Según recoge Reuters, Mas ha señalado que: ”Nos da igual el mecanismo, pero tenemos pagos cada mes. La economía no puede recuperarse si no pagas las facturas”. La Generalidad, que representa alrededor de una quinta parte de la economía nacional, afronta vencimientos de deuda por unos 13.000 millones de euros este año, según los datos oficiales, además de la necesidad de financiar su déficit.

Mas, en este sentido, se ha apuntado a la petición al Gobierno para que cree los hispabonos, que podrían servir para que las CCAA aligerasen la deuda, a cambio de que sea el Estado quien responda del aval y el interés, este último más bajo que el de las administraciones autonómicas. Hace una semana el presidente autonómico obtuvo el visto bueno del Gobierno al tercer plan de recortes en el presupuesto de la Generalidad para 2012.

Deuda acumulada disparada

Mas, y su mujer, en el balcón de la Generalidad, el día de su toma de posesión como presidente autonómico (foto: Generalidad).

La deuda acumulada de la Generalidad de Cataluña, a cierre de 2011, según los datos del Banco de España, asciende a 41.778 millones de euros (que se dispara a los 48.146 millones de euros si se incluye la deuda de las empresas autonómicas). Esta cifra supone un nuevo récord en la serie histórica de la Comunidad, y la mantiene como la más endeudada de todas las CCAA, duplicando a la segunda en la clasificación por valores absolutos (la Comunidad Valenciana, con 20.762 millones de euros), y alejándose de la tercera (la Comunidad de Madrid, con 15.447 millones) y de la cuarta (Andalucía, con 14.314 millones).

Es la primera vez que la deuda del Gobierno autonómico de Cataluña sobrepasa el 20% del PIB regional (en concreto, alcanza el 20,7%), superando, también por primera vez, a la Comunidad Valenciana -la segunda del ranking por endeudamiento relativo, con 0,8 puntos menos-. Además, excede a Castilla-La Mancha en 2,7 puntos y a Baleares en 4,4 puntos.

La situación financiera de la Administración autonómica catalana es de extrema gravedad. Se ve más claramente en comparación. Acumula el 29,82% de la deuda total de las CCAA a finales de 2011, que asciende a 140.083 millones de euros. Además, en el último año, el Ejecutivo autonómico ha aumentado su pasivo en un 22,05%, mientras que en los últimos tres ejercicios la ha multiplicado por dos.

Bono basura

Las dificultades económicas y financieras, sin embargo, no es exclusivo de la Generalidad. Las 17 Comunidades Autónomas pasan por un mal momento y reconducir sus cuentas y los temores por la debilidad del sistema bancario, a nivel nacional, son dos de los principales motivos que hacen temer a los inversores que España necesite un rescate externo.

Con los mercados de financiación cerrados y constantes rebajas en las calificaciones de crédito -la última hace solo unos días, que dejaron a la Generalidad en el cajón de los bonos basura-, las 17 CCAA tienen que cubrir vencimientos por un total de unos 35.700 millones de euros, además de gestionar un déficit de unos 15.000 milllones de euros.

Tras el encuentro, el gabinete de prensa de Mas ha emitido un comunicado para intentar tranquilizar a los proveedores de la Generalidad asegurando que la Administración autonómica ‘está cumpliendo estrictamente su programa financiero’ y ‘hará honor a sus compromisos, tal y como está previsto’; pero que ‘es lógico’ que el Gobierno ‘ayude financieramente’ a la Generalidad ya que, desde su punto de vista, ‘el Estado mantiene deudas con Cataluña’.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, arriba, y con Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, abajo (fotos: la Moncloa).

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se han comprometido, este viernes, a alcanzar un acuerdo antes del próximo 30 de junio para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. No han llegado a un acuerdo para la renovación de los cargos directivos de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE).

El acuerdo se produce dos días después de la advertencia a PP y PSOE del Alto Tribunal. Sin embargo, no han trascendido los nombres de los posibles candidatos a renovar el Tribunal Constitucional. Actualmente, hay una plaza vacante desde 2008 (cuando falleció el magistrado Roberto García-Calvo) y tres magistrados del Alto Tribunal tienen el mandato caducado. Entre estos el del vicepresidente, Eugeni Gay.

Poco antes de la reunión con Rubalcaba, Rajoy se ha reunido con Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso. Tras el encuentro, el dirigente nacionalista ha indicado en rueda de prensa que le ha pedido al presidente del Gobierno que, en la renovación del Alto Tribunal, se tenga en consideración el incluir a “un representante catalán”, basándose en el efecto que ha producido, desde su punto de vista, la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Política europea, Bankia y reforma financiera

Fuentes del Gobierno y del PSOE han explicado, según recogen Efe y Europa Press, que en realidad Rajoy y Rubalcaba han ratificado el acuerdo que alcanzaron en febrero, en su anterior reunión pública en la Moncloa, para renovar los miembros con mandato caducado del Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Rajoy y Rubalcaba han estado reunidos durante casi tres horas en el palacio de la Moncloa para analizar la situación económica y política de España, así como para tratar de desbloquear el nombramiento de los citados órganos institucionales. Entre los temas concretos, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición también han tratado sobre la política europea y para abrir un diálogo para la simplificación administrativa a través de la creación de una comisión.

Además, Rajoy ha informado a Rubalcaba de la situación de Bankia, que este viernes ha pedido otros 19.000 millones de euros al Gobierno. El líder del PSOE, por su parte, se ha comprometido en hacerle llegar al presidente una posición concreta del PSOE sobre el Decreto-ley de reforma financiera para intentar llegar a un consenso antes del jueves, día en que se someterá a convalidación en el Congreso.

Si finalmente se accede a la petición de los responsables de Bankia, la cantidad de dinero público supería con creces los 15.000 millones de euros que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, había dicho, recientemente, que aportaría el Gobierno para todo el sector financiero en su conjunto.

Dimisión en bloque… pérdidas de 2.979 millones

Los 19.000 millones de euros serán utilizados para cumplir con los requerimientos de provisiones y de capital que exigen las dos reformas financieras aprobadas por el Gobierno del PP y tapar los agujeros detectados en la matriz del grupo, Banco Financiero y de Ahorro (BFA), por la elevada valoración de su filial Bankia (12.000 millones), que, según los auditores de Deloitte, no se ajustaba a la realidad (alrededor de 1.500 millones).

A los 19.000 millones de euros solicitados ahora se añaden los 4.465 millones en participaciones preferentes que tenía el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y que se convirtieron en acciones, lo que ha permitido al Gobierno hacerse casi con el 100% de BFA.

Tras dar a conocer la cantidad solicitada al Gobierno (y unas pérdidas de 2.979 millones de euros en 2011), el consejo de administración de Bankia ha presentado su dimisión en bloque, salvo dos, entre estos Goirigolzarri. Ahora serán diez los miembros de la dirección del banco, y más técnicos que políticos.

Visto bueno de Europa

La recapitalización del grupo Bankia se realizará en dos fases, una primera ampliación de capital de BFA que suscribirá el Gobierno, y una segunda que acometerá la matriz en Bankia, y en la que los actuales accionistas tendrán derechos preferentes de suscripción.

Todo esto siempre y cuando el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y el Banco de España (así como la Unión Europea) den su visto bueno tanto a la nueva inyección de dinero público (con la compra de acciones) como al plan de saneamiento que Bankia ha aprobado este viernes.

También este viernes, la agencia de calificación Standard & Poor’s ha rebajado la nota de cinco bancos españoles y ha degradado a bono basura la calificación crediticia de cuatro de ellos. La deuda de Banca Cívica, Banco Popular, Bankia y Bankinter es desde hoy bono basura, según S&P; y BFA baja un escalón, desde el bono basura al B+.

Estos dos protocolos establecen que todo trabajador, del sistema sanitario autonómico el primero, y del sector público autonómico en general el segundo, ‘siempre hablará en catalán, independientemente de la lengua que utilice su interlocutor’. La orden sel sector sanitario autonómico, bajo el título de Modelo de protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario público en Cataluña, es una reedición de otra similar emitida en diciembre de 2010, durante el mandato del tripartito.

En el texto -que establece una preferencia entre las lenguas oficiales de Cataluña que el Tribunal Constitucional ha declarado al margen de la ley- se argumenta que ‘todos los centros de salud públicos están sujetos a la normativa legal vigente también a efectos lingüísticos, lo que significa que si la lengua de las instituciones catalanas es el catalán, también lo es de estos‘.

El caso salió a la luz pública a principios de 2012 cuando médicos de Tarragona denunciaron que les habían enviado el protocolo, a través de la intranet del Instituto Catalán de la Salud (ICS), indicándoles que el documento afectaba a ‘cualquier trabajador del sector sanitario público’ de la Generalidad. El protocolo estaba firmado por Josep Mercadé, director de los Servicios Territoriales de Salud en Tarragona.

El material en español, escondido

Las directrices que imponía eran muy concretas: ‘La lengua de comunicación entre el personal ha de ser la catalana, tanto presencialmente como por teléfono, en la megafonía, en las reuniones de trabajo, etc., especialmente ante terceras personas: usuarios y sus familiares, y personal sanitario o laboral externo’.

‘Tanto si la conversación la inicia el usuario como el trabajador, este la mantendrá en catalán -independientemente de la lengua que utilice el interlocutor-, salvo el caso en que el usuario manifieste dificultades para entender el catalán o pida ser atendido en la otra lengua oficial’, añadía el protocolo.

