España

El Gobierno lleva al TC los decretos autonómicos vasco y andaluz que pretendían eludir la reforma sanitaria

El Ejecutivo considera que los decretos autonómicos vulneran sus competencias exclusivas y suponen ‘la ruptura del principio de igualdad’ a nivel nacional.

Redacción
Sábado, 14 de julio de 2012 | 18:01

El Gobierno ha decidido plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencia con el Ejecutivo autonómico del País Vasco por considerar que el decreto autonómico sobre prestaciones sanitarias aprobado por este el pasado 26 de junio contradice la legislación nacional establecida en el Real Decreto-ley de 20 de abril.

El Ejecutivo autonómico vasco pretendía evitar aplicar la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno hace tres meses, frente a la que siempre mostró su oposición, y estableció la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público ‘para todas las personas que residan en el País Vasco’, asegurando que estaban ‘amparados por la legislación vigente y avalados por su suficiencia financiera’.

En el momento en que el Alto Tribunal admita a trámite la impugnación del Gobierno, el decreto autonómico quedará automáticamente suspendido hasta que dicte una sentencia o prorrogue la suspensión, para lo que tiene un plazo de cinco meses.

‘Cuestiones que corresponden únicamente al Estado’

El Gobierno estima que el decreto autonómico ‘vulnera’ la nueva normativa nacional en cuanto a la regulación de la regulación de la condición de asegurado, cartera común de servicios y financiación de prestaciones sanitarias, por lo que pretende ‘garantizar la aplicación de la legislación estatal a la mayor brevedad posible’.

Según el Gobierno, el Ejecutivo autonómico del País Vasco trata de ‘regular cuestiones que corresponden únicamente al Estado’, impidiendo la aplicación del citado Real Decreto-ley en esa Comunidad, lo que implica ‘la ruptura del principio de igualdad’. Y ha recordado que la doctrina del Tribunal Constitucional ‘ha reservado las materias objeto de los preceptos impugnados a la competencia exclusiva del Estado‘.

En concreto, hace referencia a una sentencia de 19 de junio de 2012, en la que el Alto Tribunal señala lo siguiente:

‘En efecto, la definición de quiénes pueden considerarse asegurados y en consecuencia tener acceso al Sistema Nacional de Salud, así como las concretas prestaciones sanitarias que deben ser garantizadas a todos ellos, por integrarse en la cartera común, permite establecer un común denominador normativo dirigido a asegurar, de manera unitaria y en condiciones de igualdad, el acceso a la sanidad por parte de todos los ciudadanos incluidos en el ámbito subjetivo de la norma, con independencia de su lugar de residencia‘.

Recurso contra las medidas farmacéuticas de la Junta de Andalucía

De igual forma, el Consejo de Ministros ha solicitado al Presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de 13 de diciembre de 2011 de la Junta de Andalucía por el que se aprobaron medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de esa Comunidad.

El Gobierno considera que la normativa autonómica de Andalucía también vulnera sus competencias en materia de legislación farmacéutica y sanitaria, al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos (en cuanto a formación de precios y a selección de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no previsto en la normativa estatal) careciendo de competencia para ello, y al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado.

Múltiples conflictos de competencias entre el Gobierno y las CCAA

En los últimos meses, los conflictos de competencias entre el Gobierno y algunas CCAA se han multiplicado. A finales de mayo, el Gobierno inició un procedimiento para recurrir ante el Tribunal Constitucional el euro por receta aprobado por el Parlamento autonómico de Cataluña, que ha entrado recientemente en vigor, por invasión de competencias. Lo sorprendente del caso es que la normativa se aprobó gracias a la abstención del PP catalán.

La Generalidad respondió a las pocas semanas anunciando que recurriría las medidas sanitarias del Gobierno por el mismo motivo, y unos días después hizo lo propio en relación a la reforma educativa, no así con las medidas de ámbito laboral. Finalmente, ambos ejecutivos, nacional y autonómico, acordaron darse una tregua y abrir un proceso negociador que se podría alargar varios meses.

Sin embargo, hace una semana, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), en base a un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, no descartó recurrir la Ley de Estabilidad Presupuestaria ante el Tribunal Constitucional, una ley que la propia formación nacionalista había votado de forma favorable en el Congreso en abril.

Por otra parte, en los últimos meses el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de la Generalidad en varios conflictos de competencias relacionados con las subvenciones para servicios sociales, con las inversiones de las entidades locales, y con las ayudas a deportistas universitarios.

