BTV, el silencio de los corderos

24.01.2012 | 12:17
 

Barcelona TV.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, prescribe el ‘equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado […] [también en] los medios de comunicación públicos de Cataluña’.

Barcelona TV (BTV) es un canal de televisión local público de Barcelona, cuya titularidad pertenece al Ayuntamiento de esta ciudad. Emite desde 1994 (fuente: Wikipedia). A la cabeza del mismo se encuentra Àngel Casas, un profesional contrastado que, al parecer, no molesta al nacionalismo conservador, pues, no en vano, ya ‘en 1984, tras el nacimiento de TV3, la televisión autonómica de Cataluña, comienza a trabajar en esa emisora, y se convierte en la estrella de la cadena con su programa Àngel Casas Show, talk-show que se mantiene en pantalla hasta 1988′. Tras un impasse, ‘en septiembre de 2008 fue elegido, tras concurso público, nuevo director de BTV’ (fuente Wikipedia).

La televisión pública local de Barcelona, dependiente del Instituto de Cultura de Barcelona, está operada por la sociedad Informació i Comunicació de Barcelona, SA SPM, cuya presidenta es Isona Passola, una productora, guionista y directora de cine catalana, conocida por el documental Cataluña-Espanya, que se estrenó en el 2009 y que, de momento, es la única que ha dirigido. Junto a ella, encontramos como consejeros a otros conocidos periodistas y profesionales -próximos al nacionalismo o contemporizadores con el mismo- cercanos a los distintos partidos politicos con representación en el consistorio barcelonés: Ricardo Fernández Deu, José Alberto Gregorio de Prieto, Jodi García Soler y Vicenç Villatoro Lamolla. Esta sociedad tuvo un presupuesto para el año 2010 de 16.598.963,00 euros.

Es bien conocido de todos los vecinos de Barcelona que su television, la que pagamos con nuestros impuestos, emite vehicularmente en una de las lenguas oficiales en la ciudad, el catalán, y ello pese a que:

‘El castellano es la lengua mayoritaria y común de los barceloneses. Esa es nuestra realidad más o menos bilingüe, y, por ende, nuestra identidad. Pero no es esa la que se invoca y la que se recrea desde las instituciones, la que se finge. Basta con echar una mirada a las páginas del Ayuntamiento, a su publicidad, a sus comunicaciones. O a nuestra television, a BTV, que informa sobre la ciudad en veinte lenguas, entre las que no incluye la de la mayoría de barceloneses. Y de los emigrantes, por cierto, a esos mismos a los que apela para justificar ese Babel. A su identidad, claro. Sería bueno saber de quién exactamente. Otro modo de engañarnos’ (Félix Ovejero, Las tres mentiras de Barcelona, 2010).

Siguiendo a su hermana mayor, TV3, y no conformándose con lo anterior, prácticamente, ha desaparecido cualquier comunicación y/o participación en la misma de ciudadanos castellanoparlantes. Pareciera que en las televisiones públicas catalanas sólo cabe la información de los que se expresan en la lengua afín al poder politico (un simple derivado del económico que ejerce, sin concesiones, la burguesía catalana, pero, que miren ustedes por donde, en Cataluña ha abrazado, sin sonrojarse y en un salto al vacío, la izquierda con representación institucional); sin oportunidad siquiera a la disidencia lingüística.

Llegados a este punto, es preciso recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, prescribe el ‘equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado […] [en] los medios de comunicación públicos de Cataluña, sin perjuicio, claro está, de la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de unas lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener’.

Algunos parecen querer olvidar que a la luz de la referida STC, de conformidad con las previsiones del apartado 1 del artículo 38 (en el mismo sentido que el artículo 87) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 octubre, del Tribunal Constitucional, que consagra el valor de cosa juzgada de sus sentencias, vinculantes para todos los poderes públicos –incluido, por supuesto, el poder público municipal- todos debemos acatar, cumpliendo y haciendo cumplir, el derecho vigente. Más allá de cualquier consideración ideologica personal, los servidores públicos deben acomodar la realidad a los mandatos de la referida sentencia y, en consecuencia, reestablecer inmediatamente el equilibrio en los medios de comunicación públicos por lo que hace al uso de las lenguas con status jurídico de oficiales, pues, el Alto Tribunal ha declarado nula cualquier ‘preferencia’ por una de ellas.

Si en el año 2008 Informació i Comunicació, SA SPM se adaptó a lo que señalaba la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña (Ley 22/2005, de 29 de octubre), ¿por qué no se hace, ahora lo mismo a raíz de la STC? Esta permite el fomento del catalán, en la línea de la convivencia con la otra lengua oficial; pero, impone coactiva e inequivocamente, como no puede ser de otra forma, la plena oficialidad del castellano.

Como es evidente que desde la dirección de BTV no se pretende acatar la referida STC, uno, como mínimo –y dejando a salvo otras actuaciones en el ánimo de hacer cumplir, pese a quien pese, lo que toca- lamenta el silencio cómplice de los trabajadores, unos 20 de media, de la emisora de televisión pública local de Barcelona. ¡Señores, se trata, tan solo, de hacer cumplir la legaliad! ¿No habrá alguien, en el seno de BTV, dispuesto a dejar el triste papel de cordero cómplice?

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