Francisco Caja presentó el pasado día 17 de febrero en Barcelona su libro: La Raza catalana: el núcleo doctrinal de catalanismo. Francisco Caja es un ciudadano que combate en Cataluña la nación con la razón. En una tierra que el nacionalismo ha convertido en un erial de la inteligencia el trabajo crítico, libre, esforzado, tenaz y riguroso, este, el del profesor Caja contrasta con el de aquellos paniaguados del régimen convertidos en títeres intelectuales a la caza del disidente. Comisarios políticos que se comportan como vulgares mamporreros al servicio de la imposición del nuevo orden nacionalista.

Paco Caja les ha dado con su libro donde más del duele. Les ha sacado los muertos del armario. Muertos que apestan a la miseria moral de la que se nutre ese avatar del totalitarismo que es el nacionalismo. Con su libro descubre lo sabido pero celosamente ocultado por la omertá historiográfica catalanista: que el corazón de la doctrina catalanista es la doctrina de la raza. Que el nacionalismo se nuclea entorno al racialismo supremacista como elemento de diferenciación entre catalanes y el resto de los españoles. Una supremacía racial como ideología política que Auschwitz hace mutar como coagulante nacionalista en el idioma y la cultura de nuestros días pero que permanece latente en el adn nacionalista.

Paco Caja abre con su libro un camino inexplorado que va a poner nerviosos a muchos historiadores del régimen que van a ver moverse el suelo bajo los pies. Este libro achica definitivamente uno los espacios de impunidad más vergonzosos del nacionalismo catalán. Con este libro se empieza a cartografiar el corazón de las tinieblas. Ese es su objetivo y ese será su éxito.

Jordi Cañas es secretario de Comunicación y portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, también se le puede leer en el blog del portavoz de Ciudadanos.

La diferencia clásica entre piratas y corsarios era la artificiosa legitimidad de los segundos en sus acciones delictivas. Ambos eran vulgares delincuentes movidos por el afán de lucro, pero los corsarios contaban con la patente de corso concedida por una autoridad que les permitía delinquir bajo el paraguas de su protección.

En Cataluña, también se da esa diferencia. Mientras los ciudadanos son acusados de piratas por compartir información desde sus ordenadores con otros internautas (una práctica por otro lado muy libertaria), los dirigentes del tripartito se comportan como unos auténticos corsarios en su irrefrenable actividad legislativa.

La Ley del Cine de Cataluña es un ejemplo de esa diferencia. Mientras que cada vez que vamos al cine, alquilamos o compramos una película en DVD, tenemos que soportar que se nos acuse de una forma nada sutil de ser unos potenciales delincuentes, nuestros gobernantes se dedican impunemente a atacar a la industria cinematográfica con unas cuotas de doblaje de películas al catalán que van a hundir al sector, provocando el descenso a la mitad de los espectadores en las salas, la disminución proporcional de los ingresos y el consiguiente cierre de centenares de pantallas que tendrá como consecuencia directa el despido de miles de trabajadores.

Porque en Cataluña el mayor peligro para el cine no es la piratería, es un Gobierno de corsarios decididos a hundir todo aquel sector económico que no se rinda a sus delirios identitarios. Piratas con patente de corso administrativa, camuflados de dirigentes políticos, que no dudan en continuar con incesante labor de construcción de una nación catalana cimentada con los escombros de la Cataluña real.

Jordi Cañas es secretario de Comunicación y portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, también se le puede leer en el blog del portavoz de Ciudadanos.

Hasta hace unos cuantos días en España las cartas de extorsión solían tener como remitente las diferentes bandas terroristas que han recorrido la historia de nuestro país y como destinatarios a empresarios y profesionales liberales con supuestos recursos económicos. El argumento y esquema de esas misivas era siempre el mismo: un grupo se erigía en el depositario de la razón política y solicitaba apoyo para la consecución de sus objetivos, todo ello sustentado en una amenaza que advertía de que, de no colaborar con la causa, los receptores deberían atenerse a las consecuencias.

A principios de este mes de enero nos enteramos que el presidente de la Generalidad había enviado una carta a más de 200 instituciones para coordinar una respuesta unitaria ante los previsibles ajustes que el Tribunal Constitucional impondrá al Estatuto de Cataluña. Continuaba así el presidente autonómico con esa nueva fase de su estrategia de acoso y coacción a los miembros del Tribunal Constitucional iniciada con el editorial conjunto que 12 diarios catalanes publicaron en defensa del Estatuto de Autonomía. Un editorial dictado desde el entorno de Montilla con la intención de trasladar a los magistrados del tribunal una falsa imagen de unidad de la sociedad civil catalana frente a una futura sentencia que “constitucionalizase” los preceptos inconstitucionales de esta ley orgánica.

