El ex alcalde de Barcelona dirigiéndose a los delegados del X Congreso de la Federación de Barcelona (foto: vídeo PSC).

El ex alcalde de Barcelona ha anunciado este viernes que dejará en marzo el acta de concejal en el Ayuntamiento y no será cabeza de lista del PSC en las elecciones municipales de 2015. En el discurso de inauguración del X Congreso de la Federación de Barcelona del PSC, que se celebra este fin de semana, Jordi Hereu ha confirmado que da “un paso al lado” en sus aspiraciones políticas.

“Os anuncio aquí, ante los delegados del congreso, [que] para construir un proyecto de futuro de Barcelona, lo que toca, por parte de un servidor, es no dar un paso atrás sino dar un paso al lado para que nuevos liderazgos emerjan al servicio de construir una nueva alternativa”, ha indicado Hereu.

Así, ha confirmado que: “No optaré ni a primarias ni a encabezar la candidatura del PSC en Barcelona” en 2015. Ha defendido que, tras el resultado de las elecciones municipales de 2011 -que supusieron la pérdida de la ciudad por primer vez en la democracia para el PSC-, es necesario un cambio de presidente del grupo municipal del PSC.

Presidente de la Federación de Barcelona

Hereu ha señalado que ha tomado esta decisión después de meditarlo “bien” y que lo hace “en clave de futuro”. El ex alcalde de Barcelona pone punto y final a catorce años de política municipal (y desde 1999 como concejal). En su discurso, Hereu ha agradecido a todos los militantes y dirigentes del partido por los años que ha compartido con ellos pero, sobre todo, ha agradecido a su “amigo” Carles Martí, actual primer secretario del PSC de Barcelona.

Aunque Hereu da “un paso al lado”, no dejará el control del partido. Será, salvo sorpresa, presidente de la Federación de Barcelona. Cargo que espera dejar en 2015 para ser revelado por el próximo “alcalde de Barcelona”, en referencia a su sucesor como número uno en la lista electoral del PSC de Barcelona.

Jordi Martí

¿Quién sucederá a Hereu? Todo indica que el nuevo jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona será Jordi Martí. Así lo ha propuesto Carles Martí. Nacido el 25 de mayo de 1965 en el barrio de Vallcarca (Barcelona). Es gestor cultural y fue director del Instituto de Cultura de Barcelona, cargo que ocupó en 1999 en sustitución del entonces socialista Ferran Mascarell, actual consejero de Cultura con CiU, y lo dejó en 2003 para ser subdirector gerente del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

Hereu le nombró delegado de Cultura de Barcelona. Martí es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona (UB) y formado en gestión cultural. Ha sido profesor en las universidades Pompeu Fabra, de Barcelona, Ramon Llull y de Salamanca.

“Respeto” y apoyo del resto de grupos políticos

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), y los líderes municipales del resto de grupos del consistorio han expresado su “respeto” por la decisión de Hereu. Trias ha trasladado su respeto absoluto por la decisión del ex alcalde, y se ha puesto a su disposición como alcalde “en todo lo que pueda ayudar”.

En un comunicado, el líder del PP, Alberto Fernández Díaz, ha valorado el “compromiso” de Hereu con Barcelona al margen de las discrepancias que ambos políticos han demostrado tener durante los años que han compartido pleno municipal. Ricard Gomà (ICV-EUiA), por su parte, ha recalcado su “reconocimiento a la aportación” de Hereu a la mejora de la ciudad. El presidente de UpB, Jordi Portabella (ERC), ha agradecido la dedicación de Hereu por Barcelona, y le ha deseado “mucha suerte en su futuro político y profesional”.

La portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante la rueda de prensa de este viernes (foto: La Moncloa).

El Gobierno ha aprobado este viernes un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que, entre otras cosas, flexibiliza las normativas vigentes en este ámbito, abarata el despido, limita el encadenamiento de contratos temporales, aumenta las bonificaciones para contratar empleados en paro, y facilita la aplicación de EREs y la suspensión de los convenios.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), ha calificado la reforma como “importante”, “de calado” y “completa”, que establece “las bases para crear empleo” y que complementa a las dos grandes reformas planteadas en las últimas semanas: la de austeridad presupuestaria y la de saneamiento del sector financiero. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (PP), ha añadido que se trata de “una reforma histórica” que supone “un antes y un despúes en la legislación laboral”.

33 días de indemnización por despido improcedente

Entre las novedades más destacadas se encuentra la generalización de la indemnización por despido improcedente a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, en el caso de contratos indefinidos. Esto solo afectará a los nuevos contratos, mientras que en los antiguos, el cálculo de la indemnización será mixto: 45 días por año trabajado hasta la fecha de la publicación del Real Decreto-ley -previsto para el próximo lunes-, a lo que se sumarán 33 días por cada año trabajado a partir de entonces. En este caso (contratos antiguos), se mantiene la cuantía máxima de 42 mensualidades.

En el caso de los despidos procedentes por causas objetivas, la nueva norma establece una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades. Además, se ‘clarifican’ las causas de los despidos por motivos empresariales (los conocidos Expedientes de Regulación de Empleo) para evitar la excesiva judicialización, eliminándose la autorización administrativa previa.

Contrato de apoyo a los emprendedores con bonificaciones fiscales

El Gobierno también ha puesto en marcha un contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que será de aplicación a pymes y autónomos que cuenten con un máximo de 50 trabajadores. Este contrato tendrá un período de prueba de un año; la empresa tendrá una deducción fiscal de 3.000 euros para el primer trabajador contratado, si tiene menos de 30 años; la empresa que contrate a un trabajador en paro podrá deducirse fiscalmente el 50% de la prestación por desempleo que estuviera cobrando el trabajador durante un año; y el trabajador podrá cobrar, junto a su sueldo, el 25% de la prestación por desempleo durante un año.

La nueva normativa modifica la negociación colectiva, dando prioridad a los convenios de empresa sobre los de niveles superiores, y facilitando a las empresas en dificultades la no aplicación del convenio de ámbito superior (procedimiento conocido como descuelgue). Además, se establece un límite de dos años para negociar un nuevo convenio, tras los cuales, el convenio quedará extinguido. Por otra parte, se reduce la rigidez profesional y se aumenta la movilidad funcional, lo que se traduce en que los empresarios podrán modificar más fácilmente jornadas laborales y horarios, así como cambiar las funciones de los empleados.

Batería de medidas complementarias

Otras de las novedades son la limitación del encadenamiento de contratos temporales a un máximo de dos años; la autorización a las empresas de trabajo temporal a actuar como agencias privadas de colocación en colaboración con el sector público; la introducción del derecho de los trabajadores con más de un año de antigüedad a un permiso retribuido de 20 horas anuales para formación vinculada a su puesto de trabajo; la creación de nuevas bonificaciones a las empresas que contraten desempleados con especiales dificultades para incorporarse al mercado laboral (jóvenes, mujeres -en determinados sectores-, y desemplados de larga duración mayores de 45 años); la modificación del contrato a tiempo parcial para que sea más fácil de compatibilizar con los estudios; la regulación del teletrabajo, equiparándolo al trabajo presencial; el incremento de la lucha contra el fraude, la economía sumergida y el absentismo laboral; y el establecimiento de la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos.

Por último, el Gobierno ha limitado las indeminizaciones por despido a los directivos de las entidades de crédito a un máximo de dos años de su remuneración fija, salvo que hubiese sido objeto de un expediente sancionador, en cuyo caso no tendrá derecho a indemnización alguna. Los directivos del sector público de la Administración General del Estado no podrán cobrar indemnizaciones por despido de más de siete días por año, con un máximo de seis mensualidades.

El pleno de la Cámara autonómica ha aprobado, este jueves, una proposición de ley que modifica el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, aprobado en los tiempos del último presidente autonómico del PNV, Juan José Ibarretxe, y que establecía la obligación de atender a los clientes de los comercios en vasco, así como la obligación de rotular en las dos lenguas oficiales, para determinadas empresas.

La norma recogía sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros para las compañías que no cumplieran las condiciones establecidas. Un decreto posterior había fijado las características de los negocios que se venían afectados por la norma. Este reglamento no entró en vigor al producirse un cambio de gobierno, y la llegada de Patxi López (PSOE) a la Presidencia autonómica del País Vasco.