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5 Comments en “El Gobierno lleva al TC los decretos autonómicos vasco y andaluz que pretendían eludir la reforma sanitaria”

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  1. Angel - Sábado, 14 de julio de 2012 a las 20:25

    Esto deja al descubierto un sin fin de errores del actual Estado de las Autonomias.Hemos terminado en un Estado quebrado economicamente y socialmente,porque,el Estado traspaso competencias que nunca debieron pasar a las Autonomias.Es imprescindible hacer todas las reformas necesarias para que el Gobierno del Estado,tenga todas las competencias generales,incluido si hace falta hacer un referendo para modificar la Constitucion.

  2. Erasmus - Sábado, 14 de julio de 2012 a las 21:00

    PRIMACÍA DE LA POLÍTICA

    La economía es muy importante pero, como decía el general De Gaulle, no deja de ser la ‘intendencia’. Los problemas de las sociedades en el fondo siempre son políticos y su solución política. España tiene la gran ventaja sobre otros países europeos con problemas económicos similares, especialmente los que han sido intervenidos, de la gran solidez de su sistema político, es decir, de su sistema de fuerzas políticas. Los sistemas basados en dos grandes fuerzas, una de centroderecha y otra de centroizquierda, que se relevan en el gobierno, son los que poseen mejor funcionalidad democrática y gobiernos más estables. Lo tenemos en España, con el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, de ideologías popularista y socialdemócrata. Fuera de esas fuerzas solo hay en España, como fuerzas nacionales, el comunismo residual de IU (contaminado de nacionalismo local) y una fuerza liberalprogresista creciente (UPD-Ciudadanos) de techo limitado, como partido bisagra que es en su concepción, y en el plano regional, algunas fuerzas secesionistas que han tenido una influencia inmerecida en la política nacional, porque se lo han permitido las dos grandes (a falta de fuerza propia, han podido ‘inclinar la balanza’) y han creado el mayor problema y que exige tratamiento más urgente de España hoy, esto es, el desmedulamiento de la nación.

    Las elecciones generales de 2011 han sido trascendentales, porque han fortalecido mucho a una de las dos grandes fuerzas, el PP, que casi ha doblado en votos a la segunda, el PSOE (11 millones de votos el PP, por 7 millones el PSOE). Eso ha reforzado la capacidad de decisión y la estabilidad del sistema, al hacerlo pasar de un modelo electoral bipolar 45%-45%, a uno 60%-30%. Lo que da un plus de operatividad al partido al que la historia ha encargado hacer la reforma estructural que necesita España. A la larga se restablecerá el equilibrio de las dos grandes fuerzas, pero el Partido Popular habrá tenido tiempo de cumplir su misión histórica. En base al cambio político producido por las elecciones de 2011, el Partido Popular puede esperar gobernar 4 legislaturas con mayoría absoluta. Superará así la marca del PSOE de Felipe González, de 3 mayorías absolutas consecutivas.

    Ese es el gran capital político que tiene España ahora y no puede malbaratar. Porque, a veces (es nuestro caso ahora), lo que se necesita es ‘más gobierno’, siendo menos importante si es derecha o izquierda. España podría malbaratar ese capital por dos vías. Una, sería olvidando el PP que su base de gobierno es una mayoría absoluta muy amplia, y no gobernando apoyándose en ella, sino diluyendo el protagonismo de la gobernación compartiéndolo con otras fuerzas. Sería un gran error, tras el resultado electoral habido. Sobre todo si sirviera para prestigiar a desleales fuerzas secesionistas, cuando lo que debe hacerse es mostrar a la ciudadanía que la existencia de tales fuerzas es inútil y dañina. El Partido Popular debe asumir el protagonismo pleno y la responsabilidad plena ante los electores de la gobernación. La mejor manera de perder la mayoría absoluta es no usarla, pues los electores no votarán lo que no sirve para nada. Sirve, un ‘nosotros’ coriáceo. En el que no están ‘los otros’ (están en España, pero no en la mayoría). Los otros (comunistas incluidos), juntos, son menos.