Un texto que no deja nada (lengua de uso del contestador, en un acto público, los sellos, los contratos, las circulares, material ofimático…) al albur, todo ha de ser en catalán; y lo que esté en español no es necesario que se disponga al alcance del público:

‘Para la rotulación o material impreso divulgativo, dar un cuerpo más grande a la letra [en catalán], ponerla en un color diferente (que destaque más sobre el fondo donde se encuentre), situarla en primer lugar, etc.; para el material impreso dirigido a las personas administradas, difundir la versión catalana y disponer de versiones en otras lenguas sin los elementos que oficializan el documento (sin logotipo, sin firma, etc.), que no hace falta que estén directamente al alcance del público, o tener disponibles suportes de traducción para cuando haya la necesidad’.

Los dos recursos, interpuestos por Impulso Ciudadano y un médico de Tarragona, seguirán el trámite correspondiente y será ahora la Generalidad de Cataluña la que tendrá que aportar su escrito de defensa para contestar la demanda.

La portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes (foto: la Moncloa).

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto-ley de liberalización del comercio, mediante el cual, ‘elimina las licencias previas a la apertura y actividad vinculadas a establecimientos comerciales de hasta 300 metros cuadrados ubicados en todo el territorio nacional, sus instalaciones y determinadas obras previas’.

Según ha explicado la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), esta medida pretende impulsar y dinamizar la actividad del sector minorista, que supone el 5% del PIB, emplea a 1,8 millones de trabajadores, ocupa 606.131 locales y cuenta con 436.496 empresas en toda España.

“Armonizar y buscar una mayor unidad de mercado”

Este Real Decreto-ley forma parte del plan de simplificación de procedimientos administrativos y de la reforma para “armonizar y buscar una mayor unidad de mercado”, especialmente destinado a las pymes y los autónomos, que está implementando el Ejecutivo.

La nueva normativa permitirá abrir un pequeño establecimiento comercial con una simple “declaración responsable” (y un proyecto técnico, cuando sea exigible) y el pago de los impuestos al ayuntamiento correspondiente, sin tener que esperar a recibir la autorización municipal para ejercer la actividad -que hasta ahora podía llegar a tardar dos años-. Posteriormente, será el ayuntamiento el que verifique si el empresario cumple las normas establecidas.

“Una medida que busca cambiar la cultura administrativa”

El Gobierno estudiará la posibilidad de ampliar este procedimiento a empresas de mayor tamaño, mientras que las CCAA podrán ampliar el catálogo de actividades incluidas en la norma así como el umbral de la superficie.

“Es una medida que busca cambiar la cultura administrativa, liberalizar el comercio, simplificar los procedimientos, agilizar trámites, acabar con la burocracia, pero, sobre todo, apoyar a todos aquellos emprendedores que, en este momento de crisis, la administración debería ponerles alfombra roja para abrir, y no dificultades para poder sacar adelante su negocio y sus puestos de trabajo”, ha explicado Sáenz de Santamaría.

Por otra parte, el Ejecutivo ha puesto en marcha una línea de crédito ICO por un importe de 500 millones de euros para facilitar la liquidez de las exportaciones mediante el descuento de facturas.

‘Es inaudito que los altavoces nacionalistas acusen a Esperanza Aguirre de politizar la final de la Copa del Rey. Pero aún lo es más que, los que nunca dicen ni mu y mucho menos escriben cartas indignadas contra los constantes exabruptos de los nacionalistas, lo hagan contra la presidenta [autonómica] de Madrid por incendiaria.

Llevo más de media vida en Cataluña y he visto cómo el deporte, la lengua, la cultura o cualquier otro evento social, han sido politizados hasta la náusea. Viene de lejos. En 1981 llenaron el Camp Nou para cerrarles la boca a todos los ciudadanos de Cataluña que habían firmado el Manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos de Cataluña. El fútbol, el Barça, al servicio del grito, “som una nació”. Servía para politizar la lengua a través del deporte y, a la vez, para despreciar los derechos individuales de los ciudadanos. Sin embargo, ya por entonces Pujol denunció a los firmantes de politizar la lengua. El cinismo del verdugo que pretende pasar por víctima.

Desde entonces hasta hoy el mismo fascismo postmoderno; ellos pueden quemar banderas españolas, despreciar el himno nacional, difundir que España nos roba, acusar al Estado de expolio fiscal, hacer un referéndum ilegal por la independencia camuflado tras una consulta popular, amenazar con instituir una hacienda propia, llenar estadios con banderas, gritos e insultos contra España, votar la insumisión a las sentencias de los tribunales para seguir prohibiendo el español como lengua docente, y siempre mezclarlo todo con eventos deportivos y culturales, donde el Barça es más que un club. A pesar de todo esto y más, tienen la barra de acusar a otros de politizar la final de fútbol de mañana [por este viernes] entre el Athletic y el Barça, cuando fueron los propios diputados nacionalistas quienes primero llamaron a silbar al himno nacional desde las escalinatas del Congreso y convertir el estadio en clamor contra España. No quiero ni pensar lo que pasaría si en Cataluña, en cualquier estadio, manifestación, acto cultural, etc. se pitara Els Segadors y se insultara a Cataluña…

[...] En Cataluña la ultraderecha se deriva del totalitarismo nacionalista, porque no otra cosa es la limpieza lingüística, el sectarismo contra cualquier manifestación cultural o política españolas, el rechazo a los símbolos constitucionales, la insumisión a las sentencias de los tribunales, las amenazas y los chantajes contra la legalidad democrática, o el acoso moral contra todos los que no claudiquen ante la religión nacionalista subvencionada…

El pasado 18 de mayo asistí al último concierto que Bruce Springsteen hizo en Barcelona. Toda una metáfora, sólo la bandera catalana y la americana a cada lado del escenario. Ni una palabra en español salió de la voz ronca de The Boss, ni un saludo escueto a España, pero muchos a Cataluña. Estaba bien aleccionado. Incluso se atrevió a dedicar una canción “a los que luchan en Cataluña”. Sentí lástima por El Jefe. Pasó de la genialidad musical al ridículo político sin darse cuenta que lo habían instrumentalizando. No es una crítica al cantante, es la obsesión catalanista por utilizar cualquier evento deportivo o cultural para plasmar que en Cataluña no existe España. [...] Como en la Feria del Libro de Frankfurt de 2007, donde dejaron una millonada por tener pabellón propio para parecer un Estado. Así me lo contó allí mismo su máximo responsable, Josep Bargalló, por entonces director del Instituto Ramon Llull. El metro cuadrado costó al erario público [autonómico] catalán 3 veces más que a cualquier Estado para publicitar la nació con la disculpa de la literatura. Pero después le echan la culpa a la España que les roba, y montan relojes para evaluarlo cada minuto con campañas con cargo al contribuyente.

[...] Si cuando en la final de 2009, el actual portavoz del Gobierno de la Generalidad, Francesc Homs, hizo un corte de mangas al himno nacional español, hubieran salido en tromba los líderes políticos españoles para afearle la conducta como lo ha hecho en esta ocasión la presidenta [autonómica] de Madrid, y hubieran repetido la acción cada vez que ningunean la legalidad constitucional, los ciudadanos sabrían dónde están los límites y quiénes son los maltratadores’.

La introducción del término ‘nacionalismo excluyente’ en el nuevo contenido de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, rebautizada por el Gobierno del PP como Educación Cívica y Constitucional, ha levantado ampollas en la consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau (CiU), que ha presionado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert (PP), hasta que se ha comprometido a retirarlo.

El sintagma estaba previsto que apareciese en el apartado de ‘conflictos a nivel mundial’, al lado de explicaciones sobre terrorismo, fundamentalismo religioso y estados fallidos, pero durante la reunión de la conferencia sectorial de educación celebrada este jueves, Rigau, junto a los consejeros del ramo de los gobiernos autonómicos del País Vasco, Andalucía y Canarias (todos ellos del PSOE), ha exigido que se suprimiese.

Rigau apela a la Constitución pero incumple las sentencias

Según la dirigente nacionalista, responsable de la exclusión del español como lengua vehicular escolar junto al catalán, a pesar de ser una práctica declarada ilegal por los tribunales, era “intolerable” que la asignatura hiciese la más mínima referencia a los nacionalismos excluyentes “como uno de los males del mundo actual”:

“Entendíamos que una materia como esta, si se quiere hacer, lo que ha de hacer es citar lo que dice la Constitución Española: nacionalidades y regiones. Y las nacionalidades no constan en ningún sitio. En cambio, el concepto nacionalismo excluyente, le hemos dicho bien claro [al ministro] que, si preguntas en Cataluña, mucha gente da por hecho que es el nacionalismo español. Y si lo preguntas en otros sitios, o entras en Google, es el nacionalismo vasco o catalán. Por tanto, le hemos pedido que, por falta de rigor del concepto y por falta de valor académico, que retirase este concepto, y lo ha retirado”.

Tras la reunión sectorial, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha tratado de quitar hierro al asunto. “En ningún momento, sinceramente, se nos había ocurrido que esto pudiese herir ninguna sensibilidad en nuestras CCAA. Si [la Generalidad de] Cataluña nos manifiesta que esto es un motivo de preocupación, nosotros no tenemos ningún problema en eliminarlo del texto”, ha explicado.