Estas 200 cartas, como aquellas otras cartas de extorsión, se dirigen a sus destinatarios para proponerles apoyar una ilegalidad con la intención de alcanzar un objetivo político. Estas, como aquellas, utilizan una amenaza sutil para instar al delito. Pero las enviadas por Montilla tienen además una connotación, si cabe, de carácter más mafioso, porque exigen veladamente a sus destinatarios devolver los favores recibidos del poder. Ser sociedad servil en Cataluña tiene esas obligaciones: mostrar apoyo al patrono cuando este lo solicita. Montilla pide con estas cartas, de forma directa, que el dinero y favores recibidos por esas entidades sean devueltos en forma de apoyo político público. Y lo hace sin ocultarse. La unidad de acción de la sociedad civil comprada a golpe de subvención y de prebenda.

Todos los remitentes de cualquier tipo de carta de extorsión coinciden en sus intenciones delincuenciales. Unos las manifiestan de una forma clara y otros las ocultan tras la legitimidad que les da ser representantes públicos. La gravedad del comportamiento de los segundos es lógicamente mayor. Porque cuando un servidor público utiliza contra una institución democrática la amenaza, la coacción y el chantaje, deja de serlo, abandona esa categoría para convertirse en un delincuente. Pero no en uno vulgar, sino uno de una calaña especialmente abyecta.

La carta de Montilla en la que se insta a dar “una nueva respuesta política y cívica, clara y unitaria” ante el fallo del Tribunal Constitucional, es un ejemplo más, de la actitud de acoso, amenaza y coacción que la Generalidad de Cataluña, su presidente y los partidos nacionalistas -incluyendo al PSC-, llevan sometiendo al máximo tribunal y con él a toda la democracia española durante los tres últimos años. Una actitud propia de aquellos que no creen en la democracia y añoran y anhelan un régimen autoritario.

A raíz de la carta, el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra, tacho de “increíble” que el presidente de la Generalidad, José Montilla, hubiera enviado una misiva reclamando una respuesta unitaria en caso de que el Tribunal Constitucional constitucionalice el Estatuto cuando aún el Alto Tribunal no ha dictado sentencia, ni se ha pronunciado. “Los políticos allí están un poco en la estratosfera”, sentenció. Más allá del adecuado análisis del hecho, el ex vicepresidente del Gobierno cometió tres equivocaciones en sus afirmaciones. Primero, que sea increíble que Montilla amenace al TC, porque en Cataluña ha dejado de ser increíble que determinados partidos y administraciones incumplan la ley y acosen al Estado de derecho. Segundo, porque no son todos los políticos catalanes los que no tocan de pies en el suelo, los representantes de Ciudadanos sí lo hacen, y son los únicos que denuncian permanentemente las amenazas contra nuestra democracia. Y tercero, que los políticos socialistas y especialmente sus compañeros de partido catalanes no están en la estratosfera, porque todos ellos están directamente en la luna.

Aunque, a lo mejor, lo que Guerra ya sabe es que los socialistas catalanes han dejado de formar parte del proyecto socialista español. El primer secretario de los socialistas catalanes, José Montilla, respondió a esas afirmaciones diciendo que Alfonso Guerra (y Joaquín Leguina) eran periféricos y anecdóticos en el socialismo español, y que ambas figuras representaban el pasado. Solo espero y deseo que cuando lleguen las próximas elecciones autonómicas, y los señores del PSC saquen a pasear por el cinturón rojo barcelonés a otro de los referentes del pasado socialista para recoger los votos del PSC, tenga el coraje de decirle a los asistentes de sus mítines que Felipe González es también una figura periférica, anecdótica que representa el pasado del socialismo español. No creo que lo haga. Su chulería caduca cuando llegan las campañas electorales. Saben que necesitan esos votos aportados por el socialismo español, que después traicionan con sus políticas nacionalistas, para mantenerse en el poder. Su prepotencia acaba cuando se pone en peligro su poltrona. Y afirmar que González y Guerra son el pasado y Montilla y Zapatero el futuro del socialismo no les daría muchos votos. Supongo.

