Opinión

Sobre la calidad democrática

‘El contraponer una supuesta “legitimidad democrática” al cumplimiento de la ley y las sentencias de los tribunales de justicia es algo insólito en la Europa occidental que habrá puesto los pelos de punta a más de un responsable político de la UE, pues atenta directamente contra los principios y valores sobre los que se asienta: el respeto al Estado de derecho’.

Víctor Andrés Maldonado
Miércoles, 12 de diciembre de 2012 | 08:53

A la vista de los resultados de las pasadas elecciones autonómicas catalanas, una gran cantidad de ciudadanos creímos en un primer momento que Artur Mas y CiU se darían por enterados de que, por ‘voluntad de un pueblo’ (como rezaba su lema electoral), la tan reclamada “mayoría excepcional” no se había producido y que, por lo tanto, se tomarían un período de reflexión para sacar las conclusiones oportunas. Bien al contrario, y en una pirueta política excepcional, hemos podido comprobar que la lectura hecha es bien diferente, resaltando que ‘la voluntad del pueblo’ les ha transmitido la urgente necesidad de proseguir por la senda del proceso soberanista.

Como es conocido, el establecimiento de un nuevo Estado requiere no sólo de una declaración en tal sentido de las instituciones representativas de dicho territorio (gobierno y/o parlamento), sino también, y sobre todo, su reconocimiento internacional. Según el actual derecho internacional, dicho reconocimiento se puede realizar sea por acuerdo mutuo de las partes (como en la antigua Checoslovaquia), sea en el cuadro de las Naciones Unidas. Bajo este último supuesto, existen dos posibilidades: a) la existencia de una situación colonial (que no es el caso para Cataluña, ya que los territorios bajo dominio colonial están especificados en una lista de la ONU y el único existente en Europa es Gibraltar), o b) una situación donde exista un déficit democrático evidente, es decir, donde no se respeten las reglas democráticas fundamentales y el Estado de derecho y, por ende, el respeto de los derechos de las minorías. Es, en este contexto, donde el desprestigio por parte de determinados políticos nacionalistas hacia la democracia española, cuando insisten en calificarla de baja calidad, cobraría todo su sentido y significación (en el fondo, éste sería el supuesto que sustentaría la creación de Kosovo como estado independiente de Serbia).

En este contexto, ¿en base a qué parámetros podríamos determinar la calidad democrática dentro de España? Esta cuestión tiene también un valor importante a efectos de nuestra pertenencia a la Unión Europea (UE), ya que según lo estipulado en el Tratado de Lisboa, en caso de manifiesto déficit democrático se deberían aplicar las sanciones previstas en el mismo, como ya sucedió respecto a Austria algunos años atrás (cuando la extrema derecha pasó a formar parte de un gobierno de coalición) o como advirtió recientemente respecto a Hungría (en relación a la nueva Constitución aprobada en el país). No podría ser de otra manera, ya que la UE se fundamenta sobre los valores democráticos que forman la quintaesencia de su propia existencia.

En primer lugar, las leyes fundamentales del Estado (incluida la Constitución) contienen los elementos necesarios para definirla como democrática y respetuosa con el Estado de derecho y los Derechos Humanos fundamentales: instituciones representativas, elecciones democráticas periódicas, separación de poderes, independencia judicial, derechos humanos fundamentales tales como la libertad de expresión, libertad de asociación, etc.

En segundo lugar, deberíamos poner nuestra atención en las prácticas existentes dentro del Estado, es decir, si de su funcionamiento podemos deducir elementos que supongan la existencia de un déficit democrático. Aquí es muy importante diferenciar entre el funcionamiento deficiente de las instituciones y del Estado de derecho en general a causa de una voluntad política en debilitarlas e impedir su buen desempeño (por ejemplo, nombramientos de jueces en función de su afiliación política con el fin de influir en las sentencias dictadas por los mismos) y debido a causas ajenas (por ejemplo, la falta de recursos financieros suficientes para su buen funcionamiento, solapamiento de funciones entre distintas administraciones, etc.). Evidentemente, el actual análisis debería concentrarse en la primera causa, si bien en las segundas también podrían encontrarse elementos indirectamente relacionados.

En mi opinión, en el caso del Estado español, los principales elementos de duda se refieren a tres campos fundamentales: el funcionamiento de determinados ámbitos del sistema judicial, el comportamiento de la mayoría de partidos políticos y la extendida existencia de corrupción.

