Cataluña

El TC da la razón a la Generalidad sobre la potestad de los registradores

La norma autonómica, aprobada bajo la dirección de Montserrat Tura en la Consejería de Justicia, establece que la Dirección General de Derechos y Entidades Jurídicas de la Generalidad tiene potestad para dirimir conflictos entre notarios y registradores aunque sean sobre el derecho nacional.

Redacción
Viernes, 26 de octubre de 2012 | 16:33

Edificio del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto a favor de la Generalidad y ha rechazado el recurso interpuesto por el Gobierno en 2009 contra cuatro artículos de la autonómica Ley 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de derecho catalán que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

Los artículos fueron recurridos ante el TC tras la aprobación de la norma por parte del Parlamento autonómico al considerar el Gobierno que en una cuestión en litigio entre el notario que haya firmado una escritura y el registrador encargado de registrarla en el registro de la propiedad, la autonómica Dirección General de Derechos y Entidades Jurídicas de la Generalidad (DGDEJ) no debía tener potestad para resolverla en asuntos que no afectan al derecho catalán y sí de derecho nacional.

Sin embargo, el Alto Tribunal ha resuelto que la DGDEJ sí podrá ser la autoridad que dirima en caso de litigio entre notario y registrador, aunque el asunto no corresponda con el derecho catalán. Para la Consejería de Justicia, que ha informado de la sentencia del TC en una nota de prensa, esta decisión ‘corrige’ el ‘afán recentralizador que el Estado está aplicando, de hecho, sobre determinadas competencias autonómicas’.

Resoluciones vinculantes previas a la vía judicial

De esta manera, las entidades o personas jurídicas o físicas que quieran interponer un recurso contra la decisión negativa de un registrador, para inscribir un título o una cláusula en un registro, ya sea de la propiedad, mercantil o de bienes inmuebles, lo tendrán que hacer ante la Consejería de Justicia, y no ante el Ministerio de Justicia, antes de acudir a la vía judicial.

Además, las decisiones que tome la DGDEJ serán vinculantes y, por tanto, de obligado cumplimiento para los registradores, una vez sean publicadas en el Dirario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC). La norma también evita que existan dos caminos para posibles recursos (vía Generalidad o vía Gobierno) que puedan concluir con resoluciones contradictorias.

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5 Comments en “El TC da la razón a la Generalidad sobre la potestad de los registradores”

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  1. Erasmus - Viernes, 26 de octubre de 2012 a las 18:20

    LAS DOS LENGUAS OFICIALES DE CATALUÑA DEBEN ESTAR IGUALMENTE PRESENTES EN LA PRECAMPAÑA Y LA CAMPAÑA DEL 25N, SIN MENOSPRECIAR A NINGÚN SECTOR DE LA POBLACIÓN

    Estas elecciones autonómicas deben tener un estilo lingüístico diferente de todas las anteriores en cuanto al uso del español en la precampaña y campaña electorales. Cuando ERC (que ha sido el gran verdugo de la lengua, obligando a Montilla a aplicar las multas lingüísticas que Jordi Pujol legisló pero nunca aplicó) está beneficiándose en la precampaña de la baza ‘uso del español’ para sus fines electorales, ni el PPC ni Ciutadans tienen ninguna excusa para no usar el español en el estrado (en el nivel de la calle cada uno habla lo que le da la gana) en un plano de total igualdad con el catalán. Ya no se trata de pedir a otro que haga cumplir sentencias o cambie leyes, sino de hacer lo que solo depende de ellos.

    El español (lengua común y nexo de unión de los españoles) es la lengua propia de la mayoría de los habitantes de Cataluña. En Cataluña hay aproximadamente un 60% de hispanohablantes (que tienen como lengua principal el español), por un 40% de catalanohablantes (que tienen como lengua principal el catalán).

    Cuando Federico Mayor Zaragoza era director general de la Unesco, en los congresos y otras reuniones internacionales de esa organización, celebrados en su sede de Paris, pronunciaba todos sus discursos -dividiéndolos en 3 partes- en 3 lenguas consecutivamente: primero inglés, lengua franca universal, después francés, lengua del país anfitrión, y finalmente español, segunda lengua universal y su lengua personal como hispanohablante pues Mayor Zaragoza es catalán.

    En la sala de los congresos de Unesco había auriculares con traductor a disposición de los asistentes. No harán falta esos auriculares en Cataluña si se hace en los actos electorales un uso similar de las dos lenguas oficiales dado que ambas son ampliamente entendidas por la población.

