Cataluña

El Gobierno niega el indulto a dos ex presidentes de los FGC condenados por malversación por el Supremo

Entrarán en prisión, condenados por el Supremo, y devolverán más de 2,7 millones de euros por crear y beneficiarse de una trama ilegal para cobrar pensiones en los 90, durante los gobiernos de Jordi Pujol (CiU).

Redacción
Miércoles, 8 de mayo de 2013 | 22:24
Los ex presidentes de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña Enrig Roig y Antoni Herce.

Los ex presidentes de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña Enrig Roig y Antoni Herce.

El Gobierno ha denegado el indulto a los ex presidentes de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) Enric Roig (1993-1999) y Antoni Herce (1999-2000), que habían sido condenados por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a cuatro años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos.

La denegación del indulto fue acordado en el Consejo de Ministros del pasado 19 de abril, pero no se ha conoccon lo que los dos ex presidentes deberán ingresar en prisión en los próximos días por el delito cometido en los años 90. Además, Roig y Herce tienen que indemnizar con 2.718.035,08 euros a FGC, según confirmó el Supremo, y están inhabilitados a ocho años y seis meses por los delitos continuados de prevaricación con concurso de un delito continuado de malversación.

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Roig a seis años de cárcel por un delito de malversación y lo absolvió de uno de prevaricación, mientras que a Herce le impuso una pena de seis años de cárcel por un delito de malversación y a ocho años y medio de inhabilitación por otro de prevaricación. El Supremo, sin embargo, tras el consiguiente recurso, rebajó en junio de 2012 a cuatro años y medio la pena de cárcel a cada uno.

Una trama para enriquecerse mediante un fondo de pensiones ilegal

El auto del Supremo ratificó los hechos que la Audiencia Provincial consideró probados. En concreto, Roig y Herce, ‘ambicionando un enriquecimiento económico personal muy superior al que les proporcionaría su retribución salarial y conscientes de la ilegalidad de su proceder’, idearon una ‘trama’ para constituir un fondo de pensiones con el que lucrarse ilegalmente.

Las aportaciones al fondo, que era gestionado por Winterthur, procedían de los presupuestos de FGC y fueron desviadas de forma metódica a lo largo de diez años y ocultadas contablemente al consejo de administración de la empresa pública aprovechando los altos cargos que ostentaban.

La sentencia del Alto Tribunal confirmó también que ‘los acusados eran sabedores de que estos cobros diferidos no eran legítimos’, como tampoco lo eran el reglamento y los contratos con los que trataron de justificarlos. Estos documentos fueron firmados en 1991 por el entonces presidente de FGC, Albert Vilalta González (en esa época Roig era el director y Herce el director Económico y Financiero), que también rubricó la constitución del fondo ilegal con Winterthur y colaboró ocultando la trama al consejo de administración de FGC.

Vilalta, absuelto por haber prescrito

Sin embargo, Vilalta fue absuelto por la Audiencia porque, aunque el delito de prevaricación del que se le acusaba se consideró probado, este había prescrito. Tras abandonar FGC (entidad que presidió entre 1983 y 1991), Vilalta fue nombrado por Jordi Pujol (CiU) consejero de Medio Ambiente de la Generalidad, cargo que ocupó entre 1991 y 1996.

Posteriormente fue designado secretario de Estado de Infraestructuras durante el primer Gobierno de Aznar (1996-2000). Se da la circunstancia de que Albert Vilalta es el padre de uno de los tres españoles secuestrados por Al Qaeda en 2009 y liberado 267 días después, que a su vez es director general de las empresas públicas Tabasa y Túnel del Cadí.

El fondo ilegal se amplió al comité de dirección

Para evitar posibles filtraciones, queda demostrado que Roig, Herce y Vilalta ampliaron el fondo ilegal de pensiones a lo que denominaron comité de dirección, un órgano compuesto por trabajadores de alto nivel que en realidad no existe en los estatutos de FGC. Estos también se beneficiarían del fondo al cumplir la edad de 65 años o con anterioridad si se producía su fallecimiento, invalidez o baja como partícipe del fondo.

Además de Roig y Herce (Vilalta, a pesar de colaborar en la trama, no recibió sobresueldos), constan entre los beneficiarios del fondo los nombres de Llorenç Ledesma Poza; Enric Taules Guinovart; Enric Domínguez Saura; Josep Lluis Arqués Partón; Josep Lluis Portabales Iglesias; Eduard Blasco González; Josep Verdaguer Codina; Víctor Canosa Novella; Tomás Figueras Riera; Jesús Aragón Martín y Miguel Llevat Vallespinosa.

Posteriormente, también se otorgaron contratos a Ramón Andreu Ribera March, Albert Tortajada Flores, Josep Oliva Caballol, Lluis Huget Viñalonga, Pere Calvet Tordera y Oriol Juncadella Fortuna.

‘Otros gastos sociales’

Durante los diez años que funcionó la trama corrupta, el fondo se nutrió con 452,2 millones de pesetas (2,7 millones de euros) procedentes de FGC, cantidad que han de devolver. En ese tiempo, ambos utilizaron todo tipo de triquiñuelas para tratar de sustraer el dinero impunemente.

