SOS urgente: legitimación activa en peligro

21.06.2012 | 13:40
 

En el ámbito del derecho procesal existe la legitimación activa, que le compete al demandante o actor, que puede ser una persona física o jurídica, y la legitimación pasiva, referida al demandado, que les confiere la ley procesal para poder actuar dentro de un proceso, en reclamo de sus intereses o derechos violados o en defensa y oposición de los derechos pretendidos por el actor, respectivamente.

Los éxitos judiciales de Convivencia Cívica Catalana (CCC), promotora de recursos que han dado lugar a sentencias del Supremo que obligan a la Generalidad de Cataluña a restablecer el bilingüismo escolar, no han gustado a algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Así, el TSJC ha avalado la nueva estrategia planteada por la Generalidad y por varias entidades nacionalistas para intentar frenar las acciones de CCC en defensa de la libertad lingüística en Cataluña y ha considerado, en una sentencia del 9 de mayo de 2012, que no está legitimada jurídicamente para personarse en el proceso contra el decreto aprobado por la Generalidad en septiembre de 2010 que obliga a los profesores universitarios a acreditar un nivel C de catalán o similar, al entender que no son parte directamente perjudicada por el decreto.

Aunque CCC ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo por esta cuestión, lo cierto es que ya está siendo utilizado, alegando su jurisprudencia en otros pleitos, por los servicios jurídicos de las administraciones al servicio de los intereses partidistas nacionalistas. En este sentido Impulso Ciudadano presentó recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Enseñanza de la Generalidad por considerar contrario a derecho el articulo 6.d) del decreto 155/2010, de 2 de Noviembre, de la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente (DOGC núm. 5753 – 11/11/2010).

El precepto impugnado dice: la dirección dirige y lidera el centro desde el punto de vista pedagógico y entre sus funciones le corresponden específicamente ‘garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación, administrativa y de comunicación utilizada normalmente en las actividades del centro, en los términos que establece el título II de la Ley 12/2009, tal como se concreten en el proyecto lingüístico que forma parte del proyecto educativo del centro’. Este precepto habilita, por ejemplo,  al director del centro educativo sancionar a un profesor que dé las clases en castellano o impedir que el castellano se convierta también en lengua vehicular de enseñanza o de las actividades administrativas.

El régimen lingüístico que han de aplicar estos directores es el que emana de la Ley 12/2009, de Educación de Cataluña (LEC). Impulso lo considera inconstitucional y por ese motivo ha solicitado al TSJC que anule ese artículo del decreto y que, previamente, interponga cuestión de inconstitucionalidad contra la LEC. La demanda argumenta extensamente las razones de la inconstitucionalidad.

El pleito está en la fase final, únicamente pendiente de que la Generalidad presente sus conclusiones, pero ahora el abogado de la Administración autonómica, basándose en el referido auto que niega legitimación activa a CCC, ha presentado un escrito por el que pretende que el TSJC declare inadmisible el recurso contencioso-administrativo porque, según la Generalidad, Impulso no tiene legitimación para impugnar este decreto.

Alega, con cita de esta sentencia que no es suficiente ‘la defensa del ejercicio del bilingüismo lingüístico efectivo por parte de la asociación recurrente para entender acreditada la legitimación, ya que no es suficiente la obtención de una recompensa de orden moral o solidaria o el beneficio de carácter cívico o de otra índole, pues en realidad una posible sentencia estimatoria no habría de producir utilidad alguna ni perjuicio de ninguna clase en la esfera jurídica de la recurrente ni en la defensa de sus componentes al no actuar en defensa de sus intereses individuales’.

El tema es de una enorme trascendencia porque, de consolidarse esa nueva doctrina de la sala del TSJC, ni Impulso ni otras asociaciones que luchan contra la política lingüística de la Generalidad podrán recurrir y todos los esfuerzos llevados a cabo resultarán baldíos. La Generalidad y los nacionalistas habrán dado un enorme paso al retirar al mundo asociativo del frente judicial contra la política lingüística.

A los miembros de Impulso se les ha ocurrido una forma imaginativa de ayudar a evitar el desaguisado. Necesitan de la ayuda de todos los padres de alumnos en edad escolar y de los docentes de los centros educativos. Si quieres, puedes prestar tu ayuda; es urgente. Más información en la web de la entidad.

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