La falta de acuerdo entre el PP y el PSOE para el nombramiento y renovación del Tribunal Constitucional durante los últimos años ha sido el principal déficit del sistema judicial español. La necesidad de alcanzar un consenso entre ambos para el nombramiento de los magistrados del TC debido al requerimiento de mayorías reforzadas para tal fin, inicialmente introducidas para asegurar la excelencia de los mismos, se ha transformado en un espectáculo muy poco edificante de cambio de cromos por el cual se proponían candidatos más en función de su perfil político que por sus méritos profesionales con la intención de asegurarse interpretaciones de la Constitución lo más acordes posibles con los respectivos postulados ideológicos. Todos conocemos el resultado de dicha situación, con un TC al borde de su funcionalidad durante varios años.

La falta de democracia interna de la mayoría de partidos políticos debería ser otro elemento de preocupación. La inexistencia de elecciones primarias en muchos de ellos para elegir las personas que deberían asumir las responsabilidades de dirigir los mismos (la designación digital de Mariano Rajoy como sucesor de José María Aznar fue más un ejemplo de otros tiempos que de una situación democrática) o encabezar y conformar las listas a presentar en los diferentes procesos electorales no es una buena praxis democrática. Asimismo, el incumplimiento de muchas de las promesas electorales por parte de la mayoría de partidos políticos una vez alcanzan el poder es otro modelo a no seguir. En este apartado deberíamos incluir la utilización de los medios públicos de comunicación por parte de determinados gobiernos (incluidos los autonómicos) con el fin de promover su acción política, abandonando el deber de proporcionar una información objetiva a los ciudadanos.

Finalmente, la existencia de un gran número de casos de corrupción y, en particular, la banalización de los mismos por parte de determinados partidos políticos es una lacra que pone en riesgo la credibilidad y el funcionamiento mismo de las instituciones.

Así que a la pregunta si existe un problema de calidad democrática en España creo que podríamos responder, hasta cierto punto, de manera afirmativa. Sin embargo, en mi opinión, las deficiencias mencionadas no son lo suficientemente importantes como para que la UE pudiera considerar el aplicar algún tipo de sanción según lo dispuesto en el Tratado de Lisboa. En cualquier caso, todos los responsables políticos deberían esforzarse en introducir los cambios necesarios y corregir la situación de deterioro actual. De no ser así, me temo que la desafección de los ciudadanos por el sistema en su conjunto seguirá creciendo, poniendo en peligro su propio funcionamiento.

¿Cuál es la situación de Cataluña a este respecto?

¿El funcionamiento de sus instituciones es reflejo de una calidad democrática fuera de toda duda? Me temo que la respuesta es negativa. En primer lugar, la convocatoria misma de elecciones plebiscitarias con el fin de buscar el apoyo de los ciudadanos de Cataluña al proceso soberanista, abandonando el objetivo fundamental de elegir sus representantes para una acción global de gobierno durante un período de cuatro años, es un elemento que presenta dudas en cuanto a su pertinencia democrática. Particularmente, en medio de una profunda crisis económica, cuando la anterior legislatura estaba a medio camino y la gobernabilidad asegurada. A este hecho, hay que añadir el no asumir el fracaso de esta estrategia.

En este mismo sentido, la práctica democrática en Europa exige que después de la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones, el poder ejecutivo (en nuestro caso el presidente de la Generalidad y su Gobierno autonómico) se limite a la gestión de los asuntos corrientes (es decir, el día a día) del país y no utilice su prerrogativa institucional con el fin de obtener ventaja en el proceso electoral abierto. En mi opinión, éste fue el caso de los viajes de Mas a Rusia y Bruselas. No me extraña que no fuera recibido por ningún responsable político de importancia en ninguno de los dos casos (en particular, en Bruselas).

El contraponer una supuesta “legitimidad democrática” al cumplimiento de la ley y las sentencias de los tribunales de justicia es algo insólito en la Europa occidental que habrá puesto los pelos de punta a más de un responsable político de la UE, pues atenta directamente contra los principios y valores sobre los que se asienta: el respeto al Estado de derecho. Esta actitud, rayana en el caudillismo, es realmente preocupante. Aspirar a quedar en la historia como padre de la patria pasando por encima de las leyes y los tribunales es algo que a muchos ciudadanos nos cuesta aceptar.

En mi experiencia profesional, dentro del ámbito de las relaciones internacionales, este tipo de situaciones sólo suelen producirse en países con regímenes semi-democráticos y autoritarios. Además, creo que muchos de nosotros podríamos concordar con que en Cataluña se produce también, con demasiada frecuencia, una utilización de los medios de comunicación públicos para defender posiciones del partido instalado en la Generalidad convenientemente engrasada con las adecuadas subvenciones a los medios privados afines.

