Cataluña

La obra pública en Cataluña cae un 72% durante el primer semestre

La Administración General del Estado ha reducido su licitación un 89,7% (de 1.216,1 millones de euros el primer semestre de 2010, a 125,2 millones este año); la Generalidad, un 85,1% (de 756,8 millones de euros, a 113 millones); y las corporaciones locales, un 43,7% (de 1.069,4 millones de euros, a 602,4).

Redacción
Jueves, 21 de julio de 2011 | 20:08

Cuadro comparativo de la licitación de obra pública en Cataluña, durante el primer semestre de 2011, respecto al mismo período del año anterior (fuente: Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña).

La licitación de obra pública en Cataluña ha sido de 840,6 millones de euros durante el primer semestre de este año, frente a los 3.042,3 millones que se licitaron durante el mismo período del año 2010, lo que supone una disminución del 72,4%, según ha informado este jueves la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC).

Por organismos, la Administración General del Estado ha reducido su licitación un 89,7% (de 1.216,1 millones de euros el primer semestre de 2010, a 125,2 millones este año); la Generalidad, un 85,1% (de 756,8 millones de euros, a 113 millones); y las corporaciones locales, un 43,7% (de 1.069,4 millones de euros, a 602,4 millones). Por tipo de obra, la edificación ha caído un 62,4%, mientras que la ingeniería civil (infraestructuras) se ha visto reducida un 80,2%.

200 constructoras en peligro

La CCOC ha denunciado que no habrá recuperación de la economía y el empleo sin un adecuado nivel de obra pública, y ha destacado que esta caída de la demanda pública de obras, que ha calificado de ‘tremenda’, unida a la atonía de la edificación privada, supondrá un importante retroceso en el sector y comprometerá gravemente el potencial de crecimiento de la economía catalana.

Además, estiman que la inversión pública de todas las administraciones en Cataluña este año será de cerca de 4.300 millones de euros, un 2% del PIB y unos 2.100 millones menos que en 2010, y denuncian que se trata de un recorte que ‘no tiene parangón’ en ningún otro sector. Consideran que esta situación pone en peligro la viabilidad de las 200 empresas constructoras que habitualmente ejecutan obras para las administraciones públicas, y reclaman que ‘no se deje caer’ a este colectivo.

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