¿Reformar el Port Vell, en beneficio de quién?

Hoy dedico mi espacio a apoyar un manifiesto que algunos vecinos del barrio de la Barceloneta (Ciutat Vella) han lanzado ante la nueva operación urbanística especulativa que desde el Ayuntamiento de Barcelona se pretende impulsar con el pretexto de la transformación del Port Vell.

A semejanza de lo que pretendió hacer Jordi Hereu (PSC) con la operación del Miniestadi -que gracias a la presión de los vecinos y las asociaciones acabó en fiasco-, ahora Xavier Trias (CiU) repite los errores de aquél -no contar con los afectados en la realización de una magna transformación de una zona emblemática de la ciudad negociando a sus espaldas-. No lo permitamos.

La reforma del Port Vell de Barcelona amenaza con transformar el barrio pescador de la Barceloneta. Este barrio popular está directamente amenazado por dicha reforma, que engloba su tradicional Muelle de Pescadores y colindantes; y pretende substituir los amarres para pequeñas embarcaciones por una zona de amarres para yates de lujo. Esta transformación implica, por un lado, la eliminación de una estructura cultural y económica tradicional, aumenta la presión turística e inmobiliaria sobre los barrios del entorno, y por otro privatiza y limita -por seguridad- el acceso al mar de los habitantes de Barcelona.

Súmate a la campaña y adhiérete al manifiesto Reformar el Port Vell, en benefici de qui? (¿Reformar el Port Vell, en beneficio de quién?):

Hoy vuelan tan altas las gaviotas del Puerto,
que planean solamente:
el palo más joven y delgado
del «Mari Angeleta»
bajo la bola de oro,
[ou] el retintín trasparente de sus alas quietas.
De cara al sol
cien velas;
y el banderín rojo que rumbea su fresco.
El vaporcito pasea lo bellos sueños atlánticos.
A ras de muelles en calma:
el hombre de las naranjas pasa la carreta llena.
(Joan Salvat-Papasseit, Domingo)

El Port Vell ha sido, de siempre, un espacio estrechamente vinculado a la vida de los barceloneses. Sin el comercio marítimo y la industria que se deriva y lo propicia no se entiende el desarrollo económico, cultural e identitario de barrio de la Barceloneta, de la ciudad de Barcelona y del país. Lamentablemente, sin embargo, este puerto que sentimos como nuestro, y que administra la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), se ha convertido hoy día en un espacio hermético que los ciudadanos más bien asociamos a escándalos diversos por malversación de fondos y narcotráfico.

Y pese a esto, continuamos pensando que el puerto forma parte de la ciudad y entendemos que las transformaciones que le afectan hemos de decidirlas entre todos. Creemos, además, que este decidir es necesario escuchar muy especialmente la voz de los vecinos y las vecinas de los barrios adyacentes. Estamos en un momento de crisis económica y social profunda y cualquier actuación que pretenda transformar nuestro entorno habría de estar pensada y destinada a garantizar los derechos y el bienestar de la ciudadanía. Pero la experiencia nos demuestra que las reformas del puerto, bien al contrario, han estado pensadas e impulsadas por empresas privadas, las cuales, a través de las concesiones que otorga la APB, se apropian y se lucran con los espacios públicos de la ciudad.

¿En beneficio de quién se hacen estas reformas?

La actual reforma del Port Vell aplica, por enésima vez, una fórmula de la cual ya conocemos el resultado, la misma que se aplicó con el Hotel Vela, el Maremágnum y el World Trade Center, aquella fórmula que se basa en el dogma de que las grandes estructuras de lujo, pensadas para una reducida élite económica mundial, podrán, en tiempos de crisis, beneficiar a toda la ciudad.

Pero el gran beneficiado de la reforma del Port Vell será, sin duda, Salamanca Group, de la mano de Marina 92, una atarazana de yates de lujo vinculada a Roman Abramovich. Esta atarazana se instaló en el puerto ahora hace dos años, en un momento en que no había yates de lujo para reparar, y echó a una atarazana anterior, pero histórica, que daba trabajo a mucha gente de la Barceloneta, la Vulcano.

En el futuro, si la reforma sigue, los vecinos habremos perdido otro espacio. El Port Vell lo habrán cerrado y fortificado con una reja, seguridad privada y guardaespaldas, y nunca más nos podremos acercar. Allí donde los ciudadanos nos podríamos haber reencontrado con nuestro patrimonio marítimo, como por ejemplo la lonja del pescado y la torre del reloj del puerto de pescadores, allí donde podríamos haber gozado de equipamientos públicos y comunitarios, toparemos con la cara más excluyente de los millonarios.

Una reforma que es una guerra declarada a los vecinos

La exclusión de la ciudadanía, la negativa a contemplar sus derechos y necesidades en este proyecto, provocará la destrucción de la economía tradicional de la Barceloneta. La pesca y el pequeño comercio de toda la vida, actualmente ya bastante amenazados, desaparecerán de manera definitiva, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y la degradación del tejido social. El pequeño tendero no podrá competir por unos precios de alquiler y licencias que sí se puede permitir el tipo de comercios que atraería la reforma.

Hemos de subrayar, además, que el incremento de la presión del turismo sobre la Barceloneta tendrá, entre otros efectos, la aparición de más apartamentos turísticos, que hoy en día ya constituyen un problema muy grave. Hay por una parte, el deterioro de la convivencia y la vecindad, y de otra, y sobre todo, el encarecimiento de los alquileres de las viviendas, que alcanzan cifras inauditas. La vivienda, convertida en mercancía por los especuladores, se convierte en inaccesible para los vecinos y vecinas, que se ven indirectamente -y a veces directamente- expulsados del barrio donde tienen las raíces y la vida.

Pedimos

Hace falta una reforma interna de la APB que establezca mecanismos democráticos de decisión sobre los proyectos urbanísticos que impulsa, y también sobre la elección de los cargos de Presidencia y Dirección General. Este necesita de la implementación de protocolos de transparencia por lo que hace a la documentación, los acuerdos, los presupuestos y la gestión, en la línea que proponen Red-SOStenible y Access-info.

El planeamiento urbanístico que se lleve a cabo en el puerto de la ciudad ha de ser redactado y consensuado de manera vinculante con los vecinos y en ningún caso se ha de supeditar a los intereses privados, sino al bien común y a la garantía del derecho a la ciudad, y ha de contemplar en todo momento las necesidades sociales, de recursos y equipamientos, del barrio de la Barceloneta y de la ciudad de Barcelona.

Una reforma del Port Vell ha de incluir el fomento de la economía tradicional, como por ejemplo la pesca, con un incremento de las ayudas a la reparación de barcos y al pago del gasoil. Una reforma del Port Vell ha de promover ayudas con la finalidad de que personas con pocos recursos puedan asistir a la formación que se requiere para ser pescador. Una reforma del Port Vell ha de incluir una escuela de oficios de la mar a la cual puedan acceder las personas con menos recursos de nuestros barrios.

Esta reforma no se puede llevar a cabo sin mecanismos que protejan a los vecinos de las consecuencias indirectas que tendrá en el mercado de la vivienda, en la seguridad, en el ahogamiento del comercio tradicional y en el incremento en el precio de la cesta de la compra. Esta reforma no se puede llevar a cabo si no hay una garantía de realojo, con las mismas condiciones económicas y de acceso a servicios, para los vecinos que ahora viven en el Port Vell, y sin las indemnizaciones pertinentes por las molestias generadas.

Por esto, a nuestros gobernantes les decimos: vosotros no sabéis qué es guardar madera en el muelle; ni sabéis la oración de los candelabros de los barcos; nosotros, los vecinos, sabemos que la ciudad no se construye sin nosotros; nosotros, los vecinos, sabemos que la democracia no se hace al dictado de una empresa privada.

Adhesiones en: pdefensabarceloneta@yahoo.es y labarcelonetarebel.org

En respuesta a Jordi Graupera sobre las lenguas vehiculares en la enseñanza

La máxima institución local, el Ayuntamiento de Barcelona apoyó explícitamente el sistema de inmersión lingüística en la escuela; de la misma forma, los principales medios de comunicación de la ciudad -todos ellos subvencionados con recursos públicos- hacen lo propio a través de concienzudos artículos de opinión. En este sentido, Jordi Graupera publicó uno en La Vanguardia el pasado 10 de marzo que llevaba por título Inmersión (I): afuera. Estructurado en una veintena de puntos, se trataba de un alegato o proclama a favor de las supuestas bondades de la inmersión lingüística. Esta es mi respuesta:

1. La lengua vehicular no es un derecho a disposición de los padres, es un instrumento pedagógico al servicio de los alumnos.

Resulta, pedagógicamente, preferible aprender con varias lenguas como vehiculares. En todo caso la inmersión lingüística sólo es positiva cuando se hace de manera voluntaria y siempre respetando el marco jurídico que recoge el artículo 27 de la Constitución (derecho a la educación). Además, recordemos que la UNESCO ha establecido como axioma que la mejor forma de enseñar a un niño es en su lengua materna.

2. La escuela no tiene que reflejar el mundo, tiene que corregir las deficiencias intelectuales que el mundo causa en los estudiantes.

Franco murió en 1975 y supuso la vuelta de la democracia. El proceso de normalización del catalán ya ha acabado, en lo esencial, para un observador imparcial y cualificado, como es el Tribunal Constitucional (TC) que, sin embargo, admite ‘la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto a la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener’. Es decir, se admiten, constitucionalmente, medidas de este tipo, motivada y limitadamente en el tiempo; no discrecional e indefinidamente como pretenden algunos.

3. La escuela no tiene que reflejar «el sano bilingüismo de la calle» (Soraya Sáenz de Santamaría dixit), como no tiene que reflejar el sano analfabetismo en matemáticas o historia que hay en la calle.

