Cataluña

Garantías Estatutarias estima que las medidas educativas del Gobierno vulneran el Estatuto y la Constitución

La institución autonómica también dictaminó en contra de la reforma laboral y de los recortes sanitarios aprobados por Rajoy. La Generalidad ha anunciado que recurrirá las medidas sanitarias y, probablemente, hará lo mismo con las disposiciones sobre educación.

Andreu Caballero
Martes, 12 de junio de 2012 | 10:00

El Consejo de Garantías Estatutarias ha dictaminado que varios de los preceptos incluidos en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo (ya validado por el Congreso) son inconstitucionales o vulneran competencias exclusivas de la Generalidad, lo que, probablemente, llevará al Ejecutivo autonómico a presentar un recurso de inconstitucionalidad.

En concreto, el dictamen 7/2012, de 8 de junio, que no tiene carácter vinculante, ha apreciado que los apartados tres y cuatro del artículo 6 del Real Decreto-ley ‘no cumplen el requisito constitucional de la urgencia’, y que los artículos 3, 4, 6.1, 6.4 y 7 vulneran las competencias de la Generalidad recogidas en el artículo 131.3.j, 131.2.f, 172.2.a, 172.2.e, y 211 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y lo establecido en el artículo 156.1 de la Constitución. El dictamen se ha aprobado por unanimidad de los miembros del CGE.

‘No cumplen el requisito constitucional de urgencia’

Para el CGE, los apartados relativos a ‘la posibilidad de que las universidades cooperen entre sí y creen alianzas estratégicas’ para la obtención de títulos oficiales ‘no cumplen el requisito constitucional de la urgencia’, puesto que ‘su aplicación no tiene carácter inmediato, sino que para hacerse efectiva depende de la voluntad de las partes que pueden cooperar, cuando lo consideren oportuno’.

Además, según la institución autonómica, ‘el Gobierno tampoco justifica de manera motivada y expresa la razón de la urgencia, de manera que el precepto podría ser tramitado por la vía legislativa ordinaria, sin que ello impidiera su eficacia‘. Este criterio también lo aplica al apartado que establece el régimen de dedicación a la actividad docente del personal docente e investigador funcionario de las universidades, que ‘tampoco cumple este requisito constitucional de la urgencia porque no se aprecia una inmediatez en la aplicación de las medidas propuestas’.

‘No deja espacio al desarrollo autonómico’

El CGE ha señalado que las medidas relativas a la política de personal al servicio de la Administración educativa, que regulan la parte lectiva mínima de la jornada del personal docente no universitario, es una materia que corresponde al Gobierno autonómico.

La presunta invasión competencial también afectaría a aspectos relacionados con los recursos humanos (en lo relativo al establecimiento de los diez días que como mínimo han de transcurrir para que se pueda producir la sustitución transitoria del profesorado docente); con los requisitos para la creación y el mantenimiento de centros universitarios; y con la regulación del régimen del profesorado docente (porque ‘no deja espacio al desarrollo autonómico’, señala el CGE).

Por último, la institución autonómica ha considerado que los preceptos que regulan ‘la financiación del componente individual de matrícula de las becas y ayudas al estudio universitario’ limitan la autonomía financiera de la Generalidad, ya que la imponen ‘una obligación de cofinanciación de las citadas becas, en el caso de que esta fije el precio público de la enseñanza por encima del límite inferior que financia el Estado’.

La Generalidad recurrió el recorte sanitario pero no la reforma laboral

La semana pasada el CGE también apreció que las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno para ajustar el gasto podían vulnerar la Constitución y el Estatuto. En base a este dictamen, la Generalidad anunció que recurriría ese Real Decreto-ley ante el Tribunal Constitucional. No ocurrió lo mismo en el caso de la reforma laboral.

En esa ocasión, y a pesar de que el CGE estimó que algunos aspectos eran inconstitucionales y contrarios al Estatuto, el Ejecutivo autonómico renunció a presentar un recurso ante el Alto Tribunal.

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4 Comments en “Garantías Estatutarias estima que las medidas educativas del Gobierno vulneran el Estatuto y la Constitución”

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  1. Angel - Martes, 12 de junio de 2012 a las 10:50

    Es fundamental tener escuelas publicas,pero no a cualquier precio.Muchos solo buscan trabajar en la administracion por la seguridad que les da tener un sueldo seguro cada mes.El abuso ha creado un negocio educativo que no da los resultados necesarios.Es imprescindible hacer reformas en la educacion..

