Imputados pero amparados

18.01.2012 | 11:14
 

Los ciudadanos conocemos, hace tiempo, que ninguno de los grandes partidos politicos tradicionales está libre de escándalos de corrupción. Casos como Gurtel (PP) o el de los falsos ERE andaluces (PSOE), por mucho que lamente las generalizaciones el actual presidente del Gobierno, son habituales.

Lejos de rectificar, esos mismos partidos se acusan entre sí y mantienen en sus puestos y listas electorales a imputados por graves delitos. Una democracia en manos de partidos y políticos corruptos es una farsa: no hay igualdad de oportunidades ni seguridad jurídica para quienes cumplen las reglas.

En Barcelona, el caso más sangrante para el interés general, en los últimos tiempos, ha sido el denominado caso Palacio de la Música de presunta financiación irregular de CiU. Después de una larguísima instrucción, los máximos implicados, Fèlix Millet y Jordi Montull, aún continúan pendientes de juicio. Una de las derivadas del saqueo de una de las instituciones musicales más importantes de la ciudad fue la tramitación irregular del proyecto de hotel adyacente al Palacio.

Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, Miriam de Rosa, ha dado por finalizada la investigación y ha concluido que existen indicios suficientes para mantener la imputación del ex teniente de alcalde de Urbanismo Ramon García-Bragado Acin (PSC); del ex gerente de esa misma área Ramon Massaguer Meléndez (PSC); del arquitecto que se encargó de los trámites urbanísticos del hotel, Carles Díaz; y del director jurídico del Consistorio, Enric Lambies Ortín, quien supuestamente ocultó que las fincas en cuyo solar se iba a construir el hotel eran de titularidad privada.

Estamos hablando de imputaciones por delitos muy graves: tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental. Todo ello en el marco de una operación, exclusivamente, especulativa que beneficiaba particularmente a los implicados. Además de los ‘claros indicios de presión’ (léase como amenazas al más viejo estilo mafioso) que se ejercieron sobre la ex concejal del PSC Itziar González (Distrito I), que era un “elemento molesto” para el proyecto.

Sin embargo, lo más llamativo e inquietante, dentro del escándalo, es que pese a todo, tanto Massaguer como Lambies han sido ratificados como técnicos de confianza por el Gobierno de Xavier Trias (CiU). El alcalde de Barcelona protege a presuntos criminales. Son imputados por la justicia, pero, amparados por el gobierno municipal. Como ya hace tiempo que no creo en las casualidades, empiezo a pensar que aquellos tienen algo que ocultar y este que agradecerles (¿su silencio?) y que, como consecuencia y solo por ello, los mantiene en sus puestos. ¿Qué otra razón habría para que altos cargos de la administración urbanística municipal socialista anterior permanecieran, contra viento y marea, en la actual dirección ejecutiva nacionalista conservadora del Consistorio barcelonés?

En cualquier caso, mientras se mantenga en la estructura municipal a altos cargos imputados en proceso penales en curso, se da pábulo a la especulación y se pone en cuestión, como mínimo, nada más ni nada menos, a una de las áreas más sensibles de cualquier Ayuntamiento: la urbanística. No cometa ese error señor Trias. Aparte a los imputados, por lo menos, hasta que se acabe el proceso y se determine su responsabilidad en el caso.

Hablaba ayer de transparencia y de los déficits que se dan en el Ayuntamiento de Barcelona: ‘Se hacen necesarias normas que hagan públicas las cuentas de los partidos políticos, instituciones y cargos públicos, y exigir por ley a los partidos un grado elevado de autofinanciación con sus cuotas y donativos. De igual forma, se hace necesario endurecer las leyes y tribunales encargados de perseguir la corrupción. Pero, nada de lo anterior sera suficiente sin una revolución de los valores cívicos y democráticos que haga intolerable la corrupción política, demasiado tolerada en España’. Barcelona, lamentablemente, no es una excepción.

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