Más allá de entra analizar lo afortunado de la frase, lo cierto es que una escuela bilingüe es mejor para los alumnos, e, incluso, trilingüe, pues, de facto el inglés se ha convertido en la lengua universal.

4. La vehicularidad del catalán tiene como misión compensar el efecto social de la calle, de los medios y la presión cultural, en ningún caso ofrecer el conocimiento gramatical y literario de la lengua, que ya se enseña en clase, como en el caso del castellano.

Esa misión no se pone en peligro por incluir, igualmente, como vehicular la otra lengua oficial. Además, una lengua minoritaria aunque deba ser protegida y fomentada no debe implicar la exclusión de la otra lengua oficial.

5. La inmersión está fracasando en compensar este efecto: muchos jóvenes escolarizados son incapaces de expresarse en catalán.

De la misma forma, la falta de la otra lengua oficial como vehicular, hace que, en muchas zonas de Cataluña, muchos jóvenes escolarizados sean incapaces de expresarse en castellano; además, la imposición de la inmersión comporta rechazo en muchos jóvenes castellanoparlantes que consideran mermada su libertad.

6. Las instituciones políticas tienen la obligación de intervenir para evitar que las obsesiones políticas de los padres causen daños a la formación de sus hijos.

Ninguna institución política está por encima del derecho que viene determinado, entre otras fuentes, por la jurisprudencia de su más Alto Tribunal, es decir, del Tribunal Supremo. Asimismo, en materia de derechos y libertades fundamentales, por la jurisprudencia del TC. Así la sentencia del Supremo de 9 de diciembre de 2010 obliga a la Generalidad a ‘adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán’.

7. Los hijos de los padres que han ganado en los tribunales el derecho a una atención personalizada en castellano, y los de las centenares de familias que ahora lo pedirán, son precisamente los que necesitan más intensidad en la inmersión, no menos.

O probablemente, no; es una mera conjetura.

8. En un entorno bilingüe es normal que los ciudadanos, sobre todo cuando son pequeños, tengan un conocimiento inferior al que tendrían de cualquiera de las dos lenguas en un ambiente monolingüe.

Parece lógico y demostrado; pero, ¿por qué el ambiente monolingüe se pretende sea, forzosa e indefinidamente, en una concreta de las lenguas oficiales? ¿Qué razones que no sean ideológicas hay para ello?

9. En un entorno bilingüe es normal que los ciudadanos, sobre todo cuando son pequeños, tengan un cerebro más plástico y flexible, sobre todo de cara a aprender nuevas lenguas y sistemas simbólicos.

Estamos de acuerdo; de ahí que ese entorno sea preferible, e, incluso uno trilingüe; mejor considerando a todas como lenguas vehiculares.

10. Quien no quiera los inconvenientes y las ventajas, que no viva en un ambiente bilingüe.

No podemos estar más de acuerdo, siempre que esos inconvenientes y ventajas no suponga la preferencia en el uso de una de las lenguas oficiales, expresamente vedado por el TC en el ámbito público (educación, administración, medios de comunicación, etc.) al establecer el ‘equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado’.

11. Las lenguas, siempre y en todas partes, han sido un instrumento de poder político. En concreto, han sido el instrumento de uniformización y civilización más poderoso.

Lo que es una constatación histórica no es excepción en el uso de ella que realiza el nacionalismo catalán en el poder, ininterrumpidamente, en la Comunidad Autónoma catalana desde las primeras elecciones democráticas.

12. Como instrumento de uniformización, han servido para acabar con la diversidad cultural, imponer el poder de unas etnias sobre otras y consolidar el poder de los estados y la eficacia de las leyes.

La Constitución española rompe con esta deriva instrumental de uniformización.

13. Como instrumento de civilización, han servido para potenciar la comunicación entre individuos, la mejora de la capacidad de raciocinio y la libertad de conciencia.

Completamente de acuerdo.

14. La lengua española es la lengua más politizada de España porque es la lengua sobre la cual se ha construido el Estado y sobre la que descansa la soberanía.

No más politizada que lo está la lengua catalana sobre la que se ha edificado la denominada por algunos «construcción nacional».

15. La lengua catalana es la lengua menos politizada de Catalunya porque es la lengua sobre la que se ha construido una administración regional sin soberanía.

Todo los ciudadanos en Cataluña conocen la lengua común de todos los españoles, el castellano (la lengua española oficial del Estado) -existe el deber constitucional de conocerla y el derecho a usarla (artículo 3 de la Constitución)-, pero no todos, el catalán (una de las lenguas españolas oficiales de Cataluña) –no existe ese deber general de conocimiento-; sin embargo, se impone a todos los ciudadanos catalanes que deseen favorecerse de servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, etc., o pretendan acceder a la administración. Entonces, ¿cuál es la más politizada?

16. Con el progreso, se ha descubierto que la diversidad es mejor; y se ha hecho compatible con la paz civil.

Sin objeciones, siempre que ello no enmascare preferencia de uso desde el poder público con exclusión de alguna de las lenguas oficiales.

17. Menos inmersión es menos diversidad.

Al revés, más inmersión es menos diversidad. ¿Acaso Israel y sus kibutz sólo en hebreo –del que copió el nacionalismo catalán el sistema de inmersión- es un ejemplo de diversidad?

18. El origen de las sentencias contra la inmersión es la sentencia política del Tribunal Constitucional contra el Estatuto.

Los tribunales no dictan sentencias políticas; tampoco el TC que se limita, como su intérprete supremo que es (artículo 1 de su Ley Orgánica), a interpretar la Constitución; exactamente igual que sucede en los países de nuestro entorno.

19. La única manera de tener multilingüismo es la independencia.

Radicalmente falso: la independencia llevaría inevitablemente al monolingüismo en catalán –única lengua que sería oficial-, como han manifestado diversos partidos independentistas.

20. La única oportunidad que tiene el catalán, también.

La única oportunidad que tenía se la dio la Constitución española en 1978, a diferencia, de por ejemplo, lo ocurrido en Francia, donde el monolingüismo es más que evidente y, prácticamente, ha desaparecido el uso público del catalán.

Si desean más información les remito al siguiente enlace que sirve para aclarar conceptos sobre el modelo de inmersión lingüística de la asociación Convivencia Cívica Catalana, que se ha encargado de la dirección jurídica de los recursos contra la imposición de una de las lenguas oficiales en Cataluña ante los tribunales de justicia, al ver desatendidas las peticiones realizadas ante la administración autonómica de la Generalidad de Cataluña.

Dos citas para el fin de semana

Este fin de semana los amantes de los actos culturales abiertos, plurales, tolerantes y nada sectarios, donde se debate sin complejos ni hipotecas, tienen dos citas ineludibles en Barcelona en relación a la crítica al nacionalismo. La primera, mañana viernes 16 de marzo (a las 19:00 horas) en la librería La Jurídica (Vía Augusta, 42), donde se entablará un debate a propósito de la izquierda y el nacionalismo con motivo de la presentación del libro La trama estéril.

Invitación del acto de presentación del libro de Félix Ovejero, 'La trama estéril'.

Participarán en el mismo Javier Nart (abogado, escritor y contertulio en numerosos programas de radio y televisión), Francesc de Carreras (catedrático de Derecho Constitucional de la UAB) y el propio autor de la obra, Félix Ovejero (profesor de Economía, ética y ciencias sociales y de Metodología de las ciencias sociales en la UB y colaborador habitual de las páginas de opinión del diario El País).

La segunda, el sábado 17 de marzo (a las 12:00 horas) en el Hotel Husa l’Illa (Avenida Diagonal, 555), donde se procederá a la presentación del libro Historias ocultadas del nacionalismo catalán con la participación de Pío Moa (escritor e historiador), Àlex Rosal (editor de Libros Libres) y el propio autor Javier Barraycoa (profesor universitario de la Universidad Abad Oliva-CEU).

En  el mencionado libro se narran hechos e historias que el nacionalismo catalán está empeñado en ocultar o tergiversar y se desvelan los tópicos que ha inventado, en su afán de construir un imaginario colectivo hecho a su medida, falseando la auténtica realidad histórica, social y cultural de la identidad de Cataluña y de su tradición.

¡Maricón, yo!

Sede de Unió Democràtica de Catalunya (foto: Federico Llosa Marsé).

Estuve dudando de cómo titular el post. Al final me decidí por este aún sabiendo el sentido mayoritariamente desfavorable que se otorga al término, pero, conocedor también de que ‘en un importante sector de la comunidad gay, al menos en España, se usa [la palabra maricón] entre los propios homosexuales sin ninguna carga peyorativa. Muchos la reivindican frente al término gay, como se hizo entre los angloparlantes con queer. Prefieren usar maricón porque consideran la palabra gay un eufemismo extranjero’ (fuente: Wikipedia). A ellos va dedicada esta entrada porque siempre haré mías las denuncias por discriminación que sufren las minorías de forma injusta.

A veces hay que recordar lo evidente: toda persona tiene una orientación sexual y una identidad de género. Cuando éstas no coinciden con las de la mayoría, se considera a menudo a la persona objetivo legítimo de discriminación o abuso señala Amnistía Internacional. Sin embargo, cada hombre, mujer y niño tiene el derecho a estar libre de discriminación basada en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como a otros derechos humanos fundamentales que dependen de la realización plena de los derechos humanos para la protección de la discriminación. Estos derechos se encuentran establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales; todas éstas constituyen herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para eliminar todo tipo de discriminación.

