Hospital de San Pablo… o la casa privada de los horrores públicos

27.03.2013 | 11:06
 

El Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona es un conjunto modernista proyectado por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner que fue construido entre 1902 y 1930 -si bien sus antecedentes se remontan hasta el siglo XII-. La notoriedad del mismo fue reconocida con diversos premios y el nombramiento como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1997.

En el año 2009 finalizaron las obras para un nuevo gran edificio, que se construyó en el extremo norte del actual conjunto, con la finalidad de la sustitución progresiva de todos los servicios ubicados en los antiguos pabellones modernistas. Su coste final, como si nada, acabó superando en casi 40 millones de euros el presupuestado inicialmente. En el patronato del hospital se incluyen la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Barcelona, peligroso cóctel que se repite en otras tantas instituciones emblemáticas de la ciudad salpicadas por ya demasiados casos de corrupción.

Panel informativo en interior del edificio nuevo del Hospital de San Pablo de Barcelona, exclusivamente en catalán (foto: Federico Llosa Marsé).

Panel informativo en interior del edificio nuevo del Hospital de San Pablo de Barcelona, exclusivamente en catalán (foto: Federico Llosa Marsé).

Se organiza bajo la forma jurídica de ‘fundación de gestión sanitaria’, en este caso privada, tal y como acaba de establecer el Juzgado Social número 21 de Barcelona: ‘Rotundamente hay que afirmar que la fundación demandada no es pública, y no porque en su nombre completo figure la dicción de fundación privada, sino porque efectivamente lo es por su titularidad, por la voluntad de sus fundadores y [el] régimen estatutario que la rige’. Si bien, el hospital recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) esta decisión que supone, en la práctica, tenga que devolver 3,3 millones de euros que recortó a 424 médicos, de acuerdo con el decreto aprobado por la Generalidad en mayo de 2010, en el que obligaba a todo el sector sanitario público a aplicar un descuento del 5% de las nóminas. El Gobierno autonómico pretendía que la medida afectara también a los centros concertados, aquellos que como el Hospital de San Pablo están financiados por la Generalidad pero su gestión depende de otras entidades públicas o privadas.

En otro post ya expuse mi opinión sobre la sospecha que generan las fundaciones en Cataluña dado que, a menudo, propician la falta de transparencia y sirven de instrumento para financiar intereses particulares burlando los controles existentes, que, al parecer, se han demostrado, del todo, insuficientes. Están siendo utilizadas para ocultar tramas destinadas a un único fin: financiar, directa o indirecta e irregularmente, el secesionismo catalán (sus partidos, asambleas, asociaciones, etc.); muy especialmente en los últimos tiempos a la nacionalista Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de gobierno en los poderes autonómico y municipal.

Somos muchos ya los que venimos denunciado el uso y abuso que se hace de los recursos públicos que, en muchas ocasiones, acaban embolsándose destacados directivos sanitarios a través de empresas pantalla de las que reciben cuantiosas retribuciones o mediante comisiones previas a su derivación para financiar esos oscuros intereses, como cuando recientemente se imputó a seis ex altos cargos del hospital por posible delito de malversación de caudales públicos; alguno de los cuales venía a cobrar anual y oficialmente, por ejemplo y asómbrense ustedes, el doble de lo que percibe el mismísimo presidente del Gobierno.

El hospital se nutre de ingentes cantidades de recursos públicos en forma de subvenciones (la Generalidad financió la actividad asistencial de San Pablo con 309,5 millones de euros en 2012, un 6% menos que los 329,5 millones de 2010), lo que no sirve para que, por ejemplo, se respete el bilingüismo oficial en sus paneles informativos (ver la foto adjunta), se evite la imperiosa necesidad de abrir una vía de pago que permita saltarse las listas de espera -rompiendo así el principio de igualdad entre sus pacientes-, o para que se respeten los derechos laborales de sus trabajadores (recientemente y como enésima irregularidad, la Inspección del Trabajo ha levantado un acta de infracción que asciende a 11,1 millones de euros, por cotizaciones sociales –horas extras- que el centro no pagó entre 2008 y 2012).

Como consecuencia de la sentencia y del acta de infracción, el sindicato Metges de Catalunya, ha pedido a la Consejería de Justicia que ‘solicite urgentemente la intervención judicial de la fundación para que queden protegidos los derechos y los intereses de terceros y la viabilidad de la misma fundación’. En su opinión, el hospital ‘no puede hacer frente a estas reclamaciones’ y la fundación se encuentra en una ‘situación crónica de quiebra’, con un patrimonio neto negativo, según la Sindicatura de Cuentas, de casi 300 millones de euros.

¿Cómo es posible que nuestros representantes públicos permitan que se acaben creando, bajo dirección privada, estos monstruos de siete cabezas, absolutamente ingobernables e incontrolables, con cargo a las arcas públicas que acaban suponiendo un lastre a los servicios más básicos para los más necesitados, los enfermos? Un horror al que sólo cabe esperar se responda por la justicia con el máximo rigor, haciendo posible que sus máximos responsables criminales acaben pagándolo con la cárcel, y por los ciudadanos evitando políticamente los cantos de sirenas en los que siempre han pretendido sumergirnos cualquier tipo de nacionalismo.

1 comentario en “Hospital de San Pablo… o la casa privada de los horrores públicos”

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  1. betu - Martes, 23 de abril de 2013 a las 19:06

    España nos roba ¿verdad? cuadrilla de chorizos, corruptos, demagogos.
    La ruina de los catalanes es el nacionalismo

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