Cataluña
Montilla presiona al Gobierno el día que este cede participar a la Generalidad en el Registro de Entidades Religiosas
El presidente autonómico insiste en reformar la LOPJ el mismo día que el Ministerio de Justicia hace público la firma de un convenio con la Generalidad en temas religiosos.
No importa que el Tribunal Constitucional (TC) dictase que la justicia no se puede descentralizar o no, al menos, tal y como quiere el Gobierno tripartito, porque el presidente autonómico, José Montilla (PSC), sigue empeñado en que los poderes políticos autonómicos decidan sobre el Poder Judicial.
Montilla, durante la apertura del Año Judicial en Tarragona, ha defendido este viernes que “sigue siendo necesaria la desconcentración del Poder Judicial y su adecuación al funcionamiento de un estado autonómico y descentralizado”. El líder de los socialistas de Cataluña se ha mostrado satisfecho y confiado en que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial pueda recuperar preceptos considerados inconstitucionales por el Alto Tribunal.
Según Montilla, haciendo caso omiso a la clásica separación de poderes, “no tendría sentido que todas las instituciones se organicen y trabajen de acuerdo con este modelo territorial [autonómico y descentralizado] y el Poder Judicial como una estructura medular de nuestro sistema, y después de más de treinta años, siga siendo disfuncional en este sentido”.
Entidades Religiosas
El mismo día que Montilla presionaba al Gobierno para que apruebe una reforma legislativa a su gusto se ha dado a conocer que la Generalidad de Cataluña participará en el Registro de Entidades Religiosas y en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Así lo han determinado el Ministerio de Justicia y la Vicepresidencia autonómica con la firma de un convenio anual, prorrogable, y en función a lo establecido en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Josep-Lluís Carod-Rovira firmó antes del viaje que está haciendo por el Alguer (Italia) el convenio con el Ministerio de Justicia en materia de asuntos religiosos. El acuerdo prevé que la Generalidad participe del Registro de las entidades religiosas que tengan su implantación en Cataluña y participará, también, de las reuniones de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado relacionados con su Ministerio (foto: Ministerio de Justicia).
En virtud del acuerdo, el Ministerio se compromete a impulsar las medidas legales oportunas para garantizar la participación de la Generalidad en el Registro y en la Comisión Asesora. La Administración autonómica lo hará a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalidad, que comunicará -será un mero intermediario- a las entidades religiosas que tengan su domicilio social en Cataluña si ha sido aceptada la petición de inclusión en el Registro nacional.
El convenio también establece que el Ministerio pedirá información al Gobierno autonómico cuando este pueda facilitar datos sobre las entidades catalanas y solicitará el criterio de la Generalidad antes de suscribir convenios con las entidades y confesiones religiosas que puedan afectar a las competencias autonómicas. Como suele ser habitual en estos casos, se creará además una comisión mixta de seguimiento del acuerdo que se reunirá periódicamente y que velará por el correcto cumplimiento del convenio.
Artículo 161
El acuerdo entre administraciones se basa en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, centrado en las relaciones con las entidades religiosas. Este precepto fue recurrido por el PP ante el TC al considerar que, según consta en el redactado, ‘pretende interferir en el ejercicio de las competencias que atribuye la Constitución al Estado’.
Según el texto presentado por los populares ante el Alto Tribunal, ‘los órganos de ámbito estatal a que se refiere el precepto impugnado [artículo 161] son, necesariamente, los que ejercen las competencias que corresponden al Estado’, por lo que ‘es esta instancia territorial de poder quien, en ejercicio de su competencia, establece tanto la organización que en cada caso considera oportuna o conveniente, así como su composición; igualmente, le corresponde establecer, en cada caso, las reglas de colaboración con otras instancias territoriales de poder‘.
Para el PP, un estatuto de autonomía ‘no puede condicionar definitivamente el ejercicio de la competencia estatal, tanto porque interfiere indebidamente en la competencia del Estado, como porque materialmente estaría modificando la atribución que efectúa la Constitución’.
Sin embargo, el TC dictó que el artículo 161 es totalmente constitucional ya que la ‘colaboración’ entre administraciones ‘es un principio inherente a nuestro sistema de articulación territorial del poder que hace aconsejable la puesta en marcha de técnicas o mecanismos de colaboración y cooperación especialmente en supuestos de competencias transversales o concurrentes, debiendo tenerse presente en lo que ahora importa que la Generalidad ha asumido competencia exclusiva en materia de entidades religiosas’. Y, en todo caso, el Alto Tribunal recordaba a los recurrentes que es el legislador nacional -es decir, las Cortes Generales- quien determinará en última instancia las competencias exclusivas en esta materia.
