Cataluña

El TC levanta la suspensión cautelar de la normativa de la Generalidad sobre establecimientos comerciales

La ley autonómica limita la implantación de las grandes superficies fuera de los núcleos urbanos. El Gobierno la recurrió argumentado que vulneraba competencias nacionales y rompía la unidad de mercado. La norma seguirá vigente hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie de forma definitiva.

Redacción
Miércoles, 23 de enero de 2013 | 15:08

El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado la suspensión temporal de una parte de la normativa comercial de la Generalidad que establece restricciones a la implantación de establecimientos comerciales en Cataluña y que había sido recurrido por el Gobierno en octubre pasado.

En concreto, el Ejecutivo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 114 de la autonómica Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica de Cataluña, por el que se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 9 del autonómico Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de equipamientos comerciales de Cataluña. La admisión a trámite por parte del TC conllevó automáticamente la suspensión cautelar de la normativa, y en un plazo máximo de cinco meses debía confirmar o levantar dicha suspensión mientras sigue el proceso de deliberación.

Vulnera competencias nacionales y rompe la unidad de mercado

El Gobierno consideró que esa normativa vulnera los criterios contenidos en las leyes de Ordenación Minorista y de Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, puesto que ‘contempla ahora restricciones a la implantación de establecimientos comerciales fuera de tramas urbanas consolidadas, en perjuicio de determinados formatos comerciales, que no se consideran compatibles con la normativa estatal‘, rompiendo de esta forma la unidad de mercado.

También recordó que el TC ‘ya ha tenido ocasión de pronunciarse’ sobre la aplicación de la normativa nacional en el caso de los establecimientos comerciales. Y señaló que el articulado de la norma autonómica impugnado vuelve a establecer ‘criterios que determinaron ya una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Reino de España.

Por su parte, la Generalidad argumentó que la suspensión del citado artículo causaría ‘daños reales y efectivos a los intereses públicos urbanísticos y medioambientales’, y dañaría los derechos de los consumidores porque afectaría ‘profundamente’ al régimen general de ordenación territorial de los equipamientos comerciales.

Implantación en ‘la trama urbana’ de grandes municipios

Los apartados afectados por el contencioso señalan lo siguiente:

‘Los medianos establecimientos comerciales y los grandes establecimientos comerciales sólo pueden implantarse en la trama urbana consolidada de los municipios de más de 5.000 habitantes o asimilables a éstos o que sean capital de comarca. Se entiende por municipio asimilable a uno de más de 5.000 habitantes el que dispone de una población equivalente a tiempo completo anual (ETCA) superior a esta cantidad, según los últimos datos oficiales del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat).

Excepcionalmente, los medianos establecimientos comerciales y los grandes establecimientos comerciales pueden implantarse también fuera de la trama urbana consolidada si la implantación se produce dentro de las zonas de acceso restringido de las estaciones de líneas transfronterizas y transregionales del sistema ferroviario que acogen el tren de alta velocidad o líneas de largo recorrido, de los puertos clasificados de interés general y de los aeropuertos con categoría de aeropuertos comerciales según el Plan de aeropuertos, aeródromos y helipuertos de Cataluña 2009-2015.

[…] Los grandes establecimientos comerciales territoriales pueden implantarse únicamente en la trama urbana consolidada de los municipios de más de 50.000 habitantes o los asimilables a éstos o que sean capital de comarca. Se entiende por municipio asimilable a uno de más de 50.000 habitantes el que dispone de una población equivalente a tiempo completo anual (ETCA) superior a esta cantidad, según los últimos datos oficiales del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat)’.

‘Son más significativas las consecuencias’ de mantener la suspensión

Según recoge El Periódico, el auto del TC ha basado el levantamiento de la suspensión cautelar por considerar que ‘son más significativas las consecuencias que se derivarían del mantenimiento de la suspensión’, puesto que esta ‘haría posible que ciertos tipos de establecimientos comerciales […] se ubicasen en lugares que la legislación suspendida, de estar vigente, no permitiría’, lo que produciría ‘efectos irreversibles’.

