruebe el presupuesto. Un ejemplar de la plantilla con el total de retribuciones del personal que se deduzca y de la relación de puestos será uno de los documentos que integran el presupuesto’; mientras que el artículo 32 señala que ‘las relaciones de puestos de trabajo son públicas y pueden ser consultada en períodos de exposición pública del presupuesto anual o de sus modificaciones, en la forma que cada entidad tenga establecida’.

Pues bien, en esto, tanto el anterior alcalde como el actual -éste, pese a que lo había prometido en campaña electoral- coinciden en no respetar el estado de derecho: difícilmente puede ser consultado por el ciudadano o por el empleado público un documento que siendo obligatorio siempre ha sido inexistente. Esto contribuye a todo tipo de corruptelas dentro de la organización municipal, como por ejemplo, la ‘colocación’ en puestos fantasma del máximo nivel en agradecimiento a los servicios prestados de funcionarios veteranos afines al poder.

En fin, a día de hoy, no sabemos con exactitud qué cobra el señor alcalde de Barcelona, no sabemos tampoco quiénes cobran como cargos de confianza y en qué conceptos y si, además, lo hacen en otras administraciones y organismos públicos. Y, por último, al faltar la relación de puestos de trabajo, tampoco conocemos cuántos, en qué concepto y qué cobran el restos de empleados públicos del Consistorio.

Visto lo anterior, Barcelona no es modelo, aún, de transparencia, precisamente, y así no es de extrañar que ocupara, según el Índice de transparencia de los ayuntamientos para el año 2010, un discreto puesto 22 entre 110 revisados por TI. Transparencia obliga, señor Trias. ¿A qué espera para cumplir sus promesas con los ciudadanos? ¿Tendremos información completa de las retribuciones de todos los miembros del consistorio y de los empleados públicos algún día?

Logo de TMB.

El esperado Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril) introdujo una permisiva regulación del ‘personal directivo profesional’ en las administraciones públicas, refiriéndose fundamentalmente a los gerentes, a los que, desgraciadamente, no se les exigía siquiera una mínima titulación; sólo un ambiguo ‘su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad’ parecía querer acallar conciencias y, sin embargo, se les privilegiaba, sobre todo, al quedar excluidos de las rígidas normas de acceso y se les incentivaba económicamente al dejarlos fuera de los convenios de condiciones laborales acordados para los trabajadores.

Se había propiciado, así, viéndolo ahora en perspectiva, un verdadero desmadre, legitimando la creación inflacionaria, a iniciativa del nivel político de la administración, de altos cargos en condiciones económicas inmejorables ab initio para ellos, a las que, por otra parte, nunca podrían aspirar el resto de empleados públicos (funcionarios y laborales) -que por el contrario sí habían accedido con titulación y mediante una oposición- ni siquiera al final de una larga vida laboral.

Evidentemente no supuso, la nueva regulación, una solución a esta discutida figura gerencial que, irónicamente, se había llegado a definir como aquella que ejercían personas designadas, sin cualificación conocida, que asumen un problema planteado por su superior político de turno, no saben cómo solucionarlo y acaban echando la culpa de su no solución al funcionario que tiene la desgracia de estar bajo su dirección.

Así, hoy en día, en un periodo de crisis caracterizado por los recortes a todos los niveles, nos llega la noticia de que en el principal operador de transporte público de Cataluña, Transportes Metropolitanos de Barcelona (que gestiona el metro, los autobuses, el funicular y el teleférico de Montjuïc, el Barcelona Bus Turístic y el Tramvia Blau), su cúpula ‘formada nada menos que por 300 [altos] cargos, cobra casi 27 millones de euros al año, lo que supone el 15% del total de gasto salarial de los 4.000 trabajadores de la empresa. Ahora, quieren ahorrar 56 millones, suben las tarifas de los transportes, despiden personal, pero los sindicatos denuncian que, al estar fuera de convenio, los directivos y cargos de confianza no verán mermados sus casi 88.000 euros de media que cobran cada uno. Dietas aparte’.

Los sindicatos echan en cara, además, a la dirección de transportes que en una época de crisis gasten recursos en proyectos del todo innecesarios, como en el nuevo canal Mou TV; éste, además, por supuesto y siguiendo las consignas nacionalistas, exclusivamente en catalán, olvidando premeditadamente la otra lengua oficial en Barcelona y contraviniendo la doctrina legal sentada por la jurisprudencia del Tribunal Contitucional que prescribe, también en los medios de comunicación públicos de Cataluña, el ‘equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado’ (sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña).

Mientras muchos ciudadanos, tras la reducción de frecuencias o la desaparición de líneas, se verán forzados injustamente a ir a pie al colegio, a su trabajo o al hospital y todos deberemos pagar nuestros billetes mucho más caros (muy por encima del costo de la vida), unos cientos de directivos de TMB, continuarán, como si nada, pudiéndose permitir, a costa de los recursos públicos, acudir con sus coches -oficiales o no- a la sede de este organismo, en la Zona Franca, con su presidente Joaquim Forn Chiariello (Barcelona, 1964; militante de CDC y ex miembro de la junta de Òmnium Cultural), mano derecha del alcalde Xavier Trias, a la cabeza.

