Lealtad institucional (a propósito de Llanos de Luna y Ribó)

18.04.2012 | 10:37
 

El Defensor del Pueblo (a veces nombrado con el término sueco Ombudsman, comisionado o representante), es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante abusos que puedan cometer los poderes políticos y, en su caso, legislativos de ese mismo Estado (fuente: Wikipedia).

La Constitución dice en su artículo 54:

‘Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales’.

Regulado por la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, da su definición el artículo 1:

‘Es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y la presente Ley’.

Por tanto puede supervisar la actividad de la Administración General del Estado, administraciones de las Comunidades Autónomas y administraciones locales, incluyendo la propia actividad de los ministros. Además de poder supervisar la actuación de las empresas públicas y de los agentes o colaboradores de las administraciones, cuando realizan fines o servicios públicos.

El Síndico de Agravios de Cataluña (oficialmente, en catalán, Síndic de Greuges de Catalunya) es el nombre del Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en España. Es una de las instituciones de la Generalidad de Cataluña cuyas funciones se definen en los artículos 78 y 79 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Su misión es garantizar el derecho de todas las personas a una buena administración gubernamental. Debe atender las quejas de las personas que se encuentren desamparadas ante la actuación o la falta de actuación de las administraciones. El Estatuto establece que sus funciones son proteger y defender los derechos y las libertades que reconocen tanto la Constitución española como el propio Estatuto de Autonomía.

¿Pueden y deben limitarse sus competencias al ámbito territorial que le es propio? Aquí surge el problema: el Estatuto pretendía la exclusividad de la supervisión de la actividad de la administración de la Generalidad de Cataluña o que estuviese relacionada con ella para el Síndic de Greuges. Contra ello, el Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad. La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, como en tantos otros temas, vino a poner límites a los excesos nacionalistas catalanes y declaró nula esa exclusividad. Reproduzco el fundamento jurídico 33 de la citada sentencia:

‘El art. 78 EAC [Estatuto de Autonomía de Cataluña] regula las funciones del Síndic de Greuges y sus relaciones con otras instituciones análogas. De sus cinco apartados sólo el primero ha sido impugnado, concretamente por atribuir al Síndic de Greuges la función de supervisar la actividad administrativa autonómica, en todos los órdenes, “con carácter exclusivo”, ya que con esa exclusividad se haría imposible la actuación del Defensor del Pueblo respecto de la Administración catalana, vulnerándose el art. 54 CE [Constitución Española].

La función supervisora atribuida al Defensor del Pueblo por el art. 54 CE tiene por objeto la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución y se configura como una de las “garantías de las libertades y derechos fundamentales” previstas en el capítulo cuarto de ese mismo título (arts. 53 y 54 CE). El hecho de que ejerza esa función como comisionado de las Cortes Generales no supone que la actividad administrativa sobre la que puede proyectarse sea únicamente la propia del Estado central, con exclusión de la Administración autonómica. Tratándose de los derechos fundamentales, las garantías establecidas en los arts. 53 y 54 CE han de serlo frente a todos los poderes públicos, pues a todos ellos, sin excepción, vinculan y someten. Así como la garantía jurisdiccional no admite distingo en su proyección sobre el poder público autonómico, tanto legislativo como administrativo, así tampoco la garantía extrajurisdiccional propia del Defensor del Pueblo puede limitarse en su alcance a la supervisión de la Administración central del Estado, sino que ha de comprender a cualesquiera Administraciones públicas en aras de la perfecta cobertura de las garantías constitucionales de los derechos respecto de todas las variables del poder público. La “Administración” del art. 54 CE, como la “Administración” de los arts. 103 y 106 CE, no es, por tanto, la concreta especie “Administración central”, sino el género en el que se comprende todo poder público distinto de la legislación y la jurisdicción. De ahí que la exclusividad que proclama el precepto estatutario que examinamos infrinja el art. 54 CE.

En consecuencia debemos declarar que el inciso “con carácter exclusivo” contenido en el art. 78.1 EAC es inconstitucional y nulo’.

Frente a lo anterior, el Síndic de Greuges se ve con la capacidad de actuar, dentro del ámbito material que le es propio, en todas las instituciones con sede territorial catalana. Más allá de que se pretendieran limitaciones para otros que ahora no se quieren para uno -a lo que nos tienen desgraciadamente acostumbrados los partidos políticos nacionalistas-, lo cierto es que el deber de atender las quejas de personas que se consideran desamparadas ante la actuación o la falta de actuación de las administraciones debe considerarse prevalente sobre cualquier otra consideración. No caben en mi opinión, lecturas restrictivas en estos casos.

Ya critiqué, en otra entrada anterior, la situación extrema que sufren las personas internadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona que han llevado a la muerte o el suicidio a más de una de ellas. Incluso, recientemente, el Consejo General de la Abogacía Española ha denunciado que la mitad de las privaciones de libertad en los CIE no tiene ‘un fundamento legal’, ya que estas instalaciones sirven de paso previo a la expulsión del país y, al final, menos del 50% de las personas recluidas llegan a ser deportadas.

Ante la gravedad de la situación, las disputas entre Instituciones suenan a broma macabra. Algunos deberían recordarles que el artículo 3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas exige que éstas, en sus relaciones, se rijan por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. Asimismo, el artículo 4 señala que deben relacionarse de acuerdo con el principio de lealtad institucional que supone, sí, respetar el ejercicio legitimo por las otras administraciones de sus competencias, pero, también, ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras administraciones, facilitando información y prestando cooperación y asistencia.

Mientras algunos se enzarzan en peleas de patio de colegio en las que subyace un trasfondo político; otros, la mayoría, deseamos que nuestras instituciones dediquen su tiempo a la finalidad para la que fueron creadas: mejorar la vida de los ciudadanos.

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