Dos formas de entender la libertad, PSC y PSE-PSOE

A finales del pasado mes de enero, la Comisión de Consumo del Parlamento autonómico aprobó la eliminación de las multas lingüísticas y pasó al pleno. Este jueves, ha quedado definitivamente eliminada la norma que multaba a los ciudadanos por motivos lingüísticos. Aunque la normativa afectaba solo a las grandes superficies y empresas de comunicación, transporte y servicios algunos cálculos estimaban en más de 8.000 negocios los que se podrían ver afectados, si hubiera entrado en vigor la norma.

La posición del PSOE en el País Vasco contrasta con la política que mantiene el PSC en Cataluña, que incluso durante los siete años en los que controló el Gobierno autonómico (formando el tripartito con ERC e ICV-EUiA) mantuvo y aumentó la presión a los comerciantes con las multas lingüísticas, en este caso, por no utilizar al menos el catalán pese a que el español es lengua oficial de Cataluña y el Tribunal Constitucional ha dictado que no se podía sancionar a los comerciantes por utilizar solo el español. CiU ha continuado con esta práctica.

La comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto ha aprobado el proyecto presentado por el Gobierno autonómico (foto: Parlamento autonómico).

Los proyectos de ley de los Presupuestos de la Generalidad para 2012 y las medidas fiscales, financieras y administrativas (conocidas como ley de acompañamiento) han superado el corte previo e imprescindible de las comisiones del Parlamento autonómico. CiU y PP han permitido que los proyectos presentados por el Gobierno autonómico se voten definitivamente en el próximo pleno.

Tras casi siete horas de debate, este jueves, los dictámenes que han pasado al pleno parlamentario son solamente con enmiendas de CiU y PP. El resto de enmiendas (de todas las formaciones) volverán a ser votadas en el pleno de la próxima semana, cuando se ratificará finalmente el presupuesto autonómico para 2012.

Las enmiendas de populares y nacionalistas se han incorporado, principalmente, en las secciones de educación y sanidad. El resto de las enmiendas del PP han sido rechazadas, incluso con la abstención de los diputados autonómicos del propio PP en la comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto, que era la encargada de dar el último visto bueno del resto de las comisiones.

El resto del proyecto no enmendado, según han informado desde el Parlamento autonómico, se ha aprobado con los votos favorables de CiU, la abstención del PP y el voto contrario del resto de grupos parlamentarios: PSC, ICV-EUiA, ERC, Ciudadanos y Solidaritat. En total la comisión ha debatido más de 2.500 enmiendas al articulado y al estado de los gastos.

Ley de acompañamiento

Por su parte, la ley de acompañamiento ha incorporado las enmiendas de CiU y PP, y tres enmiendas del PSC, referidas a los museos y al CoNCA. Entre las enmiendas que no han prosperado se encuentran las relativas al agua, a los aspectos de la tasa turística, a la creación de nuevas tasas, como la de la caza, la de la venta de tabaco y el copago sanitario.

Sin embargo, estas propuestas se mantienen vivas hasta el pleno parlamentario de la semana próxima. El resto del proyecto de acompañamiento no enmendado se ha aprobado con los votos a favor de CiU, la abstención del PP y el voto en contra del resto de grupos parlamentarios. La comisión ha debatido 500 enmiendas en esta apartado.

‘La historia que voy a relatar hoy es rigurosamente cierta. Hace poco más de medio año, llegó a Madrid una mujer divorciada con la intención de ganarse la vida. Procedía de Cataluña y deseaba, como cualquier madre, lo mejor para su hijo, una criatura de ocho años. Buscó domicilio, se adaptó lo mejor que pudo al nuevo trabajo y, por encima de todo, se esforzó por encontrar el mejor centro educativo. Dio con él, pero, como decía el camarada Lenin, “los hechos son testarudos” y el niño sólo había estudiado en catalán a lo largo de su corta vida. [...] No se trataba sólo de que su ortografía resultara un verdadero desastre -ya se sabe que las bes y las uves no coinciden precisamente en catalán y en español-, sino de que padecía serias dificultades para entender las explicaciones en matemáticas o en cualquier otra materia. [...] Hace apenas unas horas, el niño entregó a su madre unas notas que incluían un dos en matemáticas. Las había ocultado durante unos días temeroso de que su madre lo castigara. Abrumado por aquella suma de sinsabores, acabó preguntando: “Mamá, ¿por qué no nos volvemos a Cataluña? Allí, era listo”. Estoy convencido de que la madre tuvo que realizar un esfuerzo casi sobrehumano para no romper a llorar al escuchar aquellas palabras. Su hijo es, a fin de cuentas, una víctima más de la sectaria e inhumana política adoctrinadora -que no educativa- del nacionalismo catalán. Esa política condena a los niños castellanoparlantes a convertirse en criaturas que sufren en Cataluña el mismo drama que este niño catalán y a niños catalanes, como el de esta historia totalmente verídica, a no abandonar jamás su terruño si es que desean entender algo y que los entiendan. ¡Maravilloso futuro el de no poder salir de tu tierra y verte obligado a convertirte en siervo de la gleba de los nacionalistas que la controlan! Artur Mas ha definido recientemente la “inmersión lingüística” como algo marcado con líneas rojas. El color debe proceder de las lágrimas de sangre derramadas por los padres decentes que contemplan cómo sus hijos son las víctimas inocentes de una política educativa criminal‘.

El PSOE de Parla ha celebrado una asamblea para decidir la lista de delegados que van a acudir al congreso regional del partido. Sin embargo, la sesión se ha visto perturbada cuando se han presentado en el local alrededor de 30 policías locales de paisano y han empezado a increpar a los miembros del PSOE.

Amenazas de muerte al alcalde

Según las mismas fuentes consultadas por Efe, el alcalde, José María Fraile (PSOE), y algunos de sus compañeros han salido del local y se ha entablado una discusión con los agentes que ha terminado con el presidente del partido en la localidad, Luis Navarro, de unos 70 años de edad, tendido en el suelo.

“Han empezado a insultar al alcalde, le han dicho que con la policía no se juega y que le iban a matar. Algunos de estos agentes iban con la cara descubierta y les han reconocido sus propios compañeros de la Policía Local que han tenido que intervenir”, han explicado desde el Ayuntamiento.

Durante la discusión se han producido momentos de tensión que han provocado la intervención del Cuerpo Nacional de Policía, ya que “iban a por el alcalde”, pese a que “el alcalde ha salido a intentar a hablar con ellos” pero “le han tirado huevos”. “Han lanzado huevos contra miembros del partido y contra la fachada de la agrupación”, han añadido.

El concejal de UPyD

El alcalde ha denunciado que, además, entre los agentes que han intentado abordar la sede del PSOE, se encontraba el concejal de UPyD, Juan Carlos Machuca. “En el próximo pleno voy a pedir la dimisión de Machuca y la reprobación por alentar este altercado desde su condición de cargo público. No puede estar ahí mirando ante una escena como ésta”, ha criticado, tras indicar que llevará a ante la fiscalía la actuación de los agentes de policía.

El martes pasado, una concentración convocada por el la Federación de Servicios Públicos UGT (UGT FSP) frente al Ayuntamiento también acabó con insultos y amenazas al alcalde. En esta ocasión, el Ayuntamiento hizo público un comunicado para rechazar las formas con las que los trabajadores municipales (entre ello, policías locales) habían expresado su rechazo al alcalde y al equipo de gobierno local.

Cuando, hace un mes, el vicepresidente del Área Institucional del F.C. Barcelona, Carles Vilarrubí, pronunció estas palabras en defensa de Iñaki Urdangarín -imputado en un sumario sobre malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la administración pública y prevaricación, derivado del caso Palma Arena-, todo hacía suponer que se trataba de una declaración de carácter institucional acorde con su posición al frente del club azulgrana. Sin embargo, la relación entre Vilarrubí y el yerno del Rey es mucho más intensa de lo que ha trascendido.

Tal y como recogie el periodista Raúl González Zorrilla, Vilarrubí no solo apadrinó los primeros proyectos empresariales de Urdangarín, sino que compartió con el duque de Palma accionariado y consejos de administración en varias empresas durante la mayor parte de la pasada década, cuando este se lanzó al mundo de los negocios tras una brillante carrera deportiva.