Félix Ovejero Lucas.

‘La izquierda europea se ha quedado sin proyecto, más allá de una defensa avergonzada del Estado del bienestar’ (Félix Ovejero).

En mayo del 2006 realizaron una entrevista a un reputado intelectual barcelonés en la que, entre otras cosas, señalaba: “Se está produciendo un debilitamiento de las instituciones políticas en general, sin que surjan otras de ámbito planetario con capacidad de intervención, y eso supone que el mercado, en el peor sentido de la palabra, es decir, poderes económicos no sometidos al control democrático, campen a sus anchas”.

¿Quién era aquel que había vaticinado con acierto el origen de la crisis desatada a partir del 2008? Félix Ovejero Lucas, profesor de economía ética y ciencias sociales y de metodología de las ciencias sociales en la Universidad de Barcelona, Doctor en Ciencias Económicas por la misma; asimismo es colaborador habitual de las páginas de opinión del diario El País. Además fue uno de los firmantes del manifiesto de la plataforma de intelectuales Ciutadans de Catalunya, que dio origen a la formación política Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (fuente: Wikipedia).

Este profesor se hace preguntas importantes, como: “¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia, de igualdad o de libertad?”. Polemiza con los liberales al decir que “cualquier liberal sensato te reconocería que el liberalismo se lleva mal con la democracia. El liberalismo asume que hay que poner límites a las decisiones de la comunidad política, y tampoco exige a la gente una participación. Esas dos cosas chocan con la democracia”. Propugna el republicanismo, es decir, reivindica “una idea profunda de libertad, de que un individuo no esté sometido a la voluntad de otros, de democracia participativa”. Defiende la renta básica ya que el individuo ha de poder disponer “de un ingreso que asegure su supervivencia y le permita decir no al amo”. Defiende un socialismo democrático y con mercado siguiendo a Oskar Lang y John Roemer, “que consideran compatibles las exigencias de eficiencia con las de equidad, combinando el mercado como mecanismo de asignación, con una propiedad social de los medios de producción”. Subraya la incompatibilidad de la izquierda y el nacionalismo, ya que la primera “es fundamentalmente igualitaria, ningún privilegio de origen es admisible, mientras que el segundo dice nosotros, por ser nosotros, exigimos un espacio jurídico especial que atienda a las consideraciones del grupo. Esto atenta constitutivamente contra las bases de la izquierda […]. La forma de evitar eso es con leyes universales que valgan para todos y que nos comprometan a todos”.

El próximo 18 de enero, a las 19:00 horas, en el Centro Cívico la Sedeta de Barcelona y organizado por la asociación Ágora Socialista (entidad con solera, crítica con la deriva nacionalista del PSOE), este intelectual con una visión propia de la izquierda, dará una conferencia bajo el título: La complicada situación de la España de Hoy. Se merece un auditorio lleno y que se le escuche muy atentamente porque, como mínimo, aprenderemos algo. Seguro que no defraudará.

El CIE de Barcelona.

‘Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros’ (artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

Hace pocas fechas, un joven guineano de 21 años falleció en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca (Distrito III) de Barcelona. Al parecer había pedido ser atendido porque no se encontraba bien, pero, como no había traductor, los policías que lo custodiaban no lo entendieron. Oficialmente: muerte natural por infarto; no consta haber solicitado asistencia médica el día de su muerte.

Unas 200 personas, convocadas por el movimiento 15M y apoyados por asociaciones como SOS Racisme y Papers per a Tothom, se reunieron en manifestación para pedir el cierre de un centro que, amparado en la vigente Ley de Extranjería, mantiene a ciudadanos extranjeros en una situación próxima al limbo jurídico y que ya se ha cobrado, al menos, en este centro otras cuatro muertes. Como es conocido, la sociedad siempre va por delante del Derecho. Así que los abogados de nuestra ciudad han denunciado la situación. Reclaman que en los centros de extranjeros se den, al menos, las mismas garantías que en las cárceles ya que, en estos momentos, los inmigrantes retenidos no tienen asegurada por reglamento ni la asistencia sanitaria ni la de trabajadores sociales. Otro informe del Defensor del Pueblo iría en la misma dirección.

Organizaciones supranacionales e internacionales también han denunciado públicamente estos CIE. Así, por ejemplo, la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia denunció en 2010 muchas deficiencias en el trato que reciben los menores extranjeros no acompañados, incluyendo la ausencia de representación legal independiente en todos los procedimientos de repatriación, la falta de información sobre el derecho a solicitar asilo y a solicitar la residencia en España, y el uso de métodos obsoletos y poco fiables de determinación de la edad. También exhortó a las autoridades españolas a asegurar que la detención en los centros de internamiento se lleve a cabo en todos los casos de conformidad con la ley, y sin discriminación por motivos de raza, color, idioma, religión, nacionalidad y origen nacional o étnico; también, la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 2011, a través del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a España a tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales que, en la práctica, se pueden traducir en detenciones indiscriminadas de extranjeros (fuente: Wikipedia).