Wert sigue sin garantizar el bilingüismo escolar

Los cambios en la polémica asignatura, implantada en 2006, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), incluirán la supresión de las referencias a los prejuicios sociales contra la homosexualidad, el racismo y el sexismo, así como las alusiones a la pluralidad de los modelos de familia, entre otras cosas, por considerar el actual Gobierno del PP que son elementos que pueden suponer una carga ideológica o el adoctrinamiento de los ciudadanos.

Por otra parte, y a pesar de las reiteradas declaraciones asegurando que garantizará el derecho a estudiar en castellano en cualquier lugar de España, Wert todavía no ha tomado ninguna medida para hacer que eso sea efectivo en Cataluña, donde el Gobierno autonómico de Artur Mas (CiU) sigue negándose a aplicar las sentencias que obligan a restablecer el bilingüismo escolar.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, durante la entrevista en Onda Cero (foto: ondacero.es).

Ante la previsible imposibilidad de conseguir el concierto económico para la Generalidad exigido por los nacionalistas, algunos dirigentes de CiU han empezado a introducir algunos matices en las demandas planteadas inicialmente, lo que se ha podido comprobar en sus últimas declaraciones públicas.

Así, si este jueves era el portavoz autonómico, Francesc Homs (CiU), el que aseguraba que el pacto fiscal reclamado por Mas podría encajar en la LOFCA introduciendo “una cláusula de excepción” para la Generalidad “que le dé singularidad propia”, otros destacados miembros de la federación nacionalista también ha suavizado la propuesta en los últimos días.

Duran rechaza la “insumisión” fiscal de Mas

El portavoz de CiU en el Congreso y presidente del Comité de Gobierno de Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida, ha rechazado la confrontación con la que el presidente de la Generalidad amenazó hace dos semanas.

En una entrevista emitida este jueves en Onda Cero, y preguntado por las advertencias de Mas de crear una “hacienda propia” por “propia decisión” si el Gobierno no acepta el concierto, Duran ha señalado:

“No son declaraciones mías, son del presidente de la Generalidad, por tanto es una pregunta que le correspondería hacerle más a él. [...] No tengo un plan B. Si perdemos la partida del pacto fiscal habrá que pensar qué hacer. Pero yo no tengo pensado todavía que hacer, y menos haré declaraciones sobre lo que tendría que hacerse. [...] Me habla de insumisión, pero hay que saber si nos quedaríamos solo cuatro siendo insumisos, o si el pueblo seguiría o no seguiría“.

El pacto fiscal “se tiene que negociar con el Gobierno”

Duran ha insistido en que cualquier cambio de modelo de financiación autonómico “lógicamente, se tiene que negociar con el Gobierno”, y ha subrayado la importancia de conseguir previamente “el máximo consenso posible” en Cataluña.

Por último, ha explicado cuál es su estrategia para conseguir el pacto fiscal: “No se trata de repartir dinero cuando no lo hay, se trata de sentar las bases del nuevo modelo, pero no significa que el nuevo modelo entre en vigor hoy cuando precisamente hay dificultades económicas.

Rull: “ERC también tendrá que ceder”

En una línea similar se ha manifestado el secretario de Organización de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Rull, que en una entrevista emitida este jueves en la cadena Ser ha reconocido que deberán negociar su propuesta de concierto y ha suavizado el mensaje.

“Hemos de buscar el equilibrio justo entre un amplísimo consenso en el Parlamento [autonómico] sin rebajar planteamientos que son esenciales y que, para nosotros, pasan por tener el control de la caja, la llave de la caja”, ha señalado, antes de añadir que “se pueden incorporar algunos matices” y de advertir a ERC que “también tendrá que ceder” en sus posiciones.

Con traje y a tortas. Este jueves se ha vivido una desagradable situación en el Parlamento de Ucrania. Una violenta pelea entre diputados. ¿El motivo? El debate de una ley que pretendía establecer la lengua rusa como lengua oficial, junto al ucraniano, en algunas regiones del país (en 13 de las 27 unidades jurídicas).

La pelea se ha producido entre miembros de la oposición pro occidental, que aspiran a alejar a Ucrania de la órbita rusa, y partidarios del presidente Viktor Yanúkovich, que tiene un punto fuerte de apoyo en el este del país, de mayoría rusófona. Según han informado la televisión RT y la agencia RIA Novosti, ambas rusas, la pelea ha tenido lugar poco antes del inicio de la votación del proyecto de ley cuando diputados opositores han entrado en el Parlamento y han azuzado un enfrentamiento con miembros del partido pro gubernamental Partido de las Regiones.

Ucranianos rusófonos sin derechos

La oposición ha defendido que el proyecto únicamente agravará las relaciones entre los ciudadanos de lengua rusa y los de lengua ucraniana. “Pedimos que el Parlamento no debata un proyecto de este tipo, ya que podría provocar una fractura en la sociedad“, ha dicho el opositor Viacheslav Kirilenko, miembro del partido Nuestra Ucrania-Autodefensa del Pueblo. Tras la pelea, el presidente del Parlamento, Volodimir Litvin, ha anunciado el fin de la sesión. Varios diputados han tenido que ser atendidos en el hospital.

Según la Constitución, el ucraniano es la única lengua oficial del país. Los datos oficiales de 2001 establecen que el 29,3% de la población de Ucrania tiene como lengua materna el ruso, y sus hablantes no tienen derecho a su uso oficial.

No es poca cosa, si se tienen en cuenta los agitados debates que han desgarrado este país [Francia] a fuerza de querer oponer estas dos prioridades. François Hollande ha asumido el riesgo de ofender a la izquierda prioritariamente anticolonialista, pronta a caricaturizar toda ambición universalista y laica como pretensión colonial desde los tiempos de la ley sobre los símbolos religiosos en la escuela pública. Como si la santuarización de la escuela laica, al servicio de la igualdad entre hombres y mujeres y de la emancipación para todos, pudiera ser asimilada a racismo, simplemente porque rechaza el porte del velo.

Los que así razonan parecen olvidar que, en la época de las colonias, el velo no estaba prohibido sino todo lo contrario, era celebrado como el no-va-más del exotismo. Mientras que la aspiración universalista, por su parte, ha deshecho a la vez el totalitarismo y el colonialismo…

El universalismo no es hermano del colonialismo, sino exactamente lo contrario del racismo. No se trata de “civilizar las razas inferiores”, como aspiraba a hacer Ferry, sino de velar, al contrario, por la igual dignidad de todos, como le replicaba Georges Clemenceau. Esta sutileza está en el núcleo de la otra izquierda, a la vez hostil al racismo y al integrismo. Esta izquierda se ha dejado la piel en defender esta idea, pero su voz ha sido frecuentemente silenciada por una derecha en el poder para la que la defensa de la laicidad ha podido quedar difusa en un impasse identitario y nacionalista, más susceptible de suscitar rechazo que adhesión.

Los adeptos de esta derecha pasan mucho tiempo en contar el número de extranjeros, el número de votos del FN, el número de banderas extranjeras celebrando la victoria de Hollande en la Bastilla. Si dejaran de lado por un momento su calculadora, se darían cuenta que un soplo de republicanismo igualitario es más capaz de movilizar en favor de la laicidad y de hacer cantar La Marsellesa a los hijos de aquellos que fueron colonizados, que una cantinela nacionalista que da la impresión de querer dominarlos, por no decir civilizarlos.

Recoser los vínculos cívicos

“Podéis estar orgullosos de ser ciudadanos franceses”, les dijo Hollande, recién elegido, en la Bastilla. Al rendir homenaje a Ferry, el republicano y no el colonizador, y celebrar a Marie Curie (una estudiante extranjera que Claude Guéant, ministro del Interior de Sarkozy, habría podido expulsar); al insistir en las aportaciones positivas de la inmigración pero también en la necesidad de unirse en torno a valores como la laicidad, el nuevo presidente francés orienta sus primeros pasos en una dirección y en un sentido bastante más definido de lo que parece.

Ello permite esperar que se recosan los vínculos cívicos que los aprendices indígenas [por los "Indígenas de la República", movimiento anticolonialista y multiculturalista, muy crítico con la laicidad francesa] de un lado y los aprendices racistas del otro se han empeñado en deshacer. No es poca cosa. Pero no basta. Hará falta algo más que palabras, por supuesto, para llegar.

Caroline Fourest es profesora en el Instituto de Ciencias Políticas de París, Sciences-Po París, y redactora jefe de la revista feminista Pro-Choix

[Artículo publicado en Le Monde el pasado 19 de mayo. Reproducido en español con autorización de la autora. Traducción de Juan Antonio Cordero Fuertes]

La presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, muestra la Medalla de Oro al Mérito Cultural otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona (foto: Flickr / Xavier Trias).

El acto de entrega de la Medalla de Oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Barcelona a Òmnium Cultural, celebrado este miércoles en el Salón de Ciento del Consistorio, se ha convertido en un nuevo mitin independentista.

La presidenta de la entidad nacionalista, Muriel Casals; el escritor Jaume Cabré; el quinto teniente de alcalde y responsable de Cultura del Ayuntamiento, Jaume Ciurana (CiU); y el propio alcalde de la ciudad, Xavier Trias (CiU), han utilizado sus discursos para denunciar los supuestos agravios del resto de España contra Cataluña y lanzar arengas belicosas para solucionar tales afrentas.

