El juez Miguel Ángel Tabarés ha decidido aumentar la fianza de los dos principales acusados en el caso Palacio, Fèlix Millet y Jordi Montull, hasta los 24 millones de euros. En un auto que este viernes se trasladó a las partes, el juez Tabarés eleva hasta esa cifra los 3,6 millones de euros fijados el pasado 25 de septiembre de 2009 por el juez Juli Solaz, anterior instructor de la causa, por responsabilidad civil directa, según publica este sábado El Periódico. El escrito del juez impone a Gemma Montull, ex directora financiera del Palacio, una fianza de 3,2 millones de euros.

La resolución, elaborada por el nuevo instructor de las causas abiertas por el saqueo del Palacio de la Música y la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), confirma la prohibición a los acusados de vender los bienes que hasta ahora han consignado y les amplía el veto a sus esposas, con las que comparten la titularidad de una buena parte de los bienes.

El auto recuerda que la acusación eleva la cifra hasta los 30 millones de euros. Sin embargo, Tabarés resta seis millones correspondientes a la causa separada que se ha abierto para investigar los presuntos pagos de Ferrovial, a través del Palacio de la Música, a entidades vinculadas a CDC, a cambio de la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos autonómicos de Jordi Pujol (CiU).

Millet y Montull, se han beneficiado

El juez Tabarés ha constatado, hasta el momento, la entrega de 4.060.173 euros a los posibles perjudicados por las actuaciones delictivas que se investigan. Están consignados, además, 1.393.000 euros en la cuenta del juzgado, provinientes de las cuentas intervenidas en Suiza a Millet y Montull, según recoge el diario del grupo Zeta, que ha tenido acceso al auto.

El magistrado fundamenta su decisión en la constatación de que los dos acusados “dirigieron de manera directa todas las actividades antijurídicas” que se están investigando, tal y como “ellos mismos han reconocido”. Además, recuerda que tanto Millet como Montull se han beneficiado de “manera personal, para sí o para sus familiares” del producto de sus actividades.

Finalmente, Tabarés ha ordenado a la Fiscalía que elabore un informe de los bienes susceptibles de ejecución de los que sean titulares los imputados, con el objetivo de localizar nuevas propiedades que permitan reparar económicamente a los damnificados por el expolio de la institución.

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