Cataluña

La fiscalía archiva la denuncia de un presunto segundo ‘caso Pallerols’

La Fiscalía Provincial de Barcelona no entra a valorar los hechos denunciados porque han pasado más de diez años y, por lo tanto, los posibles delitos de malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y falsedad documental están prescritos.

Daniel Tercero
Martes, 12 de marzo de 2013 | 11:46

‘Se ha procedido al archivo de las diligencias incoadas’ que tienen relación con la denuncia relativa a la empresa Educem y Unió Democràtica de Catalunya (UDC), sin posibilidad de recurso ante la Fiscalía Provincial de Barcelona, pero ‘sin perjuicio del derecho que le asiste a reproducir la denuncia ante la autoridad judicial competente’.

La fiscalía ha decidido, este viernes, desestimar la denuncia presentada el pasado 23 de enero en relación a un posible caso Pallerols II, sobre presunto desvío de dinero público a través de los cursos de formación de una empresa de Granollers (Barcelona), que afectaría a los altos cargos de la que en los años noventa era la Consejería de Trabajo, por considerar que los hechos denunciados han prescrito.

En el decreto de archivo de la fiscalía, al que ha tenido acceso LA VOZ DE BARCELONA, se especifica que los hechos denunciados se llevaron a cabo hasta el año 2000, es decir, hace más de doce años, por lo que, cualquier posible imputación por malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y falsedad documental ‘concurre la causa de extinción de responsabilidad penal por prescripción’.

Así, la fiscalía no ha entrado a valorar si los hechos que se denuncian, cuyas pruebas se aportaron en el escrito presentado, se cometieron realmente, ya que han pasado más de diez años desde su presunta ejecución. El caso afectaría a la época en la que la Consejería estaba en manos de Ignasi Farreres (UDC), entre los años 1988 y 1999.

El caso Educem

La empresa Educem Business, S.L., cuya propietaria era en 1996 Anna Maria Duran i Casanovas –hija de uno de los fundadores del centro-, entonces militante de Unió, y, pese al apellido, sin relación familiar con Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió, habría recibido supuestamente más cuantía en las subvenciones para cursos de formación de lo que justificó para ello.

El supuesto desvío de dinero afectaría a seis cursos y la cantidad supuestamente malversada sería de 45.476,2 euros (7.566.600 pesetas). El modus operandi utilizado habría sido el mismo que en el caso Pallerols: impartir menos horas de las aprobadas en unos cursos que fueron sufragados con subvenciones, pero con una novedad, la empresa, en el proceso del expediente administrativo, reconoció que efectuó menos horas de las que había programado inicialmente. Sin embargo, no devolvió la parte de la subvención correspondiente a esas horas no efectuadas.

La empresa recibe en 1996 el otorgamiento de la parte final (25%) de tres subvenciones (25 de abril, 28 de mayo y 16 de julio) para varios cursos por valor de 68.018.800 pesetas (408.801,22 euros). Entre estos cursos subvencionados hay seis cuya cuantía total subvencionada es de 32.600.000 pesetas (195.929,95 euros).

A finales de ese año e inicios de 1997, el inspector correspondiente de la Consejería de Trabajo detecta irregularidades o ‘incidencias destacadas’ durante el seguimiento técnico-administrativo. En concreto, los cursos no tienen los alumnos mínimos y las horas realizadas no se corresponden con las horas otorgadas de acuerdo con la documentación presentada, y ratificada por los propios alumnos. Se abren tres expedientes, uno por cada subvención.

Sin constancia de ‘las horas otorgadas’

Estos expedientes son estudiados por la Sección de Control Técnico-Administrativo de Programas de la autonómica Subdirección General de Trabajo, que emite el informe correspondiente el 9 de junio de 1997. Esta valoración concluye que las subvenciones deben ser revocadas parcialmente, ‘en función de las horas no impartidas en los cursos referidos’.

Más de nueve meses después, el 31 de marzo de 1998, el consejero Ferreres firma la resolución por la que se revocan las subvenciones de los tres expedientes (96-C-0297, 96-C-0133 y 96-C-0810), dando así por bueno el informe de la Sección de Control Técnico-Administrativo de Programas.

Sin embargo, casi ocho meses después de esta revocación, el 21 de noviembre de 1998, una nueva resolución, también firmada por el consejero de Trabajo, deja sin efecto la decisión de revocación de las subvenciones a Educem porque ‘existe una coherencia absoluta entre el gasto justificado y pagado en la referida entidad en relación a las subvenciones otorgadas’. Esta firma se lleva a cabo sin el informe técnico preceptivo y sin un solo cambio en los expedientes.

