La Casta del Ayuntamiento no responde

07.05.2012 | 13:55
 

En el año 2007, los periodistas italianos Gian Antonio Stella y Sergio Rizzo, publicaron en Italia su libro La Casta (La Casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili) en el que se recogían y denunciaban los privilegios injustificados de la clase política italiana.
Un año más tarde, y con el mismo título y temática, el periodista Daniel Montero, publicó un libro en el que denunciaba a los profesionales de la política española. Se hablaba de las 80.000 personas que formaban la clase política y que estaban envueltas en un velo informativo sobre el despilfarro de sus privilegios, aunque se advertía de que tal era el descontrol, que en España no había ni una sola institución que conociera cuántos políticos cobraban del Estado.

Aquellos datos resultaron ser demasiado optimistas: un estudio interno elaborado por asesores de la presidencia del Gobierno desveló, recientemente, que España es el país con más políticos por habitante de Europa: tenemos 445.568 políticos empleados en la administración pública. Casi el doble del segundo que es Italia, y 300.000 más que Alemania.

Políticos sobre los que desconocemos cosas tan básicas como su grado de absentismo al trabajo, sus remuneraciones totales (incluidos complementos, dietas, etc.) o las partidas diversas, en concepto de representación, a las que cargan cuantiosísimos gastos que pagamos entre todos los ciudadanos.

Arrastrada por el Gobierno central y por Comunidades Autónomas pioneras como Navarra, finalmente, Cataluña quiere subirse al tren de la transparencia administrativa. Al parecer el Gobierno de la Generalidad prepara una Ley de Transparencia que busca ‘garantizar la transparencia’, ‘regular el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública’, ‘establecer unos principios de buen gobierno’ y establecer sanciones a quienes lo incumplan. Se publicarán todos los sueldos, no solo de los altos cargos -que ya se hace- sino también de los directivos de los entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios, al igual que las indemnizaciones que perciban al dejar el cargo. Aquellos altos cargos que oculten información serán inhabilitados.

Sin embargo, el camino de la transparencia no parece ser el que desea seguir el alcalde Trias (CiU) y su equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento de Barcelona. Vengo denunciando, desde que se inició este blog, la opacidad en las retribuciones no sólo del jefe del Consistorio barcelonés, sino, también, en las de sus allegados. Oscurantismo que no declina, sino que, más bien, va en ascenso y lo demuestran así los hechos más recientes.

Así, hoy me hago eco de dos ejemplos en la línea de lo que señalo, a través de la reproducción de dos comunicados de la Asociación Profesional de Técnicos y Técnicas del Ayuntamiento de Barcelona (APTAB) que demuestran esa absurda actitud numantina de nuestras autoridades políticas municipales que han sido denunciadas -una con éxito judicial- por sus funcionarios:

Comunicado del 26 de abril de 2012, en el que se pone de manifiesto, entre otras cosas, la preocupación y disconformidad con los planteamientos de la gerencia de recursos humanos y organización del Ayuntamiento; las irregularidades en el nombramiento de personal eventual; se vuelve a solicitar la publicación individualizada de las retribuciones del conjunto de directivos del Consistorio, organismos autónomos y empresas públicas municipales (tanto gerentes, como directores, directores de servicios y cargos equivalentes o asimilados); y, se solicita la información exacta de la formación que reciben los altos cargos municipales en reconocidas y acreditadas escuelas de negocios.

Comunicado del 7 de mayo de 2012. La Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado el recurso de apelación interpuesto por APTAB contra la sentencia de fecha 5 de octubre de 2011 dictada por el Juzgado del Contencioso administrativo número 17 en procedimiento de amparo ordinario. Se declara el derecho de la citada asociación de funcionarios a que ‘le sea suministrado por el Ayuntamiento de Barcelona, siempre que se halle confeccionada, la lista de distribución de correo, donde poder enviar comunicaciones e informaciones de interés sindical al personal de los grupos A1 y A2 de dicho Ayuntamiento, sea cual sea su relación o vínculo contractual con tal Administración, ya que, lo contrario violaría el derecho a la libertad sindical de dicha asociación’.

Frente a lo anterior, sólo cabe dar la enhorabuena a la APTAB, esperar que cunda el ejemplo asociativo entre los funcionarios de otros consistorios y denunciar para conocimiento de los ciudadanos, una vez más, las viejas prácticas de otro tiempo que se empeñan en mantener, a capa y espada, algunos miembros destacados de la Casta, como el reaccionario político nacionalista conservador que ocupa, esperemos que por poco tiempo, el actual cargo del alcalde de Barcelona.

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