Y es que la homosexualidad es un tema tabú todavía en el mundo, lo mismo hay un activismo político gay para defender los derechos que una caterva de políticos para atacarla ¡políticamente! Conocíamos que el nacionalismo era chovinista, xenófobo y racista; suficientes razones para poner a esta ideología, como mínimo, en cuarentena. Si a estas añadimos que, al parecer, en su versión más reaccionaria, la conservadora y confesional (de inspiración cristiana dicen ellos) que representa Unió Democràtica de Catalunya (UDC), además, es homófoba, existirían motivos sobrados para salir corriendo si no fuera porque existen personas que sufren en silencio y necesitan que actitudes como estas sean denunciadas, sobre todo, cuando exceden del ámbito privado.

Sabíamos que su líder, el oscense Josep Antoni Duran i Lleida (1952), ya en estos temas –que como otros, utiliza de forma propagandística, demagógica y sin el más mínimo pudor- defendió a los médicos que curan a los homosexuales, lo que hacía concluir que consideraba que existen terapias para ello como si esta fuera una enfermedad, al estilo de las tesis próximas al ultraconservador Tea Party Movement estadounidense por ejemplo, lo que le valió críticas hasta de su partido y una posterior y forzada rectificación: «La homosexualidad no es una enfermedad».

Miembro de la Iglesia Bautista de Westboro con un cartel contra los homosexuales: 'Dios odia a los maricas' (foto: Wikipedia).

Ahora nos enteramos por los medios de que una revista, Barcelona Metrópolisuna iniciativa promovida por el Ayuntamiento de la ciudad-, vio como se censuraba el contenido de su último número por motivos homofóbicos. En él se trataban temas tales como un análisis sobre las familias lesboparentales a cargo de una antropóloga que trabaja para la Comisión Europea, un estudio comparativo de una especialista italiana sobre concepción en diversos países europeos, un estudio demográfico sobre los nuevos comportamientos y la transformación de los hogares, etc. Demasiado para los nuevos censores municipales; y así acabó siendo sustituido el dossier central previsto para el último número de la revista destinado a nuevas formas de familia, que dejó la anterior dirección, para dar paso a uno sobre nuevas tecnologías encargado por los responsables del flamante equipo municipal de CiU.

El antropólogo Bestard, que no ha cobrado sus emolumentos como coordinador ni llegó a escribir su introducción -si bien le consta que el resto de los colaboradores sí han percibido lo estipulado-, se siente tan molesto como sorprendido por la desaparición del cuadernillo central de Barcelona Metrópolis: «Estamos hablando de un dossier de corte científico multidisciplinar, de gente académica nada marcada ideológicamente», apunta. Aunque cree que la clave del rechazo puede estar «quizá en un par o tres de artículos» por su tema: los dedicados a las familias homoparentales y lesboparentales, y el texto de Vale de Almeida sobre matrimonios entre personas del mismo sexo, según señalaba en El País.

Dentro de la casa la versión es que los responsables temían que el tema provocara susceptibilidades en UDC, señala el filósofo Manuel Cruz, director de Barcelona Metrópolis entre 2007 y 2011. La próxima vez que veamos a Josep Antoni Duran i Lleida presentándose ante los medios en su vertiente moderada y populista -como cuando apareció tocando la batería-, no olvidemos que se trata de una simple apariencia, un fingimiento con objetivos electorales que esconde al presidente de una formación que, entre otras cosas, al parecer esconde la discriminación a los homosexuales y censura las publicaciones que osan tratar, incluso científicamente, la problemática de una minoría que ha sufrido tanto y durante mucho tiempo por individuos como él. ¡Pobre hombre, tú!

Chicles & colillas

‘La limpieza es la ausencia de suciedad. Es la cualidad de limpio. Para conseguir la limpieza hay que eliminar todo tipo de suciedad, a la acción de eliminar la suciedad se le llama detersión, limpiar o hacer limpieza. El propósito de la detersión es disminuir o exterminar los microorganismos en la piel y en los muebles, es decir en objetos animados e inanimados, evitando también olores desagradables’ (fuente: Wikipedia).

La cuestión de la limpieza en la ciudad no es cuestión menor, ni por su repercusión social ni por la económica. De ella depende la salud de los barceloneses y de aquellos que visitan la ciudad, así como la imagen que se proyecta de nuestro civismo en la utilización del espacio público, el de todos. Además, recordemos que el 1 de noviembre de 2009 entró en vigor la nueva macrocontrata de limpieza, que supone una inversión de 1.994 millones de euros hasta 2017, y que se adjudicó a las empresas FCC, Cespa, CLD y Urbaser.

Barcelona dedica un 10% de su presupuesto anual -unos 250 millones de euros por año– a la limpieza. ¿Quién no ha tenido la desagradable sorpresa de pisar un chicle o una caca de perro, en alguna ocasión, paseando por la ciudad? ¿Quién no ha observado a una persona lanzar la colilla a la acera como el que no quiere la cosa, sin ningún tipo de miramiento? Por no hablar de las recurrentes plagas de ratones que asolan nuestra ciudad. Cuando este tipo de cosas pasan, consciente o inconscientemente, se está degradando un espacio que nos pertenece a todos; supone una falta de respeto de sus responsables para con todos los demás ciudadanos.

Otra cuestión íntimamente relacionada es la polución. ‘La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio (contaminante), causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química, energía (como sonido, calor o luz) o incluso genes. A veces el contaminante es una sustancia extraña, una forma de energía o una sustancia natural. Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general, se genera como consecuencia de la actividad humana’ (fuente: Wikipedia).

El alcalde Trias (CiU) inició su mandato suprimiendo la tenencia de alcaldía de Medio Ambiente y supeditando esas competencias a un área más técnica, en este caso la de Urbanismo. No era un buen augurio: Ricard Gomà, líder de ICV-EUiA en el Consistorio, indicó que era «una declaración de intenciones sobre las prioridades políticas del nuevo gobierno. […] Situar Medio Ambiente debajo del paraguas de urbanismo significa volver a concebir la sostenibilidad como un elemento decorativo». Nunca ha sido una prioridad del nacionalismo conservador la salud y bienestar de sus conciudadanos.

Estamos hablando de una ciudad, Barcelona, que emitió en 2010 más contaminación de la permitida por la Comisión Europea (CE). ‘Incumplir la norma causa 3.500 muertes al año’, solo en la capital, según el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL). La CE espera recibir los datos sobre la contaminación de las ciudades españolas en 2012 y decidirá entonces si denuncia al Gobierno español ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La losa del tráfico, que se acumula en el corazón de la ciudad y especialmente en el Ensanche hasta registrar una densidad media de 6.100 vehículos por kilómetro cuadrado -superior a la de Madrid (2.100) y Londres (1.300)-, aleja todavía al área barcelonesa de las exigencias de la CE, señalaba El País. Sin embargo, en nuestro país, recordemos que la competencia de medio ambiente corresponde a las CCAA y así, la Generalidad de Cataluña ha fracasado en contener la contaminación pese a que en 2007 aplicó un plan diseñado a propósito para cumplir la normativa europea; se limitó la velocidad a 80 kilómetros por hora en los principales accesos de Barcelona, restricción impopular que fue eliminada por el nuevo Gobierno autonómico de CiU.

Frente a la problemática de fondo anterior, la política del gobierno de la ciudad consiste en meras respuestas estéticas, política de aparador, como por ejemplo, prohibir ir desnudo o en bañador por la playa, retrocediendo en el tiempo por acuerdo, tomado en su día, entre PSC y CiU. De ser una ciudad abierta al nudismo pasó a recatarse y a exigir decoro. De subvencionar un tríptico que invitaba a pasearse desnudo por las calles, a multar esta práctica.

El plan estrella mediáticamente por lo que hace a la limpieza de la ciudad ha sido el presentado por el alcalde bajo el nombre de Plan Técnico de Mejora de la Limpieza Viaria con el objetivo, desde enero de 2012, de que la ciudad esté más limpia y mejorar la percepción ciudadana, lo que se haría, según el propio alcalde, sin coste adicional para las arcas municipales. A grandes rasgos, el plan supondrá más recogida de hojas y basura de fuera de los contenedores, más frecuencia de la limpieza con agua en las calles más transitadas, papeleras dobles de gran capacidad en los puntos más concurridos y más vigilancia de la Guardia Urbana, señalaba La Vanguardia.

Los hechos demuestran, sin embargo, la escasa sensibilidad medio ambiental del actual equipo de gobierno municipal más preocupado, en la línea de lo apuntado, de consolidar una candidatura a los Juegos Olímpicos de invierno de 2022 que en respetar los estándares europeos en materia ecológica. Sirvan como muestra de lo anterior su promoción de instalaciones insostenibles como la pista de hielo en la Plaza de Cataluña o el proyecto para la instalación de una pista de esquí.

Mientras en Barcelona sea normal y cotidiano toparse con la realidad que suponen observar desechos en la vía pública, respirar un aire por debajo de los estándares europeos de calidad, donde al escaso civismo de algunos de sus ciudadanos se une la aportación negativa de un turismo de limitado poder adquisitivo o en el que los temas medioambientales no son una prioridad absoluta para sus gobernantes, tendremos un problema y grave.

Barcelona ‘low cost’

‘Una aerolínea de bajo costo o aerolínea low cost es una aerolínea que generalmente ofrece bajas tarifas a cambio de eliminar muchos de los servicios tradicionales a los pasajeros. El concepto surgió en los Estados Unidos antes de extenderse por Europa a principios de los 90 y de ahí al resto del mundo. Originalmente el término era empleado dentro de la industria de la aviación para referirse a compañías con costos de operación bajos o menores que los de la competencia. A través de los medios de comunicación de masas su significado varió y ahora define a cualquier aerolínea en la que se requiere poco dinero y la que da servicios limitados’ (fuente: Wikipedia).

