Cataluña

El Gobierno lleva la Generalidad a los tribunales por discriminación lingüística en las subvenciones para el empleo

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social interpone un recurso contencioso-administrativo contra una orden de la Consejería de Empresa y Empleo que obliga a las empresas a impartir en catalán unos cursos para el fomento del empleo si quieren optar a recibir ayudas autonómicas.

Alejandro Tercero
Sábado, 16 de marzo de 2013 | 11:45

A lo largo de los últimos años, han sido frecuentes las críticas a la inacción del Gobierno ante los atropellos que la Generalidad de Cataluña acostumbra a realizar en el ámbito de la política lingüística de forma impune.

El anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que se está desarrollando supone una excepción a esa conducta, al tratar de corregir el incumplimiento de las sentencias judiciales sobre bilingüismo en la educación, pese a que los primeros borradores apuntan unas soluciones muy poco ambiciosas.

En ocasiones, las actuaciones del Ejecutivo van más allá y atienden incluso cuestiones aparentemente menores pero igual de trascendentes en el fondo. Un ejemplo de ello es el recurso contencioso-administrativo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha interpuesto recientemente contra una orden del Servicio de Empleo de Cataluña, dependiente de la Consejería de Empresa y Empleo de la Generalidad, por discriminar lingüísticamente a las empresas que quieran optar a unas subvenciones para impartir cursos de fomento del empleo.

Sin subvenciones si se utiliza el español

El pasado 5 de octubre, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) publicó la Orden EMO/286/2012, que recogía las bases reguladoras y convocaba las subvenciones para ‘la realización de acciones de formación de oferta dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados’ promovida por el Servicio de Empleo de Cataluña. En total, las ayudas a repartir ascendían a 40 millones de euros, un importe que podría ser ampliado.

Tal y como recogía el punto 14 de las bases, aquellas empresas o entidades que decidiesen usar el castellano en sus cursos quedaban excluidos de la convocatoria:

‘Las acciones de formación reguladas en esta Orden tienen que ser impartidas en lengua catalana y los materiales didácticos elaborados por las entidades beneficiarias tienen que estar redactados al menos en catalán’.

De igual forma, entre los requisitos exigidos por la Consejería se incluía la obligación de que, en las empresas candidatas a obtener las subvenciones, ‘la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán’.

La normativa autonómica también ordenaba que ‘los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán’.

Una vez aprobada la Orden, recogida en su momento por LA VOZ DE BARCELONA, el Ministerio impugnó ante la Generalidad el punto 14 -no así los requisitos lingüísticos relativos a la rotulación- y, tras ser desestimada esta petición, ha decidido hacer uso de la vía judicial, interponiendo el correspondiente recurso contencioso-administrativo.

No es legal obligar a particulares y empresas a usar una lengua

La sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, dejó meridianamente claro que es ilegal dar un trato preferente al catalán sobre el español por parte de las Administraciones públicas, como ocurre en esta convocatoria de subvenciones. En concreto, el fundamento jurídico 14 de la citada sentencia decretó lo siguiente:

‘La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña’.

Tampoco es legal obligar a las empresas a utilizar una determinada lengua en sus comunicaciones de cualquier tipo, según recoge el fundamento jurídico 22 de la misma sentencia:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

La interposición del recurso contencioso-administrativo supone, sin duda, un nuevo camino -hasta ahora, prácticamente inexplorado por el Gobierno- para restablecer la efectiva igualdad de derechos lingüísticos entre los ciudadanos y entre las empresas de Cataluña. Solo el tiempo dirá si se trata de un caso aislado o si responde a un cambio de actitud por parte del Ejecutivo.

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52 Comments en “El Gobierno lleva la Generalidad a los tribunales por discriminación lingüística en las subvenciones para el empleo”

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  1. Didac - Lunes, 18 de marzo de 2013 a las 17:13

    En 1981, el Tribunal Constitucional advirtió: “La autonomía a que se refiere el artículo 137 de la Constitución, hace referencia a un poder limitado. Autonomía no es soberanía –y aún este poder tiene sus límites.– … por lo que en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido” (Resolución 4/81 de 2 de febrero y 25/81 de 14 de julio).

  2. Eduardo González Palomar (Manlleu -Barcelona-) - Lunes, 18 de marzo de 2013 a las 19:56

    ¡No cabe duda de que la igualdad lingüística en la Cataluña nacionalista lleva muchas décadas mangas por hombro!

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