Montilla decía en su carta: “La unidad nos hará fuertes”. Lo único que deseo fervientemente es que la coacción no les haga impunes.

Jordi Cañas es secretario de Comunicación y portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, también se le puede leer en el blog del portavoz de Ciudadanos.

Fracaso. Esa es la palabra que resume la jornada independentista del pasado 13D. Después de la excitación previa, alimentada por una cobertura mediática de unos medios de comunicación públicos y privados catalanes que publicitaron durante semanas estas farsas, dándoles una cobertura informativa durante el día de su celebración propia de una jornada electoral democrática, el souflé se ha venido abajo.

A las primeras valoraciones de éxito de los organizadores le ha seguido el frío análisis de los datos de participación de las consultas y de la repercusión política que de ellos se deriva. Y el resultado de este análisis es demoledor a la hora de confirmar su estrepitoso fracaso.

Fracaso en la participación. Un escaso 27% a pesar de estar convocadas en los municipios más nacionalistas de Cataluña y de ampliar el censo de posibles votantes incorporando a mayores de 16 años e inmigrantes sin derecho a voto.

Fracaso en su repercusión internacional. Los medios internacionales que les prestaron atención, una minoría, han comprobado la debilidad del separatismo en Cataluña, no dudando en tildar las consultas de “auténtico naufragio del independentismo”.

Fracaso en la voluntad de atraer a la inmigración al separatismo. Aunque los dirigentes de las asociaciones de inmigrantes estén comprados y trabajen al servicio del nacionalismo a través de las subvenciones a sus asociaciones y las prebendas a sus dirigentes, los inmigrantes han dado la espalda a estas farsas porque saben muy bien que el nacionalismo es un movimiento político con amplios tintes xenófobos que pretende utilizarlos políticamente aunque los desprecia intelectualmente ya que ponen en peligro las esencias nacionalistas.

Fracaso en la organización. Las divisiones internas del independentismo no aguantaron ni a que concluyese la jornada. Desde entonces se suceden públicamente peleas entre acusaciones de manipulación política, de sectarismo, de personalismo, de desorganización, de falta de rigor, en espectáculo cainita patético.

Sin embargo, este fracaso en toda regla, no va a desmovilizar a esta minoría que lleva condicionando la vida política de Cataluña en los últimos 30 años. Su incapacidad de comprender la realidad es infinita. Lejos de asumir que la Cataluña real no quiere preguntarse qué quiere ser porque ya se gusta como es y que sus ciudadanos únicamente esperan que su clase política trabaje para que alcancemos mayores cotas de bienestar, disfrutemos de una mejor sanidad, tengamos una educación que eduque y no adoctrine, dediquemos al cuidado de sus mayores y de las personas desfavorecidas los recursos necesarios, y que desarrollemos una economía próspera que proporcione trabajo de calidad a sus ciudadanos, ellos insistirán en que en realidad lo que significa esta jornada es que los catalanes quieren más nacionalismo, quieren más enfrentamiento, quieren más desunión, quieren la independencia.

Porque los nacionalistas, y su cómplice, son infalibles en el error. Así, como aquellos médicos que recetaban sangrías ante cualquier dolencia, y que al debilitamiento del enfermo por su tratamiento insistían en nuevas sangrías que acababan matando al paciente, estos actúan de igual manera. Para estos matasanos los problemas que causa el nacionalismo se curan con más nacionalismo. Y así, como medida tras el fracaso de las consultas propondrán un referéndum ilegal de independencia en toda Cataluña o la proclamación unilateral de independencia desde un Parlamento de mayoría nacionalista. Una cura que de no evitarse puede tener las mismas consecuencias para la sociedad que tenía para aquellos desgraciados enfermos que morían desangrados porque el nacionalismo es una ideología que pone en riesgo la convivencia al fundamentar su ideal de sociedad en la imposición de un modelo de identidad excluyente que termina provocando inexorablemente la división y el enfrentamiento social.

Por ello, de este fracaso hay que extraer una lectura positiva, es imprescindible que Ciudadanos, el único partido que se enfrenta al nacionalismo sin ataduras, sea decisivo en el próximo Parlamento autonómico de Cataluña para devolver la igualdad a todos los ciudadanos de Cataluña y conseguir que, por primera vez, sean los problemas reales de los ciudadanos el centro del debate político en nuestra comunidad, recetando el único tratamiento político eficaz contra el nacionalismo: la razón.