Casals pide más subvenciones

Casals ha señalado que “Cataluña ha llegado a un punto de no retorno en su relación con el Estado” y ha subrayado que “ahora, más que nunca, hay que dar un salto adelante”. Ha denunciado presuntos “ataques” que “regularmente” comete “este Estado hostil” contra la lengua catalana. Y ha instado a la Generalidad “y a todas las Administraciones catalanas” a actuar con “contundencia” en defensa de la cultura y la lengua catalanas y, especialmente, de la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, a pesar de que fue declarada ilegal por los tribunales tal y como la aplica la Generalidad.

La presidenta de Òmnium, una de las entidades más subvencionadas con dinero público de Cataluña, ha pedido al Gobierno autonómico que mantenga los subsidios que les otorga regularmente. “A pesar de que los presupuestos están más ajustados que nunca, hay que tener bien presente que esto no ha de implicar un sacrificio en un ámbito tan visible como es el de la lengua”, ha reclamado.

“Se acerca el momento de tomar decisiones trascendentales”

Casals también se ha atrevido a aconsejar a CiU sobre la negociación del concierto económico que exige la federación nacionalista. “Necesitamos conseguir la independencia fiscal; es una urgencia. [...] Nuestra relación económica con [el resto de] España es la de una deuda pendiente. Nos agota y nos impide avanzar”, ha insistido.

Y ha añadido:

“Pedimos a nuestros representantes políticos que actúen con una elevada exigencia nacional. Se acerca el momento de tomar decisiones trascendentales para el futuro de Cataluña. Creemos que el país [por Cataluña] ha de ser firme en la reivindicación de una hacienda propia. Y eso requiere el máximo consenso de las fuerzas parlamentarias, pero, sin olvidar, ni rebajar, lo que es la reivindicación fiscal: la independencia fiscal. Desde Òmnium, estamos preparados para asumir el reto y dar este salto adelante”.

Cabré, a Mas: “¿Es que no véis que la gente se impacienta?”

Cabré tampoco se ha quedado atrás en su intervención y, al igual que hizo durante el discurso de recepción del Premio de Honor de las Letras Catalanas en 2010, que entrega Òmnium Cultural, ha vuelto a fijar la secesión de Cataluña como objetivo final de “la lucha de la nación [por Cataluña] contra un Estado hostil”.

En su homilía, el novelista ha descrito una realidad española rebosante de “anticatalanismo” y ha cargado contra los que critican las generosas ayudas públicas que recibe Òmnium, a la que, paradójicamente, ha definido como una entidad que “trabaja por la lengua, por la cultura y por el país sin pedir nada a cambio“.

“El camino hacia la independencia es largo pero factible, empinado pero alcanzable”, ha exhortado a los presentes, y ha añadido: “¿Por qué defender la lengua catalana se quiere ver desde [el resto de] España como un ataque a la lengua española? Me sabe mal, pero hemos de ser conscientes de que, en España, estamos solos“. Finalmente, ha mandado un mensaje al Gobierno autonómico: “¿Es que no véis que la gente se impacienta?”.

El escritor Jaume Cabré, durante su discurso (foto: Flickr / Xavier Trias).

“Beligerancia de buena parte de la sociedad española” contra el catalán

Por su parte, Ciurana -conocido por sus declaraciones en contra de acatar las sentencias sobre cuestiones lingüísticas- ha dedicado su discurso a alabar la trayectoria de Òmnium, a la que ha calificado como “despertador de conciencias” y de la que ha destacado campañas como las realizadas contra el uso del español como lengua vehicular escolar en Cataluña; la manifestación independentista del 10 de julio de 2010; y la ya lejana del Freedom for Catalonia.

“Desgraciadamente, la beligerancia que todavía hoy determinados poderes del Estado y buena parte de la sociedad española tienen hacia la lengua y la cultura catalanas hacen más necesaria que nunca la existencia de una sociedad civil [por Òmnium] que esté siempre alerta y comprometida con el país [por Cataluña]. La agresión persistente y continuada al sistema de inmersión lingüística o la imposibilidad, todavía hoy, de vivir en catalán en Cataluña son dramáticos ejemplos. [...] La cultura catalana ha de saber que no tiene un Estado detrás, pero que tiene una capital [Barcelona] dispuesta a ponerse delante”, ha añadido.

Trias: “Sois un ejemplo para Cataluña”

Trias, que ha presumido de ser socio de la entidad homenajeada -al igual que otros ocho de los 41 concejales del Consistorio-, ha dedicado su plática a encumbrar su labor, y ha destacado que ningún grupo presente en el Ayuntamiento votó en contra de la concesión del premio, subrayando que tampoco lo hizo el PP, que se abstuvo.

En su intervención, el alcalde no ha ahorrado elogios para la asociación nacionalista:

“Òmnium es sinónimo de compromiso con Cataluña y es sinónimo de nuestros mejores valores, es un referente cívico y es un referente social. La Barcelona y la Cataluña de hoy no serían lo que son sin la labor de defensa de nuestra lengua, de nuestra cultura y nuestra identidad nacional que Òmnium siempre ha encabezado. Sois un ejemplo para el país [por Cataluña]. [...] Òmnium siempre nos recuerda que no hemos de desfallecer y hemos de continuar perseverantes para luchar por nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra nación catalana. [...] Tendréis siempre, siempre, siempre la colaboración de este Ayuntamiento”.

Detalle del informe sobre la situación de los Derechos Humanos, realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que se advierte de que la Generalidad sigue sin cumplir las sentencias sobre bilingüismo escolar.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha recogido en su informe anual sobre los Derechos Humanos relativo a 2011 que, a final de año, la Generalidad todavía ‘no había cumplido’ las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a reintroducir el castellano como lengua vehicular en las escuelas públicas de Cataluña junto al catalán.

El informe, que se ha dado a conocer este jueves, ha alertado de esta situación en el apartado titulado ‘otra violencia o discriminación social’, y ha destacado la negativa del presidente de la Generalidad, Artur Mas (CiU), a acatar las sentencias que reiteran la ilegalidad de la inmersión obligatoria, calificándola como una “línea roja” que no se puede cruzar. También ha indicado que ‘los defensores del modelo de inmersión catalán’ aseguran que eso no afecta al nivel de conocimiento de español de los alumnos, pese a no ser cierto.

En concreto, el Departamento de Estado ha señalado en el informe dedicado a España:

‘El 2 de septiembre, el Tribunal Superior [de Justicia] de Cataluña ordenó al Gobierno regional cumplir, en el plazo de dos meses, una sentencia del Tribunal Supremo español que falló que el español debe ser lengua vehicular en las escuelas públicas de Cataluña. A finales de año, el Gobierno [autonómico] catalán no había cumplido la sentencia. El presidente [autonómico] catalán Artur Mas defendió firmemente el modelo educativo actual y declaró que la política lingüística de Cataluña es una “línea roja” que no se puede cruzar. Los defensores del modelo de inmersión catalán citaron estudios que muestran que los estudiantes de las escuelas públicas catalanas realizaron tan bien como sus homólogos en otras partes de España las pruebas de competencia lingüística en español’.

Denuncias recurrentes sobre discriminación lingüística

En los últimos años, la memoria del Gobierno estadounidense sobre la situación de los Derechos Humanos en España siempre ha advertido de los perjuicios causados por la política lingüística del Gobierno autonómico.

En 2011, el informe (relativo a 2010) se hizo eco de las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a restablecer el bilingüismo escolar en Cataluña, y recogió la defensa que el Gobierno autonómico hizo del modelo ilegal de inmersión obligatoria en catalán. También destacó las quejas de ciudadanos catalanes por no poder recibir ‘educación en la lengua mayoritaria del país, el castellano’; así como las protestas de catalanohablantes que consideran que su lengua ‘no estaba igualmente favorecida’.

Además, apuntó que la exigencia del nivel C de catalán a los nuevos profesores universitarios en Cataluña, aprobada por el Parlamento autonómico, levantó las criticas de algunos profesores por considerarlo ‘discriminatorio, especialmente si la lengua de enseñanza no es el catalán’.

En el informe de 2010 (relativo a 2009), el Departamento de Estado estadounidense alertaba de que continuaba habiendo quejas ante la imposibilidad de estudiar en español en Cataluña, y se daban casos similares en el País Vasco y Baleares. En esa ocasión, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), mostró su descontento con el documento y rechazó que hubiese problemas de discriminación lingüística en las CCAA con dos lenguas oficiales.

En años anteriores, el Gobierno de los Estados Unidos también recogió en su informe sobre los Derechos Humanos casos como el de la escritora Cristina Peri Rossi, despedida como colaboradora de Catalunya Ràdio en 2007 por hablar en castellano.

Captura de la web (tal y como está ahora) de los Mossos en la que se pedía la colaboración ciudadana para identificar a los presuntos radicales del 29M.

La Consejería de Interior ha retirado de internet la web de delación, que habían implementado en el apartado de los Mossos d’Esquadra, para que los ciudadanos pudieran colaborar con la policía autonómica en la identificación de los supuestos autores de la violencia callejera en la huelga general del 29M.

La decisión de retirar la web de internet estaba dentro de lo previsto por la Consejería cuando se puso en marcha hace un mes, pese a que en algún momento se había informado que se irían renovando las fotos, para la identificación de los 68 sospechosos (23 han sido identificados) de las algaradas del pasado 29M.