8 comentarios en “Montilla presiona al Gobierno el día que este cede participar a la Generalidad en el Registro de Entidades Religiosas”
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Eso no es que sea, solo, mear fuera del tiesto, es, además, mearse en los zapatos del ciudadano, especialmente del de esa taifa, si la Justicia estuviese, algún día, en manos esclusivas de la banda nacional-separatista. Lo suyo sería reformar la Consti para devolver muchas de las competencias actuales de las taifas al gobierno de “Madrit”, tanto para acabar con el despilfarro actual que representa el elefantiásico “Estao”, que se ha montado la casta política para multiplicar el apesebramiento, como por pura eficacia político-administrativa, al desmontar la maraña de leyes, reglamentos, oficinas, delegaciones… y la madre que los parió, que son causa, cada día más, de la actual degradación socioeconómica que viven emprearios y trabajadores al estar ahogados por tener que alimentar al citado “Estao” gigantesco que los endueda cada día un poco más, y al ser víctimas de la citada maraña legal, sin olvidar las “exclusividades” socioculturales fomentadas en cada taifa, las más de las veces en oposición a las de la taifa de al lado. Basura.
No puedo estar más en desacuerdo. El poder judicial debería ser TOTALMENTE independiente del poder político. Los jueces deberían organizarse solos. Recibir el dinero necesario del Gobierno y punto. Creo que de esta manera la corrupción política bajaría muchos puntos dado que la clase dominante sabría que en caso de alargar la mano el juez les metería en el trullo directamente. Por todo ésto no es de extrañar que se empeñen en controlar al poder judicial, a tener a los jueces de su lado…hay una película muy famosa donde esta cosa queda bastante clara…
Adios democracia…
Desde la aparición en nuestras vidas del nacionalismo, la calidad de vida de los ciudadanos se ha podrido.
Unos y otros, sólo se han fijado en su meta el dinero, la pasta gansa, ¡y nada más!.
Y para ello recurren a la mentira siempre nefasa de controlar todos los mecanismos de poder estatal para vendernos la moto que desde la región estarán mejor gobernados y gestionados.
Como hemos contatado los ciudadanos que llevamos unos lustros comprobando tal paradigma, para nuestra sorpresa, no sólo eso es rotundamente falso, sino que, pese a la cercanía de las administraciones, para lo único que éstas han servido una vez transferidas a los gobiernos regionales de España ha sido para que los políticos regionales sólo vivan mejor, y el caos aumente… Eso sí, los “chollos regionales” se han multiplicado, los amiguismo crecido, y los elevadísimos costes se han disparado con el dispendio correspondiente, y su inmediata ineficacia administrativa…
Y a esto, se le añadía un agravante en forma de excusa: “la culpa siempre es de Madrit”.
Tal extravangancia política, sería bueno eliminarla, y definitivamente dejar de marear la perdiz sobre las mismas mentiras.
Son pocas las competencias que tienen, y funcionan igual de mal, ó peor, y encima mas caras y generando discrepancias dependiendo de la región.
Montilla, como Mas, Carod y demás “copias nacionalistas” harían bién en ocuparse de los problemas reales…
¡Un respeto!
Tranquilos que el PP nunca permitirá eso….. y Montilla tiene los días contados….
Dels tres poders de l,estat,l,unic que ha mantingut la estructura centralista exactament igual que en temps d,en Franco,es el poder judicial.
Que també,i no pas casualment,es el que es manté al marge del sistema democràtic d,elecció de càrrecs públics.
Pau el Poder Judicial no puede ser centralista porque reside de forma individual, en todos y cada uno de los jueces y Tribunales, el verdaero poder, que es el juzgar conforme a Derecho y su ejecución. Si lo que dices es el Consejo General, ese no detenta poder alguna, es un mero organo de gestión. Su crítica no es porque sea un solo órgano o se deconcentre, sino porque está absolutamente politizadp, y en su composición se repite la cuota parlamentaria y eso ha resultado ser un desastre. Lo que pretendió el Estatut es reproducir el “mal” sistema de polítización de Consejo para Cataluña. Siempre copiando lo malo…
El poder judicial para el bien de todos debe estar al margen de todo el politiqueo, todo lo que se cede a las comunidades autónomas terminan por convertirse en administraciones de enchufados, de favoristismos y al final en administraciones corruptas y los medios de comunicación locales hacen la vista gorda con tal de cobra sus suculentas subvenciones, es decir valen más por lo que callan que por lo que contan, así que pasaría tres cuartos de lo mismo con el poder judicial, la imparcialidad se garantiza con jueces neutrales, de diferentes comunidades autónomas, con movilidad geográfica para evitar precisamente trato de favores y que se conviertan en cortesanos del chorizos y mangantes de turno, que sirvan leales a las leyes y nadie más.