Vilarrubí, amigo personal de Pujol desde hace más de 30 años

Carles Vilarrubí, mentor de Iñaki Urdangarín en el mundo de los negocios (Foto: horsesandsports.de).

Carles Vilarrubí Carrió (Barcelona, 1954) es un empresario con una larga trayectoria vinculada a los sectores de la comunicación, las finanzas y la tecnología. Es amigo personal del ex presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, para quien empezó a trabajar muy joven, durante la campaña que le llevó a la presidencia autonómica en 1980 (cuentan que llegó a hacerle de chófer personal con su Seat 127).

Tras la victoria de Pujol, accedió a la dirección de la Corporación Catalana de Radio y Televisión -matriz de TV3-, de la que llegó a ser secretario general (1985-86). También dirigió Catalunya Ràdio. En 1986, Pujol le encargó la puesta en marcha de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas. En 1992, fue consejero delegado de Tibigardens (Port Aventura), donde tuvo relación con Javier de la Rosa. Y posteriormente participó en múltiples proyectos empresariales, como Raurich Condal, Inbesós, WillisS&C, Restarurants de Cerdanya, Parking Vip Barcelona, Doxa Consulting y la Seda de Barcelona, donde coincidió con Artur Mas.

Una meteórica carrera empresarial

Su gran salto profesional se produjo en 1996 cuando, tras pactar con Aznar, Pujol le colocó de consejero en Telefónica y en Antena 3 TV, lo que también le permitió acceder al consejo de Rothschild España (una de las consultorías más importantes del mundo, y de la que actualmente es vicepresidente ejecutivo en España). Desde entonces, ha sido consejero de Bassat Ogilvy Comunicación, presidente del grupo hotelero Stein Mangement Company, presidente y fundador de CVC Grupo Consejeros (importante empresa dedicada a la comunicación, publicidad y promoción de actividades deportivas) y consejero del Grupo Godó, cargo que todavía ostenta.

Su esposa, Sol Daurella, pertenece a la multimillonaria familia que controla la distribución de Coca Cola en España y en una docena de países norteafricanos, así como la comercialización de Nespresso en nuestro país, además de ser accionista del Banco de Sabadell y cónsul honoraria de Islandia en Barcelona.

Vilarrubí mantiene una larga amistad con Josep Piqué (presidente de Vueling, presidente del Círculo de Economía y ex ministro de varias carteras con Aznar) y con Anna Birulés (ex ministra de Ciencia y Tecnología, también con Aznar, ex secretaria general del Banco de Sabadell, y ex directora general de Retevisión). Por otra parte, Vilarrubí conoce al presidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, desde hace más de treinta años, debido a que el padre de Rosell fue uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya, junto a Pujol, a mediados de los 70.

Mentor de Urdangarín en los negocios deportivos

La relación entre Vilarrubí y el duque de Palma se remonta a principios de la década pasada. Según recoge González Zorrilla, Villarrubí introdujo a Iñaki Urdangarín en el consejo de administración de MotorPress Ibérica -una de las principales editoras de revistas deportivas a nivel nacional- en el año 2001, poco después de que el yerno del Rey abandonara el balonmano profesional. Urdangarín ocupó ese cargo hasta el año 2009 -cuando marchó a Washington-, por el que llegó a recibir un sueldo de 300.000 euros anuales, e incluso fue socio de la empresa.

MotorPress Ibérica era, a su vez, accionista de Octagon Esedos, especializada en la organización de eventos deportivos, lo que permitió a Vilarrubí y a Urdangarín acceder al consejo de dirección de esta, y donde Urdangarín permaneció entre 2001 y 2003.

Pagos de Motorpress al Instituto Noos y a Aizoon

En la dirección de estas empresas, Urdangarín también coincidió con José Luis Samaranch Sáenz de Buruaga (sobrino del ex presidente Comité Olímpico Internacional Juan Antonio Samaranch), con Álvaro Arrieta (marido de la actual presidenta del Parlamento autonómico del País Vasco, Arantza Quiroga, y socio de Vilarrubí en Oxer Sport desde 2004) y con Joan Cuscó, con quien posteriormente (2002-2004) Urdangarín creó la empresa Namaste 97 (de la que serían accionistas la Infanta Cristina y sus hijos).

Según los datos que han trascendido de la operación Babel, dos de las empresas del entramado empresarial del duque de Palma investigadas por la justicia, el Instituto Noos y Aizoon, recibieron pagos por 243.000 euros procedentes de MotorPress en 2006, época en la que Vilarrubí y el propio Urdangarín formaban parte del consejo de administración de esta compañía.

Som Escola, que surgió como reacción a las citadas sentencias dictadas por el Alto Tribunal en diciembre de 2010, está formada por una treintena de entidades que reciben subvenciones de la Generalidad de Cataluña. Entre ellas, destacan Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, la Coordinadora d’Asssociacions per la Llengua Catalana (CAL), la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Plataforma pel Dret de Decidir, el Centre Unesco Catalunya, la Associació de Mestres Rosa Sensat, la Associació d’Amics de la Bressola, el Consell Nacional de la Joventut, PEN Català, el Instituto de Estudios Catalanes (IEC), e, incluso, sindicatos como UGT, CCOO y la Intersindical CSC.

Instar a los colegios a ejercer la insumisión frente al Tribunal Supremo

Con el lema ¿Tienes tres horas para defender el catalán en la escuela?, la iniciativa de Som Escola propone a los ciudadanos acudir -entre el 15 de febrero y el 31 de marzo- a diversos puntos situados en ocho poblaciones catalanas (Barcelona, San Boi, Tarragona, Léridad, Manresa, Vic, Gerona y Mataró) desde donde trabajar voluntariamente como teleoperadores, poniéndose en contacto con los consejos escolares de los colegios de Cataluña para que se adhieran a sus reivindicaciones.

En concreto, pretenden que sus responsables firmen un manifiesto en el que se asegura que le inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán favorece ‘la cohesión social y la igualdad de oportunidades’, y se indica que la prohibición del español como lengua vehicular escolar ‘ha contribuido de forma decisiva a paliar el grave desequilibrio que vive el catalán, lengua propia de Cataluña, respecto al castellano, en diferentes ámbitos’.

El texto concluye:

‘Rechazamos las sentencias del Tribunal Supremo español contra la escuela catalana y las demandas que las han inspirado.

Hacemos un llamamiento a continuar reforzando el modelo de escuela catalana y a luchar con todos los medios democráticos para no poder en peligro nuestra cultura y nuestra cohesión social.

Animamos a las personas, las entidades y a toda la comunidad edcutavia a comprometerse de forma activa en apoyo de una escuela catalana en lengua y en contenidos, que no separe a los niños y jóvenes por su lengua de origen y que ayde a construir una sociedad más cohesionada, democrática y libre’.

Mas, Rigau y Mascarell posan con los responsables de algunas de las entidades que forman la plataforma Som Escola, durante una recepción en el Palacio de la Generalidad en enero de 2011 (foto: somescola.cat).

Conchabeo con la Generalidad

Los principales promotores de Som Escola fueron recibidos en enero de 2011 por el presidente de la Generalidad, Artur Mas, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y el consejero de Cultura, Ferran Mascarell. Al término de la reunión, Rigau aseguró que “el país [por Cataluña] está decidido a no dar ni un paso atrás en el modelo lingüístico” escolar porque “la lengua en Cataluña es el nervio de la nación”.

En septiembre pasado, tras conocerse un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligando a la Generalidad a aplicar la sentencias del Tribunal Supremo en favor del bilingüismo escolar, Som Escola convocó una manifestación instando al desacato de las sentencias; un acto que, finalmente, se convirtió en un alegato en favor de la secesión de Cataluña.

El director y productor Iñaki Arteta se embarcará en un nuevo proyecto cinematográfico. Documentalista especializado en el terrorismo de ETA, entre otros filmes ha producido El infierno vasco, Arteta está preparando un documental, titulado 1980, que ‘se adentrará en los hechos terroristas sucedidos durante ese año, el de más actividad asesina de la banda terrorista ETA‘.