En los últimos días he realizado un viaje, acompañado por unos familiares -dos de ellos de edad avanzada- entre Barcelona y otra ciudad española. Consulté precios y horarios y, con antelación, contraté los billetes con una compañía de las denominadas low cost. Lo primero que llama la atención es que apenas puedes llevar equipaje. Una mini maleta por persona es lo máximo que puedes portar so riesgo de que te cobren más por facturar que por el propio viaje.

Además las medidas de seguridad para embarcar son extremas. El temor al terrorismo nos ha hecho rehenes del miedo y la desconfianza y, en ocasiones, el personal, escudado en una estricta interpretación de la normativa que marcan los americanos, se excede en su celo. ¿Es, realmente, necesario cachear a un anciano octogenario? También se observa que el embarque se hace por la puerta más lejana posible, y, en nuestro caso, comportó una pequeña excursión, al estilo El puente sobre el río Kwai, por las pistas. Una vez dentro del avión, comprendes el porqué de la exigencia de poco equipaje: no hay apenas espacio. Los asientos están limitados al máximo entre ellos y éste es, asimismo, muy escaso para colocar las pertenencias de los viajeros.

Otra cosa a destacar es que en todo el viaje se nos habló por megafonía mayoritariamente en inglés, menos en español y, casi nada, en catalán. La mayoría del personal de cabina no dominaba ninguna de las lenguas oficiales en Barcelona. Pareciera que cuando se trata de las poderosas compañías aeronáuticas multinacionales las estrictas leyes de normalización lingüística se aplican con moderación y atento cuidado, no sea que vayamos a asustar a las pocas inversiones que recalan, entre otras cosas por una inadecuada política de este tipo, por estas latitudes. Son las dobles varas de medir del nacionalismo que sorprendentemente son benignas con el poderoso y se hacen extraordinariamente severas con el débil.

Dentro del avión, y en un trayecto aproximado de hora y media, se nos intentó vender, por oleadas, prácticamente de todo: primero unos cigarrillos bajos en nicotina, después comida y bebida, más tarde perfumes, e, incluso, lotería y un pequeño bingo rasca-rasca. Eso sí, con la excusa de servir a finalidades altruistas. Imposible conciliar el sueño. Tampoco es que la amabilidad del personal del avión fuera para lanzar cohetes. Quizás vaya en paralelo amabilidad y margen comercial; como en el mundo real en el que nos movemos.

Llegamos y salimos puntuales, en eso no hay nada que objetar. Los indicadores son los que mandan en la era del capitalismo salvaje, y hay que cumplir, sí o sí. Cualquier fallo te deja fuera del mercado, es decir, en la indigencia y sin posibilidad de recuperación. Competencia, lo llaman. Al llegar a Barcelona no pude sino recordar, con nostalgia, los viajes en avión de hace unos años. ¿Se acuerdan? Sonrisas, algo de comer –incluido en el precio del billete-, amabilidad, el diario, y más sonrisas; la impostura hecha naturalidad. Era, sin duda, mucho más caro en relación a los sueldos de entonces, pero, ¡qué relajado volabas!

Ahora las cosas han cambiado radicalmente; acabé cansado y estresado, y aún no ha llegado lo peor. Pronto aterrizarán Eurovegas o los chinos con su mega proyecto faraónico. Inversiones, me temo, inapropiadas para una ciudad que pretendía aunar conocimiento y turismo de calidad. Se ha claudicado tratando de salvar los muebles aunque sea a costa de convertirnos en una Barcelona low cost, la de la globalización.

Òmnium Cultural: la tentación genocida

‘Òmnium Cultural es una entidad sin ánimo de lucro de Cataluña de carácter cultural y político, creada en 1961 que trabaja para promocionar el uso de la lengua catalana, difundir la cultura catalana, y promover la identidad nacional catalana y el movimiento soberanista catalán. Actualmente dispone de 21 delegaciones a lo largo del territorio catalán. Tiene su sede en Barcelona . […] Cuenta con 21.000 socios. Desde marzo de 2010 […] está presidido por una mujer: Muriel Casals’ (fuente: Wikipedia). Además, cuenta con una red de entidades subordinadas como la Fundación Privada Òmnium, la Plataforma per la Llengua, el Col·lectiu l’Esbarzer y la Fundación Vincle.

Que fuera posible la creación de una asociación como la referida en plena dictadura abona la tesis de Jesús Laínz que entiende que se debe acabar con el mito de la represión lingüística durante el franquismo pues ‘se comete la falsificación de confundir la no oficialidad con persecución’; en ese período solo existió una lengua oficial, como ha ocurrido en Francia durante todo el régimen democrático, pero ‘se publicaron decenas de miles de libros en todas las lenguas regionales’.

Debe encuadrarse su nacimiento, siguiendo a Antonio Robles, en el tránsito entre el catalanismo político cuyos objetivos son el bilingüismo y el autonomismo con reconocimiento de la nacionalidad catalana dentro del Estado al nacionalismo soberanista cuyos objetivos in crescendo son un monolingüismo encubierto, el derecho de autodeterminación y un Estado propio en cuanto se disponga de mayoría social.

La asociación se nutre de gran cantidad de políticos de la transversal ideología nacionalista, incluyendo a destacados miembros de CiU y ERC que evidencian el maridaje entre sus dirigentes y los de las instituciones catalanas, hasta el punto de ser de facto un interlocutor más al decidir la toma de determinadas decisiones políticas y llevar a cabo significativas acciones ejemplarizantes, cuya organización sería inviable, por su propia naturaleza, desde las instituciones públicas.

Así, tampoco es casualidad, como consecuencia de lo anterior, que en pago a sus favores la entidad ‘sin ánimo de lucro’ sea una de las más subvencionadas, incluso en épocas extremadamente difíciles, como las actuales, de plena crisis económica, alcanzando a cubrir, como mínimo, la mitad de su presupuesto según manifestaciones de sus propios dirigentes. Además de otorgársele, por los servicios prestados al servicio de una ideología, entre otros reconocimientos como entidad, la Cruz de San Jordi de la Generalidad de Cataluña (1984) y, recientemente, la Medalla de Oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Barcelona; así como, a título individual, a destacados miembros de la misma –sin ir más lejos, se acaba de otorgar la Medalla de Oro de la Generalidad a su socio de honor y militante de CiU, Josep Maria Ainaud de Lasarte-.

Desde la llegada a la presidencia de la entidad de Muriel Casas Couturier (1945; Aviñón, Francia) -una profesora de Economía de la UAB-, unos meses antes de la recuperación del Gobierno de la Generalidad por los nacionalistas de CiU, la radicalización de la actividad llevada a cabo por la entidad no ha hecho más que aumentar a la vez que su discurso ante los medios de comunicación afines, es decir, casi todos los existentes en Cataluña y todos los subvencionados. Siempre, como es norma entre los nacionalistas, contra un enemigo común al que achacar todos sus males: en el caso de los nacionalistas catalanes, España y todo lo que se relacione con ella, en especial, la lengua española.

Destacaré dos ejemplos: por una parte, fueron los organizadores de la manifestación, celebrada en Barcelona, contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña en la que, entre otras cosas, fueron constantes los gritos contra los españoles y, por otra, su presidenta acusó a los padres que piden bilingüismo escolar de «maltratar, usar y abusar de sus hijos». Este mismo día, Muriel Casals, aseguró en TV3 que «de la misma forma que ellos [los fundadores de Òmnium Cultural] se enfrentaron al orden existente para dar pasos adelante, entenderían que nosotros en estos momentos también, a veces, hiciésemos una cierta violencia sobre el orden existente para dar pasos adelante», palabras que recuerdan al terrorismo de bajo intensidad con el que algunos denominaban a la kale borroka del País Vasco.

Aquí es donde enlazo con lo que los hechos evidencian: las tentaciones genocidas que subyacen en esta asociación. El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; estos actos comprenden la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo […]. Es ‘una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros’, de acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, [por lo que al tener] un carácter masivo […] con frecuencia necesita de la colaboración efectiva de una estructura social (fuente: Wikipedia).

¿Acaso no subyace en toda la acción política de esta asociación pseudocultural un afán por la eliminación o postración de un determinado grupo, el de los no nacionalistas –formado mayoritariamente por los hispanohablantes-, por razones exclusivamente etnolingüísticas? ¿No está hoy, como hace tiempo -el nacionalismo, bendecido por el poder económico burgués, controla el poder político desde el reestablecimiento de la democracia en esta Comunidad Autónoma-, condenando a ver mermadas sus posibilidades de ascenso social, al destierro o, en el peor de los casos, a la muerte civil a aquellos que no se acomoden públicamente a sus prescripciones nacionales u osen discutirlas? ¿No existe una tupida red social, forjada durante todos estos años y que se extiende por toda la geografía catalana, que proclama, repetidamente y sin descanso, las bondades de su ideología como si fuera la única buena y verdadera a imagen semejanza de las enseñanzas basadas en los principios goebbelianos de la propaganda?

Félix de Azúa, uno de los desterrados, refiriéndose a la manifestación aludida señaló que le recordaba a los peores momentos del nacionalismo español, los de las adhesiones masivas públicas al Movimiento durante la dictadura franquista. El tufo totalitario fue incuestionable y ha contribuido a hacer irrespirable el aire de Barcelona y del resto de Cataluña. Sin embargo, paradójicamente, son los totalitarios -los que amenazan con el desacato y la insumisión fiscal- los que, habitualmente, así califican a los tolerantes -los respetuosos con la ley y el derecho- en un intento de enmascarar sus vergüenzas… y consiguen, en ocasiones, sus objetivos desestabilizadores, como cuando a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les tiembla el pulso al mandar ejecutar unas sentencias del Tribunal Supremo.