Además, el Alto Tribunal señala que ya rechazó, en su día, una petición del Gobierno sobre un asunto análogo en relación a la ley comercial de Baleares, asegurando que la limitación a la instalación de grandes superficies en ciertas zonas no podía considerarse que perjudicara a los comerciantes, a los particulares ni la economía en general.

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5 Comments en “El TC levanta la suspensión cautelar de la normativa de la Generalidad sobre establecimientos comerciales”

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  1. Erasmus - Miércoles, 23 de enero de 2013 a las 15:42

    EL ‘PLAN IBARRECHE’ DE ARTUR MAS

    La ‘Declaración de soberanía’ es el ‘Plan Ibarreche’ de Artur Mas. Al igual que el plan del otrora dirigente vasco, la declaración de Mas (que también es un plan) pretende organizar en un territorio español un referéndum para decidir su independencia y quiere hacerlo en dos fases. En esencia, en la primera fase, el ámbito territorial (en Vasconia hablaban del ‘ámbito vasco de decisión’) se autoatribuye la facultad de decidir sobre su independencia. En la segunda fase, se usa esa facultad y se decide la independencia. La diferencia entre el plan vasco y el catalán consiste en que en el plan vasco no era una resolución parlamentaria, sino un primer referéndum, lo que auto-otorgaba al territorio el derecho a la secesión, derecho que aplicaría el referéndum posterior que aprobaría esa secesión.

    Todo el problema radica en que el ámbito territorial catalán, según la Constitución, no tiene la facultad de decidir sobre su independencia. Tal facultad el Parlamento territorial no se la puede auto-conceder. Solo el Parlamento español se la puede conceder. Es oportuno lo que acaba de decir Rivera, el líder de ‘Ciutadans’, de que la cuestión del ‘derecho a decidir la secesión’ se tiene que plantear en el Parlamento español. El ‘derecho a decidir’ no existe, es una fórmula vacía. Existe el derecho a decidir tal cosa o tal otra. No puedo decir ‘tengo derecho’, sino tengo derecho a tal o a cual.

    El Parlamento español, representante del pueblo soberano, puede permitir a Cataluña optar entre ser soberana o seguir siendo miembro de España. Es la única manera en que Cataluña puede llegar a ser soberana. Pero (al estar prohibida la secesión de un territorio por el artículo 2º de la Constitución) el Parlamento español no puede otorgar esa opción a Cataluña por una decisión ordinaria y una mayoría ordinaria, sino que tiene que hacerlo por una decisión constitucional y una mayoría constitucional (2/3 de las Cámaras, precisa el acuerdo de los dos grandes partidos). Esto es, mediante una reforma constitucional.

    Como oportuna ventana externa que muestra como se hacen las cosas fuera de nuestras fronteras, donde ni siquiera existe una expresa prohibición constitucional de la secesión, como la que figura en el artículo 2º de nuestra Constitución, he recogido un titular del diario digital catalanista Vilaweb, de 15/01/2013, referido a una noticia de ese día: “El Parlamento británico debate la cesión al Gobierno escocés de la competencia para convocar el referéndum”. No necesita comentario.

    Y como muestra de las complicidades que logra el nacionalismo secesionista en sectores nucleares del poder o de la comunicación españoles, he recogido, del diario madrileño El País (pro CiU), edición de 14/01/2013 pags. 10-11, el trabajo titulado “Rajoy aplaza la batalla contra la consulta” (abre la sección de España ocupando dos páginas de la rúbrica “El desafío independentista catalán”). Trabajo en el que, con apariencia de información, se sugiere que el Gobierno no debe recurrir una “Declaración de soberanía” catalana y por tanto no debe hacer nada hasta el momento del referéndum, del que incluso imagina que el Gobierno podría permitir su celebración ya que la única dificultad que encontraría Artur Mas para hacerlo es que “sería complicado de llevar a cabo técnicamente”. Uno de los principales medios de comunicación españoles está transmitiendo a la opinión que no son los secesionistas los que deben temer al Estado, sino el Estado el que debe temer a los secesionistas. El mundo al revés.

