España

El Gobierno, dispuesto a poner orden en ayuntamientos y entidades locales

El anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local prevé que el 82,2% de los concejales no tendrán retribución; fija un tope salarial para los alcaldes y los empleados municipales; limita el número de asesores de los ayuntamientos; y establece un mayor control del Gobierno sobre las cuentas municipales. La Generalidad ya ha anunciado su intención de no acatar la ley.

Redacción
Viernes, 15 de febrero de 2013 | 21:15

Limitar los sueldos y el número de alcaldes, concejales y empleados municipales; reducir la cifra de asesores de los ayuntamientos; clarificar las competencias locales para evitar duplicidades; e intensificar el control financiero de los ayuntamientos, no permitiendo, además, la creación de nuevos organismos municipales.

Estas son algunas de las medidas recogidas en el informe sobre el anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros y con el que el Gobierno pretende poner orden en los ayuntamientos de toda España y ahorrar 7.129 millones de euros en el período 2013-2015.

Tabla del número de concejales que podrán tener retribución, en función del tamaño de la población, según el anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (gráfico: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

La previsión del anteproyecto de ley es que solo 12.188 de los 68.285 concejales de los 8.116 ayuntamientos de España (el 17,8%) podrán tener dedicación exclusiva y, por tanto, cobrar un sueldo de la administración pública. Sorprendentemente, el Ministerio desconoce cuántos ediles actualmente tienen sueldo del consistorio para el que fueron elegidos, por lo que no es posible evaluar el efecto real de esta medida.

Esta limitación -que no supone reducir el número de concejales, como inicialmente se había previsto- se hará de forma proporcional al tamaño del municipio y afectará a todos, incluidos los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. De esta forma, doce de los 57 concejales del consistorio de Madrid no tendrán retribución alguna, al igual que nueve de los 41 ediles del de Barcelona, algunos de los mejor pagados de todo el país. Además, en los municipios de menos de 1.000 habitantes, ninguno de los concejales tendrá sueldo.

Tope salarial para los alcaldes

Los sueldos de los alcaldes también se fijarán de forma estandar para toda España. Así, los alcaldes de los municipios de más de 500.000 habitantes tendrán un sueldo similar al de un secretario de Estado, esto es, unos 100.000 euros brutos anuales incluidos los complementos; los de las localidades de entre 300.001 y 500.000 personas, un 10% menos que el sueldo de un secretario de Estado; y así sucesivamente hasta llegar a los municipios de menos de 1.000 habitantes, cuyos alcaldes no tendrán retribución alguna.

Asimismo, los Presupuestos Generales del Estado fijarán el tope máximo y mínimo de los sueldos de los empleados municipales y de los directivos del sector público local, algo que hasta ahora dependía del criterio de cada ayuntamiento.

Tope salarial de los alcaldes, en función del tamaño de la población, según el anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (gráfico: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

En cuanto al personal eventual, esto es, los asesores contratados a dedo, el límite para los municipios de más de 500.000 habitantes será de un 0,7% del personal total en plantilla; para los municipios de entre 301.000 y 500.000 habitantes, 29 asesores; la tabla continúa hasta llegar a las localidades con menos de 5.000 personas, que no podrán tener ningún asesor. Según este baremo, el número máximo de eventuales que podrá haber en todos los ayuntamientos del país será de 6.489.

“Clarificar las competencias locales”

Aunque al texto todavía le queda un largo recorrido hasta convertirse en ley, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido de que supone “una de las reformas más ambiciosas que se han hecho en España en términos de reorganización de las competencias”, que busca racionalizar y “fortalecer la arquitectura del Estado”.

En este sentido, el propósito es “clarificar las competencias locales” para evitar que los ayuntamientos sigan asumiendo aquellas que no les corresponden y que deberían prestar las CCAA, principalmente en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales. Para corregir esa situación, se establecerá un período de entre uno y cinco años de plazo.

Por otra parte, los municipios de menos de 20.000 habitantes que no sean capaces de atender los servicios públicos que les son encomendados a un coste estándar, se verán obligados a ceder esas competencias a las diputaciones, con el objetivo de aprovechar la reducción las economías de escala. Para ello, se establecerá un sistema de evaluación y seguimiento de los servicios públicos municipales.

Mayor control sobre las cuentas de las entidades locales

También habrá un fortalecimiento del papel de los interventores locales, dotándoles de mayor imparcialidad para garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. Para ello, se habilitará al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control municipal, y los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional dependerán funcionalmente del Gobierno.

Las mancomunidades, agrupaciones de municipios (como por ejemplo, los consejos comarcales) y entidades locales menores tendrán un plazo de tres meses para rendir cuentas, o será suprimidas.

En este punto, el ministro ha destacado que no es aceptable que un 71,3% de las mancomunidades no rindan cuentas a las correspondientes entidades fiscalizadoras; cifra que se eleva al 85,2% en el caso de las agrupaciones de municipios, y al 96,1% en el caso de las entidades locales menores.

