263 niños a los que se les había adjudicado plaza para este curso en diversas guarderías municipales de Barcelona se quedarán finalmente sin ella porque las obras de tres de los centros (Caspolino, con capacidad para 81 menores; Patufets, para 63; y uno en la calle Jaén, para 119), que se estaban construyendo, sufren un retraso de varios meses.

Según ha publicado este jueves El País, los padres de los niños afectados aseguran que el Ayuntamiento les había confirmado las plazas para principios de 2012, sin embargo, en septiembre han recibido una notificación en la que se les informa de que las instalaciones no estarán listas hasta el próximo curso.

CiU y PSC se culpan mutuamente

Una portavoz del Consistorio ha asegurado que “se están estudiando los casos de los afectados para ver las alternativas que se les pueden ofrecer a los padres” y ha insistido en que, en realidad, “no tenían una plaza” garantizada, sino que “solo estaban preinscritos”, ya que “es en el momento en que se realiza la matrícula cuando se asigna la plaza”.

Sin embargo, la carta en la que se ha avisado a los padres de la situación reconoce que había habido una ‘adjudicación de plaza’, y se culpa de lo ocurrido al anterior Gobierno municipal, presidido por Jordi Hereu (PSC), porque, señalan, ‘no había completado los trámites administrativos’ para terminar las obras. Desde el PSC se niega tajantemente esta acusación, y se asegura que se dejó ‘todo listo’ cuando abandonaron la Alcaldía tras las elecciones de mayo pasado.

Algunos de los padres afectados lamentan que les hayan avisado tan tarde, puesto que ahora tendrán dificultades para buscar plaza en un centro privado, una vez ha empezado el curso. Además, temen que, incluso el próximo curso, puedan quedarse fuera de una de las guarderías asignadas, que serán las últimas que serán totalmente municipales, ya que el alcade, Xavier Trias (CiU), ha anunciado que en el futuro el modelo de guarderías -que también han sufrido un recorte de fondos públicos- será concertado. No descartan iniciar movilizaciones y emprender acciones legales contra el Ayuntamiento.

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