Trias aprueba una relación de puestos de trabajo contraria al interés general (II)

18.02.2013 | 10:32
 

Comenté en el post anterior como se había aprobado una relación de puestos de trabajo por el consistorio barcelonés que la Asociación Profesional de Técnicos y técnicas del Ayuntamiento de Barcelona (APTAB) había denunciado, fundamentalmente, por haberse excluido de su negociación a los empleados públicos (o sus representantes) afectados directos de la misma y por la discrecionalidad que establece, a favor del poder político, por lo que hace a la provisión de los puestos situados más altos dentro de la jerarquía municipal.

Otro elemento de controversia es la introducción de la doble escala salarial. Esta se produce cuando una empresa decide contratar personas con salarios inferiores a los que perciben los trabajadores ya en plantilla, con la misma categoría profesional y que realizan el mismo trabajo. Lo habitual es que esa diferencia sea temporal. Se va reduciendo progresivamente hasta que el salario se equipara en un plazo de unos años.

Esta práctica que se extendió, sobre todo en las grandes empresas, a partir de mediados de los años 90 del pasado siglo, persigue que, al final del proceso, el aumento de la productividad y los beneficios permitan remunerarlos con el mismo sueldo que al resto de sus compañeros. Tradicionalmente, los sindicatos han sido contrarios a esta práctica, pues defienden que a igual trabajo, igual salario. Pero en algunos casos han aceptado la doble escala salarial negociándola a través de los convenios colectivos o de acuerdos de empresa. Entienden que es una fórmula aceptable, aunque no deseable, en situaciones en que si no se opta por ella el empleo de los trabajadores en plantilla puede peligrar y además frenarse la contratación de nuevos profesionales.

¿Qué han dicho al respecto los tribunales, teniendo en cuenta que se evidencia prima facie una discriminación? La jurisprudencia que hay al respecto de diferentes tribunales (incluido el Constitucional) la acepta de forma restrictiva, es decir, con condiciones estrictas. Fundamentalmente, se exigen dos requisitos. En primer lugar, debe crearse una nueva categoría en el convenio, que recoja un salario inferior para los nuevos trabajadores, pero siempre a cambio de ‘importantes compromisos en materia de creación de empleo’. El segundo requisito que establecen las sentencias judiciales al respecto es que esta situación de inferior salario por igual trabajo ‘debe estar claramente determinada en el tiempo’.

Es reciente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la doble escala salarial en Nissan Motor Ibérica de la Zona Franca, por no recoger las garantías temporales exigidas por la jurisprudencia. También el sindicato CGT ha impugnado esta práctica en Construcciones Aeronáuticas, Seat, Volkswagen de Navarra y en el propio Ayuntamiento de Barcelona.

¿Es esta práctica la más adecuada para un ente territorial local público cuyo máximo dirigente, el alcalde Xavier Trias (CiU), viene alardeando de las finanzas saneadas del consistorio y ejerce de facto como banquero de la quebrada Generalidad de Cataluña? Antonio Lorite, presidente del comité de empresa del Ayuntamiento, parece verlo así, asegurando que “la modernización y optimización de la carrera profesional” a la que se ha comprometido la alcaldía tendrá que desarrollarse en los próximos años y se basará en una especie de doble escala salarial, en la que los trabajadores que se incorporen al consistorio lo harán con unas remuneraciones más bajas de las que son habituales. Esos salarios irán convergiendo con los de los trabajadores más veteranos paulatinamente, conforme vayan acreditando más experiencia.

Para un observador ecuánime e independiente, sin embargo, la conclusión a la que se llega es completamente la contraria: ni es necesaria porque no peligra la plantilla municipal, ni tampoco lo es porque no existen problemas financieros acuciantes. Además, y esto creo es lo más importante, no lo es porque el Ayuntamiento de Barcelona, de momento, no es una empresa. ¿Por qué ese empeño en aplicar mecanismos empresariales a una administración pública? ¿Será porque quienes nos gobiernan no creen en ellas y sólo se sirven de las mismas para su interés particular –económico e ideológico-? Será.

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