Jordi Cañas es secretario de Comunicación y portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, también se le puede leer en el blog del portavoz de Ciudadanos.

Este pasado 6 de diciembre nuestra Constitución cumplió 31 años. Como cada año, Ciudadanos volvió a salir a la calle, en un ambiente festivo y pedagógico, para celebrar el aniversario de la aprobación por referendo de nuestra Carta Magna el día 6 de diciembre de 1978. Y como hay cosas que nunca cambian, como cada año también volvimos a estar solos en esta conmemoración, ya que en Cataluña sus instituciones de gobierno, cuya legitimidad está sustentada en nuestra Constitución, no le rinden el homenaje que merece.

Sin embargo esta actitud irrespetuosa no es criticable, si aquellos que la amenazan, violentan, acosan e incumplen cada día actuaran de manera contraria sería una demostración de hipocresía política. Una actitud que, a estas alturas de la película, los nacionalistas y su cómplice, el PSC, ya no creen que sea necesario forzar.

Ciudadanos sale a la calle porque celebrar el día de la Constitución Española significa honrar un momento de nuestra historia donde finalmente la concordia triunfó frente a la discordia. El acuerdo frente al desacuerdo. El consenso frente al enfrentamiento. El interés de todos frente a los intereses de una minoría. La fraternidad sobre la desunión. Que por primera vez nos regimos por una norma fundamental elaborada y aceptada por todos, gracias a un espíritu de colaboración y consenso que han permitido una etapa sin precedentes en nuestra historia de expansión de las libertades, del bienestar social y de la democracia.

Celebramos que en un día como este los ciudadanos debemos sentirnos orgullosos de que nuestra Constitución acrisole e integre los valores que han definido la tradición democrática occidental: la proclamación de los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos, la división de poderes y la soberanía popular. Del pueblo español emanan todos los poderes de un Estado social y democrático de derecho que garantiza sus derechos individuales y los defiende frente a cualquier tentación totalitaria.

Y salimos a la calle porque, como una maldición eterna, los viejos fantasmas que han amenazado la convivencia en nuestro país retornan con fuerza. Después de treinta años de democracia en España, el marco de convivencia creado por sus ciudadanos e instituciones y que tiene en la Constitución su piedra angular, está siendo amenazado por los desafíos que los partidos nacionalistas y sus cómplices están sometiendo a los ciudadanos, a las instituciones democráticas españolas y a la legalidad constitucional.

Esta situación, que busca dinamitar el proyecto de convivencia en común, no es más que el resultado de décadas de ingenua estrategia de integración en el marco democrático y de convivencia común de los partidos nacionalistas. Éstos, lejos de responder con lealtad a este esfuerzo integrador, lo han instrumentalizado hasta alcanzar su verdadero objetivo: la secesión. Un nacionalismo que, por fin, se ha quitado la máscara y muestra definitivamente lo que siempre ha sido: una nueva forma de totalitarismo político que la inercia post-franquista y el amparo de una izquierda, incapaz de descubrir su verdadera ideología reaccionaria, habían ocultado.

El escenario que vivimos en nuestro país es especialmente grave porque este pensamiento único totalitario ha calado profundamente en las CCAA gobernadas por los partidos nacionalistas y sus cómplices, y ha saturado la vida pública hasta envenenar la convivencia. En estas comunidades se ha impuesto una lógica en la que todo aquel que no comparte las coordenadas identitarias definidas por el nacionalismo se convierte automáticamente en un en enemigo.

Porque para los nacionalistas el enemigo no sólo es España, sino también todos aquellos que siendo sus conciudadanos no comparten sus ideas políticas ni sus criterios identitarios. Estos ciudadanos rebeldes son doblemente peligrosos, porque cuestionan desde la individualidad su proyecto totalitario. Porque rompen el esquema simplista y reduccionista del nosotros contra ellos. Porque ese nosotros homogéneo y mitificado deviene heterogéneo, plural, poliédrico, y eso es un peligro que no debe ser tolerado, porque puede derrumbar lo que tan cuidadosa y obstinadamente han construido: el otro, como enemigo.