En segundo lugar, si bien desde el restablecimiento de la Generalidad se ha producido una alternancia en el poder (todos recordamos que Jordi Pujol dejó paso al tripartito en 2003 tras 23 años como presidente de la Generalidad), las elecciones autonómicas siempre las gana el mismo partido. Este hecho no es frecuente en otras latitudes del mundo desarrollado (aunque sí lo sea en otras Comunidades Autónomas). Sin embargo, hemos de decir que en otros ámbitos de poder dentro de Cataluña (como en los ayuntamientos) el grado de variabilidad es mayor, lo que sirve indudablemente para oxigear el sistema y reducir el riesgo de consolidación de redes clientelares. En este contexto, se podría añadir la existencia de un cierto regusto por el nepotismo y si no ¿cómo llamar al hecho que Oriol Pujol parece destinado a suceder a su padre (con el período de interregno del actual presidente autonómico)? Pero el caso de CiU no es el único, ya que, por ejemplo, también se ha dado en el PSC con los hermanos Maragall compartiendo gobierno. Desde luego, no hay nada como tener la vocación política y el mérito juntos en los genes familiares.

En tercer lugar, los casos de corrupción no tienen mucho que envidiar a los que se producen en el resto de España: las comisiones por adjudicación de obras (que parecen estar cotizando entre el 3 y el 4%), el caso Palacio, el caso de las ITV, etc. Aquí de nuevo la suerte está repartida, aunque tanto CiU como el PSC parecen haberse atribuido los principales premios. Pero en este apartado, creo importante resaltar el embargo judicial de la sede de CiU para responder a las responsabilidades derivadas: en mi experiencia, un caso insólito en el mundo desarrollado para un partido de gobierno.

Para finalizar, y ante el anuncio de Mas de “internacionalizar el conflicto”, me permitiría sugerir a nuestro presidente autonómico que la próxima vez que vaya a Bruselas no lo haga durante un proceso electoral (la UE no recibe en dichos casos para evitar su utilización espúrea) y hágalo con los deberes hechos; déjese aconsejar por Juan Prat, su delegado en la capital de Europa, con una amplia experiencia en esas lides.

Víctor Andrés Maldonado es economista y experto en relaciones internacionales

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16 Comments en “Sobre la calidad democrática”

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  1. AFOR - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 09:20

    Excelente y oportunísimo artículo con el que no puedo estar más de acuerdo.

  2. Pau - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 10:19

    Gracias por mostrarnos de una forma clara y didáctica que el Rey está desnudo en el Principado.
    Algunos lo sospechábamos pero con su artículo queda meridianamente claro.

  3. Eugenio - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 11:16

    Seguiremos dentro de España y acabaremos ahogados por las deudas de Bankia y de la corrupción castellana, valenciana y balear. La independencia nos salvaría pero falta coraje para hacer una proclamación, tal y como marca Patricia Gabancho en su precioso libro “Crònica de la independència”.

  4. Erasmus - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 11:42

    LEGISLATURA CORTA Y FRACASO ANUNCIADO DE ARTUR MAS

    Iniciamos una legislatura corta, que no superará los dos años. La ‘mayoría de investidura’, formada por CiU y ERC, creará un gobierno autonómico cuyo objetivo principal será organizar un referéndum de secesión. Tal referéndum se anuncia inviable, pero CiU y ERC se consideran obligados a intentar realizarlo en la presente legislatura por ser una promesa que figuraba en su programa electoral.

    Por eso CiU ha rechazado ‘archivar‘ el referéndum y concentrarse en la crisis como le han propuesto, por un lado, la presidenta del PPC, Camacho, y por otro lado el presidente del PSC, Navarro. Ambos lo ponen como condición para colaborar con el gobierno de CiU. En el caso de Camacho para un posible pacto de CiU y PSC para afrontar la crisis que sería natural por compartir modelo socioeconómico (en la pasada legislatura ya existió para los presupuestos de la Generalidad). En el caso de Navarro para el ‘gobierno de concentración’ que sugiere para enfrentarse a la crisis.

    El único socio que le permite a CiU intentar cumplir su promesa sobre el referéndum es ERC, que también la llevaba en su programa electoral. ERC propone que el Ejecutivo de Mas ‘intente’ organizar el referéndum en el curso de 2014, que parece la fecha más apropiada también por otras razones.

