Prostitución: ataque a las trabajadoras sexuales

30.03.2012 | 11:55
 

¿España es país receptor de tráfico de personas? “Sí, llegan desde fuera de la Unión Europea, por Rumanía y Bulgaria. Acaban en España, el Reino Unido y Portugal. La mayoría son mujeres destinadas a la prostitución” (entrevista a Juan Antonio García Jabaloy, fiscal de Eurojust, experto en crimen organizado transnacional).

En 2006, en Barcelona, se puso en marcha un plan para el abordaje integral del trabajo sexual (Abits) cuyos resultados en sus inicios, a juicio de los vecinos y las prostitutas fueron negativos. La normativa, que nació con la denominada ordenanza de civismo del Ayuntamiento de Barcelona, provocó que las mujeres que se dedicaban a la prostitución se sintieran “amenazadas por parte de la Guardia Urbana con insultos, humillaciones, amenazas, persecución y acoso”.

El plan consistía, fundamentalmente, en la recolocación de las que decidían abandonar el oficio, pero, para las que no -que eran la mayoría-, seguían estando en continuo desamparo. “Se debe tratar a fondo este tema, llevarlo al campo político, reconocerlo y no ser hipócritas”, reclamaba el presidente de la Asociación de Vecinos del Raval, Josep García. Sin embargo, con el programa Abits, con un presupuesto en 2009 de 600.000 euros, se consiguió, al menos, que 69 mujeres entrasen voluntariamente en programas de inserción laboral y que 36 de ellas encontrasen otro trabajo.

Las fotografías que publicó El País donde se mostraba sexo explícito en los pórticos del Mercado de la Boquería constituyeron un gran escándalo y avivaron el eterno debate, intentando reubicar la prostitución en espacios privados. ‘El dilema no es si estamos a favor o en contra de un fenómeno que repugna a la práctica totalidad de las mujeres, entre las que me incluyo, como también a muchos hombres. No sólo desde el feminismo, sino desde amplios sectores de la sociedad, existe un rechazo a una práctica que convierte las relaciones sexuales en un intercambio mercantil con componentes de dominio y vejación, en el mejor de los casos, y de abuso, agresión o riesgo para la salud, la seguridad y la libertad de quienes la ejercen, en el peor. Es mezquino atribuir a quienes defendemos la regulación de la prostitución cualquier pretensión de avalarla o bendecirla. Como también es hipócrita -o incomprensiblemente ingenuo- pensar que si la prohibimos o la escondemos dejará de existir […]. El enfrentamiento estéril entre las tesis abolicionistas y las partidarias de la legalización debería dar paso a un debate en el que, compartiendo objetivos, analizáramos los mecanismos que permiten, de forma objetiva y no meramente estética, garantizar los derechos de las mujeres y ser más eficaces en la lucha contra las mafias’, manifestaba la concejal, entonces, Inma Mayol de ICV-EUiA en un brillante artículo.

Mientras tanto, Xavier Trias (CiU), entonces futuro alcalde, aunque se mostraba claro partidario de las tesis abolicionistas defendía el aumento de los recursos para el plan de abordaje en contra del PP, que pedía actuaciones sin complejos planteando abiertamente la erradicación.

El problema es real y de grandes proporciones que traspasan nuestras fronteras. Barcelona es, hoy en día –junto a Madrid y Valencia-, una de las ciudades españolas capitales de las mafias de prostitución, unas organizaciones -no lo olvidemos- integradas, principalmente, por nacionales: ocho de cada diez organizaciones cuentan con delincuentes de nacionalidad española. Se trata de un problema complejo que requiere de soluciones, por tanto, complejas -de ámbito nacional e internacional- y mantenidas en el tiempo. La agencia para el abordaje integral del trabajo sexual ha sido un instrumento a nivel municipal que, con todas las deficiencias que se quiera, ha servido para abordarlo y paliar la situación de la parte en situación más débil: las trabajadoras sexuales.