‘El recorrido por este año sangriento se efectuará a través de los recuerdos y opiniones de varios periodistas, un pensador, una víctima y un policía, que de diferentes maneras y con distintas edades vivieron aquel año’, se apunta desde la web creada para dar a conocer el proyecto.

Arteta ha explicado a LA VOZ DE BARCELONA que para la realización del documental no cuenta con ayudas públicas. Pero seguirá buscándolas. Además, ha abierto la puerta a que los ciudadanos puedan financiar el proyecto a través del sistema de crowdfunding o financiación colectiva. Para poder realizar la cinta el director necesita 40.000 euros, aunque ha señalado que el proyecto en su conjunto tendrá un coste de alrededor de 220.000 euros. En el momento de cerrar esta noticia, desde la web ya había recolectado unos 12.000, según ha adelantado el propio Arteta. Las donaciones se puede realizar a través de la página en internet de la productora Leize Producciones.

1980, reflexiones para el presente

Casi cien asesinatos, cientos de explosiones, decenas de intentos fallidos de atentado, decenas de secuestros, centenares de actos terroristas de todo tipo, recorren el calendario de 1980, un año extraordinariamente convulso. ‘Una reto para la joven democracia, una prueba moral para la ciudadanía’, se añade en la presentación de la previa (cuyo vídeo acompaña la noticia).

En un momento como el actual, en el que ETA ha decidido no matar pero no disuelve su entramado, y desde algunos sectores políticos democráticos se pide a la ciudadanía de España que se pase página cuando ni siquiera los terroristas han pedido perdón, la productora considera ‘especialmente trascendente repasar episodios como estos para extraer reflexiones válidas para el presente’.

Arteta, por su parte, ha recordado que, desde la perspectiva de 2012, parece “casi, casi increíble lo que pasó en 1980″ y está convencido de que, cuando se vea el documental, “a muchos les parecerá que la democracia ha soportado un momento de auténtica desestabilización”.

Finalmente, preguntado por la indiferencia de las instituciones y parte del sector cinematográfico ante proyectos de esta importancia, Arteta ha dicho que ”a la gente del cine” le “cuesta mucho acercarse al terrorismo”. El cineasta vasco cree que “los terroristas todavía no son personas non gratas del todo” y que existe “una cierta simpatía” hacia todo lo que rodea al mundo de ETA. “Es un tema que repele en el sector del cine”, ha añadido.

Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. Este miércoles había quedado visto para sentencia el segundo juicio celebrado contra él en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello.

Durante el juicio, celebrado entre el 17 y el 19 de enero pasados, el juez había declarado su inocencia, había asegurado que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y ha dicho asumir “todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad“.

Tiene abiertas dos causas más

El abogado de la acusación, defensor del empresario imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri y autor de la querella inicial que dio lugar al procedimiento, había pedido una pena de diez años de inhabilitación. Por su parte, los letrados de Francisco Correa y Pablo Crespo habían solicitado que dicha inhabilitación se prolongara entre 17 y 15 años. Los fiscales, Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero, habían pedido la absolución de Garzón. El Supremo le ha condenado a once años, y la decisión no se puede recurrir.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ya está suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos otros procedimientos en su contra. La causa abierta por una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes del franquismo sin competencias y el proceso por unos cobros que habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York (Estados Unidos).

Fundamentos de derecho

En la sentencia de 70 páginas los jueces del Supremo han recordado que: ’El derecho de defensa es un elemento nuclear en la configuración del proceso penal del Estado de derecho como un proceso con todas las garantías. No es posible construir un proceso justo si se elimina totalmente el derecho de defensa, de forma que las posibles restricciones deben estar especialmente justificadas’.

En este sentido, para los magistrados que han condenado a Garzón, ‘no se trata en realidad de examinar la suficiencia de los indicios o de la motivación, o de cuestiones relativas a la proporcionalidad de una medida que restringe el derecho a la intimidad’, sino que se evalúa ‘la valoración jurídico penal de dos resoluciones judiciales que, incidiendo directamente sobre el derecho a la defensa suprimiendo la confidencialidad, acordaron la escucha y grabación de las comunicaciones entre los imputados presos y sus abogados defensores, sin que existieran datos de ninguna clase que indicaran que los letrados mencionados en los hechos probados estaban aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer nuevos delitos’. Garzón fue el juez instructor del caso Gürtel.

El Supremo, además, ha recordado a Garzón que el juez también está sujeto a la ley y que ‘el Estado de Derecho se vulnera cuando el juez, con el pretexto de aplicación de la ley, actúa solo su propia subjetividad concretada en una forma particular de entender la cuestión a resolver, y prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho, acoge un significado irracional de la norma, sustituyendo así el imperio de la ley por un acto contrario de mero voluntarismo’.

En el texto de la sentencia, los magistrados señalan que: ‘En la conducta del acusado, pues, la injusticia consistió en acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados’.

Y todo esto ‘resulta inasumible desde cualquier interpretación razonable del derecho’, según reza la sentencia, por lo que la decisión de Garzón de escuchar las conversaciones entre los abogados y los reos, durante la instrucción del caso Gürtel, ‘es injusta, pues, en tanto que arbitrariamente restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable’.

‘Lo más asombroso del PSC es la precisión y finura con que ha ido imitando el movimiento de los nacionalistas conservadores. Todo su tira y afloja con el PSOE sólo es un calco del que mantienen con el Estado. En 30 años la única idea que los militantes catalanes han aportado al conjunto socialista es la necesidad de mantener viva la tensión con Madrid. La voz del PSC jamás se ha oído para diseñar una estrategia singular y novedosa, una renovación de las maneras de hacer política, un tema, ¡o aunque fuese un lema!, sobre lo que supone ser socialista y ser de izquierdas en nuestra época post. Sólo se ha oído para repetir con cansina flatulencia queremos-un-grupo-parlamentario-en-Madrid.

Como buenos nacionalistas, los socialistas catalanes sólo gobiernan a partir de la melancolía: y es que durante algunos minutos de la primera legislatura democrática tuvieron ese grupo en Madrid. Su 1714. Su Archiduque. Su Martín Toval. Desde aquella sentida pérdida vagan por el mundo incompletos. [...] Lo más singular es que a esa reivindicación y a las derivadas le llaman tener voz propia en Madrid, en otro calco de la lengua nacionalista. Voz propia, dicen y exigen, aunque jamás se pregunten para qué.

Las aportaciones ideológicas del PSC se reducen a una: demostrar cómo uno puede ser al tiempo socialista y nacionalista, sin que se le caiga la cara de vergüenza. No seré yo el que le niegue valor a ese virtuosismo y a su concreción teorética, aquel mundialmente famoso federalismo asimétrico que elevó el oxímoron a la más alta región de la política. Pero al margen de los gambeteos no queda nada. [...] Ese partido, el más pedante entre sus pares, al que al nacer pusieron de nombre PSC (PSC-PSOE) y que aún espera, desalentado y sombrío, la imposible resolución del polinomio’.

El ex presidente de la Generalidad, José Montilla, y el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante un acto electoral en la campaña de las pasadas autonómicas (foto: PSC).

José Montilla (PSC) ha desvelado que su “preferencia”, en el pasado congreso del PSOE, era la de Carme Chacón (PSC) “por razones de afecto y proximidad”. El ex presidente autonómico ha señalado que, sin embargo, “Rubalcaba puede ser también un buen secretario general del PSOE” y considera que se debe “cerrar filas” con él.

En este sentido, Montilla no cree que la militancia de la ex ministra de Defensa haya sido la causa por la que no ganara a Rubalcaba. Si bien es cierto que ha recordado lo que desde la dirección del PSC se recuerda más intensamente desde hace unos años pero se olvida cuando llega la hora de los congresos del PSOE: “No soy militante del PSOE, no lo he sido nunca”.

El concierto económico “no es viable”

En una entrevista para RAC1, este jueves, Montilla ha criticado la propuesta de concierto económico que propone CiU:

“El pacto fiscal [de CiU] no se sabe qué es. El pacto fiscal es un acuerdo de financiación… es un cierto eufemismo porque cualquier acuerdo de financiación es un pacto fiscal. [...] El concierto [económico] es otra cosa. [...] El concierto [económico] creo que no es viable, lo digo ahora y lo he dicho siendo presidente [autonómico], y el PSC no está a favor [del concierto económico]“.

