El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves, ha señalado este jueves, tras su reunión con la vicepresidenta de la Generalidad y consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, Joana Ortega, que no se reabrirán traspasos de competencias que hayan sido previamente acordados.

“Hay una cuestión que yo creo que se ha entendido perfectamente por parte de la vicepresidenta [autonómica], no se pueden abrir traspasos que ya están acordados, en cuanto al contenido de los mismos y en cuanto a la financiación, porque abriríamos la posibilidad de que todas las CCAA, en cuanto a transferencias ya acordadas, pudieran plantear su reapertura, eso no es posible, no tiene lógica, ni ningún fundamento jurídico”, ha subrayado el vicepresidente el Gobierno.

18 de los 41 traspasos reclamados ya “han tenido lugar”

De esta forma, Chaves ha explicado que Ortega le ha hecho llegar un documento con 41 traspasos pendientes según la Generalidad, pero “de esos 41 traspasos, hay ya 18 que han tenido lugar, que se han llevado a cabo, con las normas adecuadas, con el acuerdo dentro de la comisión bilateral y de la comisión mixta de transferencias, y en este momento hay siete que están maduras, es decir, que se ha llevado a cabo un procedimiento de negociación que ha avanzado de una manera singular”.

El vicepresidente del Gobierno ha insistido en que “en España, con las CCAA, se han llevado a cabo cientos, puede que miles, de traspasos”, por lo que “reabrir traspasos ya acordados, supondría una situación bastante difícil, por no decir, caótica, y no está amparado por la ley“. “Hay que respetar la legitimidad de los gobiernos con los que se han firmado los acuerdos”, ha sentenciado.

Reunión “agradable, positiva y eficaz”

Sin embargo, ha calificado la reunión de “agradable, positiva y eficaz”, y ha asegurado que “será el punto de partida de una fructífera relación entre el Gobierno de España y el de la Generalidad”, porque “ambas administraciones que están condenadas a entenderse” y a “avanzar para que Cataluña se sienta más robustecida en su autogobierno, para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña reciban mejores servicios”.

Según Chaves, en el encuentro se ha acordado “el marco general dentro del que tiene que desarrollarse todo el proceso de las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos, traspasos, transferencias, temas pendientes y temas que puedan surgir, elaborar una nueva agenda política entre ambos gobiernos”, por lo que en los próximos dos meses se establecerán las prioridades de los traspasos pendientes, un calendario y la convocatoria de la comisión bilateral para constituir las ponencias técnicas que negociarán las transferencias.

También ha asegurado que “nunca el Gobierno de España intentó, entre otras cosas, porque no puede, imponer unilateralmente una medida ni a los ayuntamientos, ni a las CCAA”, en relación al conflicto sobre la rebaja del 5% en las tarifas de los trenes.

“Que la Generalidad actúe como administración ordinaria del Estado”

La vicepresidenta de la Generalidad ha confirmado que el próximo paso en las exigencias de los nacionalistas será fijar “las prioridades y calendario” para los traspasos reclamados por el Gobierno autonómico, y ha insistido en que “no aceptaremos ningún traspaso que no venga acompañado de los recursos necesarios“.

Ha trasladado a Chaves “la necesidad” de que “se avance para que la Generalidad actúe como administración ordinaria del Estado” en Cataluña, algo que el vicepresidente del Gobierno ha puntualizado: ordinaria, sí; única, no.

“Diferencias” sobre “el grado de cumplimiento de algunos traspasos”

Ortega ha reconocido que “ha habido diferencias en cuanto al grado de cumplimiento de algunos traspasos” que la Generalidad considera “incompletos”, pero ha asegurado haber visto “una predisposición favorable” y una “voluntad” positiva por parte del Gobierno.

“Hay un desfase entre las competencias traspasadas y las que realmente creen que están traspasadas” por lo que se deberán cotejar en las comisiones mixtas, ha advertido la vicepresidenta autonómica, que sigue considerando que hay una cuarentena de traspasos pendientes desde 2007.

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