Intervención de los ayuntamientos que no cumplan los límites de déficit

El anteproyecto de ley establecerá nuevos mecanismos de garantía de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria de los ayuntamientos, bajo la amenaza de su intervención en caso de no cumplirlo. Los consistorios no podrán crear ningún organismo nuevo durante la vigencia de su plan de ajuste y deberán corregir mediante un plan de saneamiento la situación de déficit de sus empresas dependientes, o liquidarlas.

Además, se limitará el uso de autorizaciones administrativas municipales exigibles para iniciar una actividad económica, con el objetivo de facilitar la iniciativa empresarial.

Las restricciones también afectarán a las diputaciones. Sus presidentes tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencia, que será igual al del alcalde de la corporación más poblada de su provincia.

Los concejales que sean proclamados diputados provinciales tendrán que elegir entre uno de los dos sueldos. Y solo los concejales que no tengan ni dedicación exclusiva ni parcial cobrarán dietas de asistencia a sesiones de órganos colegiados.

La Generalidad pide que la ley no se aplique en Cataluña

Como era previsible, nada más conocerse los detalles del anteproyecto de ley presentado por el Gobierno, la Generalidad ha puesto el grito en el cielo. La vicepresidenta autonómica, Joana Ortega, ha convocado una rueda de prensa urgente para rechazar los planes del Ejecutivo apelando a que la Generalidad tiene competencias exclusivas en materia de regulación del régimen local, lo que no es cierto.

Ortega ha recordado que el Parlamento autonómico está trabajando en una futura ley de gobiernos locales “de acuerdo con la realidad territorial” de Cataluña, aunque no ha sabido explicar en qué se diferencia de la realidad local de otras CCAA.

En cuanto a la eliminación de duplicidades administrativas, la dirigente nacionalista ha propuesto la supresión de los ministerios de Educación, Sanidad y Cultura, así como la Delegación del Gobierno en Cataluña.

La vicepresidenta autonómica ha anunciado que la Generalidad “defenderá sus competencias y las ejercerá” para desarrollar “un modelo propio” de régimen local, y ha asegurado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas “se comprometió” a respetar dichas competencias.

Sin embargo, fuentes del Ministerio han asegurado a LA VOZ DE BARCELONA desconocer ese compromiso al que se ha referido Ortega, por lo que, todo apunta a un nuevo conflicto de competencias entre los dos gobiernos, nacional y autonómico, que probablemente deberá resolver el Tribunal Constitucional.

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15 Comments en “El Gobierno, dispuesto a poner orden en ayuntamientos y entidades locales”

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  1. nostrus - Viernes, 15 de febrero de 2013 a las 23:44

    Hombre, no solo hay que poner orden en los ayuntamientos, hay que ponerlo en todo el país. Por un lado, los que hacen política por vocación no tendrán problema porque pueden seguir haciéndola. Pero por otro lado los ayuntamientos pequeños que que no tengan gente vocacional corren el riesgo de quedar huérfanos de mandamases. Yo creo que habría que empezar por reagrupar ayuntamientos y poner orden también en las autonomías, verdadero caos de este país.

  2. Lluis C - Sábado, 16 de febrero de 2013 a las 00:37

    Ara si que el Marianu ha begut oli !!!

  3. Pablito - Sábado, 16 de febrero de 2013 a las 10:46

    ¿ Y que harán esos vagos crónicos que hay en la mayoría de ayuntamientos si no cobran ? De poderse llevar a cabo, sería algo asi como desinfectar los ayutamientos de parásitos y hace mucha falta..

  4. Erasmo - Sábado, 16 de febrero de 2013 a las 17:34

    El Govern recorda que té competències “exclusives” en règim local

    La vicepresidenta Ortega destaca el compromís del govern espanyol de “respectar” les competències de la Generalitat i qualifica d'”injusta” la imatge del món local que ha donat Montoro: “Més del 90% dels regidors catalans no tenen sou ni dedicació exclusiva”

    La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha deixat clar aquest divendres que la Generalitat defensarà les seves competències exclusives en matèria de règim local, i ha destacat el compromís de l’executiu espanyol de no interferir en el model català, que es plasmarà en la llei de governs locals que entrarà al Parlament abans de l’estiu.

    Ortega ha fet èmfasi en el fet que l’informe presentat pel govern espanyol és només això i no és el primer que apareix. En tot cas, ha lamentat que el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, hagi donat una imatge “injusta” del món local i ha recordat que en el cas de Catalunya, més del 90% dels regidors catalans no tenen sou ni dedicació exclusiva.

    “Sembla que vulguin donar la imatge que hi ha malbaratament en els ens locals, però el 2011 a Catalunya, malgrat les dificultats econòmiques, molts ens locals no van tenir dèficit”, ha afirmat Ortega, en resposta a l’informe de l’avantprojecte de la reforma de l’administració local que ha aprovat aquest divendres el consell de ministres i que preveu que el 82% dels regidors de l’Estat facin la seva activitat sense cobrar.

    Garantia que es respectaran les competències

    Segons fonts de Vicepresidència, el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals de la Generalitat, Joan Cañada, ha mantingut aquest divendres una conversa telefònica amb el seu homòleg al ministeri d’Hisenda i Administracions, que li ha garantit que es respectaran les competències catalanes.