¿Adónde han relegado la libertad y la igualdad de los ciudadanos; su derecho legítimo a discrepar y ejercer como tales? ¿Cómo ha sido posible que asociaciones de este tipo lleguen a marcar los tiempos políticos en Cataluña? ¿Cómo es posible que los poderes del Estado lo consientan? No existen razones ni caben concesiones a los fanatismos; no existen otras respuestas que, con toda la prudencia que se quiera, armarse y defenderse del fundamentalismo.

Presidente de la Diputación: caro, opaco, subordinado… ¿y corrupto?

Comparativa con lo que cobran los presidentes de las diputaciones de Barcelona, Sevilla y Castellón (cuadro: extraconfidencial.com).

Reiteradamente me he referido a la opacidad de las retribuciones totales que recibe el alcalde de Barcelona y le he solicitado, públicamente, las hiciera públicas sin resultado hasta ahora. Curiosamente es el mejor pagado de toda España; al igual que sucede con el presidente de la Generalidad, entre los de las autonomías y con el presidente de la Diputación de Barcelona, entre los de las provincias. Siempre mucho más que el mismísimo presidente del Gobierno.

Hoy me centraré en la Diputación de Barcelona y concretamente en la figura de su presidente. ‘La Diputación provincial de Barcelona o Diputación de Barcelona es una institución pública de Cataluña que presta servicios directos a los ciudadanos y presta apoyo técnico, económico y tecnológico a los ayuntamientos de los 311 municipios de la provincia de Barcelona. Además, coordina algunos servicios municipales y organiza servicios de carácter supramunicipal. Tiene su sede central en la ciudad de Barcelona. […] De acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley de Veguerías de Cataluña, tras las elecciones municipales de 22 de mayo de 2011, la Diputación será sustituida por el Consejo de Veguería de Barcelona, no obstante debido a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional [sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña], hace una reinterpretación por la cual esta medida no se llevará a cabo’ (fuente: Wikipedia).

Su presidente, Salvador Esteve Figueras (1945), militante de la nacionalista Convergència Democrática de Catalunya (CDC), es además alcalde de Martorell y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Hagamos un repaso somero a su gestión desde que llegó al cargo el 15 de julio de 211, es decir, hace unos ocho meses centrándonos en sus dos decisiones más importantes y significativas.

En diciembre de 2011, comunicaba oficialmente al filósofo Josep Ramoneda, a la sazón aún director del Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona (CCCB), que no se le renovaría en su cargo cuando su contrato expirase el 31 de diciembre pasado. Decisión política e ideológica que le venía impuesta desde las altas instancias de su propio partido: el cosmopolitismo que representaba debía dar paso al nacionalismo. En su lugar se nombró a Marçal Sintes, mucho más apropiado y dócil e implicado en el ideario, pues, no en vano fue por ejemplo uno de los firmantes contra la sentencia sobre el Estatuto del Tribunal Constitucional antes, incluso, de que el Alto Tribunal se pronunciara.

Marzo de 2012. Sacando rédito de que por primera vez controla la Generalidad y las cuatro diputaciones, los nacionalistas utilizarán esta hegemonía para allanarse un camino lleno de dificultades financieras y realizar una operación inédita hasta el momento: las diputaciones ejercerán de banco y darán un préstamo a la Generalidad de 230 millones de euros, de ellos, 190 millones de euros, los aportará la Diputación de Barcelona. ¿No habría que poner en tela de juicio la supuesta autonomía que proclama la Constitución, en su artículo 141, del gobierno y administración de la Diputación de Barcelona?

Paralelamente a todo lo anterior ha estallado el caso Matas: una empresa propiedad de Josep Maria Matas (presidente de CDC en la comarca de Osona), estrecho colaborador de Salvador Esteve y recientemente sustituido por este como coordinador general de la Diputación de Barcelona, facturó más de 600.000 euros entre 2005 y 2011 a la anteriormente referida ACM mientras era su secretario general. Dos años antes, Matas ya estaba detrás de la sociedad y giró facturas por otros 300.000 euros. Las ramificaciones de este caso parecen que son profundas y nos darán más de una sorpresa en el futuro.

En resumen y para terminar, la actual figura que encarna el presidente de la Diputación nos sale cara, demuestra opacidad en sus actuaciones y una clara subordinación a las directrices que le marcan desde fuera de la propia institución que preside. Además, son aparentemente claras sus presuntas vinculaciones, aunque sean indirectas, con una trama de corrupción. Si alguien no veía razones para eliminar un nivel de administración puesto en cuestión por aquellos que piden la racionalización del Estado, quizás ahora las tengan de otro tipo.

Apatrullando la ciudad

Coche de los Mossos d'Esquadra aparcado en una acera de la Villa Olímpica (foto: Federico Llosa Marsé).

La policía de la Generalidad de Cataluña, Mossos d’Esquadra, es la policía autonómica de Cataluña, refundada como cuerpo policial con competencias de policía integral en 1983 por el Parlamento autonómico mediante la Ley 19/1983, de 14 de julio, por la que se crea la Policía Autonómica de la Generalidad de Cataluña.

‘En 1994 empezó un proceso de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en las funciones de orden público, seguridad ciudadana y tráfico, quedando estos dedicados a tareas relativas a competencias exclusivas del Estado, como la expedición de los documentos oficiales de identidad, la inmigración o el control de fronteras entre otros’ (fuente: Wikipedia).

No está en el origen de este post el discutir la conveniencia o no de haber creado en esta Comunidad Autónoma -al igual que en Navarra y el País Vasco- policías independientes del Cuerpo Nacional de Policía. Tampoco entrar a discutir las competencias asumidas y su posible ampliación. Ni siquiera valorar el balance global de estos años. Todo esto, en todo caso, será objeto de una entrada futura. El objeto del comentario de hoy es constatar que una policía que desde el 1 de noviembre de 2005 tiene la plena competencia en la ciudad de Barcelona parece que no ha entendido, casi siete años después, qué supone su presencia y su convivencia en la misma con los barceloneses.

¿Alguien se ha parado a comentar a los miembros de este cuerpo policial para qué Ildefonso Cerdá Suñer (1815-1876), el insigne creador del proyecto de Ensanche cuya visión de ingeniero era de crecimiento y modernidad lo que le hicieron anticiparse a futuros conflictos de circulación urbana, 30 años antes de inventarse el automóvil, situó en él los chaflanes? ¿Se han parado a pensar que la ciudad condal es una ciudad de apenas 100 Km2 donde, en consecuencia, el espacio público es limitado? Reflexionen, sobre todo los mandos de este cuerpo policial.

Coche de los Mossos d'Esquadra en el interior del Parque Güell, estacionado en medio del paso de los ciudadanos (foto: Federico Llosa Marsé).

Como residente en la ciudad y observador crítico de lo que en ella acontece, veo con estupor y profundo disgusto como sus coches y furgonetas aparcan en doble fila día sí y día también; como montan sus vehículos en las aceras sin motivo alguno, simplemente, por comodidad -como por ejemplo, en el caso de la foto de cabecera, tomada en la Villa Olímpica, que corresponde a una dotación que sin rubor deja allí su herramienta de trabajo para ir a desayunar todos los días- o por supuestos motivos difíciles de justificar -como por ejemplo, el caso de la foto adjunta, cuando introducen sus vehículos en el Parque Güell en pleno día festivo en horario de máxima afluencia obligando a los viandantes a esquivarlos-. ¿Es absolutamente necesario causar estas molestias?

Si, como rezan en su propia página web -por cierto, exclusivamente en una de las lenguas oficiales, contrariando el derecho vigente (espero tomen nota y procedan a solucionarlo lo antes posible)-, ‘su objetivo prioritario es trabajar por la comunidad, ofreciendo un servicio de calidad, basado en la proximidad y la responsabilidad, la profesionalidad y la eficiencia’ tomen las medidas para que su presencia se haga amable, silenciosa… Como dicen en el fútbol, un buen árbitro es aquel que pasa desapercibido.

No somos iguales ni ante la compañía del gas

‘No sólo no somos iguales ante la ley, sino que no somos iguales ni ante la compañía del gas. Fíjense ustedes en esos millares de ciudadanos que en los días más fríos de este durísimo invierno han estado sin poder calentarse por una avería entre el agua y el gas. Ha sucedido en Pueblonuevo, barriada modesta de Barcelona, y no ha habido información sobre el caso que no procediera de la misma empresa responsable. Gas Natural ha ido informando de cuántos eran los afectados, de lo mucho que trabajaban para repararlo, de la supuesta responsabilidad de otra compañía, en este caso del agua, de cómo ya habían conseguido esto y aquello’ (Gregorio Morán, Todo tiene nombre, aunque huela, en La Vanguardia el 18 de febrero de 2012).

Se denomina infraestructura urbana (etimología: infra = debajo) a aquella realización humana diseñada y dirigida por profesionales de arquitectura, ingeniería civil, urbanistas, etc., que sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesario en la organización estructural de las ciudades y empresas. […] Comprende infraestructuras de: transporte, energéticas, hidráulicas, telecomunicaciones (televisión, telefonía, etc.) y de usos (hospitales, colegios, etc.) [fuente: Wikipedia].

La Barcelona olímpica, capital del modernismo y de Cataluña, reverso de Madrid, referente turístico y de congresos mundial, resulta que, hace tiempo, se observa presenta unas infraestructuras básicas deficientes, más propias de una ciudad decadente que de una que pretende serlo de las nuevas tecnologías.

