Bilingüismo escolar: el TSJC vulnera derechos fundamentales

24.02.2012 | 18:34
 

‘Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo. 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley […]’. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

‘Artículo 24. 2. Asimismo, todos tienen derecho […] a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías […]’. Constitución española.

Toda persona tiene derecho a que su proceso sea resuelto dentro de un plazo razonable, es decir, toda persona tiene el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho este que se refiere no solamente a la posibilidad de acceso a la jurisdicción o a la obtención práctica de una respuesta jurídica a las pretensiones formuladas, sino ‘a una razonable duración temporal del procedimiento necesario para resolver y ejecutar lo resuelto’.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación a las dilaciones indebidas, ha mostrado a lo largo de su jurisprudencia que lo importante no es la celeridad en sí misma, sino la importancia de que el proceso se desarrolle sin anomalías. Por tanto, es la correcta administración de justicia, en el marco de un proceso concreto, lo que prima el análisis de esta vertiente del artículo 6 referido. ‘Se tendrá en cuenta la complejidad del caso, la conducta del demandante y de las autoridades implicadas en el asunto’, así como ‘lo que en el litigio arriesga el demandante’. En concreto, la conducta de las autoridades puede determinar la naturaleza de la dilación, especialmente cuando se detecta un razonable grado de pasividad en sus actuaciones.

Por su parte, el Tribunal Constitucional, a través de diversas sentencias, ha establecido que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, si bien no se confunde con el derecho a la ejecución de las sentencias, se halla en íntima relación con él, pues es claro que el retraso injustificado en la adopción de medidas de ejecución afecta en el tiempo a la efectividad del mencionado derecho fundamental.
‘Un plazo razonable’. ‘Sin dilaciones indebidas’. Normalmente cuando se vulnera este derecho se debe a causas estructurales: la falta de recursos materiales y personales unido a un gran volumen de asuntos hace que se colapse nuestro aparato judicial llevando a la consecuente demora en dictar las resoluciones a las que vienen obligados los tribunales.

Lo extraño e inaceptable, bajo ningún concepto, es que esta demora en resolver –lo mismo podríamos decir en la ejecución de sus resoluciones- se produzca, sencillamente, por causas de otro tipo, como por ejemplo, la tenaz oposición de la administración a ejecutar una sentencia firme.

Este proceder del funcionario involucrado al dejar transcurrir el tiempo o paralizar el proceso injustificadamente, no está legitimado por el sistema de normas, ni por consideraciones de trato institucional; menos puede estar librada a sus facultades discrecionales, sino por el contrario, implica la concurrencia de motivaciones extrafuncionales y arbitrarias fundadas en conductas cuya previsibilidad sobre su desvaloración social o funcional como la aceptación complaciente de los efectos lesivos implícitos o derivados del transcurrir indebido del tiempo, es de pleno conocimiento del magistrado; no está demás acotar que esta vulneración no solamente se produce en la etapa decisoria de los procesos, sino en cualquiera de las etapas, incluida su ejecución.

¿Qué pensarán de esto los afectados por los procesos judiciales sobre su solicitud de que el español fuera, también, lengua vehicular en las escuelas catalanas de acuerdo con el derecho vigente? Después de que la administración de la Generalidad de Cataluña hiciera oídos sordos a sus legítimas reclamaciones, iniciaron sus procesos judiciales mediante recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en 2006, y viendo como este los desestimaba, tuvieron que acudir en casación ante el Tribunal Supremo (TS), el cual acabó otorgándoles la razón en 2010. Como mínimo son cinco las sentencias en este sentido que aún no han sido ejecutadas.

La ejecución de las sentencias corresponde en este caso, de nuevo, al TSJC y aquí han surgido, no por esperados menos denunciables, los problemas. ‘Tras varios meses de nuevas dilaciones por parte del Gobierno [autonómico] catalán, como es su estilo, la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que preside el magistrado Joaquín Ortíz Blasco, en un auto de julio de 2011 instó a la Generalidad a aplicar, en un plazo máximo de dos meses, las sentencias del TS en las que conminaban a la Consejería de Educación a garantizar que el español fuera también llengua vehicular en las escuelas junto con el catalán’, explican desde Convivencia Cívica Catalana, la asociación que ha llevado la dirección juridica de los casos, en representación de diversos padres, en su periplo administrativo y judicial.

La Generalidad presentó un recurso a la decision del TSJC y se suspendió el ultimátum de los dos meses hasta resolver el recurso, en lo que nosotros consideramos un auténtico fraude de ley. Entonces Convivencia presentó su recurso a esta decisión. En una providencia [notificada el 15 de diciembre de 2011] el tribunal que debe decidir sobre este recurso acordó, ‘dada la trascendencia de la cuestión que ha de resolverse’, someter a la consideración del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, si la misma ha de ser votada y fallada por el Pleno de la sala de lo Contencioso’. Es decir, por los 24 magistrados que la integran. Aún se espera resolución al efecto.

Con la situación creada se pone bajo sospecha la obligada independencia e imparcialidad que se supone de los tribunales ya que cabe deducir que con tal decisión, se pretende diluir la responsabilidad originaria de juzgar –ejecutar en este caso lo juzgado- que correspondería a un grupo reducido de magistrados en la totalidad de los que integran el citado pleno del TSJC evitando así, en la medida de lo posible –imposible en mi opinión- que las presiones y miradas con toda la carga emocional que comporta (¿fanatismo?) el nacionalismo catalán se centren en unos pocos funcionarios.

Más allá de ciertas actitudes que bordean el delito de prevaricación recogido en nuestro Código Penal y del evidente desacato al que nos tienen acostumbrados ciertos dirigentes de las administraciones públicas catalanas –cuyos responsables últimos espero las depuren en las instancias competentes cuando llegue el momento oportuno-, lo que no se puede tolerar hoy ya es retrasar más los procesos aludidos. No podemos tener la justicia secuestrada en Cataluña.

El TSJC, en mi opinión, con su actuación en estos asuntos está vulnerando derechos fundamentales: el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable del artículo 6 de el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del artículo 24 de la Constitución. Esta es la gravedad de la situación.

2 Comments en “Bilingüismo escolar: el TSJC vulnera derechos fundamentales”

NOTA: Sean respetuosos con sus comentarios. Se borrarán los comentarios cuyo contenido o enlaces puedan ser considerados difamatorios, vejatorios o insultantes. Recuerden siempre que las formas importan y que hay muchas formas de decir lo mismo. Gracias por participar.
  1. alba2000 - Viernes, 24 de febrero de 2012 a las 18:55

    Lo q esta haciendo el TSJC es inadmisible;tiene toda la razón .

  2. Valencianet - Viernes, 24 de febrero de 2012 a las 21:02

    Xe collons! ves a fer la ma, tu, la bicicleta, i l’article.

Suscripción RSS a los comentarios de esta entrada.