Cataluña

El juez de la ‘operación Mercurio’ pide aplazar su traslado a otro juzgado para dejar encarrilado el caso de corrupción

El magistrado solicita alargar su estancia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell al menos tres meses (o hasta que llegue el juez titular) para que la instrucción se vea afectada lo menos posible. El TSJC le respalda.

Agencias / Redacción
Lunes, 10 de diciembre de 2012 | 13:01

De izquierda a derecha: Bustos, Pérez y Fernández, imputados en la ‘Operación Mercurio’.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell, Ramon González, ha pedido prorrogar tres meses su traslado para poder dejar encaminada la investigación de la operación Mercurio, la presunta trama de corrupción que ha salpicado a diferentes dirigentes del PSC, entre ellos, el alcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos (apartado de la alcaldía temporalmente).

Pese a que el magistrado pidió el traslado en septiembre, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este lunes, ahora quiere seguir en el Juzgado lo máximo que le permite la ley (tres meses de prórroga) o hasta que llegue el nuevo juez titular, para que esta compleja causa se vea afectada lo menos posible, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado.

La decisión del juez instructor ha contado con el respaldo del presidente del TSJC y así se lo ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en los próximos días tendrá que decidir si le concede la prórroga o debe trasladarse a su nuevo destino. González tomó posesión del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell, por su ascenso a magistrado, en julio de 2010, cuando la causa de la operación Mercurio ya se encontraba abierta desde febrero del mismo año.

Obra pública

El fin de semana pasado, el juez y el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo tomaron declaración en los juzgados de Sabadell a 26 imputados y doce detenidos, acusados de formar parte de una trama que supuestamente cobraba comisiones millonarias a empresas que optaban a concesiones de obra pública en la localidad barcelonesa.

La trama urbanística se basaba supuestamente en obligar a algunos empresarios a pagar cuotas de hasta 120.000 euros, que se ingresaban en una cuenta común, que después se repartía entre los implicados en la trama. A esto habría que añadir el presunto cobro de un 3% del coste final de la obra concedida, debido a un ‘pacto implícito y apalabrado’.

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