Así, el ex presidente de la Generalidad considera que la propuesta de Artur Mas (CiU), presidente autonómico, no es precisa porque, desde su punto de vista,  ”no pueden pedir diez, porque si sacan dos les dirán que han fracasado”. Este aspecto, como otros relacionados con los impuestos, hacen que sea imposible un futuro gobierno, a modo de ver de Montilla, de nacionalistas y socialistas. “Hay que ser realistas, esto no es posible”, ha añadido, porque CiU ha escogido al PP “por afinidad” como socio de gobierno.

Finalmente, el ex presidente autonómico ha indicado que no le sorprendió el cierre de Spanair ya que “era una posibilidad” porque “sobrevivir sola era muy difícil”. Y, por otro lado, ha acusado a Angela Merkel, canciller de Alemania, de ser la “responsable de una política totalmente irresponsable” que está agravando la crisis económica y financiera en toda Europa, según Montilla.

Mapa elaborado por 'Abc' situando los municipios que han sido denunciados por el Gobierno ante la ilegalidad que están cometiendo.

La ley es la ley, guste o no, y si no gusta, cámbiese. Con este lema, el Gobierno ha denunciado a 94 municipios del País Vasco que no cumplen la Ley de Banderas. Una situación similar se vive en Cataluña (en más de un centenar de ayuntamientos), aunque en esta Comunidad el Ejecutivo no ha tomado la misma iniciativa y solo la actividad asociativa (con respaldo de Ciudadanos) está consiguiendo que se restablezca la legalidad. El último caso ha sido el de la localidad barcelonesa de San Pol de Mar.

Alrededor de un centenar de los 251 ayuntamientos del País Vasco han sido denunciados en el último año por la Administración General del Estado al no cumplir la Ley de Banderas. Así lo recoge un informe al que ha tenido acceso Abc y ha publicado este jueves. La bandera de España tiene que ondear en la fachada de los consistorios de toda la nación y ocupar un lugar preferente en el interior de los edificios oficiales. Esta norma no impide que, además, estén visibles las banderas de la Comunidad Autónoma correspondiente y la de la localidad.

Según consta en el informe, realizado por la Delegación del Gobierno en el País Vasco con fecha de 26 de enero de 2012, se han producido un total de 94 denuncias dirigidas a otros tantos ayuntamientos, que han motivado la apertura de expedientes por parte del Gobierno. De estos expedientes, solo tres han acabado en denuncia ante los tribunales. Son Lanestosa, Escoriaza y Zalla.

El nuevo delegado, también hará cumplir la ley

La gran mayoría de las denuncias han sido notificadas después de que el pasado 11 de junio tuviera lugar la constitución de los nuevos gobiernos municipales, tras las elecciones del mes de mayo, y después de que el anterior delegado del Gobierno, Mikel Cabieces (PSOE), anunciara -solo tres días después de los comicios- que enviaría un requerimiento a cada uno de los 251 municipios del País Vasco recordándoles que la ley es igual para todos. En un tercio de estos gobierna Bildu.

Aunque es cierto que la Delegación del Gobierno no puede obligar a cumplir la ley a los ayuntamientos, sí tiene competencia para denunciarlos ante los tribunales, que es la única institución que puede forzar a los alcaldes a que cumplan la ley bajo penas de multas e inhabilitaciones. La Abogacía General del Estado, recoge el diario de Vocento, han interpuesto 57 recursos contenciosos contra otros tantos ayuntamientos por este motivo, solo en 2011.

El nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco es el ex diputado autonómico Carlos Urquijo (PP). Desde que tomó posesión, el pasado 9 de enero, ya se han comunicado 13 requerimientos más. Y se han presentado cuatro recursos más ante la justicia, después de la negativa de los alcaldes a cumplir la Ley de Banderas. La mayoría de los consistorios están controlados por Bildu, PNV y Aralar. Aunque se han dado casos de consistorios administrados por el PSOE, como Irún (Guipúzcoa), y por el PP, en Álava.

Con el dato del cierre del año, el último en solitario antes de su absorción, la cifra supera en unos 1.000 millones de euros las pérdidas que se declararon por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) solo unos meses antes. El Banco CAM pertenece al Banco Sabadell desde el pasado 7 de diciembre, fecha en la que el Banco de España autorizó la adjudicación del antigua caja de ahorros por un euro. Desde el 22 de julio el banco está intervenido por el Gobierno por los negativos datos de solvencia.

Adjudicado por un euro

Durante el primer trimestre de 2012 está previsto que se concrete el traspaso del banco (considerada la cuarta caja de ahorros más importante de España hace solo un par de años) al Banco Sabadell para que deje de estar gestionada por un grupo de interventores nombrados por el Banco de España.

El Sabadell, a cambio, recibirá una ayuda procedente del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de las entidades financieras, por importe de 5.249 millones de euros con el objetivo de sanear la entidad alicantina. La cartera de créditos dudosos de la caja de ahorros era de unos 24.000 millones de euros cuando fue intervenida.

TV3 ha emitido este miércoles el documental Això no funciona, o potser sí? (Esto no funciona, ¿o tal vez sí?, en castellano), producido por la propia televisión autonómica, que pretende recoger ‘el contencioso’ entre las regiones belgas de Flandes y Valonia como ‘exponente del problema que hay en la Unión Europea entre el norte y el sur’. Si hace unos años el nacionalismo catalán se veía reflejado en Lituania, luego en Checoslovaquía, incluso en las Islas Feroe o, más recientemente, en Escocia, ahora acude al caso belga, modelo de cómo no gestionar un Estado.

El reportaje, de una hora de duración, trata de presentarse como una visión objetiva de la situación actual de Bélgica, y que, según TV3, es ‘el mismo problema que hay entre Cataluña y España’. Sin embargo, la cinta, en realidad, no es más que un nuevo y nada disimulado ejercicio de proselitismo en favor de los objetivos del nacionalismo y, más concretamente, del proyecto de pacto fiscal o concierto económico exigido por CiU.

“El déficit fiscal de Flandes es casi el triple que el de Cataluña”

El nudo central del documental se centra en “el déficit fiscal” de Flandes, la región más rica económicamente de Bélgica, que un economista cuantifica en un 3% del PIB regional. “Es importante, pero es menos que en otros países europeos, ya sea Italia, España o Alemania”, subraya. La voz en off -que, curiosamente, pertenece a la activista independentista Txe Arana- pasa, a continuación, a lanzar la correspondiente proclama:

“Comparemos. El déficit fiscal de Flandes es de unos 6.000 millones de euros; el de Cataluña, de 16.500 millones; es decir, casi el triple, y Cataluña no es Flandes”.

Inmediatamente después, otro economista belga explica que “en Flandes los políticos ya muestran poca disposición a mantener los flujos financieros actuales“, lo que considera “un microcosmos de lo que sucede a nivel europeo”. La siguiente posición es la de la patronal flamenca: “El punto de vista que defendemos es que somos solidarios y, por tanto, creemos que un período de unos diez o doce años será suficiente para poder permitir a Valonia y a Bruselas recuperarse [y finalizar unas supuestas transferencias interterritoriales que no son ciertas, pues en Bélgica como en España, excepto en las CCAA de régimen foral, es el Gobierno quien recauda todos los impuestos]“.

“¿La solidaridad interterritorial ha se ser para siempre?”

La voz en off continúa: “Todos los países han practicado en algún momento de su historia la solidaridad internacional. Ahora bien, ¿ha de ser para siempre?”. Uno de los economistas, responde: “La respuesta es, probablemente, no. Estos traspasos no ayudan realmente a un país a crecer más rápidamente, porque a menudo se utilizan de una forma muy ineficiente“. Otro de ellos, suscribe sus palabras: “Creo que se puede y se ha de modificar el mecanismo. Y creo que esto se hará, porque el sistema actual no es estimulador”.

“Valonia también es consciente de esta situación, y ha empezado a plantearse el tema de la autonomía y el equilibrio fiscal”, añade la voz en off, seguida de la opinión del ministro-presidente de Valonia: “Estamos preparados para aceptar este reto conjuntamente con el Estado federal porque creemos que el equilibrio fiscal en Bélgica va ligado a la capacidad de cada una de las regiones de asumir su responsabilidad“.

