El personal de la Administración de Justicia en Cataluña quiere depender del Estado

11.07.2012 | 13:31
 

Corren malos tiempos para los trabajadores en general y para los funcionarios en especial. La política neoliberal del PP, impuesta salvajemente con la excusa de la crisis, está agravando su situación a pasos agigantados obligándoles a cargar con el desastre económico que otros han creado. Socialización de las pérdidas -lo llaman-, como contrapartida a la privatización de los beneficios de los que, algunos -no ellos-, disfrutaron durante la etapa de vacas gordas.

En este contexto, la idea de que la proximidad al ciudadano que representan las Comunidades Autónomas suponga automáticamente unos mejores servicios, una mejor gestión de los mismos y unas mejores condiciones laborales para los trabajadores públicos ya no se sostiene; es un mito.

Así, el personal de la Administración de Justicia en Cataluña se encuentra estos días en pie de guerra. Los funcionarios autonómicos protestan por la que consideran ‘nefasta gestión del Gobierno de la Generalidad’ que, desde 1996, es la administración encargada de las competencias de la gestión económica y material en el sector de la Justicia.

Para los sindicatos que han convocado la protesta, Staj, CSI-F y CCOO, desde que la gestión está en manos de la Consejería se han deteriorado las condiciones de trabajo de los funcionarios y ha empeorado el servicio prestado al ciudadano. Se trata, en definitiva, de menos sueldo que redunda en una menor calidad del servicio, pero, también la imposición de consignas nacionalistas, como por ejemplo en materia lingüística, en el día a día de su trabajo.

Mientras tanto, la consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, fiel servidora de la mano que le da de comer -el nacionalismo conservador de CiU- y olvidando su etapa como abogada del Estado, en el afán abarcador que le es propio a esta ideología reaccionaria, reclama las competencias plenas en materia de personal de la Administración de Justicia en Cataluña: “Exigimos la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder hacer efectivos los traspasos que establece el artículo 103 del Estatuto, como son las competencias normativas, ejecutivas y de gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia de Cataluña”, ha manifestado, recientemente, en un acto celebrado en Aranjuez (Madrid).

Los protagonistas de la historia no quieren ni oír hablar del tema y han realizado un referendo simbólico no vinculante en el que el 82,82% de los funcionarios de la Administración autonómica de Justicia que han votado lo han hecho a favor de que las competencias transferidas a la Generalidad en este ámbito vuelvan a ser gestionadas por el Gobierno de España. ¿Dónde queda ahora el respeto a la democracia que las autoridades nacionalistas reclaman para sus consultas secesionistas ilegales?

Los funcionarios saben y los ciudadanos de esta Comunidad sabemos que la reclamación constante de competencias que exigen los nacionalistas poco tiene que ver con una mejor dotación de servicios y una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y sí mucho en avanzar en lo que llaman construcción nacional que no es otra cosa que ir creando, paso a paso, el caldo de cultivo necesario para forzar un día -cuando lo crean oportuno- una declaración unilateral de independencia (aunque lo correcto sería hablar, en todo caso, de secesión).

Contra este virus maligno que asola a España, sólo cabe aplicar retrovirales: mantener las competencias que ostenta el Estado y recuperar, plenamente, aquellas otras que no funcionan, precisamente, por estar en manos de los enemigos de la nación. Justicia es una de ellas.

1 comentario en “El personal de la Administración de Justicia en Cataluña quiere depender del Estado”

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  1. barrufedo - Miércoles, 11 de julio de 2012 a las 14:41

    ¿Respeto? ¿Democracia? ¿En el nacionalismo? Bueno, mientras pienses como ellos, sí. En caso contrario, eres un franquista sociológico.

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