Web polémica

De todas formas, la reactivación de la web se podría llevar a cabo en un futuro, si así lo considerasen los Mossos, para que la ciudadanía pueda seguir colaborando con la policía. Todo indica que, en caso de producirse nuevos altercados graves durante concentraciones o manifestaciones, se activaría el espacio web.

A lo largo del último mes, la web de delación ciudadana -pionera en España- ha recibido miles de visitas, aunque las aportaciones significativas para ayudar a identificar a los sospechosos se han limitado a unas 500, según datos de la Consejería de Interior.

La iniciativa del departamento controlado por Felip Puig (CiU) había suscitado la crítica de diversos sectores que consideraban de dudosa legalidad la publicación de imágenes de sospechosos de los altercados y destrozos de Barcelona. Entre los que han puesto en duda la legalidad de la web han destacado el Síndic de Greuges, Jueces para la Democracia y el mismo Colegio de Abogados de Barcelona.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la rueda de prensa de este jueves (foto: TV3).

Un sistema de financiación autonómico “con un fondo de cohesión único para toda España que garantice servicios básicos (como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la justicia)” y “una agencia compartida, consorciada entre las CCAA y el Estado”, para asumir el resto de servicios por la vía de la corresponsabilidad fiscal.

Este es el modelo de financiación que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto al presidente de la Generalidad, Artur Mas (CiU), en la reunión que han mantenido este jueves en el Parlamento autonómico, dentro de la ronda de encuentros con los principales partidos convocada por el líder nacionalista.

Un sistema “más transparente” dentro de la LOFCA

Rivera ha planteado un sistema “más transparente” que mejoraría, sin romperla, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Un modelo que supondría “un avance hacia el sistema federal alemán, que es nuestro referente”, ha indicado, y en el que se garantizaría “el principio de ordinalidad” de las cantidades disponibles per cápita en cada Comunidad tras la aplicación del modelo.

Aunque el líder de la formación naranja no ha visto “voluntad” en Mas para acercarse a estas posiciones, le ha instado a dejar “los caminos sin salidas y las vías muertas” que solo conseguirán “un debate de frustración”, y le ha pedido que “se adapte a la realidad política y jurídica”. “CiU quiere la caja, una hacienda separada y no quiere participar del Estado, y nosotros queremos compartir esta hacienda dentro de un sistema autonómico, que es de la familia política federal”, ha explicado.

Rivera insta a Mas a evitar “la insumisión y la confrontación”

“Le pedimos al presidente [autonómico] que no vaya hacia la insumisión, la confrontación y el conflicto. [...] Mas no quiere un mejor sistema para todos, sino que quiere su hacienda y salir de la caja común. Aquí está este choque de posiciones que, si no baja de este tren, hará irremediable este choque. [...] Si el PSC, el PP, ICV-EUiA y Ciudadanos no están en el acuerdo, este acuerdo es una vía muerta de frustración”, ha advertido.

Por último, Rivera ha recordado que su partido no quiere “excepciones” como la de los sistemas vasco y navarro, y defiende su “derogación”. “Ningún país federal tiene cupos como estos”, ha añadido.

Solidaritat: “Que nuestro plan A sea su plan B”

Desde Solidaritat, el diputado autonómico Uriel Bertran, que también se ha reunido este jueves con el presidente autonómico, ha señalado que es irrunciable conseguir un modelo en el que la Generalidad “recaude” todos los impuestos en Cataluña y mantenga “la llave de la caja” de la hacienda, sin renunciar a recaudar también las cotizaciones sociales.

Los diputados autonómicos de Solidaritat Toni Strubell y Uriel Bertran, durante la rueda de prensa de este jueves (foto: TV3).

Bertran también ha instado a Mas a proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña, si no consigue el concierto económico. “Que nuestro plan A, que es el Estado propio, sea el plan B del Gobierno [autonómico] de la Generalidad, en caso de rechazo por parte del PP, que es el objetivo que se aprobó en el congreso de Convergència Democràtica de Catalunya”, ha indicado.

El diputado autonómico no adscrito, Joan Laporta, el último en asistir la ronda de encuentros con Mas, ha expresado su “confianza” en la estrategia de Mas y le ha mostrado su apoyo. “Como catalán, estoy muy orgulloso de tener un presidente [autonómico] de Cataluña como el que tenemos, con un gran sentido de la responsabilidad”, ha señalado.

Homs: “Tal vez tengamos algún elemento nuevo de cara al día 30″

Tras las reuniones, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), ha concluido que “hay una grandísima coincidencia” de todos los partidos con representación parlamentaria autonómica en considerar que la financiación de la Generalidad “es claramente insuficiente”, “y ese es un mensaje del que el Gobierno debería tomar nota”, ha añadido.

Homs ha emplazado a todas las formaciones a la cumbre del próximo día 30 para “certificar este diagnóstico y poner en común las diferentes recetas y sus aspectos compartidos”, lo que, en su opinión, se traduce en “un modelo de financiación propio” para la Generalidad que le permita recaudar todos los impuestos de Cataluña y que, posteriormente, contribuya con una cuota de solidaridad. “Lo que se nos aplica ahora no es un regla de solidaridad, es una pura imposición”, ha sentenciado.

El portavoz autonómico también ha asegurado que el pacto fiscal reclamado por Mas podría encajar en la LOFCA introduciendo “una cláusula de excepción” para la Generalidad “que le dé singularidad propia”. “La LOFCA se ha mostrado suficientemente flexible como para admitir modelos diferentes, como el vasco, el navarro o el canario”, ha subrayado.

Preguntado por la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSC y el PP, Homs ha contestado en tono críptico: “Tal vez tengamos algún elemento nuevo de cara al día 30; ya veremos”.

PSC y PP escenifican un acercamiento de sus posiciones

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, y la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, durante la reunión mantenida este jueves en el Parlamento autonómico (foto: PP).

Este mismo jueves, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y el primer secretario del PSC, Pere Navarro, han mantenido una breve reunión en el Parlamento autonómico de Cataluña, en el marco de las negociaciones de cara a acordar una propuesta conjunta para un nuevo modelo de financiación de la Generalidad.

El encuentro forma parte de la estrategia para acercar posiciones y presionar al presidente autonómico, Artur Mas, con el objetivo de que rebaje su exigencia de un concierto económico para la Generalidad. “El pacto será un éxito si estamos todos y está el PP. Si algunos quieren repetir episodios del pasado que han generado frustración colectiva se equivocan”, ha señalado Sánchez-Camacho a los medios tras la reunión. Navarro, por su parte, ha defendido la “centralidad” de su propuesta (una agencia tributaria única consorciada entre Gobierno y Generalidad, en la que esta tenga “la última palabra”) y ha subrayado la importancia de llegar a un acuerdo con el PP.

‘Aguirre agita la final, leo en Europa Press. Aguirre ha echado gasolina al fuego, decía anoche Segurola. Para la buena prensa española la final de Copa no la agitan esos diputados que llaman al boicot, los cientos de llamadas institucionales a mostrar o acaso exhibir repudio a España. No, la final la agita Aguirre, quien, a diferencia de los maldonados y errekondos, ni siquiera cuenta con el amparo de la libertad de expresión, ese espantajo. Así y todo, más extraordinario que la convocatoria misma es que la rueda de prensa anterior a la foto de las escalinatas se celebrara en una sala del Congreso. Me parece comprensible que la cuchipandi nacionalista quiera jugar a Evasión-o-victoria una vez al año: es todo lo que pretende (eso sí, siempre con cargo a España, en la mejor tradición del cine subvencionado). Ahora bien, que el Congreso albergue una rueda de prensa de un grupúsculo que llama a injuriar España, eso no lo igualan muchos países por mucho que se pongan. Recuerdo que al grupo Kortatu, o eran ya Negu Gorriak, les prohibieron actuar en el palacio de los deportes Martín Carpena, así llamado en homenaje al concejal del PP asesinado por ETA en 2000. A nadie le cabía en la cabeza, en efecto, que España además pagara la bala. Pues eso’.

También existe el convencimiento de que la justicia es complicada. El hecho de que el ciudadano exista prácticamente como un ente pasivo, que toda manifestación de su existencia se deba sustanciar a través de abogados, procuradores y otros gestores e intermediarios, hace que los dispensadores de la justicia se perciban como seres distantes e inasequibles. Si se añade la existencia de un entramado organizativo complejo, jueces, secretarios, magistrados, salas, juzgados, tribunales, instancias, audiencias… especialmente, para los ciudadanos comunes, la realidad se vuelve laberíntica.

Además se percibe que, con frecuencia, la justicia es injusta. Ello no sólo ocurre porque sus sentencias muchas veces no gusten a los implicados, especialmente a los desfavorecidos en las resoluciones, sino porque las sentencias dependen de los profesionales que intervienen, del desarrollo de los procesos, de la dilación de los mismos, de los recursos, de las pruebas, de las defensas… lo que acaba llevando a la conclusión de que quien puede disponer de buenos abogados acaba llevándose el gato al agua.

Pero esos factores acabados de citar hacen que la justicia sea percibida como una prestación muy cara. En efecto, no basta con tener razón, ni haber actuado con un criterio honrado, un criterio justo. En caso de litigio, además debe contarse con recursos económicos para afrontar la del tiempo y los gastos derivados de su complejidad. Es un mal asunto que en bastantes ocasiones, para los poderosos, resulte más rentable afrontar un proceso por incumplimiento de la ley que cumplirla en sus estrictos términos.