“Un modelo que representa recaudar todos los impuestos”

El documental recoge algunas opiniones que abogan por una reforma legal para que las regiones puedan “obtener las competencias que les hacen falta para administrar las regiones en función de sus propias decisiones“, y que comparan, incluso, con la situación de España.

La voz en off concluye el reportaje señalando que las reformas buscan “un modelo que representa recaudar todos los impuestos y controlar la sanidad, las pensiones y el subsidio de desempleo”. “Resumiendo. El Reino de Bélgica tiene, después de casi 40 años, un primer ministro francófono -el socialista Elio Di Rupo- que no lo tendrá fácil. La Constitución belga se modificará por sexta vez, y Alberto II, rey de los belgas, ha jugado sus cartas a favor de una larguísima negociación que no le convirtiese en un rey sin reino. Se ha cerrado la última crisis política, pero no se ha resuelto el conflicto. Todo el mundo es consciente de que la distancia entre flamencos y valones se ha hecho todavía más grande y algunos dicen que Bélgica, como el chocolate, se irá fundiendo poco a poco”, añade.

Gobiernos regionales eficientes; Gobierno Federal prescindible

El enaltecimiento de la gestión realizada por los gobiernos regionales es un leit motiv que se repite a lo largo de la cinta, lo que no ocurre respecto al Gobierno de la nación. De hecho, se subraya lo bien que funcionó Bélgica durante un año y medio que estuvo sin Gobierno Federal, únicamente  con los gobiernos regionales y locales en activo. No aparece, en cambio, ninguna referencia a la denominada Revolución de las Patatas Fritas, un movimiento unionista apoyado por miles de estudiantes que surgió durante ese período.

El documental también trata de trasladar que la realidad lingüística belga es similar a la española, a pesar de que son dos situaciones que no tienen ninguna relación entre sí. En Bélgica hay tres comunidades linguísticas (más la bilingüe Bruselas) que están separadas territorialmente, y en cada uno de esos territorios solo se habla una lengua (francés, neerlandés y alemán, respectivamente), mientras que en España sí hay un idioma común a todo el país que, en varias CCAA, convive con otras lenguas.

El experto Ramon Tremosa

También es significativo que los dos únicos expertos españoles que aparecen en el documental sean Albert Royo (vicepresidente de Horitzó Europa, entidad que trabaja para fomentar las relaciones internacionales de la Generalidad) y Ramon Tremosa (eurodiputado de CiU, que, sorprendentemente, es presentado como autor del libro Cataluña será logistica o no será, sin ninguna referencia a su adscripción política).

Como curiosidad adicional, no podía faltar una furgoneta con el adhesivo del CAT -conocida reivindicación independentista- para aderezar las transiciones entre las diferentes partes del documental, a pesar de que el vehículo tiene matrícula belga.

“Las tensiones de Bélgica son muy similares al encaje entre Cataluña y España”

Probablemente, el enfoque del reportaje se explique por el hecho de que su directora y guionista es Dolors Genovès, ampliamente conocida por sus posiciones en favor de las tesis nacionalistas y secesionistas, como quedó de manifiesto en el también polémico documental Adéu, Espanya? Esto no tendría la menor importancia si no fuera porque ambos trabajos han sido financiados por una televisión pública, como es TV3, de la que llegó a ser directora de documentales de los servicios informativos.

La propia Genovès, en una breve intervención que ha acompañado a la emisión del documental, ha inisistido en que “las tensiones internas” de Bélgica son “muy similares” al “encaje entre Cataluña y España”, por lo que “el espectador catalán lo puede entender perfectamente”. “Lo más importante es que en este momento hay un debate en Valonia en el que incluso el Partido Socialista de Valonia se está empezando a plantear la posibilidad de una buena salida, [...] que sería la de crear una federación con Bruselas, o bien irse pondiendo las pilas desde el punto de vista económico para una hipótesis de futuro independiente”, ha añadido, en un claro guiño al PSC.

Estas diferencias han sido del 27,8%, en el caso del Hospital de Mollet; del 22,5%, en el Hospital de Igualada; y del 17,4%, en el Hospital de Figueras, y la entidad fiscalizadora lo atribuye a ‘las revisiones y modificaciones realizadas durante la ejecución de las obras’, e insta a establecer ‘procedimientos de planificación más precisos’ para evitar estos sobrecostes.

Criterios irregulares en las adjudicaciones

La Sindicatura también ha constatado otras irregularidades, como la utilización de criterios de valoración de las propuestas presentadas por los licitadores que, según la normativa vigente, debe utilizarse para la acreditación técnica de los licitadores y no como criterios de adjudicación.

En el caso de los procesos constructivos de los hospitales de Figueras, Mollet y las Cocheras de Borbón, ‘falta la publicación de los anuncios de las adjudicaciones en los diarios oficiales o en el perfil del contratante de una parte de los contratos fiscalizados’, tal y como exige la ley.

Además, la adjudicación de los proyectos del Hospital de Mollet y las Cocheras de Borbón se realizó ‘mediante el procedimiento negociado sin publicidad a los gabinetes de arquitectos ganadores de los respectivos concursos de ideas para la redacción de los proyectos’, lo que, a juicio de la Sindicatura, contradice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en lo relativo a este tipo de procedimientos.

‘Carencias en el cumplimiento exacto de la normativa’

El informe de la institución fiscalizadora autonómica concluye que ‘las entidades responsables de la dirección y administración de los hospitales tienen frecuentemente orígenes, formas jurídicas y composiciones muy diversas‘, lo que ‘puede provocar una cierta debilidad y carencias en aspectos del gobierno y la gestión y, en particular, en el cumplimiento exacto de la normativa de carácter público que les es de aplicación’.

Por todo ello, aconseja ‘un mayor comportamiento de los equipos técnico administrativos de los centros respecto a sus obligaciones de carácter público y, en cualquier caso, el apoyo técnico y administrativo necesario del Servicio Catalán de Salud para mejorar la gestión y corregir progresivamente los problemas observados’.

‘[...] La ruina que nos embarga, la emigración de nuestros jóvenes, la falta de perspectivas, la desmoralización, la desconfianza y el pesimismo, el hastío y la indiferencia, se producen en un escenario donde la clase política que, en mayor o menor medida, ha detentado el poder en los últimos treinta años se ha convertido en casta partitocrática, gracias en buena parte al diseño aberrante de un Estado que ha concluido por funcionar a día de hoy como diecisiete taifas contemporáneas, con evidente y reiterada conculcación de la Constitución de 1978 y el uso interesado de una ley electoral no sólo gravemente injusta, sino que impide la ventilación necesaria de los partidos en un sistema democrático.

El café para todos del presidente Suárez y los entonces bienintencionados políticos de la Transición fue una respuesta tan voluntariosa como ingenua al siempre amenazante problema de los nacionalismos vasco y catalán, como todos los nacionalismos, “un mal en estado puro”, que diría Bertrand Russell. Pero aquella respuesta tan coyuntural y contentadiza que se las prometía muy felices, con visos de futuro descentralizador y armónico de un Estado por fin diverso y solidario, lejos de conseguir ninguna de sus grandes perspectivas ha devenido un régimen en sí problemático, ni confederal ni federal, sino asimétrico, es decir, basado en privilegios y distinciones, como en el Antiguo Régimen que derrocó la Revolución francesa, y con un futuro nada halagüeño. Una verdadera involución histórica, si tenemos en cuenta que el principio fundamental de toda democracia contemporánea, luego de las revoluciones liberales del siglo XVIII, se basa en la nación soberana de ciudadanos, con iguales derechos y obligaciones en cualquier parte de su territorio, algo que ha quebrado flagrantemente el Estado autonómico en España que, para colmo, sigue manteniendo como emblema intocable fueros medievales en el País Vasco y Navarra, asunto intolerable en cualquier país políticamente evolucionado.