Esta es una situación que una democracia no debe ni puede tolerar. Al amparo de la construcción nacional, el nacionalismo político ha utilizado sistemáticamente el descrédito y ataque directo a las instituciones democráticas y sus símbolos, la manipulación de la educación y de los medios de comunicación públicos como instrumentos de difusión de una doctrina nacionalista impregnada de una pedagogía del odio a lo español, la creación de un lenguaje preñado de perversiones semánticas con el fin de generar asimetrías afectivas, la persecución lingüística y la exclusión de los castellanohablantes de los circuitos oficiales y amenazado la libertad política del individuo desde la coacción, el hostigamiento público y las amenazas directas.

Todo ello de mano de unos políticos moralmente enfermos que ocultan su mala gestión bajo la coartada del victimismo perpetuo, que denuncian un supuesto expolio económico cuando drenan del erario público millones en comisiones, corruptelas y subvenciones multimillonarias para organizaciones que defienden ideas políticas irredentistas, el neo-imperialismo cultural, el monolingüismo de tintes xenófobos o directamente la lucha violenta contra las instituciones democráticas.

Una clase política éticamente miserable que ha creado un sustrato de odio donde fermentan elementos que ponen en riesgo los pilares básicos de la convivencia y que no duda en sacrificar la libertad de sus conciudadanos para conseguir sus objetivos políticos totalitarios creando un nuevo tipo de régimen totalitario y totalizante. Un régimen que quiere dominar y controlar la sociedad moldeándola a la fuerza a una realidad inexistente que se ha impuesto entre nosotros, silenciosamente, a lo largo de los últimos 30 años, que controla los resortes de poder y los medios de comunicación y que ha generado una democracia tutelada.

Sin embargo, en días como el que celebra nuestra Constitución, tenemos que conseguir que de la amenaza no surja la desesperanza. No debemos permitir que la opresión totalitaria que quiere destruir nuestro marco de convivencia triunfe. No renunciaremos a la libertad por propia voluntad. Resistiremos. Los nacionalistas pensaban que de la amenaza nacería la sumisión, pero se han equivocado. De la sociedad que quiere convivir en paz y libertad, ha surgido un movimiento de ciudadanos dispuestos a convertirse en un baluarte de la democracia.

Para nosotros justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables dentro de nuestra Constitución y no renunciaremos a ellas. No debemos asumir y confiar en que las cotas de libertad individual no tienen retorno. Sabemos que para los nacionalistas el individuo se supedita a la nación inventada, el ciudadano debe ceder sus derechos frente a un colectivo fantasmal, ya que el propietario de derechos no es el individuo, sino el territorio desarrollado como sujeto, y es ese el motivo por el que los ciudadanos libres son un escollo en el logro de sus objetivos.

La historia pasada y reciente nos alerta del peligro de esta supeditación del individuo al concepto, y nos recuerda que desandar el camino andado es fácil y siempre trágico. Algunos vemos los signos que identifican que ese peligro habita entre nosotros y que está creciendo, y no vamos a dejar que consiga sus objetivos sin oponerle resistencia. Por responsabilidad cívica. Por obligación moral. Porque defender la libertad siempre ha sido cosa de pocos. Porque merece la pena intentarlo.

Jordi Cañas es secretario de Comunicación y portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, también se le puede leer en el blog del portavoz de Ciudadanos.

El 26 de noviembre de 2009 doce diarios que reciben entre todos ellos más de 20 millones euros anuales procedentes de las arcas públicas y “cuya línea editorial se determina en Catalunya (sic)”, publicaron un editorial titulado La dignidad de Catalunya.

En él que se advertía y presionaba al Tribunal Constitucional (TC) para que este no modificara el nuevo Estatuto con su futura sentencia sobre la constitucionalidad de alguno de sus artículos, por ser esta ley orgánica el fruto de un doble pacto político -Parlamento autonómico de Cataluña y Cortes Generales- y haber sido sancionado por los electores. Decían muchas más cosas, pero fundamentalmente reproducían esa forma de entender Cataluña defendida por los nacionalistas -y su cómplice necesario en esta farsa democrática que vive Cataluña, el PSC- donde son los nacionalistas y sus voceros quienes se arrogan el derecho de hablar en nombre de Cataluña y de todos los catalanes, autodesignándose interlocutores exclusivos sobre todo aquello que sienten, les preocupa o necesitan.

Esta iniciativa periodística, ejemplo contemporáneo de aquellas adhesiones inquebrantables al régimen tan habituales durante el franquismo, solo puede ser calificada por aquellos que mantienen viva la llama de Montesquieu de bochornosa e indigna.

