Hispanos

28.02.2012 | 10:43
 

“Nadie me convencerá de que es mejor una Rambla [de Barcelona] con gente mestiza que una donde tan solo paseen gente de raza blanca mediterránea” (Heribert Barrera, ex presidente de ERC).

Que la inmigración ha preocupado al nacionalismo catalán no es un secreto. Pese a que lo nieguen, en las raíces profundas del mismo yacen el racismo y la xenofobia, en un intento vano y contrario a los más elementales derechos humanos de preservar lo que piensan son las esencias del catalanismo. Para esta ideología reaccionaria la mejor inmigración es la que no existe.

Heribert Barrera (ERC), muerto el año pasado, ejemplifica bien lo anterior. En el año 2001 apareció un libro: Què pensa Heribert Barrera? (¿Qué piensa Heribert Barrera?), donde, entre otras cosas, manifestaba: ‘La inmigración es la principal amenaza contra Cataluña. […] Las oleadas migratorias son un plan para descatalanizar Cataluña. […] Es evidente que cualquier persona que quiera españolizar tiene interés en que la inmigración venga a aquí. […] Conseguimos superar las oleadas de andaluces, pero ahora el catalán está en peligro. A mí me gustaría una Cataluña como la de la República: sin inmigrantes‘.

En este tema, como en todos los demás en Cataluña, el nacionalismo utiliza como instrumentos para su particular ingeniería social el derecho y las instituciones. Hemos de tener en cuenta que más de 70.000 inmigrantes pudieron votar en las pasadas elecciones municipales de 2011, en virtud de los convenios de reciprocidad entre España y sus países respectivos (Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Paraguay, principalmente; por motivos diversos aún quedaron fuera colectivos numerosos como los nacionales de Argentina, Marruecos, Brasil, Méjico, Pakistán o Venezuela).

En abril de 2010, el Parlamento autonómico de Cataluña aprobó la Ley de Acogida, con el apoyo de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA, que establecía exigir a los inmigrantes el conocimiento del catalán en los procesos para conseguir el permiso de residencia. Pese a que el Defensor del Pueblo recurrió esta ley, apelando a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que subraya que ninguna de las dos lenguas oficiales puede ser preferente sobre la otra, tanto las autoridades de la Generalidad como las del Ayuntamiento de Barcelona siguen no solo dando absoluta preferencia a una de las lenguas oficiales, con su particular visión de esta Comunidad Autónoma, sino que, conscientemente, se excluye hasta el absurdo a la otra.

La situación en la que se encuentran los recién llegados se agrava con esta autoritaria imposición nacionalista. Aquellos que vienen de países no iberoamericanos se ven en la necesidad imperiosa de aprender una lengua de las oficiales para poder comunicarse en su nueva residencia forzada –no lo olvidemos (nadie emigra por gusto)-, pero, los hispanoparlantes, que sí forman parte de una cultura común y hablan español se ven, innecesariamente, obligados a cargar sobre sus espaldas con una nuevo lastre que dificulta sus ascenso social. ¿Qué debe ser prioritario: poder relacionarse para trabajar o estudiar o satisfacer los deseos de una minoría, más o menos mayoritaria, que controla las instituciones en base a vanos deseos, ya declarados inconstitucionales, de uniformidad y exclusión?

Uno de esos profesores de Secundaria desterrados de los que hablé un día, Rafael Núñez, refería: ‘Los únicos sujetos que han amenazado de forma real la política de vejación y discriminación nacionalista son los xarnegos, por tenerse, en primera instancia, como ciudadanos con los mismos derechos al amparo de la Constitución española de 1978 y por formar parte su lengua y cultura del mercado cultural español, al que se supone pertenece Cataluña, o, al menos Barcelona; hay una imagen española de Barcelona que pesa mucho más que la imagen catalanista de Barcelona. La izquierda histórica -que ha basado su fuerza sobre todo en esa multitud social- en Cataluña ha significado siempre una amenaza para el catalanismo’.

Hagamos posible que la amenaza se extienda, también, a los hispanos. Consolidemos sus derechos y rectifiquemos la línea seguida, interesadamente, por el nacionalismo. El derecho nos da la razón y las instituciones, al fin y al cabo, son de todos. No les bailen el agua a quienes los ven y verán siempre como inferiores, clases subalternas que viven en su territorio de prestado obligados a bajar la cabeza mediante el peaje de la sumisión vestida de integración. Sean ustedes la punta de lanza en la reivindicación de los derechos de ciudadanía para toda la inmigración residente en esta Comunidad Autónoma.

José Luís de Villalonga, ese gentleman atípico, comentaba que un pobre nunca debe votar a la derecha. Siguiendo su estela, añadiría, un hispano nunca debe votar al nacionalismo, tampoco al catalán; significaría tanto como hacerse un harakiri colectivo. Envío un humilde saludo, desde aquí, a todos los hispanos e inmigrantes de otras nacionalidades residentes en Barcelona y el resto de Cataluña. Hasta pronto, ciudadanos.

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