Todavía más. El balance del régimen autonómico al cabo de más de tres décadas de funcionamiento es preocupantemente negativo. No sólo no ha neutralizado, mucho menos integrado, los nacionalismos vasco y catalán, mientras ha resucitado el, hace tan solo cuarenta años, moribundo nacionalismo gallego, y reavivado toda clase de miméticos y grotescos nacionalismos de campanario (particularismos todos bastante más razonablemente contemplados en la Constitución de 1931 y en sus respectivos Estatutos republicanos), sino que los ha exaltado y dado alas hacia el independentismo económico y político, poniendo en serio riesgo la unidad imprescindible de la hacienda pública y de mercado del conjunto del Estado.

[...] Si sustituimos los caciques de antaño por los representantes del aparato de los partidos actuales, vemos, como en aquel régimen de libertad vigilada, que los políticos autonómicos no necesitan tener excepcionales riquezas ni un poder político o económico extraordinario para hacerse con el poder regional y su disfrute, pero sí les es imprescindible el control de la Administración. Y aquí, ante la mansedumbre de los funcionarios y su mirar para otro lado, en medio de una insultante indiferencia social y la ya tradicional anemia cívica española, se ha ido tejiendo la urdimbre del clientelismo y su concomitante conculcación de normas y leyes para, una vez que el partido gobernante asienta su régimen, tras un par de legislaturas seguidas, extender la impunidad de las corruptelas en el saqueo del botín público. Así lo estamos viendo, atónitos, en el expolio de la Comunidad Valenciana, en la alucinante quiebra de la catalana, o en el increíble patio de Monipodio andaluz, por poner los ejemplos más escandalosos’.

Hereu y Trias, los dos últimos alcaldes de Barcelona (el anterior y el actual), responsables del gasto del Ayuntamiento en la compañía aérea Spanair (foto: Flickr).

Alrededor de 50 millones de euros es el coste que la ruinosa operación Spanair ha tenido para el Ayuntamiento de Barcelona, según ha reconocido este martes el alcalde de la ciudad, Xavier Trias (CiU). Esta cifra, que todavía no es definitiva, se sumaría a los cerca de 140 millones concedidos en concepto de subvenciones por parte de la Generalidad; todo ello, sin contar los más de 300 millones en deudas que acumula la compañía.

En una conferencia pronunciada en el Colegio de Periodistas de Cataluña, el dirigente nacionalista ha señalado que, desde el primer momento, todos los implicados en la compra de la aerolínea eran absolutamente conscientes de que se trataba de “una apuesta de riesgo” y de que “no era nada fácil” llevarla a cabo. También ha admitido que, aunque entonces -a principios de 2009- estaba en la oposición, la apoyó.

Trias: si el Aeropuerto depende de Aena “estamos jodidos”

En línea con lo que proponían los gurús de cabecera de los partidos nacionalistas (como Germà Bel o Ramon Tremosa) y la prensa afín, Trias ha asegurado que el objetivo de la operación era “crear un hub intercontinental a nivel de la ciudad de Barcelona”.

Según el alcalde, este ha sido un objetivo para el que no se han escatimado esfuerzos. “Es una operación que hemos estado intentando hasta el último segundo, mirando a ver si se podía vender Spanair”, ha añadido. Y ha insistido en que ese objetivo sigue vigente: “Hemos de ser capaces de dirigir el aeropuerto sin depender de Madrid. Si hemos de estar sometidos a las necesidades y a las conveniencias de Aena, estamos jodidos”, ha subrayado.

Pastor anuncia “un modelo de gestión coordinada”

Trias se reunirá con la ministra de Fomento, Ana Pastor, el próximo 14 de febrero para hablar sobre los accesos ferroviarios al Puerto de Barcelona, pero aprovechará para trasladare su posición sobre El Prat. De hecho, a pesar de que recientemente el Gobierno ha rechazado una gestión individualizada de los aeropuertos, este mismo martes Pastor ha abierto la puerta a “un modelo de gestión coordinada” orientada a “favorecer la cohesión, vertebrar el territorio y dinamizar las relaciones comerciales”.

“La participación de las administraciones autonómicas y locales, y de todo el tejido empresarial y social donde se ubica, será clave para definir el proceso de planificación estratégica y el desarrollo de los aeropuertos, como es el caso del Aeropuerto de El Prat”, ha asegurado la ministra durante una intervención en el Congreso.

El líder nacionalista, durante un foro empresarial celebrado en San Cugat (Barcelona), había criticado que las “CCAA que no son tan productivas” como Cataluña “se atrevan a subir el presupuesto”, en clara referencia a la Junta de Andalucía:

“Pensad que, con la que está cayendo en estos momentos, hay algunas CCAA que están subiendo el presupuesto, y no son las más productivas, sino que muchas veces son las más subsidiadas, cosa que debería mover a alguna reflexión general en el conjunto del Estado”.

Griñán, tras conocer estas palabras, ha respondido: “Yo tengo mucho respeto por Cataluña y no voy a decir nada en absoluto, a pesar de que tiene un presidente [autonómico] que constantemente le falta el respeto a Andalucía”.

De las cabras de Homs, a los vagos de Duran

El desprecio del nacionalismo catalán hacia el resto de CCAA, especialmente las menos desarrolladas económicamente, no es ninguna novedad. De hecho, bien sea por cuestiones económicas o linguísticas, las declaraciones ofensivas realizadas por parte de los dirigentes de CiU contra los ciudadanos de otros lugares de España se han intensificado en los últimos tiempos.

Hace solo dos meses, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, señaló:

“Aquí [en Cataluña] hubo una gente en el siglo XIX que decidió hacer la revolución industrial, mientras pastoreaban cabras en otros lugares del Estado español y ni se lo plantearon. [...] Otros países, los que van bien en Europa, sí que han tomado decisiones hace tiempo. Es decir, o miramos a Andalucía, o miramos a los alemanes”.

En junio pasado, el consejero de Economía y Conocimiento de la Generalidad, Andreu Mas-Colell, propuso que el Gobierno cancelase las obras del AVE a Extremadura (que forman parte de la línea proyectada a Lisboa) y así, con los fondos ahorrados, anticipar a las CCAA el pago del Fondo de Competitividad, porque las cuentas no le salían. La propuesta no fue bien acogida en esa Comunidad.

En septiembre, tras un debate en el Parlamento autonómico donde se mofó del acento de los niños andaluces y gallegos para defender la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, Mas tuvo que pedir perdón públicamente.

Unos días después, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, arremetía contra los receptores del PER, principalmente jornaleros andaluces y extremeños. “No hay derecho a que mientras nuestros campesinos tienen que dejar alguna fruta en el árbol porque no la pueden coger, porque no le sale a cuenta cogerla por el precio que le pagan, otros lugares de España, con lo que aportamos nosotros al conjunto del Estado, reciban un PER para pasar la mañana, o toda la jornada, en el bar de su pueblo, por mucho que se enfaden. [...] Eso se tiene que acabar”, señaló entonces. Sin embargo, desde CiU no hacen referencia alguna, en estos casos, a las multimillonarias subvenciones que la Generalidad otorga anualmente a medios de comunicación o entidades afines al ideario nacionalista.

Una crónica sobre la esperpéntica conmemoración del intento de golpe de Estado de Chávez, en Venezuela, ha sido la gota que ha colmado el vaso del director del diario de Jaume Roures, Jesús Maraña, para romper la colaboración con Lozano. La crónica ya no se puede leer en la web de Público, pero sí en algún blog, que ha denunciado el caso públicamente.

“Lo negocios de Roures son de él”

Lozano, sin embargo, ha señalado que le han comentado que el embajador de Venezuela en Madrid pidió su “cabeza” y el Gobierno venezolano “también la quería”. El periodista ha añadido que:

“No quiero entrar en eso porque los negocios de Roures son de él, no míos, pero sí puede influir que Telesur [televisión creada por Hugo Chávez] tenga un contrato millonario con Mediapro [productora de Roures]“.

Lozano llevaba tres años escribiendo para Público, como corresponsal político, sobre los acontecimientos que tienen lugar en Sudamérica. El periodista, además, ha criticado lo que considera un acoso sufrido en los comentarios de las noticias firmadas por él en la web de Público:

“He sufrido una campaña salvaje de insultos, amenazas, descrédito profesional en internet… en la que este director nunca me ha defendido, manteniendo esos insultos en los comentarios de las noticias”.