    A ese respecto es de destacar el ejemplar uso equilibrado de las dos lenguas oficiales que se hizo en el estrado de la ’Concentración ciudadana en defensa de Cataluña, España y el Estado de Derecho’, realizada el pasado 12 de Octubre en la Plaza de Cataluña de Barcelona convocada por la apartidaria ‘Plataforma De España y catalanes’ que coordina Manel Parra.

    La precampaña y campaña de las actuales elecciones autonómicas catalanas deben ser la ocasión para practicar un uso equilibrado de las dos lenguas oficiales de Cataluña, de modo que ningún sector de la población se sienta preterido y menospreciado por prescindirse de su lengua. Lo exigimos los hispanohablantes de Cataluña por nuestra dignidad. Muchos negaremos nuestro voto a las opciones políticas que no otorguen igual trato al español y al catalán en el proceso electoral.

    El uso igual de las dos lenguas en la precampaña y campaña electorales no debe serlo solamente en escritos y vídeos. Debe serlo igualmente en mítines y, en general, en todas las comparecencias públicas incluidos los debates televisivos.

    Por ello expresamos:

    ¡No queremos elecciones solo en catalán! Además de ser injustas hacia la mitad hispanohablante de Cataluña, inhiben a muchos de participar lo que falsea la voluntad democrática de nuestra sociedad.

    ¡Exigimos igual trato en la vida oficial y política al español y al catalán, las dos lenguas oficiales de Cataluña! ¡Lo queremos, ya!

    ¡No me pidan mi voto despreciando mi lengua!
    Erasmus

  2. Al pan pan - Viernes, 26 de octubre de 2012 a las 19:27

    GRAVE ERROR DE CONCEPTO SR. ERASMUS

    No es suficiente que la lengua castellana esté presente en la próxima campaña. No es suficiente que las personas bilingües ejerzan su derecho a expresarse en castellano. Lo importante no es que se pida el voto a los castellanohablantes en castellano (Argucia por cierto muy frecuente en épocas electorales).

    LO IMPORTANTE ES QUE SE DEFIENDAN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CASTELLANO HABLANTES para que no se les margine, negándoseles el derecho a ocupar cualquier puesto en la sociedad catalana, por razón de su idioma.

    PERO NADIE, EN CATALUÑA, DEFENDERÁ LOS DERECHO DE LOS HISPANO HABLANTES, ni siquiera C’s ni UPyD (mucho menos el PP) porque se han rendido al nacionalismo en el tema lingüístico y aceptan que un vergonzante hispanohablante no tenga derecho a ocupar muchos puestos en la vida social y política
    Espero que pase la censura

  3. venturoso - Viernes, 26 de octubre de 2012 a las 23:57

    El TC es, definitivamente, antiespañol y anticonstitucional. Qué pena de país.

  4. Lehman Sisters - Sábado, 27 de octubre de 2012 a las 12:04

    Triste , que imagen damos .

  5. Una opinión más - Sábado, 27 de octubre de 2012 a las 17:26

    Hace décadas que los colegios de abogados de Cataluña formaron su mundo aparte, y hace décadas que los juzgados españoles reciben exhortos, mandamientos, autos, diligencias, informes forenses y demás papeleo de trámite en catalán y sin traducir. Corrían los años ochenta, a mediados, y se nos ocurrió remitir en euskera el papeleo, como contestación al que habíamos recibido de un juzgado en catalán, nos fue devuelto porque “no se entendía sin su traducción correspondiente”. Personalmente, he tenido que bregar con informes forenses escritos a mano y en catalán, con letra de médico, y hemos sentido desde hace años que hay dos varas de medir: una para el catalán y otra para el euskera, porque hace años que las leyes no son equitativas ni equivalentes. Ahora, el TC refleja en una resolución lo que hace ya años que sabemos: las instituciones comunes del derecho van dejando de regir en Cataluña; es decir, se está formando un Estado aparte con un sistema jurídico diferenciado del resto, en el que la Dirección General de Registros y Notariado o el Ministerio de Justicia cada vez tienen menos competencias.
    ¿Culpables? Los que permiten esto: los diputados de las Cortes españolas que aprueban las leyes y el Jefe del Estado del Régimen II que las firma, pudiendo no hacerlo o dimitiendo.

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