En los últimos años hemos asistidos a grandes fallos de sistema que han afectado a grandes capas de ciudadanos, siempre, detrás, con una gran compañía monopolística que no dejan alternativa de elección al consumidor como protagonista: Cercanías (Renfe), luz (Fecsa-Endesa), gas (Gas Natural-Fenosa), agua (Aguas de Barcelona). Como consecuencia de lo anterior, se ha constatado siempre una falta de inversión en la obra pública que utilizan o de las que se abastecen la totalidad de los barceloneses que al final ha derivado en gravísimas averías con perjuicios, incluso, irreparables.

Sin embargo, somos de los ciudadanos españoles que pagamos los recibos más altos por estos conceptos además de que no han parado de subir por encima de la inflación; agua, luz, gas, billetes de transporte, etc., hacen de Barcelona la ciudad más cara de España.

¿No hay nadie en el Ayuntamiento de Barcelona que dé puntual noticia de este crimen ciudadano? ¿No queda ninguna asociación de vecinos? Aquellos chicos tan activos que se montaron sobre ellas para convertirse en urbanistas de futuro, ¿do están? Si el culo del alcalde y de cualquiera de sus concejales estuviera helado y sucio porque no pueden lavarse y sufren un frío siberiano –siberiaaaano, como dicen en los telediarios– eso no hubiera durado una semana. ¿Se imaginan algo semejante en el Ensanche barcelonés? ¡5.000 familias! Se consideraría una emergencia nacional, digo bien, nacional, ya me entienden. En ocasiones llamamos demagogia a la evidencia. Continúa Morán en su artículo referido.

No hay nadie. Para estos temas las administraciones hace tiempo que dejaron de realizar controles preventivos más allá de aquellos que les permiten cubrir el expediente y para la mayoría de ciudadanos, el asociacionismo vecinal no pasa de ser el lugar de reunión de unos cuantos abueletes con ganas de marcha o el lugar instrumental donde los cachorros de los partidos políticos meten sus narices para husmear, como sabuesos, qué es lo que se cuece y qué pueden agenciarse para tributar en las elecciones más próximas.

Para apagar el fuego, como siempre, se envía a un segunda fila. En este caso le ha correspondido lidiar al teniente de alcalde Antoni Vives i Tomàs (CiU), que, como otras veces, ha seguido el guión: «Comparto al cien por cien la preocupación por que una ciudad moderna sufra una avería de esta magnitud, […] es inadmisible tardar cinco días en reparar la avería». Bla, bla, bla. Dentro de unos días se habrá pasado el efecto mediático y a otra cosa… hasta la próxima.

Ante esto, al parecer, sólo nos cabe la pataleta y la resignación. Constatar que aún somos una democracia limitada, de bajo nivel participativo, donde el ciudadano no ocupa el lugar central que debería; donde algunos aún pueden escapar, por ejemplo a Washington, con la esperanza de que nada ni nadie les alcance. Aún, efectivamente, en este país no somos iguales ante la ley. Ni siquiera ante la compañía del gas.

Estudiantes universitarios: competencia imperfecta

‘En unas jornadas [celebradas en León] abiertas al público, doce ponentes debatieron la actual situación de la universidad desde una perspectiva extremadamente crítica. […] Desde el exterior se pensará que esta crítica es habitual en la universidad, algo inherente a su cometido. Hoy, sin embargo, ya no es así, cuando menos la crítica pública. Ciertamente, en los pasillos y en las conversaciones privadas, muchos profesores muestran su descontento, fatiga y desánimo. Pero las críticas suelen hacerse en voz baja, no sea que ello pueda afectar a las subvenciones que reciben, a sus cargos y carguillos; o bien a simple pereza, a un gran escepticismo respecto a la posibilidad de conseguir mejoras, a la comodidad ante acciones colectivas que exigen esfuerzo y tiempo’ (Francesc de Carreras, en un artículo publicado en La Vanguardia, Al ministro José Ignacio Wert).

La semana pasada, Barcelona acogió una jornada reivindicativa en defensa de la universidad pública, en contra de unos recortes presupuestarios que no pueden asumir sin merma del servicio de calidad que ofrecen. Cinco de los siete campus públicos catalanes fueron ocupados: los de las universidades de Barcelona (UB), Autónoma (UAB), Politécnica (UPC), Pompeu Fabra (UPF) y Gerona (UdG). Estudiantes, profesores y personal administrativo, todos a una, se concentraron en una magna manifestación que se inició a las 12:30 horas del miércoles.

Decenas de miles de estudiantes y profesores -60.000 según los convocantes, 25.000 para la Guardia Urbana- tomaron parte en la marcha, que arrancó en la Plaza de la Universidad y terminó en el mismo lugar tras un recorrido circular que colapsó el tráfico en el Ensanche. En términos globales, la jornada que se vivió debe considerarse un éxito. Me niego a comentar los incidentes aislados que tuvieron lugar porque poco o nada tienen que ver con la manifestación aludida y que supondría otorgar un protagonismo a ciertos grupos que no lo merecen.

¿Por qué se ha llegado a este extremo? De Carreras hace mención a tres problemas de la universidad pública española actual que se comentaron ampliamente en las jornadas a las que hace alusión: la mala preparación de quienes ingresan en ella como estudiantes, lo cual nos conduce a una cuestión previa: los fallos en la enseñanza Primaria y Secundaria; el actual procedimiento de acceso al profesorado universitario de acreditaciones por puntos suele premiar a los mediocres que se ponen a la cola y no a los mejores; y, la perversión del sistema de gobierno universitario, burocrático e ineficiente, corporativo y nada democrático, que elude rendir cuentas ante los poderes públicos que financian la enseñanza superior. ‘La autonomía universitaria mal entendida acaba siendo un fraude, un coto cerrado, sustraído al control de los ciudadanos que son, en último término, quienes sufragan los gastos mediante sus impuestos’. Un ejemplo que no merece mayor comentario y que iría en esta línea: hace unos meses saltó la noticia de que Carod-Rovira coordinaría una cátedra sobre diversidad social en la UPF.

Para muchos ahí está la clave de todo el asunto: la reforma de la universidad debe venir de fuera de la universidad porque una trama de intereses gremiales en su interior impide cualquier cambio. A lo anterior hemos de añadir que en 2010 empezó a aplicarse -con carácter general- en las universidades españolas, el denominado Plan de Bolonia, que debe su nombre a la ciudad italiana donde los ministros de Educación firmaron la llamada Declaración de Bolonia (1999). Con él se puso en marcha el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este espacio y con este espacio, se pretende provocar una convergencia en la enseñanza superior europea, para propiciar, como sucedía en la Edad Media, la movilidad de estudiantes, de titulados y de profesores entre todos los países firmantes. Manuel I. Cabezas, por ejemplo y desde este mismo digital, escribía críticamente sobre el mismo; sirva de ejemplo a las numerosas voces que se han alzado alertando de los peligros que se ciernen sobre todo el sistema.

Si a ello añadimos las particularidades catalanas, el panorama no puede ser más desolador. Cataluña es la Comunidad Autónoma de España que más ha recortado en educación desde 2010: este año ha destinado a las aulas 4.595,9 millones de euros, 238,3 millones menos que en 2011. Y 626 menos, si lo comparamos con el año 2010. En total, un recorte del 11,95%. De igual manera se reducen las ayudas a futuros científicos un 19,1% en las universidades de Cataluña y ello pese a que es la Comunidad Autónoma española que más recursos recibe de la Unión Europea.

Otra particularidad del sistema catalán es la que se genera por una legislación nacionalista que deriva del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que viene propiciando, aún más si cabe, una universidad cerrada sin un acceso fluido de otros profesores españoles y extranjeros. El Gobierno autonómico de CiU mantiene el decreto que exige el catalán a los profesores universitarios, incentivando los cursos y exámenes para que los profesores acrediten un nivel alto de conocimiento del catalán. Otro ejemplo significativo que demuestra que más que a la promoción del catalán sin más, los nacionalistas se dedican también a la exclusión de la otra lengua oficial en contra, siempre y de momento, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es que la Generalidad veta el uso del español para el acceso a las ayudas y premios a investigadores. En definitiva, se propicia una endogamia lingüística.

De la misma forma y como consecuencia de lo anterior se limita la pluralidad ideológica en la misma donde las asociaciones de estudiantes están copadas por el nacionalismo más reaccionario, radical y trasnochado que llega a extremos repugnantes para cualquier análisis basado en la razón. Un ejemplo: en la última edición de la Universidad Catalana de Verano (UCV), el año pasado, se llegó a abogar por la continuidad de la banda terrorista ETA. Libertad de expresión dirán algunos; apología del terrorismo, más me parece a mí.

Después de todo lo anterior, lo increíble es que aún haya una universidad española y, precisamente, catalana entre las doscientas mejores del mundo. Demos todo nuestro apoyo a los estudiantes, a los profesores y al personal de las universidades. Ellos no han creado el problema y no se merecen las condiciones tan difíciles a las que están siendo sometidos. Crecieron en un sistema capitalista y competitivo, pero, nunca pensaron que les dejarían sin armas, en condiciones de desigualdad con otros competidores con los que, al final, en un mundo globalizado se encontrarán. Competencia imperfecta creo que lo llamaban en economía.

Josep Guardiola, un ejemplo… de nacionalista

«Hoy el oportunismo es el verdadero pecado nacional» (Fernando Savater).

Escribía hace unos días de la evidente preponderancia de directivos nacionalistas en el F.C. Barcelona. Expresamente no me referí a su entrenador actual, Josep Guardiola i Sala (1971), pues, era mi intención dedicarle un post entero. El personaje, creo, lo merece. Pep, el noi de Santpedor, localidad de Barcelona en la que nació y en la que, desde 2007 con gobierno municipal presidido por ERC, el campo de fútbol lleva su nombre, siempre se ha sentido bien bajo las consignas del nacionalismo catalán más radical. Ello, pese a que su principal triunfo deportivo como jugador lo obtuvo con la selección de fútbol de España con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992.

