Cataluña
La lacra de la corrupción política estará presente en las listas de CiU, PSC y ERC en la cita del 22 de mayo
Al menos 15 alcaldables imputados por casos de posible gestión ilegal de funciones públicas estarán en las listas electorales del 22M.
Suenan todos los días los casos Pretoria, Palacio o Gürtel pero en Cataluña hay al menos 15 alcaldables que están imputados por distintos casos de posible gestión incorrecta de las funciones públicas y no aparecen en los medios de comunicación a diario. Siete listas electorales de CiU, cinco del PSC y tres de ERC llevan como número uno a un político imputado o que lo ha sido con anterioridad.
Hay cinco alcaldes que se presentan a la reelección pese a que la Fiscalía de Medio Ambiente les imputa delitos por el vertido de aguas residuales de varias urbanizaciones. Son Joan Carles Garcia (Tordera, CiU), Josep Jo (Dosrius, PSC), Oriol de la Cruz (PSC, Avinyonet del Penedés), Miguel Delgado (Castellet y Gornal, PSC) y Joan Alemany Rigol (CiU, Vallirana). A estos se le suma el aún alcalde de Subirats (Barcelona), Antoni Soler (ERC), también imputado por este mismo caso.
En Cabrera de Mar (Barcelona), ERC presenta a la reelección el ex alcalde Carles Rocabert, que en 2005 ordenó cerrar un prostíbulo, decisión que el juez que lleva el caso considera un delito de prevaricación. Podría ser condenado a nueve años de inhabilitación. El alcalde de Vallbona de las Monjas (Lérida), Ramon Bergadà (CiU), se presenta a la reelección pese a estar imputado por la construcción de unos bungalows turísticos que presuntamente carecían de licencia de construcción en el núcleo agregado de Rocallaura, según recoge Europa Press.
Homicidio imprudente, típex en documentos, prevaricación…
El alcalde de Las Borjas Blancas (Lérida) y candidato a la reelección por ERC, Miquel Àngel Estradé, está imputado por homicidio imprudente -también lo está la concejal de Festejos, Gemma Farré- por la muerte de una menor durante una verbena de fin de año organizada por el Ayuntamiento.
Joan Riu, ex alcalde de Viella, en el Valle de Arán, es candidato de Unitat d’Aran (partido vinculado al PSC) pese a estar imputado por un posible delito contra la ordenación del territorio junto a una cuarentena de personas más por la construcción de bordas en terreno protegido rústico, no urbanizable. El actual alcalde de Vilaller (Lérida), Jaume Munsó (ERC), va en la lista electoral de los secesionistas en segundo lugar. La fiscalía pide ocho meses de prisión para él por la construcción de viviendas en unos terrenos calificados de equipamientos.
En Alpicat (Lérida), Pau Cabré (CiU) podría ser reelegido pese a haber declarado ante el juez después de que la Guardia Civil detectase que se habían manipulado con típex licencias de obras para unas naves industriales en una operación urbanística ilegal. CiU presenta a la reelección en Castellfullit de la Roca (Gerona) a Moisès Coromina aunque está imputado por un delito de falsificación de documentos relacionados con la expropiación de unos terrenos en el pueblo.
En Castellón de Ampurias (Gerona), los nacionalistas presentan como número uno al ex alcalde Xavier Sanllehí, que tiene abiertas unas diligencias por parte de la fiscalía, y la Abogacía del Estado se ha querellado contra él por un supuesto delito de prevaricación. Jaume Torramadé (CiU) se presenta en Salt (Gerona), población de la que ya ha sido alcalde, pese a estar imputado por una supuesta estafa por la venta de terrenos de la antigua fábrica Gasol.
77 años, piden 3,7 millones de multa
El PSC tiene en Querol (Tarragona) a Miguel Uroz (de 77 años), que se presenta a la reelección. La fiscalía pide cuatro años de cárcel, 22 de inhabilitación pública y una multa de 3,7 millones de euros para Uroz, acusado por varios delitos: revelación de información privilegiada, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y soborno.
Además de estos casos, en Cataluña hay alcaldes que están imputados y no se presentarán a la reelección. Llorenç Artigas (de un partido ligado a ICV-EUiA), en Vilasar de Mar (Barcelona), está imputado desde hace un año por posiblemente haber manipulado unas pruebas de un concurso público para ser policía. También está implicado el responsable de la Policía Local de Vilasar.
Uno de los casos más mediáticos es el de Ramon García Bragado (PSC), concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona e imputado por el caso del Hotel del Palacio de la Música. No repetirá como concejal. Sí lo hará sin embargo, Roger Pallarols (PSC), que aparece citado en el caso de los apartamentos turísticos ilegales en Ciutat Vella.
El PP también tiene casos de corrupción en los ayuntamientos. En menor medida. Los populares han apartado al ex alcalde de San Andrés de Llavaneras (Barcelona), Víctor Ros, implicado en el caso Pretoria, y al edil de Vallirana Antonio Penalba, imputado por varios delitos por facilitar unos trámites burocráticos a cambio de dinero.
6 comentarios en “La lacra de la corrupción política estará presente en las listas de CiU, PSC y ERC en la cita del 22 de mayo”
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Daniel Tercero
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Vaya pájaros, y la plebe a votarlos, olé, olé, olé…
No sólo son personas, que también, detrás está la financiación de partidos políticos que nos gobiernan. Es la corrupción a escala micro. Y como tiene derivadas, clientelismo, ….. y se les vota, se empuja, se estimula la corrupción a escala macro: aquí “la crissis”, La reestructuración, el reembolso del capital. Aquí la plebe borrega pagándola y votándoles. Pués, continuará.
Dir que un alcalde és corrupte per tancar un prostíbul és una mica demagog no?
“En Cabrera de Mar (Barcelona), ERC presenta a la reelección el ex alcalde Carles Rocabert, que en 2005 ordenó cerrar un prostíbulo, decisión que el juez que lleva el caso considera un delito de prevaricación. Podría ser condenado a nueve años de inhabilitación.”
¿Has leído bien?, el juez lo considera un delito de prevaricación:
La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta.[1] Es comparable al incumplimiento de los deberes de funcionario público.[2] Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un funcionario o juez en el ejercicio de sus competencias.
No se debe entrar en si está bien o mal cerrar un prostíbulo, se entra en que este hombre se ha extralimitado en sus funciones abusando de su autoridad. Hay unas leyes y unos procesos a seguir en un estado de derecho.
Aunque ya sabemos que a ERC las leyes que no les convengan se la sopla.
Ja que parlem de lleis i procesos a seguir en un estat de dret,totes les persones de que parla l,article estan imputades,no condemnades,de manera que fins que no en surti la sentència cal considerar-les inocents.
Barrejar el cas de les Borges Blanques amb tots els altres es de una mesquinesa que es desqualifica per ella mateixa..
Hay muchos mas por ejemplo la alcaldesa de Rubí y la numero uno de CIU de Rubí estan imputadas por facturas falsas, quisiera hacerle una pregunta a PAU si tu hijo en el colegio su profesor estuviera imputado como pedrasta , afirmarias lo mismo, si un juez admite una querella se tendrian de apartar de sus cargos temporalmente y no pasa nada, pero es mejor estar en el cargo para manipular las pruebas he información.