Pese a esta nueva resolución, el 1 de junio de 1999, Mercè Poch i Viñes, coordinadora del área de comarcas de la Delegación Territorial de Barcelona -actualmente jefa de la Sección de Fomento del Trabajo en el Servicio Territorial del Bajo Llobregat de la Dirección de la Red Ocupacional del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC)-, remite a Eulàlia Berna i Aguilar, jefa del Servicio de Ocupación de Cataluña, un informe señalando que pese a lo firmado por el consejero, en la Delegación que ella dirige ‘no queda constancia que, pese a que haya coherencia entre el gasto justificado y pagado en relación a las subvenciones otorgadas, se hayan realizado las horas otorgadas’, y por lo tanto no existen ‘elementos suficientes para firmar el segundo 25% de [las subvenciones de] los cursos señalados’.

Transferencia del 25% restante

Esta advertencia que recibe Berna i Aguilar es trasladada, solo seis días después, a Dolors Llorens i Ardiaca, subdirectora general de Trabajo, imputada inicialmente en el caso Pallerols y librada de cualquier pena al serle retirados los cargos en el marco del acuerdo alcanzado con la fiscalía para evitar el juicio.

En esa fecha, 7 de junio de 1999 se pierde la pista documental. Pese a la resolución del consejero no existe un informe favorable al pago de la parte final de las subvenciones a la entidad de formación. Hasta el 27 de abril de 2000, fecha en la que la empresa Educem Business, S.L. recibe la transferencia del 25% restante de las subvenciones de los seis cursos que los informes técnicos de los inspectores de la Consejería señalan con ‘incidencias’. El visto bueno de la Generalidad a esas transferencias se da el 16 de marzo de 2000.

Educem recibió 374,8 millones de pesetas (más de 2,25 millones de euros) entre 1993 y 1997 solo de la Consejería de Trabajo. Un año después de detectarse las irregularidades, según los informes de los inspectores, la empresa recibió 128,3 millones de pesetas, fue el año que recibió más subvenciones de esta Consejería.

Temas: , , , , ,

5 Comments en “La fiscalía archiva la denuncia de un presunto segundo ‘caso Pallerols’”

NOTA: Sean respetuosos con sus comentarios. Se borrarán los comentarios cuyo contenido o enlaces puedan ser considerados difamatorios, vejatorios o insultantes. Recuerden siempre que las formas importan y que hay muchas formas de decir lo mismo. Gracias por participar.
  1. Romualdo - Martes, 12 de marzo de 2013 a las 12:21

    De la impresión de que la prescripción es una baza en manos de los políticos, que la tienen muy en cuenta cuando calculan los riesgos en la financiación ilegal. A ver si hay suerte y para cuando se destape esto ha prescrito…

    En Grecia han impuesto penas durísimas, creo que al alcalde de Tesalónica, el tesorero y su hombre de confianza. Y la malversación demostrada es de casi 18 millones de euros. Las condenas. Cadena perpetua para el alcalde, y 18 y 19 años de prisión para sus colaboradores.

    Hay quien ha dicho que es que aquí las leyes están hechas para mayor gloria de los políticos. Porque ¿Si no hubiera prescrito qué pena habría caído? ¿Qué pena le caerá a Bárcenas si se demuestra la financiación ilegal y el desvío de fondos?

    Pero aquí para cuando les pillan ya ha prescrito y si no es así el imputado, presunto inocente, sigue yendo en las listas. Demostrar los delitos cuesta Dios y ayuda y las condenas que preven las leyes para este tipo de delitos están lejos de las griegas.

    ¿Será porque, a pesar de todo, los griegos conservan algo de cuando fundaron la democracia y aquí todo lo hemos pervertido?

  2. josep - Martes, 12 de marzo de 2013 a las 14:18

    Estic totalmen d`acord amb tu ROMUALDO. Els delictes no tenen que prescriure qui la fa ,la paga encara que hagin pasat deu o vint anys.Els politics es fan les lleis a la seva mida

  3. Javier - Martes, 12 de marzo de 2013 a las 16:14

    Como abogado opino que si recientemente ha habido sentencia del Caso Pallerols que además condena a dos cargos de Treball, y ahora aparecen nuevos documentos (como los que incluye la noticia) que tienen una relevancia determinante en el caso (involucran a más personas de las inculpadas), ESTOS DOCUMENTOS DEBERÍAN ACEPTARSE, PUDIENDO INCLUSO REABRIR EL CASO.
    Sino, los ahora condenados estarían en indefensión. Sufrirían un agravio comparativo.

  4. Kimet - Martes, 12 de marzo de 2013 a las 16:24

    Como muchos otros que manchan el nombre de algún político.

  5. Lehman Sisters - Miércoles, 13 de marzo de 2013 a las 18:37

    Hay que cambiar ciertas leyes .

Suscripción RSS a los comentarios de esta entrada.