Así, no tardaron en rediseñar los contratos, inicialmente previstos como complemento a la pensión de jubilación, porque entendían que podrían ser incompatibles con la pensión de la Seguridad Social, y pasaron a denominarlos ‘premio de dedicación y permanencia’. Por otra parte, las aportaciones al fondo se enmascararon contablemente en las cuentas de FGC ‘bajo el inespecífico apunte de otros gastos sociales’.

Roig y Herce se embolsaron 1,3 millones del fondo de pensiones

‘El hecho de que la contabilidad de la empresa engloba más de 30.000 apuntes diversos y que los presupuestos de FGC fueran desproporcionalmente superiores a esta partida, permitió que la desviación de los fondos pasara desapercibida para el consejo de administración de FGC’, así como a ‘los controles contables de la Sindicatura de Cuentas y del Tribunal de Cuentas’, explicó la sentencia del Supremo.

El 25 de febrero de 1999, cuando Roig cesó como presidente de FGC, reclamó y se embolsó 178.065.720 pesetas (1.070.196 euros) del fondo de pensiones ilegal. El 27 de julio de 2000, Herce liquidó su parte, en concreto, otros 46.320.431 pesetas(278.391 euros).

Mas, entre los consejeros de la época

La trama corrupta se fraguó ante las narices de hasta cinco consejeros diferentes de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad -de los que dependía FGC- sin que el escándalo haya salpicado a ninguno de ellos. En concreto, Joaquim Molins (1988-1993), Josep Maria Cullell (1993-1994), Jaume Roma (1994-1995), Artur Mas (1995-1997) y Pere Macias (1997-2001), todos ellos de CiU.

El caso más sorprendente es el del congresista Pere Macias. Macias, amigo personal de Herce, no solo le promocionó a la presidencia de FGC, sino que defendió el blindaje millonario que figuraba en su contrato en caso de destitución.

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8 Comments en “El Gobierno niega el indulto a dos ex presidentes de los FGC condenados por malversación por el Supremo”

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  1. r.garcia - Miércoles, 8 de mayo de 2013 a las 23:25

    Aquí han aplicado la ley. Si delinquieron que paguen.
    Lo injusto es el doble rasero con que nos obsequian a diario.

  2. Erasmus - Jueves, 9 de mayo de 2013 a las 00:26

    DIGNIDAD DEL ESTADO

    Por fin el Estado recupera su dignidad y deja de hacer genuflexiones ante el poder catalanista como si le tuviera miedo con lo cual los desleales se crecen. ¿Qué justificación podía tener ese indulto? ¿No es ejemplificador y disuasivo del delito no concederlo?

  3. ProfesorSevillaEnParoPor CulpaDeLosIndependentistas - Jueves, 9 de mayo de 2013 a las 03:18

    R.García,ponte a llorar cual plañidera porque esto sólo es el inicio del fin del maldito separatismo.

  4. Pasaba por aquí. - Jueves, 9 de mayo de 2013 a las 03:51

    Cumplir y hacer cumplir la ley, tal y como juran los cargos electos, no puede ser moneda de cambio entre partidos políticos o de trapicheos entre estos y los jueces.
    Respetar y cumplir la legalidad y las sentencias legitíma el Estado y fortalece al gobierno, ese es el camino que no se debió abandonar nunca.
    El indulto es una medida excepcional y debe estár muy fundamentada, en absoluto debe ser discrecional y sujeta a conveniencias de coyuntura política como a sido el caso en anteriores ocasiones que a todos nos viene a la memória.
    Cabe además recordar que las leyes tienen una función disuasória del delíto y no aplicarlas es otro enorme error, como bien dice Erasmus con otras palabras.
    Esperemos que esto sea un inicio de rectificación por parte del gobierno y que de ahora en adelante aplique la legalidad sin temor, ya que la firmeza y la voluntad de cumplir las leyes siempre rindieron buenos frutos a lo largo de la história, lo contrário y a la larga solo suele llevar al desastre.

  5. Lehman Sisters - Jueves, 9 de mayo de 2013 a las 08:36

    Mas es menos .

  6. felix - Jueves, 9 de mayo de 2013 a las 09:52

    Y asi deberian llenar la proxima nueva carcel de Figueras. Habria tantos politicos nacionalistas catalanes en ella que tendrian que construir otra. Nos roban millones y millones de euros cada año en propaganda nacionalista. Algo habra que hacer para echar de la politica a Mas, Jonqueras y otros Desde que estan governando no han hecho nada todo son reuniones conspirativas para la creacion de un nuevo estado ilegal.

  7. Luis - Jueves, 9 de mayo de 2013 a las 11:14

    r.garcia – Miércoles, 8 de mayo de 2013 a las 23:25

    OS DUELE LA PATITA??????

  8. ciudadano - Lunes, 13 de mayo de 2013 a las 10:03

    NO HAY PAN PARA TANTO CHORIZO.

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