España

La instructora del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía imputa a la ex ministra Magdalena Álvarez

‘Fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003’.

Redacción
Miércoles, 3 de julio de 2013 | 10:16
Magdalena Álvarez, ex ministra de Fomento, en el Congreso (foto: vídeo).

Magdalena Álvarez, ex ministra de Fomento, en el Congreso (foto: vídeo).

La jueza instructora del caso de los ERE irregulares en Andalucía ha decidido imputar a otros 20 cargos y ex cargos de la Junta, entre los que destaca la ex consejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, ex ministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez.

En un auto notificado este martes a las partes, la magistrada Mercedes Alaya ha imputado también al actual viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y director general autonómico de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, y al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez.

Entre los imputados, Ayala ha incluido a los ex viceconsejeros de Economía y Hacienda, José Salgueiro; de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez y Gonzalo Suárez, y de Empleo, Justo Mañas, así como al actual director general autonómico de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Valverde, y a sus antecesores en el cargo Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha imputado también al ex secretario general técnico de las consejerías de Empleo y de Innovación Juan Francisco Sánchez García, quien fue posteriormente director de Administración y Finanzas de IDEA; y a los también ex secretarios generales de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina, así como al ex secretario general autonómico de Hacienda Antonio Estepa.

También figuran en la lista de imputados el ex director general autonómico de Presupuestos Buenaventura Aguilera; al actual interventor delegado en Empleo para la Junta de Andalucía, Juan Luque; a los ex directores generales del IFA Antonio Lara y Francisco Mencía, y a los ex directores generales de Finanzas del propio IFA Pablo Millán y Juan Vela.

‘Habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación’

La jueza ha tomado la decisión de imputar a todos ellos en virtud de un oficio remitido por la Guardia Civil el pasado 27 de junio y ha recordado, en su auto, según ha informado Efe, que, de manera paralela a otras líneas de investigación, el Juzgado ha continuado analizando el uso de las transferencias de financiación a lo largo del periodo investigado para el pago de las ayudas sociolaborales por IFA/IDEA y las consecuencias que dicho ‘procedimiento específico’ ha tenido tanto en materia presupuestaria como de fiscalización, y en definitiva, ‘el menoscabo de los fondos públicos que se haya podido producir por la utilización indebida de dicha figura como concepto de financiación’.

Ayala ha señalado que, partiendo de que dichas transferencias, ‘son aquellas aportaciones dinerarias entre la Administración de la Junta y otras administraciones públicas o entes públicos destinadas a financiar globalmente la actividad del ente receptor de la transferencia, o para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas, constituirían las mismas una figura absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales’.

La jueza ha indicado dice que, en virtud del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas, ‘es claro que la utilización vía modificación presupuestaria o a través de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, de las transferencias de financiación para el pago de tales ayudas sociolaborales, habría permitido la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora, en la que se requiere la fiscalización previa por parte de la Intervención’.

Por todo esto, la magistrada del caso ha considerado que ‘ha llegado el momento de dar un paso cualitativo’ en la instrucción ‘y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas’ que, ‘en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que indiciariamente se ha venido observando a lo largo de la presente instrucción’.

Ejecución del presupuesto

Respecto a Magdalena Álvarez, en el auto se ha puntualizado que ‘fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003′, no obstante: ‘la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias’.

La jueza instructora ha recordado que, conforme a la ley, ‘corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia’, motivos por los que imputa tanto a Álvarez como a su viceconsejero, José Salgueiro.

En la época de Álvarez, además, concretamente entre 2000 y 2004, ‘se creó’ en su Consejería la autonómica Secretaría General de Hacienda, de la que pasaron a depender la Dirección General de Presupuestos de la Junta de Andalucía y la Intervención General autonómica, situándose al frente de la primera Antonio Estepa y de la segunda al actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Vicente Lozano.

A juicio de la jueza instructora, ambos ‘tendrían una importante intervención en las referidas modificaciones presupuestarias y en los presupuestos de la Comunidad Autónoma donde se mantendría durante muchos años las transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L’, conocido como ‘fondo de reptiles’.

Negó cualquier relación en el Parlamento autonómico

El pasado mes de septiembre, Álvarez compareció ante la comisión de investigación sobre el caso de los ERE en el Parlamento autonómico de Andalucía. Entonces, negó que la Consejería de Economía tuviera “jerarquía” sobre otras consejerías, entre ellas la de Empleo, investigada por la concesión de las ayudas ilegales.