Persona hábil en las distancias cortas y ante los periodistas, huye de polémicas que le aparten de su permanente posicionamiento políticamente correcto en Cataluña. Jordi Bernal escribió a propósito del mismo: ‘No diré yo que Guardiola esté construyendo una imagen de british afectado que se la coge con papel de fumar. En sus declaraciones algo hay de esto; bien pudiera ser, sin embargo, que sea de natural. En cualquier caso, la prédica de la humildad, la exaltación de la epistemología de la derrota y una arrogancia suave y sonriente en ningún caso rompen la correcta impostura del establishment que los jóvenes intuyen nada más salir de casa’.

Le faltó tiempo para salir en ayuda de un jugador, Oleguer, cuando este se adentró en el terreno pantanoso de la comprensión hacia los terroristas de ETA. Sin embargo, aún es hora, por ejemplo, de que sepamos su opinión sobre los problemas de la hermana de Messi para estudiar en la ciudad condal y que la obligaron, junto a su madre y hermanos, a abandonarla ya que no encontraron un colegio que diera clases en español, su lengua materna. Es de desagradecidos no mojarse por alguien a quien se debe tanto, o todo, como él mismo ha reconocido. No pierdo, por otra parte, la esperanza de que algun día Messi explique lo ocurrido y los apoyos, si los tuvo, con que contó en el seno del club.

La regla no escrita de no mezclar deporte y política que atañe a los deportistas parece que no va con el F.C. Barcelona, donde siempre se ha exigido a los jugadores respetar la identidad catalana, eufemismo que traducido significa actuar conforme a lo que la directiva considera correcto –que es tanto como decir, lo que la burguesía catalana bendice ya que aquella no es mas que una correa de transmision de esta- o, al menos, callar; hay mucho dinero en juego a repartir y ese es el peaje o trágala a aceptar. No por casualidad llegó a la dirección del primer equipo nombrado por otro nacionalista radical, Joan Laporta –actualmente presidente de la formación política Democracia Catalana, cuyo único objetivo es declarar la independencia de Cataluña-.

Como el noi es chico hábil, cuida su look y cae bien, especialmente a muchas madres que querrían tener uno para sus hijas, ha sabido utilizar siempre bien el ascensor social que en esta Comunidad Autónoma ofrece el cóctel fútbol y nacionalismo. De origen humilde –sus padres vivían de los limitados ingresos que proporcionaba una tienda de ropa- a residir en la zona alta de Barcelona, su ascension ha sido imparable.

No satisfecho con el éxito deportivo, o precisamente por ello -su popularidad en Cataluña es indudable y, así, en el año 2009 fue elegido Catalán del Año por votación popular-, comenzó a dejarse ver por las organizaciónes nacionalistas e inició una política de gestos: rechazo de la nominación para los premios Príncipe de Asturias objetando que «es prematuro», uso del catalán en la entrega del Balón de Oro o asistencia al acto celebrado en el Auditorio de Barcelona con motivo del 50 aniversario de Ómnium Cultural –de la que es socio desde 1993-, participando, también, en el documental #Òmnium50A que el programa Sense Ficció de TV3 emitió a finales del año pasado.

Se había labrado una imagen, la del modelo nacional de catalán, que cabía preservar a toda costa sin posiblidad de disidencias o cuestionamientos como el que le hizo Pilar Rahola en un artículo en La Vanguadia por su incomprensible defensa, si no fuera por motivos economicos, de la dictadura de Qatar que fue censurado sin contemplaciones como hubiera ocurrido en los tiempos más oscuros de la dictadura franquista.

Punto culminante de su ascenso meteórico –pensemos que en 2001 dio positivo por nandrolona en un control antidopaje, motivo por el cual fue castigado en Italia con cuatro meses de suspension, una multa de 2.000 euros y sentenciado a siete meses de prisión, dándose por perdida su carrera deportiva- lo alcanzó al ser dintinguido por el Parlamento autonómico de Cataluña con la Medalla de Honor en su categoría de oro, entrega que se efectuó dentro de los actos de la Diada Nacional de Cataluña del pasado año. La medalla le fue otorgada «por su trayectoria como deportista y entrenador, su contribución a la proyección de Cataluña y los valores que transmite, como la deportividad, el trabajo en equipo y la superación personal». Del infierno al cielo, en solo diez años podría decirseAlgunos, incluso, en una desmesurada admiración hacia el pesonaje, rayana en la idolatría, han ido más lejos y han pensado en él para la mismísima Presidencia autonómica de la Generalidad.

Pep tiene ‘tres hijos: Marius (2001), María (2003) y Valentina (2008)’ (fuente: Wikipedia). No les ha dejado elegir; recientemente con apenas 4, 9 y 11 años los ha hecho socios de la citada Òmnium Cultural en otro gesto al nacionalismo que muchos han interpretado como una respuesta a la sugerencia del PP, que ha pedido no subvencionar a la referida entidad en época de crisis, pero que, personalmente, me recuerda más a aquellos padres que inscribían a sus hijos en las Juventudes Hitlerianas nacionalsocialistas sin más beneficio que el suyo propio y objeto que el fanatismo ejemplarizante.

El año pasado, a propósito del reciente nombramiento de Vicente del Bosque, seleccionador nacional de fútbol, como marqués, por su éxito al conquistar el Campeonato del Mundo de Fútbol con España, comentó con el tono jocoso que habitualmente utilizan los nacionalistas catalanes para referirse a todo lo que les suena a español, que «aquí no hay marqueses. Aquí, en Cataluña, no hay».

Contrariamente a lo que expresa su ignorancia, sí los hay y los ha habido tradicionalmente, pero, como reliquias del pasado superadas por el tiempo, ya no abundan. Ahora son muchos más comunes otros privilegiados injustamente: los oportunistas que aprovechan las circunstancias que les son propicias más allá de cualquier ideología o condicionamiento ético; en esto Pep, también, es un ejemplo.

El pecado de ser africano en Barcelona

«El capitalismo es capaz de destruir la posibilidad de una vida digna» (Noam Chomsky).

Los barceloneses los vemos cada día por las calles, aunque apenas nos fijemos en ellos y nunca intercambiemos palabra. Unos empujan en carros de supermecado toda la chatarra que pueden recoger; desde la mañana hasta la noche, de norte a sur, de este a oeste, sin descanso… por entre 5 y 15 euros el carro lleno. El 80% de los chatarreros del carro del super son subsaharianos. Hombres y jóvenes.

El otro gran foco de trabajadores negros africanos, en la calle, es el top manta. Acabar con la venta ilegal de todo tipo de productos en la calle era una promesa del alcalde, Xavier Trias (CiU), y en el Ayuntamiento se había alardeado de haber erradicado el fenómeno. Hay más presión policial y nervios entre los vendedores, pero los manteros siguen ofreciendo bolsos, gafas de sol y otros productos de imitación en los focos turísticos del centro de la ciudad, del Paseo de Gracia al puerto, pasando por toda La Rambla. Un mantero, si vende dos o tres bolsos -un día bueno-, consigue ingresar unos 15 euros.

Los servicios sociales del Ayuntamiento no tienen una estrategia paralela a la presión policial, admite un portavoz, que explica que resulta muy difícil asistir a este colectivo porque se encuentra en un limbo legal. El Ayuntamiento pueden ofrecerles alojamiento de urgencia o cubrir las primeras necesidades, pero no tienen ni los medios ni la potestad para hacer que entren en circuitos de inclusión y de reinserción laboral porque son inmigrantes sin papeles y las cuestiones de extranjería son de competencia del Gobierno.

¿Qué hacemos, entonces, por ellos? Nada salvo catalanizarlos por su bien, desmoralizarlos para que se vayan por sus propios medios o intentar devolverlos. El método escogido por Trias para desmoralizar a los manteros es ejercer sobre ellos «una presión clara, decidida y continuada» de carácter policial. Por otra parte, el Gobierno municipal de Barcelona incentiva el retorno de los inmigrantes a su país de origen mediante cursos de formación profesional; una de esas grandes ideas gestadas en los interiores de los grandes despachos políticos de la ciudad con nula o escasa repercusión práctica.

Por otra parte, Trias siempre ha abogado por expulsar a los irregulares sin atender a la raíz del problema, compleja y que hay que buscarla lejos, muy lejos. Conviene echar una mirada a la realidad histórica para no perder la perspectiva. «La soberanía ha sido un instrumento de emancipación de los pueblos de África, que están empezando a trazar caminos de transformación en la mayoría de los países africanos, después de siglos de depredación por el comercio de esclavos, el colonialismo y el neocolonialismo. Los ataques temerarios contra la soberanía de los países africanos son, por lo tanto, equivalentes a infligir heridas nuevas en el destino de los pueblos de África«, manifestaba, por ejemplo, la Unión Africana ante el Consejo de Seguridad de la ONU, hace unos meses, tras los ataques desproporcionados a Libia.

Manel Andreu, miembro de la Xarxa de Solidaritat amb els Assentaments, insistía [hace unos meses] en la necesidad de «hacer visibles a estar personas para que la ciudad sea consciente de que no se las puede abandonar en la calle». Andreu agradeció las muestras de apoyo, entre ellas, la de la Síndica de Barcelona, que ha pedido «atención básica y un trato no discriminatorio para estos subsaharianos», pero cargó contra el Ayuntamiento, al que acusó de hacer ver que ha hecho un seguimiento de la situación «cuando en realidad ha demostrado que no tienen ni idea».