  2. Erasmus - Martes, 12 de junio de 2012 a las 11:16

    PRIMACÍA DE LA POLÍTICA

    La economía es muy importante pero, como decía el general De Gaulle, no deja de ser la ‘intendencia’. Los problemas de las sociedades en el fondo siempre son políticos y su solución es política. España tiene la gran ventaja sobre otros países europeos con problemas económicos similares, especialmente los que han sido intervenidos, de la gran solidez de su sistema político, es decir, de su sistema de fuerzas políticas. Los sistemas basados en dos grandes fuerzas políticas, una de centroderecha y otra de centroizquierda, que se relevan en el gobierno, son los mejor equipados políticamente para afrontar toda suerte de problemas y los más estables. Eso lo tenemos en España, con el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, de ideologías popularista y socialdemócrata. Fuera de esas fuerzas solo existen, como fuerzas nacionales, el comunismo residual de IU (contaminado de nacionalismo local) y una fuerza liberalprogresista creciente (UPD-Ciudadanos) pero de techo limitado al de un partido bisagra, y en el plano regional, algunas fuerzas secesionistas que han tenido una influencia inmerecida en la política nacional porque se lo han permitido las dos grandes (a falta de fuerza propia, han podido ‘inclinar la balanza’) y han creado el mayor problema y que exige tratamiento más urgente de España hoy, esto es, el desmedulamiento de la nación.

    Las elecciones generales de 2011 han sido trascendentales, porque han fortalecido mucho a una de las dos grandes fuerzas, el PP, que casi ha doblado en votos a la segunda, el PSOE (11 millones de votos el PP, por 7 millones el PSOE). Eso ha reforzado la ejecutividad del sistema (su capacidad de decisión), al hacerlo pasar de un modelo electoral bipolar 45%-45%, a uno de 60%-30%. Lo que da un plus de fuerza al partido al que la historia ha encargado hacer la reforma estructural que necesita España. A la larga se restablecerá el equilibrio de las dos grandes fuerzas, pero el Partido Popular ya habrá tenido tiempo de realizar su misión histórica. En base al cambio político producido por las elecciones de 2011, el Partido Popular puede esperar gobernar 4 legislaturas seguidas con mayoría absoluta. Superará así la marca del PSOE de Felipe González, que tuvo 3 mayorías absolutas consecutivas.

    Ese es el gran capital político que tiene España ahora y que no puede malbaratar. Podría hacerlo por dos vías. Una es olvidándose el PP de que su base de gobierno es una mayoría absoluta muy amplia y no gobernando apoyándose en ella, sino compartiendo con otras fuerzas el protagonismo del gobierno diluyéndolo de ese modo. La mejor manera de perder la mayoría absoluta es no usarla, pues los electores no votarán lo que no sirve para nada. Otra vía de malbaratar el capital político surgido de los comicios de 2011, será no denunciar y derrotar la perversa doblez del PSOE actual, que por un lado, busca a hacerse la ‘foto’ con el Gobierno, para ganar respetabilidad, mientras que por otro lado, instiga toda agitación y todo desorden callejeros. Donde la pasada huelga general (que siempre es huelga política, ilícita en democracia, justificada solo para derribar a un Franco, o a un Pinochet, las que no fueron capaces de hacer, todas las huelgas generales en España han sido antidemocráticas sin excepción) ha representado el papel estelar. La agitación callejera es peligrosa (erosiona al gobierno), porque pone en relación y en movimiento a todas las potenciales fuerzas de desorden de una sociedad, que se unen en una negación aunque no puedan hacerlo en nada positivo. Independientemente del partido que vaya a beneficiarse de tal desorden. Por ello a pocos meses de su derrota electoral por goleada, el PSOE pinta capaz de sentar en el banquillo al Gobierno. La prevalencia de la calle contra las urnas es la derrota de la democracia. Esa es la primera batalla que tiene que dar y ganar el Gobierno.
    Los que dicen que la mayoría absoluta (que es sinónimo de decisión) es mala, o son pillos interesados, o son necios ignorantes, que no saben que en otras latitudes se llega a cambiar la ley electoral para dársela a la fuerza que se aproxima a ella sin alcanzarla, con el fin de otorgar estabilidad y fortaleza a los Gobiernos.

    “ERASMUS”

    (11/06/2012)

    (revisado)

  3. Erasmus - Martes, 12 de junio de 2012 a las 12:17

    LA LEY ESTATAL PREVALECE SOBRE LA LEY AUTONÓMICA

    Durante el tiempo del desmadre autonómico que hemos vivido, por dejación de los sucesivos Gobiernos, hemos arriesgado la hacienda y la vida de todos les españoles a manos de unas taifas derrochadoras y ‘crecidas’ que han obstaculizado la gobernación del Estado. Ha llegado el momento de recordarles a las Comunidades, que se justifican por ayudar a la gobernación del Estado y se deslegitiman por obstaculizarla. Uno de los principios (obscurecido por dejaciones pasadas) que debe reivindicar con mayor energía el Estado democrático -e impulsar en la práctica y en la jurisprudencia- es el de la prevalencia de la ley estatal (siempre autorreformable) sobre las normas autonómicas. Como dicen los alemanes, “Bundesrecht bricht Landesrecht”, “la ley estatal rompe la ley autonómica”.

    “ERASMUS”

    (12/06/20012)

  4. guineu - Jueves, 14 de junio de 2012 a las 13:07

    que lo vea ilegal no quiere decir que lo sea .

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