Es bochornosa porque asume con absoluta desvergüenza las tesis involucionistas de unos partidos políticos que han decidido romper con las reglas de juego democrático desde el chantaje y la amenaza al TC. E indigna porque refleja el avance del proceso de imposición en Cataluña por una minoría que controla los resortes políticos, económicos y mediáticos, de un régimen totalitario. Una Cataluña oficial, oligarca y corrupta, caciquil y prepotente, que ha infectado nuestra sociedad putrefactándola con el único objetivo de alcanzar sus objetivos políticos.

La inexistencia de unos medios de comunicación críticos con el poder es uno de los signos que determinan la ausencia o muerte de la democracia real en un país. Cataluña no es un país, pero su marco comunicativo local hace tiempo que ha dejado de ser un contrapoder del poder político para convertirse en la correa de transmisión del mismo.

Unos medios de comunicación que han abandonado su función de informar para convertirse en actores políticos son una anomalía propia de países totalitarios. Su unanimidad en el seguidismo del poder, su actitud lacaya y servil es sencillamente contraria al papel de control de los medios en una sociedad libre. Por ello, estos medios deben explicar a esos ciudadanos de los cuales dicen ser portavoces cómo se ha fraguado ese editorial conjunto, quién lo ha redactado o a instancias de quién, y sobre todo si persiguen, además de coaccionar y chantajear al TC, desviar la atención de los casos de corrupción de los partidos de los que son tributarios y cómplices: el PSC y CiU.

También deberían explicar a los ciudadanos, si tan preocupados están por la dignidad de Cataluña, por ejemplo, ¿por qué no hicieron un editorial conjunto contra la corrupción institucional?, o ¿por qué no hicieron ningún editorial defendiendo su dignidad frente a aquellos que en nombre de Cataluña se enriquecen ilícitamente y roban recursos públicos de todos los ciudadanos?, o ¿por qué no publicaron un editorial unitario liderando la catarsis democrática que necesita nuestra comunidad? ¿Por qué?

La respuesta es evidente, porque la prensa en Cataluña forma parte del poder de una forma inextricable desde esa espesa y tupida red de vínculos familiares, políticos y económicos que asfixian la libertad en nuestra comunidad. Y también, de una forma menos prosaica, porque dependen de las subvenciones y encartes publicitarios de las administraciones para sobrevivir en un momento donde la caída de ventas y de los ingresos por publicidad azota a la prensa escrita.

Estos meses nos han permitido ver la realidad catalana de una forma descarnada: la existencia de una trama de corrupción institucionalizada vinculada al poder, la voluntad de los partidos políticos nacionalistas y sus cómplices por subvertir el orden constitucional y la inexistencia de una prensa libre. Hemos podido ver al régimen nacionalista que gobierna en Cataluña sin tapujos. La Cataluña oficial que copa las instituciones y la sociedad civil, asfixiando y ahogando la Cataluña real en estado puro.

Porque si de dignidad se trata, según estos augures mediáticos, la dignidad de los catalanes no se fundamenta en su grado de bienestar, en si tienen trabajo o no, o en si tienen la educación y sanidad que necesitan. No.

Para estos oráculos de lo que piensan los catalanes, lo que les quita el sueño de verdad, es una sentencia del Tribunal Constitucional que determine que Cataluña no es una nación jurídica, o que conocer el catalán no deba ser una obligación, o que lo símbolos de nuestra comunidad no puedan ser considerados como nacionales. Si no fuera tan peligrosa, defender que el problema de los ciudadanos catalanes es la constitucionalidad de la simbología identitaria nacionalista llamaría al sonrojo y a la vergüenza ajena.

Es a la luz de esta forma de entender la realidad, como podemos afirmar que Cataluña está dividida entre los que defienden la dignidad de Cataluña y la que defiende la dignidad de los catalanes. Entre aquellos que creen en la oligarquía y los que creen en la democracia; entre los que creen que los derechos son de los territorios y los que defienden que son de los ciudadanos; y entre los que creen en que los privilegios y derechos históricos son de una minoría y los que creen en la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos.

Y por que esa Cataluña oficial se despliega con absoluta impunidad ante el silencio de la mayoría, ha llegado el momento de que los que callan ante aquellos que amenazan nuestra convivencia den un paso adelante y digan basta. Lo griten sin miedo a las represalias y consecuencias que enfrentarse al nacionalismo en Cataluña supone, y lo hagan con la convicción de que vivimos un momento histórico que puede inclinar la balanza definitivamente del lado de la razón frente a aquellos que quieren perpetuar el dominio de uno pocos sobre la mayoría.