    Inhibirse el Gobierno ante una ‘Declaración de soberanía’ de Cataluña supondría, primero, convalidar una mutación constitucional, pues tal cosa aportaría la declaración si se consolidara al margen de la anestesiante e insincera proclamción de los nacionalistas (no en el texto de la declaración) de que ‘no tendría efectos jurídicos’. Segundo, no obstaculizar -como sucedería si no hubiera controversia sobre la declaración- la gran campaña de propaganda que se haría en todo el mundo con un estruendoso clarinazo cuyo tema se reiteraría hasta el infinito: “El Parlamento catalán ha aprobado una Declaración de soberanía”

    POSICIÓN DEL GOBIERNO

    La vicepresidenta Santamaría ha expresado la posición del Gobierno sobre la planeada ‘Declaración soberanista’ como sigue: “Si es recurrible, se recurrirá”.

    Erasmus

  2. Artur - Miércoles, 23 de enero de 2013 a las 16:11

    La Fundación Instituto para la Reinserción Social -fundada por el juez que instruye el ‘caso Palau’, José María Pijuan- recibió de la Generalitat catalana 677.581 euros de la consejería de Empresa y Ocupación, y la resolución de subvención esta fechada tres días después de que el magistrado Pijuán – actual vocal del patronato y miembro de honor- fuera nombrado titular del juzgado nº30 de Barcelona.¡Fíjate que casualidad!

  3. ANS. HISPANO. - Miércoles, 23 de enero de 2013 a las 16:26

    CINCO PREGUNTAS CLAVE DE FRANCESC DE CARRERAS
    QUE PONEN EL DEDO EN LA LLAGA Y DESCUBREN LA FARSA.

    1. “¿Por qué no explican que el 11 de septiembre de 1714 fue el final de una guerra de sucesión a la Corona de España provocada por el enfrentamiento entre las grandes potencia europeas?

    2. ¿Por qué no explican que en dicha fecha no perdieron los catalanes libertad alguna sino únicamente los antiguos fueros estamentales?

    3. Por qué no explican que el siglo XVIII, gobernando los Borbones, empezó la prosperidad económica de Catalunya, tras siglos de decadencia, los dos últimos bajo gobierno de los Austria?

    4. ¿Por qué no explican que el auge del siglo XIX está basado muy fundamentalmente en el libre comercio con América concedido por Carlos III, un rey Borbón, mientras esta libertad fue negada antes por la dinastía de los Habsburgo?

    5. ¿Por qué no explican que la política proteccionista de los gobiernos españoles a la industria catalana durante los siglos XIX y XX, hasta el Plan de Estabilización de 1959, fue en beneficio de las empresas de Catalunya y, probablemente, en perjuicio de los consumidores del resto de España?

    En todo ello deben mojarse los historiadores”.

    Lean su artículo completo publicado en La Vanguardia que no tiene desperdicio:

    JOHN H. ELLIOTT Y EL DEBATE CATALÁN
    Francesc de Carreras
    La Vanguardia 9 Enero 2013

    En el actual debate mediático sobre la independencia de Catalunya se habla mucho de la historia, de sus razones históricas, de los agravios frente a España. Pero callan los historiadores y su silencio es una forma de asentimiento a la opinión dominante. Y esta opinión dominante puede resumirse en una frase: “Desde hace 300 años, desde 1714, España expolia y oprime a Catalunya”. Un mensaje claro y directo. Y simple y falso. Pero que hace mella.

    Últimamente, un historiador eminente ha empezado a terciar en el debate. Se trata nada menos que del británico John H. Elliott. A sus 82 años, desde su residencia de Oxford, hace declaraciones de una envidiable lucidez. A raíz de su último libro (Haciendo historia, Taurus, 2012), una recapitulación de su vida como historiador, ha concedido algunas entrevistas en las que se le ha preguntado sobre la actual situación de Catalunya y, como es natural o, mejor dicho, como es su obligación moral, ha respondido con toda sinceridad.

    Elliot es probablemente la más respetada autoridad en la historia española de los siglos XVI y XVII. Además, es un profundo conocedor de Catalunya. En los primeros años cincuenta, tras licenciarse en Cambridge, se vino a Barcelona y residió en ella durante algún tiempo, el suficiente para aprender a hablar perfectamente catalán y castellano. Se introdujo en el mundo académico de la época y trabó amistad y complicidad intelectual con Jaume Vicens Vives y su escuela.

