Barcelona

Quílez presenta un escrito en el juzgado admitiendo trámites irregulares en el ‘caso Ciutat Vella’

Según su abogado, hasta la ley autonómica de octubre de 2007 no era ‘exigible licencia municipal de ninguna clase’ para apartamentos turísticos pero sí lo pedía el Ayuntamiento, desde 2005, lo que considera ‘improcedente y contrario a la jerarquía normativa’.

Redacción
Martes, 4 de enero de 2011 | 11:59

Joaquín Quílez, ingeniero y uno de los acusados en la trama de corrupción del barrio barcelonés de Ciutat Vella, ha presentado un escrito en el juzgado en el que explica que el Ayuntamiento de Barcelona le comunicó que las licencias de apartamentos turísticos del barrio no eran procedentes y asegura que toda la tramitación era administrativamente incorrecta. De esta manera, quiere demostrar que no eran necesarias las licencias municipales.

Se siguen destapando concreciones del caso Ciutat Vella, como la que hoy publica La Vanguardia. Quílez sabía que se estaban cometiendo irregularidades, según afirma su abogado. El que además es el sospechoso de insultar de muerte a la ex regidora del PSC vía carta y responsable del barrio, Itziar González, asegura que de esta forma no se ‘compró un acto delictivo’, sino que ‘se agilizó’ una situación injusta.

Una ley de 2005

Según Quílez (imputado por presuntamente haber sobornado a Heliodoro Lozano, funcionario del Ayuntamiento), hasta la ley autonómica de octubre de 2007 no era ‘exigible licencia municipal de ninguna clase’ para apartamentos turísticos y, asegura, el plan de usos de Ciutat Vella de 2005 los clasificaba como establecimientos de hostelería determinando que precisaban de una autorización o que tenían que solicitar el cambio de uso, lo cual, para Quílez ‘es improcedente y contrario a la jerarquía normativa’.

La nueva ley autonómica entró en vigor el 10 de abril de 2008 y especificó una nueva figura jurídica: las viviendas de uso turístico por lo que, según el abogado de Quílez, su cliente ‘sabía muy bien que todo aquello resultaba legalmente improcedente’ y que, en definitiva, ‘ni uno solo de los expedientes se concluía ni nadie sabía cómo era posible cambiar el uso ni cómo era posible tramitar una licencia de actividad que la ley no exigía, ni el mecanismo procesal administrativo a través del que se debían tramitar tan peculiares (y a la sazón ilegales) licencias’. Y acusa al Ayuntamiento de dejar en un ‘limbo jurídico’ a 699 apartamentos turísticos.

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