Porque todos aquellos que pensamos que otra Cataluña es posible, una Cataluña de ciudadanos realmente libres, tenemos la obligación cívica de trabajar para que algún día en nuestra comunidad las instituciones públicas, la sociedad civil, y la vida política dejen de ser un día el patrimonio de unos pocos para ser el reflejo fiel de la Cataluña de todos.

Jordi Cañas es secretario de Comunicación y portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, también se le puede leer en el blog del portavoz de Ciudadanos.

Fue Samuel Johnson, un brillante ensayista de la Inglaterra del XVIII, quien definió el patriotismo como el último refugio de los canallas. Poco podía imaginar este ácido pensador inglés que su reflexión ajustaría tan perfectamente, casi 300 años después, a la hora de definir a gran parte del establishment que ha dominado la vida política, social y económica de Cataluña durante los últimos treinta años.

Los escándalos de corrupción y de saqueo de los recursos públicos vinculados al nacionalismo en Cataluña no son nuevos. Fueron parte permanente del paisaje político catalán durante los diferentes gobiernos de la Generalidad presididos por Jordi Pujol y, por lo tanto, una elemento consustancial del pujolismo, esa suerte de régimen nacionalista nacido a la sombra del president durante los 23 años de su mandato. Una época en la que se asentaron las bases de esa forma de entender Cataluña que ha marcado los destinos de nuestra comunidad desde la llegada de la democracia a España: Cataluña somos nosotros y a nosotros pertenece.

Esa forma de patrimonialización de Cataluña que una minoría, las famosas 400 familias, urdía tradicionalmente desde su control del poder político, económico, social y cultural, se amplió en los 80 a otro grupo con menos pedigrí, pero igual afán depredador. Un grupo nacido al calor del control del poder municipal de un PSC vendido definitivamente al nacionalismo, dominado por unos políticos profesionales cuya única ideología se resume en vivir del poder. El pacto tácito entre estos dos grupos se cimentaba en una cláusula inviolable: el silencio. La famosa omertá catalana que ha recorrido la vida política catalana desde los años 80 y que a día de hoy sigue siendo el único valor transversal que una esa fantasmal construcción política llamada sociovergencia.

Así, ese “hoy por ti y mañana por mí” prosperó ante el servilismo de unos medios de comunicación demasiado próximos y dependientes del poder, cuando no directamente controlados por él. Y de este modo, entre la complicidad y la impunidad, la corrupción y el saqueo de lo público prosperaron en el silencio. Una Cataluña oficial corolario político se visualizaba en la manoseada metáfora del oasis.

Pero ahora, por fin, tras años de arcadas, la Justicia ha provocado el vómito público a esa Cataluña oficial. De repente, dos casos de corrupción sincronizados en el tiempo, los casos Millet y la operación Pretoria han rasgado violentamente el opaco velo que ocultaba la verdad en Cataluña. Y revelándose como dos caras de una misma moneda, la corrupción sistematizada reflejo de esa forma de entender Cataluña que el nacionalismo sociológico y el arribista habían disfrutado siempre por su simbiótica proximidad al poder, ha quedado por fin descarnadamente al descubierto.

Millet y Pretoria deben convertirse en algo más que dos nombres a sumar a la larga lista de casos de corrupción vinculados al poder en nuestra comunidad. Deben señalar el fin de una forma de entender Cataluña. El fin de esa Cataluña donde unos pocos hablan, se benefician, y deciden en nombre de todos. El fin de una clase política y de una política que no representa la pluralidad de la Cataluña real sino el monolitismo rancio de la Cataluña oficial. El fin de unos representantes públicos que no sirven a sus ciudadanos sino que se sirven de ellos. El fin de una Cataluña donde unos pocos mandan y el resto obedece si no quieren sufrir el ostracismo civil que esa minoría aplica a todos aquellos catalanes non gratos a ojos de los nacionalistas.

Millet y Pretoria deben marcar el final de un régimen y el inicio de una esperanza. Porque esta vez no servirán los pactos de silencio ni habrá omertá que valga. Porque se ha acabado la época donde Cataluña eran unos pocos. Ha llegado el momento de exigir lo obvio: que Cataluña somos todos.

Jordi Cañas es secretario de Comunicación y portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, también se le puede leer en el blog del portavoz de Ciudadanos.