Hace poco oíamos la afirmación de un ilustre político levantino, implicado en numerosos casos de corrupción, que el caso se había sobreseído por agotamiento temporal, por lo que había prescrito, lo que equivalía a una absolución. El cinismo no podía ser más ofensivo para el sentido común, ni más cruel, y muy especialmente, para los perjudicados.

Es obvio que algo no funciona. Si, como decíamos, la justicia es uno de los pilares del Estado de derecho, y este pilar se percibe como lento, complicado, injusto y muy caro podemos repetir aquello de “Houston, tenemos un problema”. Tenemos un problema con nuestro Estado.

Desde Ágora Socialista hemos convocado una conferencia (en la que participarán Vanessa González y Antonio Pavón) para el próximo martes, 29 de mayo, en el que trataremos estos temas y el turno de oficio, es decir, de una de las formas más frecuentes de afrontar la administración y prestación de justicia. Es la vía de urgencia, de los sin recursos, de los más necesitados, de los más expuestos a la precariedad.

Olegario Ortega es vicepresidente de Ágora Socialista

Panel informativo en el edificio del PP de Lérida (foto: PP).

La sede del PP de Lérida ha sido atacada este martes por una quincena de radicales que rompieron la puerta e hicieron pintadas pese a que en el local se encontraban cuatro trabajadores y dirigentes populares. Según ha denunciado Dolors López, presidenta del PP de Lérida, los radicales utilizaron un extintor para reventar la puerta; y acceder a la sede, tras intimidar a la portera del edificio para que les dejara entrar, según ha podido saber LA VOZ DE BARCELONA.

En la sede se encontraba, en el momento del ataque, la concejal de Lérida Gemma Batalla, junto a la gerente y dos secretarias. López ha señalado a medios locales ilerdenses que los radicales las intimidaron, destrozaron el local y quemaron documentación. Sin embargo, lo más grave ha sido la agresión que sufrió la gerente popular cuando trató de impedir que los radicales rompieran una fotografía de Mariano Rajoy.

“Delincuentes”

El ataque ha sido denunciado ante los Mossos d’Esquadra. Para López, “es un atentado inaceptable” y ha calificado a los radicales de “delincuentes”. Por su parte, la diputada autonómica Marisa Xandri, de Lérida, ha denunciado el caso en su cuenta de Facebook señalando que a los autores del ataque deberían encerrarlos “una temporadita en un centro para enfermos mentales”.

Placa del PP de Lérida en la puerta de acceso a la sede (foto: PP).

En los últimos meses los ataques a las sedes del PP, en toda España, se han intensificado. En noviembre de 2011, atacaron simultáneamente varias sedes de Barcelona; la sede de San Cugat, en febrero; el pasado mes de marzo, radicales destrozaron la sede popular en Olot; y el próximo mes se cumplirá un año de la explosión de una bomba en una sede del PP de La Coruña.

Y en los últimos años también la delegación popular de Mataró (Barcelona) ha sufrido ataques, al igual que las de Reus (Tarragona), Tarragona y Barberá del Vallés (Barcelona), entre otras.

'El Periódico', 'El Punt Avui', 'E-notícies', 'Nació Digital', 'Europa Press Catalunya', 'La Vanguardia', 'Vilaweb' y 'El Singular Digital' se han repartido otros 624.900 euros en subvenciones procedentes del departamento de Presidencia de la Generalidad.

El proyecto nacionalista que las principales formaciones políticas de Cataluña han venido desarrollando a lo largo de las últimas tres décadas siempre ha sido consciente de la necesidad de tener a su disposición una potente red medios de comunicación que sirvan de correa de transmisión de sus propósitos, moldeando a su gusto a la opinión pública.

El derroche de recursos públicos que durante este tiempo la Generalidad ha destinado a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (con TV3 a la cabeza) no tiene precedentes. Un dispendio que ni siquiera la profunda crisis económica en la que estamos inmersos ha logrado frenar.

¿Medios independientes?

Tal y como recoge habitualmente LA VOZ DE BARCELONA, esta estrategia también se ha aplicado en el ámbito de los medios de comunicación privados, mediante la entrega de un sinfín de subsidios públicos que ha creado una sólida red clientelar, hasta el punto de que la mayoría de estos medios difícilmente podrían sobrevivir sin estas ayudas.

El incesante goteo de subvenciones millonarias a la prensa privada (o, más bien, concertada) en Cataluña es inabarcable. Consejerías del Gobierno autonómico, diputaciones provinciales, ayuntamientos y entidades públicas de todo tipo contribuyen a mantener domesticados a los medios.

624.900 euros para ‘fomentar y consolidar el espacio catalán de comunicación’

Rara es la semana en que el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) no recoge una nueva ronda de subsidios. Así, si hace escasamente un mes conocíamos los 2,1 millones de euros destinados por el departamento de Presidencia de la Generalidad a ‘subvenciones estructurales’ a los medios de comunicación durante 2011, este miércoles se ha hecho público las subvenciones otorgadas por el mismo departamento (resolución PRE/950/2012) ‘a proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa digital correspondiente al año 2011′. En total, ocho diarios digitales se han repartido 624.900 euros.

El primer premio ha recaído en esta ocasión en Ediciones Primera Plana, con 180.000 euros para la edición de e-periodico, la nueva versión digital de El Periódico, para ‘el primer diario de la generación digital’. La Corporació Catalana de Comunicació ha recibido 100.000 euros para ‘la creación de elpuntavui.cat, web unificada de los diarios Avui y El Punt‘. E-notícies se ha llevado 82.400 euros, a través de su editora, Edició Disseny i Realització Interactiva, para ‘la innovación y adaptación tecnológica del diario a nuevos formatos digitales en internet y dispositivos móviles’. Y Serveis de Comunicació Global Aquitania, editora de Nació Digital, ha sido agraciada con 68.150 euros para ‘el refuerzo empresarial del Grup Nació Digital con la implantación de diversas actuaciones’.

Además, Europa Press de Catalunya ha recibido 58.150 euros para ‘la potenciación estructural del portal de noticias europapress.cat‘. Actividades Digital Media ha sido premiada con 55.000 euros para ‘la creación de Ebooks’ para la ‘librería digital de La Vanguardia‘. A Partal, Maresma i Associats le han correspondido 53.050 euros para ‘realizar el proyecto comunidad + Vilaweb‘. Y la Editora Singular Digital 2GR, que publica El Singular Digital, ha recibido 28.150 euros para ‘la creación y desarrollo de la sección El Singular Digital Econòmic i Empresarial’.

Alfons Quintà, nuevo director de 'El Debat' (foto: 'El Debat').

Alfons Quintà Sadurní ha sido nombrado nuevo director de El Debat en sustitución de Francesc Moreno, que se centrará, a partir de ahora, en la función de editor del diario digital. Quintà es un profesional de largo recorrido y trayectoria reconocida en el sector periodístico que se convierte así en el segundo director de El Debat desde su fundación en 2005.

Nacido en Figueras (Gerona) en 1943, Quintà trabajó en la prensa clandestina durante el franquismo y, tras la llegada de la democracia, se incorporó al diario Tele/Exprés y a los semanarios Presencia y Guadiana. El periodista figuerense formó parte del equipo fundacional de El País, diario en el que se encargó, durante seis años, de la delegación en Cataluña.

Primer director de TV3

En 1977 fue galardonado, a título personal, por la dirección del programa Dietario de Radio Barcelona. Durante diez años fue colaborador de la agencia Associated Press y del diario estadounidense The New York Times. También fue director de El Observador, periódico impulsado en 1990 por el entorno convergente y bajo el auspicio de Lluís Prenafeta, hombre de la máxima confianza de Jordi Pujol y secretario de la Presidencia de la Generalidad.

Quintà, antes de dirigir el proyecto de El Observador, había sido director general del proyecto de creación de la Televisión de Cataluña, lo que daría lugar a TV3, también desde el equipo de la Presidencia autonómica de la Generalidad, convirtiéndose en el primer director del canal autonómico público, tal y como recoge Periodista Digital.

El nuevo director de El Debat ha sido enviado especial en numerosos países de todo el mundo, sobre todo en África y Asia. Además, dirigió durante tres años los cursos de periodismo de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Nadie diría que no existe un problema lingüístico en los ámbitos controlados por la Generalidad, como defienden los partidos nacionalistas, tras ver la bronca que se ha montado este miércoles en el Parlamento autonómico cuando el PP ha pedido, sencillamente, “el cumplimiento de la legalidad”.

La moción, presentada por la diputada autonómica María José García Cuevas (PP) y rechazada por todos los grupos salvo Ciudadanos, instaba a la Administración autonómica a acatar las leyes y las sentencias, que establecen que el catalán no puede ser “preferente” respecto al castellano; que la Generalidad tiene la obligación de “disponibilidad lingüística” ante el ciudadano en las dos lenguas oficiales; que “no se puede exigir el conocimiento del catalán a ningún ciudadano”; y que “es ilegal la exigencia de petición expresa para el castellanohablante”.

“Cortesía y deferencia institucional”

García Cuevas también ha solicitado, como “muestra de cortesía y de deferencia institucional [...] el uso alterno del catalán y del castellano” en las comparecencias institucionales de los altos cargos de la Generalidad, “que no actúan a título personal o político, sino como representantes de todos los catalanes”.

