¿Quién teme a la Oficina Antifraude?

14.06.2012 | 15:59
 

La Oficina Antifraude de Cataluña de la Generalidad de Cataluña (OAC) es un ente que actúa con independencia del Gobierno autonómico y de las administraciones públicas, adscrito al Parlamento autonómico de Cataluña. Aunque se empezó a gestar en el año 2005, por diversas discrepancias no fue hasta el año 2008 que se aprobó su ley de creación con la firme oposición de CiU y PP.

La finalidad de la OAC es prevenir e investigar posibles casos concretos de uso o destino ilegales de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público. Comprobará cualquier acto de corrupción, práctica fraudulenta o conducta ilegal que afecte a los intereses generales (fuente: Viquipèdia).

Al frente de la OAC hay un director que, como garantía de independencia, es nombrado por un período de seis años, renovable una sola vez. Ha sido siempre, precisamente, la independencia de la referida OAC la que ha centrado el debate sobre su creación, las modificaciones de su ley y el devenir de la misma. Sin embargo, y pese a las evidentes conexiones de sus cargos directivos con el poder político, su plantilla de trabajadores, fundamentalmente funcionarios y por lo tanto sujetos a las garantías que recoge el artículo 103 de la Constitución, se nutre de la élite de la administración pública (inspectores de hacienda, subinspectores, secretarios de administración local, etc.) siendo, por tanto, garantía de imparcialidad y buen trabajo.

Además, sus expedientes abiertos demuestran que ha actuado hasta la fecha con una, más que aceptable, independencia del poder político. Destaca su intervención en casos tan polémicos como el del Palacio de la Música de presunta financiación irregular de CiU que no descartó, el caso GISA de presunta adjudicación irregular de obras, con ramificaciones que afectaban al PSC y a ERC o la investigación abierta al pancatalanista empresario valenciano Eliseu Climent, por presunta desviación de subvenciones.

No obstante, la OAC estuvo prácticamente desactivada durante meses desde la llegada de CiU a la Generalidad y la muerte súbita del anterior director a primeros de enero 2011. Además, las decisiones del nuevo director, Daniel de Alfonso Laso (asignado a propuesta de Artur Mas, con la abstención de ICV-EUiA y ERC), paralizando procesos de selección de personal y negándose a aceptar denuncias anónimas o denuncias salvaguardando la identidad del denunciante, evidenciaban un edulcoramiento de la misma que podían llevar a su desactivación y/o desaparición como ya adelantó, en su día, LVdB.

Hace ya varias semanas que saltó la noticia, que iba en la línea de lo apuntado, de una hipotética desaparición de la OAC ya pactada a alto nivel. Para negar lo anterior, el propio director ha tenido que saltar a la palestra denunciando que “la Oficina Antifraude es víctima de un ataque” pero no se quedará “quieto”:

“Soy consciente de que hay enemigos que no quieren nada bueno para la Oficina. Soy consciente de que hay movimientos, y empiezo a saber de dónde vienen, o tengo casi seguro de dónde vienen, a los que no les interesa para nada la existencia de esta oficina. Pero no voy a quedarme quieto ni permitir el cierre. Dicho esto, la forma más fácil de empezar el cierre es sembrar el mensaje de todos son iguales, es un chiringuito, es una agencia de viajes, de dónde vendrá ese tío… Y eso luego lo mezclamos con si tienes apellidos catalanes o no, y al final se genera un estado de opinión, que es estupendo en una época de crisis para justificar que con los recortes, fuera la Oficina. Pero yo también tengo cartas. Serán mejores o peores, pero recibo cartas en esta mano”.

¿A quién molesta la existencia de la OAC? ¿Quién la teme? No es aventurado pensar que a los que están siendo investigados o a los que lo serán, potencialmente, en el futuro: principalmente ciertos altos cargos de grandes partidos políticos que controlan o han controlado las instituciones públicas catalanas y la pléyade de subvencionados que los acompañan. Los ciudadanos tenemos el derecho a saber quién está detrás de esta campaña contra una institución absolutamente necesaria contra la corrupción y el deber de denunciarla.

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