    La vicepresidenta Santamaría ha advertido de que, si el Ejecutivo de Artur Mas convoca un referéndum o consulta secesionista, la convocatoria será anulada por el Tribunal Constitucional a instancia del Gobierno.

    El argumento dramático de la legislatura lo determina la cuestión del referéndum. El Ejecutivo de Mas está obligado a ‘intentarlo’. El Gobierno ha manifestado que promoverá la anulación de su convocatoria.

    La verificación de la inviabilidad del referéndum marcará el final del pacto de CiU y ERC y el final de la legislatura. Supondrá el fracaso del plan secesionista de Artur Mas, lo que pondrá fin a su carrera política y a una etapa de CiU.

    En inevitable que Mas cumpla en Cataluña un ciclo semejante al de Ibarreche en Vasconia. Solo después de eso podrá CiU abordar una nueva etapa que le reconcilie con el realismo presidida por un nuevo líder. ‘Un Imaz o un Urkullu’ catalán, según la terminología de Francesc de Carreras.

    Las fuerzas no secesionistas abordarán las nuevas elecciones autonómicas en mejores condiciones que las anteriores, pues podrán alegar que los hechos les han dado la razón. Con nuevas elecciones a 2 años vista se puede decir que ya estamos en precampaña electoral.

    Erasmus

  5. Erasmus - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 12:01

    LOS ‘CIUDADANOS DE SEGUNDA’ DE CATALUÑA DEBEN USAR EL ARMA ELECTORAL PARA DEFENDERSE

    Hay que cambiar el modelo de escuela monolingüe en catalán (modelo de inmersión) porque crea, en mayor medida que otras discriminaciones de base lingüística, ‘ciudadanos de primera’ (los catalanohablantes, que tienen como lengua principal el catalán) y ‘ciudadanos de segunda’ (los hispanohablantes que tienen como lengua principal el español), ya que los hijos de los primeros reciben enseñanza en su lengua y los hijos de los segundos no.

    Ello supone una atroz y humillante discriminación que hiere en el alma tanto a padres como a menores cuando no están alienados. Hay que recordar que ambas lenguas son igualmente oficiales y que el español es la lengua principal de la mayoría de los habitantes de Cataluña, donde hay 60% de hispanohablantes por 40% de catalanohablantes. Malo es para el catalán si es cierto que solo puede sobrevivir (como nos dicen) mediante la tiranía.

    El ‘modelo de inmersión’ debe ser sustituido por el ‘modelo de conjunción’, que supone el uso de las dos lenguas oficiales de Cataluña como vehiculares de la enseñanza en diferentes asignaturas por todos los escolares sin separarlos por lengua.

    A los que dicen que con el modelo de inmersión todos los escolares catalanes aprenden correctamente las dos lenguas, hay que replicarles (sin discutir su discutible afirmación) que con el modelo de conjunción las aprenderán mejor. Y todos los escolares, catalanohablantes o hispanohablantes, tendrán el orgullo de que su lengua será lengua de enseñanza. No para unos una lengua postergada que todo les indica que se busca que abandonen.

    Al suprimir el español como lengua de enseñanza en Cataluña el nacionalismo catalán ha hecho lo mismo que el franquismo cuando suprimió la enseñanza en catalán. Hay que señalar que la política lingüística franquista (así merece ser llamada) del nacionalismo catalán ha sido apoyada por un PSC infiel a la tradición socialdemócrata de defensa de los oprimidos que se ha puesto en eso del lado de los opresores. Con tal actitud el PSC perjudica los intereses de sus votantes mayoritariamente hispanohablantes.

    Ha llegado el momento de que los hispanohablantes de Cataluña, humillados demasiado tiempo por la política lingüística franquista del catalanismo, pasen a hacer un uso resuelto del arma electoral para defenderse.

    Y también es el momento de salir a la calle para reclamar ‘igual trato’. Igual trato a las dos lenguas oficiales y (lo que más importa) igual trato a sus hablantes. No menos que igual trato. Hay que poner a medio millón de personas en el Paseo de Gracia de Barcelona coreando ‘i-gual-dad’, pidiendo igualdad de trato irrenunciable.