“Los gobiernos [autonómicos] de la Generalidad han confundido cohesión y fomento con exclusión y discriminación, han confundido cohesión social con uniformidad social, han dividido a la ya cohesionada y bilingüe sociedad catalana en ciudadanos de primera y de segunda en función de su lengua habitual. [...] ¿Tengo que dar a alguien las gracias por usar el castellano, mi lengua materna, lengua oficial en Cataluña, en este Parlamento [autonómico] que también es mío?”, ha criticado.

El PSC considera la moción “una provocación”

Las respuestas del resto de los grupos no se han circunscrito al ámbito que reclamaba la diputada autonómica popular. La representante del PSC, Montserrat Capdevila, ha sido una de las más contundentes. “Esta moción es una provocación porque pretende hacer una regresión en los usos lingüísticos”, ha indicado, antes de defender que las normativas lingüísticas, desde su punto de vista, “no han generado ningún problema” en Cataluña.

“Es una frivolidad y una irresponsabilidad hacer un conflicto donde no hay. No es un problema real, es una obsesión del PP y Ciudadanos” ha insistido, y ha recordado que “el Estatuto dice que el catalán es la lengua propia y vehicular de sus instituciones”.

CiU: “Es rotundamente falso”

Por parte de CiU, Carles Puigdemont, alcalde de Gerona y uno de los políticos más beligerantes contra el bilingüismo, ha asegurado que “es rotundamente falso” que la Generalidad discrimine a los castellanohablantes, y ha acusado al PP de “utilizar la lengua para generar fuegos que ninguna sociedad necesita”.

“Toda la política lingüística de este país [por Cataluña] es perfectamente respetuosa con el marco estatutario, [...] y todos los ciudadanos usan con absoluta libertad la lengua que más les conviene”, ha insistido.

ERC: “El Parlamento autonómico, por encima de cualquier otra legitimidad”

Pere Bosch (ERC) ha calificado de “surrealista” la propuesta del “PP nacionalista español”, por considerar que la prioridad, ahora, debe ser la economía. Además, ha señalado que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto “está absolutamente deslegitimada”.

“La legitimidad de este Parlamento [autonómico] y de lo que aprobaron los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña está por encima de cualquier otra legitimidad. Dejen de jugar con un tema que fomenta la división social de este país [por Cataluña]“, ha añadido.

En una línea similar, Hortènsia Grau (ICV-EUiA) ha señalado que la sentencia del TC “no tiene ninguna legitimidad sobre el Estatuto” porque se dictó “en contra de la voluntad de un pueblo”. Mientras que Alfons López Tena ha acusado al PP y a Ciudadanos de actuar en contra de los intereses de Cataluña. “Hagan ustedes una lengua, un imperio y una espada, que nosotros haremos la defensa de los intereses de Cataluña”, ha indicado.

Choque entre PP y Ciudadanos

Más novedoso, en cambio, ha sido el rifirrafe que se ha producido entre Ciudadanos y el PP. Albert Rivera ha reprochado al PP que en los ayuntamientos de Badalona y Castelldefels (donde los populares gobiernan con el apoyo de CiU) no haya modificado los reglamentos de usos lingüísticos que imponen el uso preferente del catalán. Y ha criticado que, en su pacto con CiU para sacar adelante los presupuestos autonómicos, los populares no exigiesen a los nacionalistas acatar las sentencias sobre bilingüismo.

Rivera también ha cargado contra el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, por haberse comprometido a poner fin a la ilegal inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, sin mucho éxito, de momento. “Menos palabras y más hechos”, ha remachado.

La diputada autonómica popular se ha defendido apuntando que su partido no tiene mayoría suficiente para modificar los reglamentos de usos lingüísticos de los ayuntamientos de Castelldefels y Badalona, pero ha asegurado que ambas instituciones son “absolutamente respetuosas” con el bilingüismo. Y ha recordado que fue el PP quien recurrió el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el reglamento lingüístico del Ayuntamiento de Barcelona. “Me ha sorprendido su actitud desleal y tergiversadora. Sepa usted que yo pensaba que estábamos defendiendo el mismo objetivo. Lamento la desilusión que me ha causado su intervención”, ha declarado.

Todos contra García Cuevas

En su réplica al resto de los grupos parlamentarios, García Cuevas ha reiterado que lo que está ocurriendo en Cataluña en el ámbito lingüístico es un “flagrante incumplimiento” de la legalidad vigente. “Lo cierto es que ninguno de ustedes tiene argumentos jurídicos solventes con validez legal que enfrentar al criterio claramente expresado por el TC, y por esto pretenden manipular nuestros argumentos, tergiversar el sentido de las sentencias y confundir al ciudadano”, ha reprochado a los presentes en la Cámara autonómica.

La posición de la popular no ha gustado a las formaciones nacionalistas. Bosch se ha burlado de la incorrecta pronunciación de su apellido, y Núria de Gispert (CiU), presidenta de la Cámara autonómica, ha amagado con terminar el debate. Grau ha criticado a García Cuevas por no hablar nunca en catalán. Santi Rodríguez (PP), en respuesta a Bosch, ha solicitado la palabra “por no alusiones”, lo que ha generado murmullos entre los presentes. Dolors Camats (ICV-EUiA) ha cargado contra García Cuevas por “insultar”, cuando, durante su intervención, ironizó con que Grau tal vez no había entendido la moción por estar escrita en castellano. Y López Tena ha cargado contra el PP por utilizar el término “valenciano” para referirse a la lengua vernácula de la Comunidad Valenciana, de donde él es originario. Finalmente, De Gispert ha tenido que dar por finalizado el debate a pesar de las palabras solicitadas.

“A mí hablar siempre me parece bueno, pero soy un convencido absoluto de que esto del pacto fiscal es una invención y además es una invención totalmente injusta. [...] El problema no es que la solidaridad sea de unas regiones para otras, es de los ricos de unas y otras regiones con los pobres de unas y otras regiones. Por lo tanto no entiendo el pacto fiscal ni lo acepto”.

Durante la reunión, ambos dirigentes políticos hablaron de la crisis, de los recortes, de los problemas de liquidez de la Generalidad y, “de pasada”, de la exigencia de un concierto económico (“pacto fiscal”) planteada por el líder nacionalista. Rajoy y Mas, siempre según la emisora del grupo Godó, se emplazaron a hablar más adelante de forma más concreta y precisa.

Mas insiste en que es imprescindible salir de la LOFCA

De esta forma, el presidente autonómico estaría tratando de maniobrar en todos los frentes posibles: por una parte, generando la máxima crispación posible en la opinión pública catalana mediante permanentes apelaciones a un supuesto agravio contra Cataluña; y por otra, negociando “discretamente” con quien haga falta, como el propio Mas ha reconocido este miércoles en la sesión de control del Parlamento autonómico.

Durante ese debate, Mas ha insistido en la importancia de conseguir “amplias mayorías” en la Cámara autonómica, incluyendo al PSC y al PP, con la condición de que todos estén de acuerdo en “un cambio del modelo” de financiación de la Generalidad que suponga salir de la LOFCA. “No podemos ir simplemente a una evolución del modelo actual”, ha advertido.

El portavoz parlamentario del PSC, Joaquim Nadal, se ha mostrado abierto a llegar a un acuerdo, “con una finalidad: pacto fiscal para el pacto social”. Lo que implicaría “la rectificación inmediata de las políticas que, en lo que se refiere a los ajustes, que son necesarios, tocan al corazón del Estado del bienestar”. “¿Quiere un acuerdo? Adelante. Por un pacto fiscal ambicioso, justo y posible al servicio de la sociedad catalana”, ha añadido. Mas ha recogido el guante. “Le tomo la palabra”, ha respondido.

Navarro: “No podremos ni hablar de salir de la LOFCA”

Sin embargo, las posiciones no están tan cercanas como han escenificado socialistas y nacionalistas en el Parlamento autonómico. Tal y como señaló este lunes en una conferencia, el primer secretario del PSC, Pere Navarro, este miércoles ha reiterado en una entrevista en RAC1 que cualquier acuerdo con CiU pasa por una mejora del modelo, no por su sustitución por un concierto económico similar a los del País Vasco y Navarra, que ha calificado como “casos accidentales dentro de Europa”.

“Hay un problema porque si el Gobierno [autonómico] pone condiciones como situar el pacto fiscal fuera de la LOFCA, no podremos ni hablar de ello”, ha sentenciado.

El texto pasa ahora al Senado. Si no se introducen enmiendas en la Cámara Alta los presupuestos quedarán definitiva aprobados. Si en el Senado se modifica el texto volverá al Congreso para ratificar o rechazar las enmiendas. La sesión en el Congreso que comenzó este lunes ha finalizado el miércoles con la votación desglosada.

Resumen del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012 por secciones (fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

Así, el lunes se han votado el Título I (‘De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones’), se ha aprobado con 176 votos a favor y 141 en contra; el Título II (‘Gestión Presupuestaria’), 177 votos a favor y 139 en contra; el Título III (‘De los Gastos de Personal’), 177 votos a favor, 139 en contra y 1 abstención; el Título IV (‘De las Pensiones Públicas’), 176 votos a favor, 138 en contra y 3 abstenciones; el Título V (‘De las operaciones financieras’) y la Sección 06 (‘Deuda pública’), 176 votos a favor, 139 en contra y 2 abstenciones; y 191 votos a favor y 126 en contra, respectivamente; el Título VI (‘Normas Tributarias’), 176 votos a favor y 141 en contra; el Título VII (‘De los Entes Territoriales’), 177 votos a favor, 139 en contra y 1 abstención; y, finalmente, el Título VIII (‘Cotizaciones Sociales’), 178 votos a favor y 137 en contra; y la Sección 07 (‘Clases pasivas’), 176 votos a favor y 141 en contra.