Por su parte, Maraña, en Twitter, ha señalado que “es absolutamente falso” la acusación que hace Lozano. Y ha añadido: “Ni ha habido presión alguna ni yo la habría aceptado”.

Relación Mediapro-Chávez

Según ha publicado Periodista Digital, Mediapro trabaja (desde 2006 a través de Telesur) con el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MINCI) en la retransmisión televisiva de grandes desfiles militares organizados por el Gobierno de Venezuela.

Así ocurrió, por ejemplo, el 5 de julio pasado y este 4 de febrero, fecha, esta última, en la que 39 técnicos trabajaron para dar cobertura televisiva de la parada militar organizada por Hugo Chávez, con motivo del XX aniversario de su fracasada intentona golpista, en 1992.

CiU no permitirá que la Constitución se explique, sin más, en las escuelas públicas de Cataluña, sino que modificará la asignatura propuesta por el Gobierno para convertirla en una materia que trasladará a los alumnos su versión sobre la historia de los estatutos de autonomía y sus procesos de aprobación.

Así lo ha reiterado este martes la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), que ha reconocido que el Gobierno “tiene la potestad de determinar el esquema básico de una materia”, pero ha asegurado que, en este caso, la Generalidad introducirá en la asignatura cuestiones como “cuál es la capacidad de las competencias del Tribunal Constitucional”, “qué quiere decir interpretar una ley”, “la historia de los estatutos en Cataluña”, “cuándo surge su necesidad”, “cuál es el debate”, “cuáles son los procesos”, y “las diferencias entre los textos votados y los textos implantados”, entre otras cosas.

“Todo un trabajo de formación ciudadana”

Rigau, que sigue manteniendo la negativa a aplicar el bilingüismo en las escuelas a pesar de las múltiples sentencias de los tribunales que así lo exigen, se ha sorprendido ante la pregunta de uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa: “¿Cuál es el límite entre esto que usted propone y el adoctrinamiento?, porque a mí no me queda claro”, le han interpelado. Y ha respondido:

“Yo explico la Constitución: hubo estos señores, que son los llamados padres de la Constitución, cuál es el proceso histórico en que nace la Constitución, y cuál es su contenido y qué apoyo tuvo. Yo no adoctrino si digo que en el País Vasco hubo una respuesta equis ante la votación sobre la Constitución. Describo un hecho. Y también es describir un hecho explicar cómo fue el Estatuto del 32, cómo fue el del 79, cómo es el actual, y qué procesos han tenido -votados aquí, votados en Madrid- y diferencias. Pensamiento crítico requiere formación. Y si no se explican los procesos, las conclusiones pueden ser erróneas. El adoctrinamiento viene cuando no se explican todos los procesos”.

Según la consejera, “en Cataluña hablar de la Constitución no ha de ser igual que en otras zonas” de España, y “por tanto, en Cataluña, si la materia pivota sobre conocimiento de la Constitución, [se] ha de incorporar, a nuestro entender, también el conocimiento sobre el Estatuto”. “Es todo un trabajo de formación ciudadana”, ha concluido.

Captura de la web del F.C. Barcelona en la que se refieren a la S.D. Huesca como 'Osca'.

El presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Fernando Losfablos, ha enviado una carta a los presidentes de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y del F.C. Barcelona en la que les exige que ‘en todos los actos y comunicados que se lleven a cabo por parte de cualquier club perteneciente a la LFP’ se ‘respete’ la denominación ofical de su equipo.

La reclamación se motiva en el hecho de que durante la visita la S.D. Huesca al estadio del F.C. Barcelona B, el pasado 28 de enero, para disputar un partido de liga de la Segunda División, el club aragonés fue tratado con la denominación de S.D. Osca, traduciéndolo al catalán, como si de un topónimo se tratase, y no del nombre de una entidad privada. Así, aunque en la propia web del Barça se refieren a la S.D. Huesca como Osca, el club afectado ha recordado que ‘no existe ningún equipo en la Liga de Fútbol Profesional español que se denomine S.D. Osca‘.

‘No imaginamos’ contemplar en castellano al Girona Futbol Club

Losfablos ha insistido:

‘La diversidad lingüística, cultural y geográfica enriquece un país. Compartimos el deseo por fomentarlos, conservarlos y difundirlos. Sin embargo, consideramos que, como en todos los aspectos, llevados a un extremo, pueden incurrir, en ocasiones, en situaciones un tanto injustas, si me permiten el término y poco acordes al contexto real.

La S.D. Huesca ha cumplido recientemente cien años de historia, cien años vistiendo unos colores y portando un nombre como insignia, como identidad, como esencia al fin y al cabo. Es por ello que ya hemos manifestado en alguna ocasión el deseo porque se respete nuestro nombre tal cual es.

Nuestra postura es totalmente favorable a la diversidad lingüística, es por ello, que cuidamos con detalle y especial atención la terminología a utilizar, para que esta sea siempre la adecuada. Por lo que Girona Futbol Club, Centre D´Esports Sabadell o Gimnàstic de Tarragona, no imaginamos contemplarlos en castellano, aunque sea esta la lengua en la que nosotros nos expresamos y desconozcamos, desafortunadamente, el idioma catalán.

Soñemos por un momento con la posibilidad de que el Newcastle visitara nuestros estadios, ¿lo anunciaríamos como el Nuevo Castillo? ¿Les parecería adecuada la medida al equipo inglés? o podrían llegar a pensar, que en una afán por proteger la diversidad lingüística, estamos incurriendo precisamente en lo contrario, en perjudicarla’.

Los criterios de traducción en Cataluña

La traducción de los nombres de los clubs de fútbol al catalán es una práctica habitual, por ejemplo, en la televisión autonómica de Cataluña. Así, es frecuente que en TV3 se hable de Reial Madrid o Reial Societat al usar el catalán, a pesar de tratarse de entidades privadas.

De forma mucho más coherente, la Administración autonómica catalana sí traduce al español los nombres de las instituciones públicas en los documentos oficiales que emite en esta lengua, refiriéndose a sí misma como Generalidad, o a la policía autonómica como Mozos de Escuadra, cuando utiliza el castellano. Este es un criterio que, sin embargo, no es bienvenido en el ámbito del nacionalismo catalán.

“El PSC ha tenido siempre voz propia”, ha indicado López, en dos entrevistas radiofónicas (en RAC1 y Catalunya Ràdio). Pero ha señalado que PSC y PSOE siempre han votado lo mismo y juntos (salvo en el Senado, que el PSC tiene grupo independiente en coalición con ICV-EUiA): “Así fue y así seguirá siendo. [...] Estoy convencido de que no se producirá [una ruptura]“.

En este sentido, López ha recordado que el PSC descartó tener grupo propio en el Congreso, al margen del PSOE, pero también ha dicho que “el PSC y el PSOE tienen una relación diferente, que no se produce en otra parte de España, [porque] es, sencillamente, otro partido“. Además, el secretario de Organización ha defendido que Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, conoce bien el PSC.

“Cuando el PSC y el PSOE vamos de la mano, a Cataluña le suele ir bien”

De la misma manera se ha manifestado Eduardo Madina, número tres del PSOE en el Congreso. A la cuestión de la revisión del pacto entre el PSC y el PSOE, propuesta en las últimas horas por algunos de los dirigentes socialistas de Cataluña, ha indicado que la buena relación entre ambas formaciones son “una garantía de estabilidad de la vertebración del Estado”. Madina ya defendió el pasado verano la misma posición.

La dirección saliente del grupo parlamentario del PSOE, en la reunión de este martes en el Congreso (foto: PSOE).

“Hemos sido siempre el elemento que hemos engrasado bien las relaciones con una Comunidad importante como Cataluña”, ha recordado Madina, que ha zanjado el asunto: “Cuando lo hacemos bien, a este país le va bien. [...] Cuando el PSC y el PSOE vamos de la mano, a Cataluña le suele ir bien”.

El mismo congresista ha dicho a sus compañeros de parlamento que “todo lo que sucede aquí, afecta igualmente a Cataluña”, para recordarles que PSC y PSOE votarán juntos. Por otro lado, en la reunión del PSOE en el Congreso, el grupo parlamentario ha escogido a Soraya Rodríguez, ex secretaria de Estado en Cooperación, como nueva portavoz del partido en la Cámara Baja.