    Otra vía para malbaratar el capital político surgido de los comicios de 2011, sería no denunciar la perversa doblez actual del PSOE (lo que bastaría para desactivarla), que por un lado, busca hacerse la ‘foto’ con el Gobierno, para ganar respetabilidad, mientras que por otro lado, instiga toda agitación y todo desorden callejeros. Donde la pasada huelga general ha representado el papel estelar. La huelga general siempre es huelga política, por tanto, ilícita en democracia, donde debe estar prohibida. Está justificada, para derribar a un Franco, o a un Pinochet, las que no fueron capaces de hacer sindicalistas y políticos en la ocasión. Todas las huelgas generales han sido en España antidemocráticas, sin excepción. Huelgas ordinarias, hay pocas en los países en los que los sindicatos son responsables, protegiendo a la economía y respetando a los ciudadanos (“tener que ir a la huelga, ya es fracasar”, dice un líder sindical alemán, que muestra responsabilidad y sentido común). La huelga general, en democracia, es ‘fascismo obrero’ (revisito a Raymond Aron, que dice que el comunismo es ‘fascismo rojo’). Los sindicatos no tienen más derecho a paralizar un país democrático, que los militares. La proyección social de los sindicatos debe enmarcarse mejor por la ley en España. Sobre todo después de haber incurrido en el comportamiento antidemocrático, que supone, convocar una huelga general en democracia. Peor, como vil sabotaje del proyecto de salvamento, exigido por una situación muy comprometida de la nación, impulsado por un Gobierno al que han dado su apoyo 11 millones de ciudadanos. Que tal anomalía ya hubiera sucedido anteriormente, no excusa nada, es una razón más para excluirla de raíz.

    La agitación callejera es un peligroso factor de erosión del Gobierno, ya que puede activar a todas las potenciales fuerzas de desorden de una sociedad, que se unen en la negación aunque no puedan hacerlo en afirmación alguna. Al margen del partido que vaya a beneficiarse de tal desorden. Por ello, a pocos meses de su aplastante derrota electoral, el PSOE pinta capaz de sentar en el banquillo al Gobierno. La prevalencia de la calle sobre las urnas, representa la derrota de la democracia. Conjurar esa amenaza, es la primera batalla que el Gobierno tiene que dar y ganar.

    Rajoy no se enfrenta solo a la agitación callejera, sino a una audaz campaña de demolición de imagen, donde vuelven a ser aliados de conveniencia, el PSOE más irresponsable y los nacionalismos centrífugos, que han puesto en común, para ese objeto, muy poderosos instrumentos y mucho ‘savoir faire’ mediáticos. PSOE, CiU, y PNV, piensan que pueden ‘quemar’ mediáticamente a Rajoy, antes de culminar su primer mandato. El ejercicio del poder da ‘carisma’. Así sucedió con Aznar (‘charlotín’, cuando llegó al gobierno) y así sucederá normalmente con Rajoy. Salvo que el frente de los resentidos con el PP, que posee una gran maniobrabilidad mediática, logre con él su objetivo de ‘asesinato de imagen’. Rajoy debe contar con una estrategia mediática a la altura de ese desafío.

    A CiU (la fuerza seria del nacionalismo secesionista -valga la redundancia- catalán), el PP, no les debe dar ni agua, en lo estatal, debiendo hacer méritos para ganarse su enemistad. La enemistad de CiU prestigia al PP en toda España, su amistad le desprestigia (y también al PSOE, ándese con cuidado con sus nuevas amistades, ante la ‘españolización de España’ que se avecina). Condicionar a CiU en lo catalán, eso sí, lo debe hacer el PP. Se impone una revisión radical de la actitud de las fuerzas políticas estatales hacia CiU, errónea desde que Abc proclamó a Jordi Pujol ‘español del año’ (queriendo la derecha llegar al poder con ellos) y desde que Felipe González eligió a CiU como socio al perder la mayoría absoluta, en 1993 (queriendo la izquierda no perder el poder con ellos). Bien estuvo que González desdeñara a los comunistas, en 1993, mostrando así que es un verdadero socialdemócrata, incompatible con una ideología totalitaria (CiU no parece tan incompatible, a juzgar por el trato de favor que da a los comunistas, La Vanguardia, el boletín orgánico de CiU), pero González erró al elegir a CiU, en lugar de la gran coalición con el PP, que Aznar hubiera aceptado para acercarse al relevo en el gobierno, como hicieron los socialdemócratas de Willy Brandt en Alemania. Ahora el PP tendrá mayoría absoluta largo tiempo, por lo que no hay problema de necesitar apoyos, ni el PP, ni el PSOE. Cuando, pasados muchos años, uno u otro, necesiten una ‘bisagra’, no será, ni comunista, ni secesionista. Será liberal (UPD-Ciudadanos).