El martes el pleno ha votado la Sección 25 (‘Presidencia’), que fue aprobada con 180 votos a favor, y 158 en contra; la Sección 19 (‘Empleo y Seguridad Social’), 180 votos a favor, 156 en contra y 3 abstenciones; la Sección 60 (‘Seguridad Social’), 182 votos en contra, 154 en contra y 3 abstenciones; la Sección 13 (‘Justicia’), 178 votos a favor, 159 en contra y 1 abstención; la Sección 27 (‘Economía y Competitividad’), 181 votos a favor, 154 en contra y 3 abstenciones; la Sección 15 (‘Hacienda y Administraciones Públicas’), 180 votos a favor, 157 en contra y 2 abstenciones; la Sección 36 (‘Sistemas de Financiación de Entes Territoriales’), 180 votos a favor, 153 en contra y 6 abstenciones; la Sección 16 (‘Interior’), 182 votos a favor, 155 en contra y 1 abstención; la Sección 20 (‘Industria, Energía y Turismo’), 179 votos a favor, y 160 en contra; la Sección 26 (‘Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad’), 177 votos a favor, y 160 en contra.

Y, finalmente, el miércoles que se han votado la Sección 18 (‘Educación, Cultura y Deporte’), 176 votos a favor y 155 en contra; la Sección 31 (‘Gastos de Diversos Ministerios’), 179 votos a favor, 152 en contra y 1 abstención; la Sección 32 (‘Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales’), 180 votos a favor, 150 en contra y 1 abstención; la Sección 33 (‘Fondos de Compensación Interterritorial’), 176 votos a favor, 152 en contra y 3 abstenciones; la Sección 35 (‘Fondo de Contingencia’), 180 votos a favor, y 150 en contra; la Sección 23 (‘Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente’), 179 votos a favor y 151 en contra; la Sección 12 (‘Asuntos Exteriores y de Cooperación’), 178 votos a favor, 151 en contra y 2 abstenciones; la Sección 34 (‘Relaciones Financieras con la Unión Europea’), 293 votos a favor, 35 en contra y 1 abstención; la Sección 17 (‘Fomento’), 179 votos a favor y 151 en contra; la Sección 14 (‘Defensa’), 178 votos a favor, 152 en contra y 1 abstención; y la ‘Exposición de motivos’, 180 votos a favor, 146 en contra y 2 abstenciones. Tras estas partidas, se han votado las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales; aprobadas con 172 votos a favor, y 159 en contra; y los anexos, que han contado con el respaldo de 183 diputados, el rechazo de 147 y la abstención de un congresista.

La Sección 01, correspondiente a la ‘Casa de Su Majestad el Rey’, ha recibido 296 votos a favor y 32 en contra; la Sección 02, de ‘Cortes Generales’, ha quedado aprobada con 300 votos a favor, 29 en contra y 2 abstenciones; la Sección 03, sobre el ‘Tribunal de Cuentas’, ha obtenido 297 votos a favor, 31 en contra y 2 abstenciones; la Sección 04, con el ‘Presupuesto del Tribunal Constitucional’, ha recibido 298 votos a favor y 31 en contra; la Sección 05, del ‘Consejo de Estado’, se ha aprobado con 295 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones; y la Sección 08, relativa al ‘Consejo General del Poder Judicial’ ha salido adelante con el respaldo de 297 diputados, el voto en contra de 33 y una abstención. Y la partida de ‘Sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales, fundaciones y otros organismos públicos’ se ha aprobado con 179 votos a favor, 151 en contra y 1 abstención; el ‘Anexo de inversiones reales’, con 176 votos a favor, 152 en contra y 3 abstenciones.

Así consta en una diligencia del juzgado, según han revelado varios medios este martes, que señala a Juan Antonio M. como imputado en la causa abierta sobre el saqueo del Palacio de la Música por su cargo de administrador de Mail Rent, matriz de las dos empresas citadas, que entre 2007 y 2009 facturaron al Palacio de la Música 847.000 euros por trabajos que no están justificados.

Josep Maria Pijuan, juez instructor, investiga, en una pieza separada a la causa abierta por el expolio, si esas empresas pudieron ejercer de intermediarias en el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC a través de la entidad que controlaba Fèlix Millet y Jordi Montull, a cambio de la adjudicación de obra pública en la etapa de los gobiernos autonómicos de Jordi Pujol.

El empresario Juan Antonio M., que compareció el pasado 16 de mayo en el Juzgado para designar abogado y procurador, fue desde febrero del año 2001 administrador de Mail Rent, declarada en concurso de acreedores en septiembre de 2011, igual que sus filiales New Letter y Letter Graphic. Además, del administrador de la empresa matriz, otros responsables de las dos filiales también han pasado como imputados por el Juzgado y, aunque han justificado los trabajos facturados, no han aportado las facturas.

Informe concluyente del administrador concursal

Mail Rent fue constituida en 1998, con un capital de 3.006 euros y un objeto social dedicado al ‘negocio y tráfico inmobiliario’, así como al alquiler de maquinaria para la manipulación del papel y el plástico en las artes gráficas y en la publicidad. El informe que figura en manos del juez instructor realizado por el administrador concursal concluye que New Letter, Letter Graphic y su matriz establecieron una mecánica que tenía como destino final el pago de 775.000 euros en donaciones a CDC.

Además, según el informe, las tres sociedades ‘han instrumentado una operativa que fue generadora de una facturación de Mail Rent a sus filiales New Letter y Letter Graphic’ que alcanzó la cantidad de 1,8 millones de euros entre los años 2007 y 2009.

Además, se señala que una facturación bajo el concepto de alquiler de maquinaria que se hizo a Mail Rent carecía de contraprestación real y su único sentido era el de ‘neutralizar el impacto impositivo que se derivaba de la facturación de New Letter y Letter Graphic’ a CDC y otras instituciones, como la fundación Trias Fargas, ahora CatDem. Facturas que figuraban bajo el concepto genérico de ‘varios’.

El administrador concursal ha descubierto, según figura en el informe, que se realizaron pagos por valor de 1,3 millones de euros a una cuenta ‘sin nombre, sin número de identificación fiscal, sin domicilio, sin documento alguno que ampare las cantidades pagadas y permita conocer el destinatario final de esos importes’.

Atacan a pedradas la sede del Círculo Balear en Palma de Mallorca (foto: Círculo Balear).

La Fundación Círculo Balear ha sufrido un nuevo ataque contra su sede de Palma de Mallorca, que ha supuesto la rotura de uno de los cristales de la fachada por el impacto de una piedra o de algún objeto contundente lanzado desde la calle la madrugada del domingo al lunes.

Esta es la enésima agresión que sufre la entidad balear, conocida por su labor en defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. En otras ocasiones, grupos radicales han arrojado pintura en la fachada de su sede y han amenazado a los miembros de la entidad dibujando una diana alrededor del logo de la asociación en la puerta de entrada.

Denuncian “el extremismo” del “nacionalismo catalanista”

Aunque se desconoce quién ha realizado este ataque, el presidente del Círculo Balear y ex director de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Islas Baleares, Jorge Campos, ha recordado la reiteración de los ataques de “grupos catalanistas violentos” contra la entidad.

“Desde que el Gobierno [autonómico] balear anunció un cambio en la política lingüística en favor de la libertad, los sectores catalanistas radicales han iniciado una campaña cada vez más violenta de acoso tanto a los miembros del Gobierno autonómico como al Círculo Balear por ser la entidad independiente más importante en la defensa de las libertades y derechos constitucionales. Estos hechos demuestran el extremismo al que ha llegado el nacionalismo catalanista en Baleares, al protestar, incluso de forma violenta, por unas políticas que el Gobierno [autonómico] aún no ha llevado a cabo“, ha señalado.

Campos también ha criticado la agresión sufrida hace unos días por el presidente autonómico de Baleares, José Ramón Bauzá (PP). “La respuesta del catalanismo intolerante ha sido atacarnos”, ha insistido. Además, ha criticado a las formaciones nacionalistas y de izquierdas por no condenar estos actos de violencia, y ha lamentado que dirigentes del PP, como el alcalde de Manacor, Antoni Pastor, o el ex presidente autonómico Cristóbal Soler, “ayuden económicamente a organizaciones pancatalanistas radicales, o incluso las defiendan”.

“El catalanismo radical no tiene respuesta por parte del Gobierno autonómico”

“El catalanismo radical, que aquí es muy minoritario, se envalentona y cada vez es más violento y sus medidas de protesta son cada vez más contundentes, al ver que, hagan lo que hagan, no tienen respuesta por parte del Gobierno [autonómico] balear, en concreto, por parte del Consejero de Educación, Rafael Bosch (PP). Están infringiendo todo tipo de normativas [desde algunos centros escolares] y, claro, como no hay contestación, como cuando infringen una norma no se les sanciona, pues van a más“, ha declarado Campos a LA VOZ DE BARCELONA.

Este martes, una conferencia pronunciada por presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, y organizada por el Círculo Balear, en el Auditorio de Palma, ha tenido que ser protegida por la policía para evitar posibles agresiones de grupos radicales.