La ex ministra también aseguró que nunca había despachado con el presidente autonómico Manuel Chaves, ahora congresista, sobre la partida dedicada a estas ayudas y que no tuvo relación alguna con el ex director general autonómico de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la causa.

De lleno al PSOE

El escándalo de los ERE en Andalucía o el caso del fondo de reptiles salpica de lleno a la Junta de Andalucía a través de una presunta red de corrupción política vinculada al PSOE de la Comunidad. El origen del escándalo está en la investigación, actualmente en curso, del caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas.

La Junta de Andalucía, tras conocer los primeros hechos investigados, se posicionó como acusación particular en el caso. El principal sospecho de la supuesta red fraudulenta es Guerrero, en libertad provisional con cargos. Juan Lanzas, sindicalista, podría haber sido el supuesto mediador de la trama.

La Administración autonómica creó en 2001 un fondo para ayudas sociolaborales, que estuvo dotado hasta 2010 con 647 millones de euros. Esta partida fue calificada en un interrogatorio policial por Guerrero como “fondo de reptiles” aunque luego se retractó y lo calificó de “fondo para apuros”.

Utilizando este dinero, se habrían pagado, a través del ERE, al menos nueve millones de euros a 72 personas que jamás habían trabajado en las empresas acogidas a los expedientes (entre estas, la suegra de Guerrero y cuñados y amigos de otros dirigentes socialistas). Además, existen 183 expedientes irregulares. El caso judicial suma ya más de 80 imputados.

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3 Comments en “La instructora del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía imputa a la ex ministra Magdalena Álvarez”

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  1. Jose Orgulloso - Miércoles, 3 de julio de 2013 a las 11:06

    Esto me huele a maniobra de los catalanistas para terminar de ensuciar la imagen de España. Vamos, que no me extrañaría que hubieran salido las pruebas del mismo palacio de la Generalidad.

  2. Una opinión más - Miércoles, 3 de julio de 2013 a las 12:01

    Está la juez hurgando en una asociación, conformada como partido político y sindicato, creada para perpetuarse en el poder, tomar dinero de los contribuyentes para su fines partidarios y personales, repartírselo entre sus miembros, enriquecerse personalmente y manifestar públicamente a través de la que fue ministra Cabrera, en el ejercicio de sus funciones ministeriales, que el dinero de los españoles no era de nadie, en tanto buscaban caladeros de votos trayendo miríadas de extranjeros y subvencionando parásitos vividores en sus zonas de influencia tradicionales (sur y este de España, incluyendo Asturias).

    Esto, en el ámbito penal, se llama asociación creada para delinquir impunemente, que hace sus leyes y nombra a sus jueces. Seguro que a muchos catalanes les suena.

  3. Angel - Sábado, 6 de julio de 2013 a las 12:59

    No hace muchos dias salio un informe de los EEUU,diciendo que uno de los principales problemas de España era la facilidad que tienen los gobiernos autonomicos para gastar dinero publico y los pocos controles y transparencia para saber como se gasta el dinero.Si esto,nos lo dicen desde EEUU,mucho mas lo sabesmos todos los españoles que lo estamos padeciendo.Un dia y otro tambien salen casos y todos se refieren a gente que nos roba a la descarada,por tanto,Magdale Alvarez,solo es una mas y lo que realmente nos importa a los ciudadanos es que la justicia actue,se aclare y los culpable devuelvan lo robado y paguen segun la ley.

    En Andalucia es algo increible,pero no es de extrañar,porque les viene de lejos,ya lo hacia “Curro Jimenez”.Robaba para los “pobres” y hacia lo que dice el refran,”Quien reparte se lleva la mayor parte”.Si hacemos un mapa donde tenemos mas “chorizos” en España,Andalucia supera el recor por metro cuadrado.

    Le sigue Cataluña,aqui los “Curro Jimenez” catalanes no roban para los pobres,roban para construir una “Nacio”,los pobres no cuentan,solo los que simpatizan con el regimen,no conozco un solo nacionalista que no viva de una subvencion o hace meritos para recibirla.

    Si Andalucia y Cataluña se destacan en el despilfarro del dinero publico a gran distancia,las demas tampoco se quedan cortas.Necestiamos con urgencia reformas en casi todo,pero principalmente en disponer de control y transparencia del gasto del dinaro de todos,del dinero publico,para que todos podamos denunciar si vemos que alguien no utiliza el dinero como debe.

    Todo lo que estamos viendo,es debido al descontrol en la Administracion del Estado que hemos tenido en estos 35 años de democracia.

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