España

El Constitucional admite a trámite dos recursos de la Generalidad contra los Presupuestos Generales del Estado

El Alto Tribunal discutirá la legalidad de varias disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado de este año y del curso pasado, relativos a la Ley de Dependencia, entre otros temas. El TC, además, levanta parcialmente la suspensión de la ley autonómica de urbanismo.

Redacción
Viernes, 19 de abril de 2013 | 12:42

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite dos recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalidad contra cuatro disposiciones adicionales y una disposición final de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 y 2013, relativas a la Ley de Dependencia, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la jornada mínima de los trabajadores del sector público.

Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE), este viernes, el Alto Tribunal ha aceptado discutir la legalidad de las disposiciones adicionales octogésima primera (81) y octogésima cuarta (84) de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y de las disposiciones adicionales cuadragésima (40) y septuagésima primera (71) y disposición final octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Los recursos hacen referencia a las aportaciones del Gobierno a la Ley de Dependencia, que quedarían en suspenso, según la Generalidad, vulnerando los principios de lealtad institucional y autonomía financiera; a la fijación de una jornada laboral que no puede ser inferior a 37,5 horas semanales efectivas para el personal del sector público de todos los niveles de administración en España, desde la nacional a la autonómica y local; a la atribución al SEPE la gestión centralizada de las políticas activas de empleo.

Levantamiento parcial de suspensión de la norma de urbanismo

Por otro lado, el TC ha levantado parcialmente la suspensión de la ley autonómica de urbanismo, impugnada ante el Alto Tribunal por el Gobierno. Concretamente, según ha publicado también el BOE, se ha levantado la suspensión temporal del apartado 7 de la disposición adicional sexta de la autonómica Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña aprobada por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, así como la nueva redacción dada al artículo 167 de este texto refundido por el artículo 59 de la misma Ley 3/2012, salvo en el inciso de su apartado 1 ‘para generar actividad económica en áreas deprimidas’, que mantiene suspendido.

Además, en el mismo auto, el Alto Tribunal ha decidido mantener en suspenso el inciso ‘para generar actividad económica en áreas deprimidas’ del apartado 1 del artículo 167 del Texto Refundido de la autonómica Ley de Urbanismo de Cataluña en la nueva redacción dada por el artículo 59 de la Ley 3/3012, así como del nuevo apartado 5 del artículo 187 de este Texto Refundido introducido por el apartado 4 del artículo 64 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

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1 comentario en “El Constitucional admite a trámite dos recursos de la Generalidad contra los Presupuestos Generales del Estado”

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  1. R. S. - Sábado, 20 de abril de 2013 a las 02:15

    El aumento de 35 a 37,5 horas semanales es una provocación reaccionaria. Se da más trabajo a los que ya tienen uno mientras hay 25 % de paro, y se reduce el tiempo personal de los funcionarios mientras la gente necesita más tiempo personal y familiar.

    De ser el Gobierno, ímplantaría progresivamente (digamos a lo largo de una legislatura) la semana de 4 días (lunes a jueves) con 7 horas diarias (o sea 28 por semana) para los funcionarios. Es decir una bajada de 33 % de las horas laborables, lo que favorecería el tiempo personal y familiar, mientras aumentaría la productividad (los empleados estarían menos cansados). El salario sólo bajaría de 20 % sin embargo (o sea un aumento por hora) para que la medida sea mejor aceptada. Con este 20 % de dinero ahorrado en salarios, el Estado utilizaría la mitad para crear miles de nuevos puestos (lo que reduciría el paro), y la otra mitad la invertiría en aumento de productividad (por ejemplo informatización).

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