    CiU es, sin duda, hoy, el mayor enemigo de nuestro Estado y el más preocupante, porque se le han dado alas que ahora toca recortar. Asombra el uso propagandístico sin rebozo de su gran instrumento de prensa, La Vanguardia (distribuida gratuitamente, en su mayor parte, en la edición en catalán, para adoctrinamiento político y lingüístico, con cargo al presupuesto público, propio de una Cataluña bananera que no se esconde, ya que confía en el efecto persuasor de ostentar poder), secundada por una cohorte de órganos de prensa controlados por el régimen. Ahora el PP catalán y el PSC (principales fuerzas electorales competidoras de CiU) tienen la gran ocasión de fortalecer su proyección en Cataluña, y moderar la de CiU, presentando alternativas propias, que las tienen, a la ‘propuesta fiscal’ de CiU, que votará el Parlamento autonómico catalán el próximo 25 de Julio, de modo que la de CIU no aparezca como la única propuesta que existe en Cataluña, sea, o no, viable en el horizonte actual. Es previsiblemente lo sucederá, tras el fracaso de la ‘cumbre’ de partidos catalanes, del pasado 12 de Julio, en la que Mas solo logró el apoyo de ERC e ICV para su propósito de excluir a Cataluña de la LOFCA (ley fiscal común). CiU no quiere la ley fiscal común, ni siquiera enmendada. Quiere un privilegio (significa, ley privada). Mientras sigan aceptando estar con nosotros, quieren estar mejor que nadie. Si muestran que pueden imponer ese privilegio, ¿qué más necesitan demostrar para probar que su voluntad no es resistible?

    Los que dicen que la mayoría absoluta (sinónimo de decisividad de un sistema político) es mala, o son pillos interesados, o son necios ignorantes, cuando en otras latitudes se llega a cambiar la ley electoral para dar esa mayoría a la fuerza que se aproxima a ella sin alcanzarla, con el fin de otorgar estabilidad y fortaleza a los Gobiernos. Nos preguntamos cómo puede España ganar la confianza exterior, clave hoy para la buena gestión de los asuntos domésticos. No hay que buscar mucho: Rajoy debe vender en el exterior la excepcional estabilidad política de España (el país con mayor estabilidad y fortaleza institucionales de la zona euro), lo que se ignora por falta de ser explicado. Con eso es suficiente, para los mercados y para las cancillerías.

    “ERASMUS”

    (14/07/2012)

    (revisado)

  3. Erasmus - Domingo, 15 de julio de 2012 a las 14:08

    LA PROPUESTA DE ‘PACTO FISCAL’, DE MAS, HA LLEGADO AL FINAL DE SU RECORRIDO

    Aunque oficialmente se transmite la idea de que el llamado ‘pacto fiscal’ (intento de imponer al Estado el concierto económico para Cataluña), propugnado por el Presidente autonómico catalán, está al comienzo de su recorrido, cabe dudar de la imagen de las cosas que proyecta la propaganda de CiU y pensar, por el contrario, que el proyecto estrella de Mas ha embarrancado sin remedio y ha llegado al final de su recorrido.

    Mas exigió del Gobierno, hace un año, una contestación sobre su propuesta de ‘pacto fiscal’ antes del final de 2012, pues era lo que encajaba en su calendario de escalada hacia la ‘transición nacional’, por utópica que nos parezca esa idea. Entonces la propuesta de Mas no estaba todavía presentada, ni siquiera concretada en su detalle. Ni lo está hoy. Rajoy no necesitó que la propuesta de ‘pacto fiscal’ de Mas fuera oficial, ni esperar al final de 2012, para responder -preventivamente- por medio de declaraciones de prensa al envite de Mas. Pero Mas afectó ladinamente ignorar la respuesta de Rajoy. De ahí viene todo el equívoco.

    Rajoy fue muy preciso, en sus manifestaciones a la prensa, sobre la propuesta de Mas, que, además de consistir en un contenido, incluye un plazo. Mas no hace una propuesta para unas calendas indeterminadas, sino para ahora. Para que el Gobierno conteste antes del final de 2012, y si la respuesta es negativa, buscar su satisfacción por otra vía. El plazo perentorio ha facilitado el rechazo de Rajoy a tal propuesta, pues ni siquiera ha necesitado pronunciarse sobre el contenido de la misma, sino que la ha rechazado aduciendo que no es el momento de entrar a considerar esa cuestión, debido a la situación económica de España. Rajoy ha dicho que no tomará en consideración ninguna propuesta que altere la distribución actual de los recursos fiscales, mientras no pase la crisis y vuelva la bonanza. Ha añadido que, cuando vuelva la bonanza económica, está dispuesto a dialogar sobre cualquier propuesta. Sin prometer otra cosa que diálogo. Dicho a la catalana, que la propuesta de Mas, ahora ‘no toca’.