    Vicens se había situado, ya desde antes de la guerra, en una posición crítica frente a la historia romántica que predominaba en Catalunya. Así lo explicó John H. Elliott en El País Semanal del pasado domingo: “Al ver lo que estaba intentando hacer Vicens Vives, desmitificar la historia de Catalunya, enseguida me encontré del lado de este grupo. Me di cuenta del peligro de la mitología en la formación de identidades colectivas y nacionales”.

    En otra entrevista publicada en octubre pasado, a preguntas de Tulio H. Demicheli, insistía en lo mismo: “Vicens Vives quería eliminar las categorías de ‘agravio’ o ‘expolio’ a la relación de España con Catalunya, un continuo ‘victimismo’ desde el compromiso de Caspe que es un reduccionista. Esos tópicos respondían más a los rencores que la arrogancia castellana había provocado en la sociedad catalana que a la realidad histórica, porque no es verdad que hubieran ‘perdido libertades’ en 1714, ni que el Principado fuera ‘más democrático’ antes que después de Felipe V.”

    Ciertamente esta desmitificación de la historia catalana era una de las pretensiones de Vicens Vives. Pero su prematura muerte en 1960 truncó esta tarea y, en la entrevista de El País, Elliott considera hoy que sus esfuerzos han sido baldíos: “Me habría gustado que en la Catalunya actual Vicens Vives hubiera ganado esa batalla, pero después de una o dos generaciones parece que no la ganó. Para mí ha sido muy triste, porque creo que una sociedad necesita sus mitos, pero si los mitos dominan y entorpecen una auténtica investigación, llegamos a una situación en la que el pueblo queda ensimismado y adopta una postura de agravio pensando que todos los desastres han sido culpa de otros. En ese momento es cuando se llega a una situación de crispación por cualquier problema. Hay políticos que se aprovechan de esto para fortalecer los mitos, para poner un énfasis excesivo en el victimismo y no darse cuenta de los problemas internos de una sociedad. Eso es lo que me preocupa especialmente”.

    Es decir, lo que preocupa a Elliott es que los historiadores catalanes -se entiende, la mayoría dominante- han vuelto a la historia de antes, la que cultiva mitos al servicio de las ideologías políticas y provoca una sociedad ensimismada, en la que el agravio se magnifica y el victimismo sistemático se utiliza para ocultar los verdaderos problemas. Es un retrato exacto de lo que está sucediendo: se utilizan los falsos “300 años de opresión española” para encubrir, tapar y disimular, el desgobierno actual. Y buena parte de los historiadores catalanes son cómplices de esta situación.

    ¿Por qué no explican que el 11 de septiembre de 1714 fue el final de una guerra de sucesión a la Corona de España provocada por el enfrentamiento entre las grandes potencia europeas?

    ¿Por qué no explican que en dicha fecha no perdieron los catalanes libertad alguna sino únicamente los antiguos fueros estamentales?

    ¿Por qué no explican que el siglo XVIII, gobernando los Borbones, empezó la prosperidad económica de Catalunya, tras siglos de decadencia, los dos últimos bajo gobierno de los Austria?

    ¿Por qué no explican que el auge del siglo XIX está basado muy fundamentalmente en el libre comercio con América concedido por Carlos III, un rey Borbón, mientras esta libertad fue negada antes por la dinastía de los Habsburgo?

    ¿Por qué no explican que la política proteccionista de los gobiernos españoles a la industria catalana durante los siglos XIX y XX, hasta el Plan de Estabilización de 1959, fue en beneficio de las empresas de Catalunya y, probablemente, en perjuicio de los consumidores del resto de España?

    En todo ello deben mojarse los historiadores.
    http://www.lavanguardia.com/opinion....reras.html

  4. Miquel - Jueves, 24 de enero de 2013 a las 11:24

    Espanyols,… per què no expliqueu aixó ? http://ves.cat/clIT

  5. LoverBoutique - Jueves, 24 de enero de 2013 a las 21:28

    La presión sobre Catalunya se está volviendo insostenible. El gobierno debe replantearse la relación con Catalunya, ya que se pueden precipitar una serie de acontemientos que pueden ser nefastos.
    LoverBoutique
    http:/loverboutique.net/

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