    Los ‘ciudadanos de segunda’ de Cataluña deben apoyar electoralmente, como autodefensa, a las dos fuerzas que defienden su dignidad denunciando su discriminación. Esto es, al Partido Popular Catalán y a Ciudadanos. Son fuerzas crecientes en Cataluña. En las elecciones autonómicas últimas el Partido Popular se ha situado como 2ª fuerza de Cataluña tras CiU, en igualdad con PSC y ERC (por el ‘triple empate’ a votos de PSC, ERC y PPC). Ciudadanos ha sido la fuerza que más ha crecido, al triplicar su número de diputados pasando de 3 a 9 diputados.

    Al mismo tiempo los ‘ciudadanos de segunda’ de Cataluña deben enviar una seria advertencia electoral al PSC, para que deje de apoyar la discriminación lingüística existente en Cataluña.

    El arma electoral podrá usarse pronto. Todo indica que la legislatura que se inicia será corta, no sobrepasando los dos años de duración. Se puede decir que ya estamos en precampaña electoral.

    Erasmus

  6. SIMARRO - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 12:05

    Nunca, y digo jamás, ha existido EN Catalauña DEMOCRACIA.
    Ni con el Estatut del 1.978, ni ahora con el INCOSTITUCIONAL actual, en Cataluña sigue existiendo una DICTADURA Totalitaria igual que con el Franquismo.

  7. Felix de la Fuente - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 13:17

    Hola, Victor:
    Estoy totalmente de acuerdo contigo, y te doy las gracias por tu exposición. Solamente quiero añadir una pequeña observación. Nuestra calidad democrática en España es muy baja. Quizás no sea suficiente para aplicar las medidas previstas en el Tratado de la Unión, pero sí para una llamada de atención, aunque habría que preguntarse quién tiene autoridad moral para hacer esta llamada de atencion. De lo que sí estoy seguro es de que Cataluña no alcanzaría los estándares mínimos de democracia para solicitar en el ingreso en la UE en un hipotético caso de separación del resto de España, pues la calidad democrática de Cataluña es aún más baja

  8. Peter Griffin - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 13:24

    Eugenio – Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 11:16

    ¿ Tú no te has repasado la corruptela catalana ni el agujero de Caixa Catalunya ni siquiera el 1/3 de toda la deuda autonómica y bono basura que ostenta Cataluña, oi?

  9. Peter Griffin - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 13:24

    ¿ Quién decidió llamarte genio ?

  10. Erasmus - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 13:27

    LOS ‘CIUDADANOS DE SEGUNDA’ DE CATALUÑA DEBEN USAR EL ARMA ELECTORAL PARA DEFENDERSE

    (CORREGIDO)

    Hay que cambiar el modelo de escuela monolingüe en catalán (modelo de inmersión) porque crea, en mayor medida que otras discriminaciones de base lingüística, ‘ciudadanos de primera’ (los catalanohablantes, que tienen como lengua principal el catalán) y ‘ciudadanos de segunda’ (los hispanohablantes que tienen como lengua principal el español), ya que los hijos de los primeros reciben enseñanza en su lengua y los hijos de los segundos no.

    Ello supone una atroz y humillante discriminación que hiere en el alma tanto a padres como a menores cuando no están alienados. Hay que recordar que ambas lenguas son igualmente oficiales y que el español es la lengua principal de la mayoría de los habitantes de Cataluña, donde hay 60% de hispanohablantes por 40% de catalanohablantes. Malo es para el catalán si es cierto que solo puede sobrevivir (como nos dicen) mediante tal tiranía.

    El ‘modelo de inmersión’ debe ser sustituido por el ‘modelo de conjunción’ de lenguas, que supone el uso de las dos lenguas oficiales de Cataluña como vehiculares de la enseñanza en diferentes asignaturas por todos los escolares sin separarlos por lengua.

    También permite el modelo de conjunción de lenguas la necesaria incorporación del inglés vehicular (única forma de aprenderlo bien) para algunas asignaturas en al menos el 20% de los colegios públicos, pudiendo elegir los padres libremente el colegio de sus hijos terminando así con la totalitartia asdcripción obligatoria al colegio más cercano a su residencia defendida por unos sindicatos de enseñanza retrógrados que solo defienden privilegios propios (la forma de evitar que se creen guetos escolaras de inmigrantes es obligar a todos los colegios, públicos y privados, sin excepción, a reservar un porcentaje de sus plazas para escolares inmigrantes). Lógicamente el inglés no puede ser vehicular si no lo es el español. La escuela monolingüe en catalán es el principal enemigo de la imprescindible capacitación en inglés de la juventud catalana.