La entonces concejal de Mujeres, Elsa Blasco (ICV-EUiA), el año pasado, reconoció que “es casi imposible saber el número de prostitutas que hay en Barcelona” y dio un dato que debería llevarnos a reflexionar: el número de multas a prostitutas [en la ciudad] triplica el de ayudas.

No se debe caer en la tentación de creer que con las prostitutas todo vale pudiendo, incluso, vulnerar sus derechos fundamentales. Cuando se exponen discursos simplificadores como los que planteó nuestro actual alcalde en plena campaña electoral afirmando que acabaría con la prostitución callejera y con la “escondida” no se ayuda a poner las bases para solucionar un problema o, al menos, paliar la situación de los más necesitados de ayuda.

Los sectores más reaccionarios del Consistorio barcelonés, CiU y PP, primero a la greña alrededor de la opción abolicionista, se pusieron por fin de acuerdo este año aprobando prohibir la prostitución en la calle, en un claro ataque a las trabajadoras sexuales, a las que sitúa al mismo nivel, prácticamente, que sus potenciales clientes. Una resolución que quizás tenga réditos electorales y sirva para aparecer en los medios de comunicación, pero que olvida que un ayuntamiento no puede entrar a regular materia reservada al Código Penal -que no prohíbe el ejercicio de la prostitución- y que con una prohibición total se esconde el problema de las calles y con ello se dificulta el trabajo de los equipos sociales y entidades que trabajan con las mujeres.

Mientras tanto las personas que se dedican a la prostitución continuarán ejerciendo su triste y marginal actividad. Los ciudadanos, al menos, no podemos ni debemos tolerar que se vulneren sus derechos cívicos, sobre todo porque se trata del eslabón más débil. Al menos, la Sindica de Barcelona ha iniciado una investigación demostrando que en estos temas, más si cabe, no pueden admitirse ordenanzas basadas en soluciones que se nos presentan como milagrosas y en la hipocresía a la que nos tienen acostumbrados ciertos políticos que olvidan su pretendida autoridad cuando les conviene, como en el recientemente celebrado congreso de móviles. Trias y Fernández no solucionan el problema, sino que esconden la basura bajo la alfombra en una actitud que merece nuestro rotundo rechazo como ciudadanos.

2 Comments en “Prostitución: ataque a las trabajadoras sexuales”

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  1. Cliente X - Domingo, 1 de abril de 2012 a las 03:18

    Tienes razón, en cuanto mayor sea la ciudad mayores son las mafias. Creo que todos coincidimos en que éstas son la parte peor de la prostitución, la que indudablemente se debería perseguir.

    No a la prostituta que sólo pretende ganarse el pan.
    Tampoco al cliente ya que sería atacar indirectamente a la prostituta.

    ¿Pero cómo lo logramos, cómo es posible pretender que se eliminen estas bandas cuando en no pocas ocasiones (Operación Bloque en Coslada, clubes Riviera y Saratoga en Castelldefels, Operación Carioca en Lugo o club Majestic en Valencia) se demuestra que quienes estaban detrás de las extorsiones y chantajes eran las propias autoridades? ¿Cómo podemos exigir a los responsables políticos que actúen en contra de sus intereses? ¿Cómo puede la ciudadanía controlar los desmanes de una casta política desbocada y parasitaria?

  2. spagnoletto - Domingo, 1 de abril de 2012 a las 07:55

    La prostitución es un negocio mercantil entre seres adultos y libres, que por sus especiales características e implicaciones la Ley debería ordenar de manera muy cuidadosa por el bien de las prostitutas (y prostitutos), de los clientes (y clientas), y de todo el resto de la sociedad.

    Si quien participa en un encuentro sexual no lo hace de manera absolutamente libre y consciente, entonces no estaríamos hablando de prostitución, sino de violación, esclavitud, detención ilegal, abusos, etc. Todos ellos delitos graves ya tipificados en el Código Penal.

    Es curioso observar como en el asunto de la prostitución se acercan tanto las posturas de la Iglesia católica y del feminismo más recalcitrante.

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