Fiscalía Cristina Barcelona

07.02.2012 | 10:44
 

‘Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social’ (Artículo 14 de la Constitución española).

‘Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados’ (Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).

Igualdad, imparcialidad, objetividad e independencia parece que no están caracterizando, precisamente, a la instrucción del affaire Urdangarín; que pese a que los medios se empeñen en llamarlo así, sin duda, sería más preciso conocerlo como caso Urdangarín-Infanta Cristina.

Nos enteramos por la prensa, el mismo día (al parecer, lo mismo le pasó, por ejemplo a la defensa letrada del propio Iñaki Urdangarín), que ‘una comitiva judicial encabezada por el fiscal Pedro Horrach’ empezó ayer, 6 de febrero de 2012, a tomar declaración como testigos a más de un centenar de empleados de las sociedades vinculadas a los negocios del duque de Palma y la Infanta Cristina. A la gran mayoría se les toma declaración en el edificio en Barcelona de la Jefatura Superior de Policía, en el marco de la operación Babel. Otros testificarán en otros lugares de España.

¿Cómo es posible que se cite a testificar a simples empleados de las referidas sociedades y no a una de las socias principales de una de ellas, con una participación que ascendía nada menos que al 50%? ¿Cómo es posible que se tome declaración a ciudadanos que no se han beneficiado de la trama de corrupción –probablemente, por el contrario, les habrá perjudicado gravemente- y no a quien consta, entre otras bagatelas, adquirió con fondos de la misma un palacete que disfrutó como vivienda habitual en la zona más exclusiva de Barcelona?

Razones de Estado, que es tanto como decir que algunos consideran que la ley contiene excepciones tácitas en su aplicación cuando afecta al poder con mayúsculas, están viciando la instrucción de este caso en cotas cada vez más altas hasta el extremo de que pueda estar ya, a estas alturas, bordeando la nulidad de actuaciones (los letrados de los inculpados deben estar frotándose las manos).

Como la red ayuda a contrarrestar los vicios adquiridos por las oligarquías a través de los siglos algunos nos dedicamos a la denuncia pública desde ella y destacamos como aún hay funcionarios que no entienden que nadie se sitúe por encima de la ley y proclaman los derechos y libertades a los cuatro vientos, entre otras cosas, porque se han dedicado profesionalmente durante toda su vida a la judicatura, tienen poco o nada que perder y pertenecen a esa rara especie, a la que algunos querrían ver en peligro de extinción, que constituye ser un caballero español.

Así, quiero destacar, muy especialmente, las declaraciones del magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano que ha señalado que si fuera responsable de la instrucción, llevada a cabo por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y por la que Urdangarín tendrá que declarar el 25 de febrero en calidad de imputado, tampoco la Infanta Cristina eludiría ser llamada a juicio:

“Habría que citarla. Si forma parte de unas sociedades, algo sabe. […] La mayor responsabilidad es del marido. Él arrastró a la compañera, que no parece una persona tonta”.

Con este comentario, Soriano hace referencia a la participación de la infanta en la empresa Aizoon SL, una consultora investigada por el juez y mediante la cual Urdangarín habría facturado miles de euros al Instituto Nóos, según los investigadores del caso. Además, el magistrado considera que si Cristina fuera a declarar contribuiría a que el ciudadano creyera en la Justicia.

“La gente espera que la justicia sea objetiva, imparcial y rigurosa. Y si hay que meter en la cárcel a Urdangarín, pues se le mete”, ha dicho en una entrevista en el diario La Nueva España, en el que ha recordado las palabras del Rey durante su discurso de navidad, cuando aseveró que “la Justicia es igual para todos”, aunque posteriormente desmintió que estuviera haciendo alusión a su yerno.

Sabiendo como está de resabiado el poder y cómo las gasta, estas declaraciones, como mínimo, demuestran valor y una gran sensatez. Algunos deberían aprender de ellas y no sobrepasar los límites de lo tolerable que a la ciudadanía le es posible soportar. Al fin y al cabo, como decía Mahatma Gandhi “aunque la verdad esté en minoría, sigue siendo la verdad”.

3 Comments en “Fiscalía Cristina Barcelona”

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  1. anton - Martes, 7 de febrero de 2012 a las 20:57

    Verdad! Non, nada mas a decir…

  2. Manuel Lópe Peralta - Martes, 7 de febrero de 2012 a las 21:55

    A ver si con el sindicato Manos limpias y con todos los medios de comunicación, incluido La Voz de Barcelona, unidos todos, la ciudadanía en pleno se evita lo que parece vislumbrarse y tememos: que se quede la cosa en aguas de borrajas por tratarse de la hija y el yerno de don Juan Carlos, ya es bastante que éste sea tabú. Ha de conseguirse -¡ya es protesta unánime contra una serie de presuntos delitos de Urdangarín, siendo por triple motivo también responsable la infanta!- que se haga justicia con este matrimonio, que se cumpla el artículo 14 de la Constitución, que no se dificulte la labor de los Tribunales de Justicia, que el Juez pueda actuar “con manos limpias”, por el contrario de que se vea atado de manos. Que ocurra lo que manifiesta el magistrado del TS don José Ramón Soriano; en suma, que se haga justicia, lo que implica que no sólo con él. Como dice, p. ej. J. Peñafiel: “No sólo Ignacio, también Cristina”. Manuel López Peralta

  3. Pedro - Miércoles, 8 de febrero de 2012 a las 10:00

    Que llamen a declarar a Cristina! Si un poco de cordura y dignidad tiene Cris que apechuge como lo hacemos todos con los errores. Yfuera ya de telefónica Iñaki! y de La Caixa Cristina! Son unos chorizos. No quiero que sean representantes de empresas tan importantes españolas. ES UN INSULTO! JUSTICIA YA!

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