    A los que dicen que con el modelo de inmersión todos los escolares catalanes aprenden correctamente las dos lenguas, hay que replicarles (sin discutir su discutible afirmación) que con el modelo de conjunción las aprenderán mejor. Y todos los escolares, catalanohablantes o hispanohablantes, tendrán el orgullo de que su lengua será lengua de enseñanza. No para unos una lengua postergada que todo les indica que se busca que abandonen.

    Al suprimir el español como lengua de enseñanza en Cataluña el nacionalismo catalán ha hecho lo mismo que el franquismo cuando suprimió la enseñanza en catalán. Hay que señalar que la política lingüística franquista (así merece ser llamada) del nacionalismo catalán ha sido apoyada por un PSC infiel a la tradición socialdemócrata de defensa de los oprimidos que se ha puesto en eso del lado de los opresores. Con tal actitud el PSC perjudica los intereses de sus votantes mayoritariamente hispanohablantes.

    Ha llegado el momento de que los hispanohablantes de Cataluña, humillados demasiado tiempo por la política lingüística franquista del nacionalismo catalán, pasen a hacer un uso resuelto del arma electoral para defenderse.

    Y también es el momento de salir a la calle para reclamar ‘igual trato’. Igual trato a las dos lenguas oficiales y (lo que más importa) igual trato a sus hablantes. No menos que igual trato. Hay que poner a medio millón de personas en el Paseo de Gracia de Barcelona coreando ‘i-gual-dad’.

    Los ‘ciudadanos de segunda’ de Cataluña deben apoyar electoralmente, como autodefensa, a las dos fuerzas que defienden su dignidad denunciando su discriminación. Esto es, al Partido Popular Catalán y a Ciudadanos. Son fuerzas crecientes en Cataluña. En las elecciones autonómicas últimas el Partido Popular se ha situado como 2ª fuerza de Cataluña tras CiU, en igualdad con PSC y ERC (por el ‘triple empate’ a votos de PSC, ERC y PPC). Ciudadanos ha sido la fuerza que más ha crecido, al triplicar su número de diputados pasando de 3 a 9 diputados.

    Al mismo tiempo los ‘ciudadanos de segunda’ de Cataluña deben enviar una seria advertencia electoral al PSC, para que deje de apoyar la discriminación lingüística existente en Cataluña.

    El arma electoral podrá usarse pronto. Todo indica que la legislatura que se inicia será corta, no sobrepasando los dos años de duración. Se puede decir que ya estamos en precampaña electoral.

    Erasmus

  11. enric - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 14:06

    Excelente artículo. Y muy didáctico, justo lo que necersitamos en este país de locos en que han convertido a Cataluña los nacionalistas.

  12. SIMARRO - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 17:54

    Despues diran toda clase de insultos al Dictador Franco, pero los “tic´s” de PSC – CIU son, han sido identicos que el Franquismo.
    Desde 1.978, nos han engañado con la supuesta “democracia” y sin pudor se otorgan “medallas” de democratas, cuando ni tan siquiera se respetan en Cataluña los DERECHOS HUMANOS de los más debiles; Los niños.
    Y, existen más de 800.000 pobres que si pasan hambre y es Caritas, y La Cruz Roja entre las principales Organizaciones Humanas las que dan de comer a los pobres.
    .
    Oriol Pujol, y sus papás no les sucede lo mismo.
    “Ellos” se manejan al 4%, por cataluña… igual que ERC

  13. Mrcdes - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 18:02

    Muy clarificador, gacias!

  14. Lehman Sisters - Miércoles, 12 de diciembre de 2012 a las 20:12

    5 magistrados socialistas meten a los etarras en el Congreso , un presidente regional se salta las leyes a la torera , sindicatos amenazan a trabajadores , profesores públicamente insumisos adoctrinan separatismo en lugar de dar clase , familias desahuciadas y pinganillos dialécticos en el Senado , expolio de Itaca & autopistas Mas-Pujol , etc etc …

  15. Artur - Viernes, 14 de diciembre de 2012 a las 11:52

    Desde hace demasiado tiempo, por desgracia, el “oasis catalán” se viene caracterizando por: la corrupción, la estulticia, el nepotismo y la prevaricación constantes…

  16. Romualdo - Domingo, 16 de diciembre de 2012 a las 10:20

    Muy buen artículo.

    La UE debe tomar cartas en el asunto porque los desafíos al Estado y el incumplimiento de las leyes aparte de ser sancionables e inaceptables, si son consentidos como ocurre en España, pueden internacionalizarse a otros movimientos independentistas del exterior y acabar no sólo con España y la UE sino con la democracia misma.

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