  5. Mariacruz - Sábado, 16 de febrero de 2013 a las 18:18

    El gob.de Rajoy intenta poner orden.Espero que lo consiga.

    Los oponentes con sus medios de comunic.intentan hacer esta misiòn imposible.
    y convencen a muchos que no son críticos sino muy laxos a. la hora de dejarse convencer.

    El PP no ha sabido hacerse autopropaganda y convencer a la gente.

  6. Mariacruz - Sábado, 16 de febrero de 2013 a las 18:27

    Ahora mismo.unos. han conseguido cargar el “fardo de L.B ” en las espaldas de Rajoy.

    No habla la gente de B.sino de Rajoy.Les inducen los de la radio.tele
    diarios.
    Lo. mismo consiguieron hacer. con Aznar.de todo le cargaban la culpa!

    Oigan que « listos» son unos y que « buenos.tontos» otros”!

    Y que poca memoria tiene la gente .salvo excepciones.

  7. Miguel - Sábado, 16 de febrero de 2013 a las 19:26

    Una reforma necesaria para evitar ridículos sonrojantes como el de alcaldes con sueldos mayores que el presidente del Gobierno.

    Lo importante es que esta bajada salarial no pretenda ser compensada por los afectados sirviéndose de métodos corruptos.

    Ahora veremos cuántos hay en política por vocación y cuántos llegaron para llenarse el bolsillo.

  8. carpetovetonico - Domingo, 17 de febrero de 2013 a las 06:16

    Esta bien poner un poco de límite al desmadre de los Ayuntamientos. Ahora bien, hacer esto sin eliminar las diputaciones tiene bastante guasa. Los Ayuntamientos son elegidos por sus habitantes, pero las diputaciones no. Y allí es donde esta el grueso de sus efectivos.
    Deberían ser absorvidas por las delegaciones territoriales de las autonomías. Al fin y al cabo, para dar servicio a municipios pequeños no necesitamos un montón de políticos, con un equipo de técnicos (los mismos que hay integrados en las delegacioines) creo que sobraría. Y las “políticas” necesarias se ueden realizar a nivel autonómico.

  9. bg567 - Domingo, 17 de febrero de 2013 a las 12:01

    La ciudadanía también tiene que poner ese límite. Y el político debe decirle a la ciudadanía que los recursos son limitados y que a veces gastar en una cosa puede suponer no gastar en otra. Debe haber comunicación. El político debe escuchar a la ciudadanía y la ciudadanía al político.

  10. Erasmus - Domingo, 17 de febrero de 2013 a las 12:50

    El que manosea la firma de otro es un pobre tipo que no vale para más.

  11. Erasmus - Domingo, 17 de febrero de 2013 a las 13:00

    La reforma de la administración municipal -austeridad y fiscalización- es totalmente necesaria. Si de algo peca es de poco ambiciosa, pero es un paso adelante.

  12. Erasmus - Domingo, 17 de febrero de 2013 a las 13:01

    Como siempre los catalanistas entorpeciendo.

  13. Erasmus - Domingo, 17 de febrero de 2013 a las 14:50

    El Gobierno tiene que gobernar.

  14. carpetovetonico - Domingo, 17 de febrero de 2013 a las 16:46

    Bien está ordenar las cosas, no era de recibo que cada alcaldía pusiera sus sueldos. Ahora bien, a los ayuntamientos los escogen los votantes ¿quién escoge a las diputaciones? Ellos otra vez. Pero estas no se tocan. No podremos salir adelante mientras permanezca un sistema que se autoprotege continuamente. Sobran ayuntamientos pero las diputaciones también. O comunidad autónoma o diputaciones. Las dos cosas son redundantes. Para dar servicio a localidades pequeñas no hace falta tener un aparato tan politizado como las diputaciones. Que integren a los técnicos en las delegaciones territoriales de cada autonomía y que recorten los cargos políticos.

  15. Angel - Lunes, 18 de febrero de 2013 a las 11:18

    Carpetovetonico

    Si el sistema del Estado de las Autonomias funcionara bien,no haria falta las Diputaciones.Las Diputaciones es una administracion dedicada al servicio de las necesidades de los ciudadanos,no estan para hacer politica.Poco importa si son votados o no.

    Para quitar las Diputaciones hace falta reformas extructurales en muchos temas,muchas reformas ya estan en marcha.Los temas de interes general debieran estar fuera del juego politico y como sabes hoy no es asi.Esta en tramite la ley de la administracion del Estado,entre otros temas esta repartir las competencias que debe tener cada administracion.

    Lo increible es que algunos partidos que fueron promotores del Estado de las Autonomias,hablen de hacer un Estado Federal,cuando no son capaces de terminar de forma eficaz la Administracion del Estado de las Autonomias.

    El Estado de las Autonomias puede ser un sistema de administracion eficaz pero hace falta muchas reformas.El Estado de las Autonomias es un traje sin terminar.En estas estamos,en las reforma extructurales.

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