    Rajoy, también, ha desmentido a Duran Lleida, que propone que el ‘pacto fiscal’ se apruebe ahora y se aplique cuando pase la crisis. Ha dicho que, de momento, no se aprobará nada, y cuando pase la crisis, se hablará de lo que haya que hablar. ¿Qué pinta, entonces, todo el revuelo que mantiene la prensa catalana sobre el ‘pacto fiscal’, supuestamente en tramitación, cuando está en vía muerta? ¿Qué toda la parafernalia, así inducida, de las negociaciones bilaterales extenuantes entre diversas fuerzas, de las ‘cumbres’ de partidos, lo que culminará con la votación del Parlamento autonómico del 25 de Julio próximo? Todo ello, para formular una propuesta, de la que Rajoy ha dicho, con absoluta claridad, que se limitará a archivarla en cuanto la reciba. Ni siquiera la atendería (porque supondría una pérdida de recursos para el Estado) si fuera tramitada a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, cara a la revisión del funcionamiento del modelo fiscal vigente, que debe hacerse en 2013. Pues, en tal revisión, está excluida cualquier alteración sustancial del modelo vigente y solo cabe corregir alguna disfunción llamativa, que es dudoso que pueda alegarse por Cataluña y que, desde luego, no es lo que dice Mas, que cuestiona el modelo en bloque. Claro que Mas no piensa en una tramitación de su propuesta, como revisión de la LOFCA, a través del CPFF, sino en una negociación directa con Rajoy. Con el Rajoy que ha dicho que, ahora, no va a hacer ningún cambio sustancial en el modelo fiscal vigente.

    El ‘pacto fiscal’ de Mas ha llegado al final de su recorrido. No continuemos fingiendo que la película no ha terminado, cuando ya ha salido el “The End”. Lo que hay ahora es otra película. Una batalla de propaganda, en la que CiU pretende mostrar que su propuesta (al margen de la suerte que le pueda deparar la vida) cuenta con el apoyo de todos los partidos importantes de Cataluña. Mientras que el PSC, y el PP catalán (los competidores electorales más directos de CiU, como 2ª y 3ª fuerzas catalanas), mantienen que tienen propuestas mejores, o más viables, que la de CiU. El PSC y el PP catalán, piensan que sus propuestas merecen, igual que la de CiU, ser presentadas y debatidas en la sesión del Parlamento autonómico del 25 de Julio. Ninguna propuesta va a prosperar de momento, ante Rajoy, aunque la de CiU tiene asegurada su aprobación por la mayoría del ‘Parlament’, ya que cuenta con el apoyo de ERC e ICV. Pero, ni el PSC, ni el PP catalán, previsiblemente, van a ofrecer a CiU la baza propagandística, de que su propuesta aparezca como la única que existe en Cataluña sobre la cuestión.

    CiU habla de adelantar les elecciones autonómicas. Será para explicar Mas su fracaso, al resultar inviable su promesa estrella. Pienso que CiU alcanzó su techo posible hoy, en las elecciones autonómicas de 2010. No son los mismos tiempos que los de Jordi Pujol. Ni las fuerzas en concurrencia las mismas, sobre todo, por la presencia como fuerza importante (3ª fuerza, en Cataluña) del PP catalán, que además ejerce la gobernación del Estado. Si es lo que CiU busca, todos deben preparar las elecciones. Desde ahora.

    “ERASMUS”

    (15/07/2912)

    (revisado)

  4. El llop de Can Pixa - Domingo, 15 de julio de 2012 a las 15:56

    Joder con Pepito el tochos,es que no se cansara nunca????

  5. Erasmus - Lunes, 16 de julio de 2012 a las 00:01

    ¿ELECCIONES AUTONÓMICAS ANTICIPADAS?

    Es curioso que Mas ante el cantado fracaso de su ‘pacto fiscal’ (Rajoy archivará, sin otro trámite, la propuesta de Mas cuando la reciba, pues ya ha dicho que no es el momento de discutir sobre cambios en la fiscalidad), esté pensando, más que en dimitir, en convocar elecciones autonómicas anticipadas. Será por hacer algo. Una fuga hacia adelante.

    No creo que CiU pueda mejorar los resultados que obtuvo en las autonómicas de 2010. Pienso que en esas elecciones anticipadas bajaría CiU y subirían principalmente el PP catalán y Ciudadanos y también el PSC. Y que le iría mal también a ERC.

    En Cataluña quien está haciendo los recortes en el gasto es CiU, que deberá explicar por qué recorta en Sanidad, e implanta el doble copago sanitario (si no es declarado ilegal), y no recorta en subvenciones a la prensa adicta y a TV3. A Rajoy no se le ocurriría adelantar elecciones ahora que está adoptando medidas dolorosas. Las hará cuando tocan, en 2015, que ya habrá recogido los frutos de las medidas de ajuste actuales.

    “ERASMUS”

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