Mientras tanto, y a la espera de que todas estas denuncias y manifestaciones no caigan en el saco roto del olvido y sean atendidas por el Ministerio del Interior del que dependen los CIE, desde una oscura y fría celda, alguien grita, en silencio, por su dignidad perdida.

Ahora que Lionel Andrés Messi (Rosario, Santa Fe, Argentina; 1987) acaba de ser coronado, por tercera vez consecutiva, como el mejor jugador de fútbol del mundo, cabría preguntarse quién es la persona que se esconde tras la figura del deporte. ‘Leo Messi comenzó a jugar al fútbol a una edad joven y su potencial fue rápidamente identificado por el Fútbol Club Barcelona. Dejó Rosario -mientras militaba en el Club Atlético Newell’s Old Boys- y se trasladó a Europa a los 13 años junto con su familia, donde el Barcelona le ofreció pagar los gastos de su enfermedad hormonal (900 USD por mes). [...] Messi se convirtió [...] en el jugador más joven del Barcelona en jugar un partido de la Primera División de la Liga Española (16 años)’ (Wikipedia).

El que fuera niño prodigio es, hoy en día, ya un hombre; tiene 24 años. Debe tener opiniones formadas sobre la mayoría de temas y, sin embargo, no conocemos su parecer sobre aspectos fundamentales concernientes a, por ejemplo, la ciudad en la que vive. En 2009 saltó la noticia -ampliamente divulgada en Argentina y, paradójicamente, silenciada en España (sobre todo en Cataluña)- de que su hermana, Marisol, abandonaba junto a su madre y hermanos la ciudad condal, ya que no encontraron un colegio que diera clases en español, su lengua materna. “Cuando mi hermanita iba a la escuela hablaban en catalán, lloraba y no le gustaba. Entonces mi vieja decidió volver a Rosario con ella y mis hermanos”, dijo Lionel.

Desde entonces la familia vive separada. ¿Puede un chico ser feliz sin sus seres queridos cerca, arropándole? ¿Era obligatorio callar para poder seguir en el Barça? ¿Por qué no se ha vuelto a oir hablar del tema? ¿Existe y se respeta la libertad de expresión para los jugadores del FC Barcelona? No es difícil suponer que tienen miedo y se autocensuran. La expresión de lo políticamente correcto, en el ámbito de lo que los nacionalistas consideran “más que un club”, no causa mayor problema; lo contrario es harina de otro costal. El anterior presidente del Barça ya lo expresó contundentemente: “Os exigimos respetar la identidad catalana del club y os pedimos que habléis y escribáis en catalán”; igualmente, en el mismo sentido, el propio entrenador actual, Josep Guardiola, mostró, reciente y públicamente, su apoyo a la organización nacionalista radical Òmnium Cultural, siendo, posteriormente honrado con la mayor distinción del Parlamento autonómico de Cataluña. Por el contrario, nada menos que el actual presidente, Sandro Rosell, se vio forzado a dar explicaciones por utilizar el español en una alocución en un Congreso Mundial de Peñas del Barça.

Leo Messi, sin embargo, no habla catalán. Su timidez y compromiso con el Barça no le habrían impedido transmitir a su entorno en Argentina el desagrado que le produce esta presión. Ahora que muchas familias permanecen a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se digne mandar ejecutar varias sentencias del Tribunal Supremo, que garantizan el derecho a que tanto catalán como castellano sean lenguas vehiculares en la enseñanza pública, es decir la sustitución del modelo de inmersión lingüística por el de bilingüismo escolar, ¿no sería un buen momento para conocer la opinión del, indiscutible, número 1 del fútbol mundial? Un hombre hecho a sí mismo no le debe nada a nadie. Sin embargo, sí debe retornar a la vida lo que esta le ha dado; más cuanto más ha recibido. ¡Messi habla! Si no lo haces por tu compromiso de solidaridad con la sociedad, al menos, hazlo porque se lo debes a tu hermana.

Dibujo de Ramón Acín.

Ramón Arsenio Acín Aquilué (Huesca 1888-1936) fue un pintor, escultor, anarquista y periodista. ‘En julio de 1913 se instala en Barcelona, a instancias de su amigo Ángel Samblancat, para fundar el periódico semanal La Ira (órgano de expresión del asco y de la cólera del pueblo), en cuyo primer número publica una viñeta y la que será su primera colaboración escrita en prensa titulada Id vosotros, agresivo escrito contra la guerra con Marruecos. Para el segundo número escribe No riais, una dura crítica hacia los representantes de la Iglesia. Con motivo de este segundo número son encarcelados los redactores de La Ira y clausurado el periódico’ (Wikipedia).

Este blog que, ahora inicio, dedicado a la ciudad que habitamos, lleva este título en recuerdo a ese semanario, abruptamente, desaparecido, a su autor y a todas las personas que como él se batieron el cobre, a las que lo hacen ahora siguiendo la estela de ejemplos como el suyo y, a las que, sin duda, vendrán mañana para sustituirnos, en una lucha utópica sin descanso, sino al final del camino, por la tolerancia, la convivencia y el progreso. Para que Barcelona recupere las más altas cotas en aquello que nos hace sentir humanos.