Tiene toda la razón; hagámosles visibles, si están entre nosotros deben gozar de plenos derechos civiles y merecen nuestra ayuda… aunque sólo sea por motivos humanitarios. La crisis no es excusa para la ética y la moralidad, sobre todo cuando estamos en el origen de sus problemas.

Carta abierta al alcalde de Barcelona: ¿Por qué no dice todo lo que cobra?

Cartel de protesta contra las subidas del transporte público de Barcelona (foto: Federico Llosa Marsé).

A veces una imagen vale más que mil palabras. Aquí les adjunto la foto, que capté con mi propio teléfono móvil, de un cartel en que se protesta por las recientes subidas del transporte público en el area metropolitana de Barcelona; muy por encima del coste de la vida. Me sirve de excusa, de nuevo, para solicitar públicamente al señor alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que haga público a la ciudadanía el montante total de lo que cobra con cargo a fondos públicos. ¿Tan difícil le resulta o es que tiene algo que esonder?

Lo que debería ser absolutamente normal en una sociedad democrática avanzada y que pasa habitualmente en, prácticamente, todas las instituciones europeas, parece que aquí se está convirtiendo en pura utopía. La opacidad es propia de otros tiempos y de las repúblicas bananeras.

Si como me temo -y las noticias que me llegan no engañan- es el mejor pagado de todos los alcaldes de los municipios de España, le pediría, asimismo, diera una explicación de la razón por la que usted recibe tan destacados y superiores emolumentos en relación a sus colegas. ¿Tan difícil y gravosa resulta su labor y/o son tantas las virtudes y talentos que usted ofrece?

Aprovecho para sugerirle que haga lo propio con los cargos de confianza que le rodean y que vuelva a la costumbre de indicar el nombre y apellido de estos –ahora solo se hace una genérica relación de puestos y ‘retribuciones anualizadas’ del Ayuntamiento de Barcelona-, como sí hacían gobiernos municipales anteriores al suyo. Añada, por si se olvida, todas las retribuciones que obtiene por su participación en otros organismos públicos, incluidas las dietas.

Le advierto que periódicamente le reiteraré la presente solicitud en este medio independiente hasta que consiga que esa información, que atañe a todos, sea satisfecha a la opinion pública. No se lo tome, por favor, como una amenaza, sino, simplemente, como la petición de un ciudadano que ejerce como tal y que cree tener derecho a conocer, al detalle, el origen y el destino final a donde van a parar cada uno de los recursos públicos de esta ciudad. ¿No lo cree usted así señor alcade?

Hispanos

«Nadie me convencerá de que es mejor una Rambla [de Barcelona] con gente mestiza que una donde tan solo paseen gente de raza blanca mediterránea» (Heribert Barrera, ex presidente de ERC).

Que la inmigración ha preocupado al nacionalismo catalán no es un secreto. Pese a que lo nieguen, en las raíces profundas del mismo yacen el racismo y la xenofobia, en un intento vano y contrario a los más elementales derechos humanos de preservar lo que piensan son las esencias del catalanismo. Para esta ideología reaccionaria la mejor inmigración es la que no existe.

Heribert Barrera (ERC), muerto el año pasado, ejemplifica bien lo anterior. En el año 2001 apareció un libro: Què pensa Heribert Barrera? (¿Qué piensa Heribert Barrera?), donde, entre otras cosas, manifestaba: ‘La inmigración es la principal amenaza contra Cataluña. […] Las oleadas migratorias son un plan para descatalanizar Cataluña. […] Es evidente que cualquier persona que quiera españolizar tiene interés en que la inmigración venga a aquí. […] Conseguimos superar las oleadas de andaluces, pero ahora el catalán está en peligro. A mí me gustaría una Cataluña como la de la República: sin inmigrantes‘.

En este tema, como en todos los demás en Cataluña, el nacionalismo utiliza como instrumentos para su particular ingeniería social el derecho y las instituciones. Hemos de tener en cuenta que más de 70.000 inmigrantes pudieron votar en las pasadas elecciones municipales de 2011, en virtud de los convenios de reciprocidad entre España y sus países respectivos (Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Paraguay, principalmente; por motivos diversos aún quedaron fuera colectivos numerosos como los nacionales de Argentina, Marruecos, Brasil, Méjico, Pakistán o Venezuela).

En abril de 2010, el Parlamento autonómico de Cataluña aprobó la Ley de Acogida, con el apoyo de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA, que establecía exigir a los inmigrantes el conocimiento del catalán en los procesos para conseguir el permiso de residencia. Pese a que el Defensor del Pueblo recurrió esta ley, apelando a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que subraya que ninguna de las dos lenguas oficiales puede ser preferente sobre la otra, tanto las autoridades de la Generalidad como las del Ayuntamiento de Barcelona siguen no solo dando absoluta preferencia a una de las lenguas oficiales, con su particular visión de esta Comunidad Autónoma, sino que, conscientemente, se excluye hasta el absurdo a la otra.

La situación en la que se encuentran los recién llegados se agrava con esta autoritaria imposición nacionalista. Aquellos que vienen de países no iberoamericanos se ven en la necesidad imperiosa de aprender una lengua de las oficiales para poder comunicarse en su nueva residencia forzada –no lo olvidemos (nadie emigra por gusto)-, pero, los hispanoparlantes, que sí forman parte de una cultura común y hablan español se ven, innecesariamente, obligados a cargar sobre sus espaldas con una nuevo lastre que dificulta sus ascenso social. ¿Qué debe ser prioritario: poder relacionarse para trabajar o estudiar o satisfacer los deseos de una minoría, más o menos mayoritaria, que controla las instituciones en base a vanos deseos, ya declarados inconstitucionales, de uniformidad y exclusión?

Uno de esos profesores de Secundaria desterrados de los que hablé un día, Rafael Núñez, refería: ‘Los únicos sujetos que han amenazado de forma real la política de vejación y discriminación nacionalista son los xarnegos, por tenerse, en primera instancia, como ciudadanos con los mismos derechos al amparo de la Constitución española de 1978 y por formar parte su lengua y cultura del mercado cultural español, al que se supone pertenece Cataluña, o, al menos Barcelona; hay una imagen española de Barcelona que pesa mucho más que la imagen catalanista de Barcelona. La izquierda histórica -que ha basado su fuerza sobre todo en esa multitud social- en Cataluña ha significado siempre una amenaza para el catalanismo’.

Hagamos posible que la amenaza se extienda, también, a los hispanos. Consolidemos sus derechos y rectifiquemos la línea seguida, interesadamente, por el nacionalismo. El derecho nos da la razón y las instituciones, al fin y al cabo, son de todos. No les bailen el agua a quienes los ven y verán siempre como inferiores, clases subalternas que viven en su territorio de prestado obligados a bajar la cabeza mediante el peaje de la sumisión vestida de integración. Sean ustedes la punta de lanza en la reivindicación de los derechos de ciudadanía para toda la inmigración residente en esta Comunidad Autónoma.

José Luís de Villalonga, ese gentleman atípico, comentaba que un pobre nunca debe votar a la derecha. Siguiendo su estela, añadiría, un hispano nunca debe votar al nacionalismo, tampoco al catalán; significaría tanto como hacerse un harakiri colectivo. Envío un humilde saludo, desde aquí, a todos los hispanos e inmigrantes de otras nacionalidades residentes en Barcelona y el resto de Cataluña. Hasta pronto, ciudadanos.

MWC y prostitución

Mobile World Congress.

Por fin se inicia el tan anunciado como salvador coyuntural de nuestra precaria economía Mobile World Congress (MWC), el congreso de la telefonía móvil más importante del mundo. Durante cuatro días, Barcelona se convertirá en el aparador universal de este tipo de artilugios y seremos observados por millones de habitantes de los cinco continentes ansiosos de las últimas novedades del sector.

Se calcula en más de 60.000 los visitantes que acudirán a Barcelona y se pretende rebasar los 275 millones de euros de impacto económico de la edición anterior. Aproximadamente el 50% de los visitantes son altos cargos de empresas y más de 3.000, directores generales.

Alto poder adquisitivo que redunda en un aumento del gasto en servicios pero que tiene su contrapartida negativa: el turismo sexual. ‘Las salas eróticas y de prostitución adoptan medidas excepcionales ante la previsión de una demanda desbordada. Los establecimientos prohíben a sus trabajadoras librar los días de la feria, amplían horarios y lanzan nuevas promociones’. Incluso muchos locales tradicionalmente entregan flyers (hojas de propaganda) de prostitución en las entradas del congreso aunque se arriesgan a multas municipales.

Lo anterior no es por casualidad: ya hace tiempo que se sabe que Barcelona es la capital española de las mafias de la prostitución y un auténtico hervidero del crimen organizado. ‘Brasileñas y rumanas, la mayoría veinteañeras, algunas menores, casi todas criadas en ambientes humildes, con escasos estudios y escasas posibilidades, según informes de Interior, deambulan de local en local, forzadas a prostituirse durante meses hasta que reembolsen el importe que sus captores les exigen’.

El alcalde Xavier Trias (CiU) siempre se ha declarado abolicionista en este asunto -postura que comparto- llegando a manifestar que «es la esclavitud del siglo XXI», pero, da la sensación de que, como en otras ocasiones –Eurovegas, por ejemplo-, cuando de lo que se trata es de generar inversiones y puestos de trabajo, sus supuestas buenas intenciones quedan aparcadas y dejan paso a un pragmatismo mal entendido: el fin justifica los medios para la más alta autoridad del Ayuntamiento de Barcelona.

Mientras no se aplique una política de tolerancia cero a la prostitución desde el poder político competente, sancionando a los clientes y realizando políticas activas de reinserción de las personas afectadas, no debemos dejarnos llevar por cantos de sirena. Les daré un dato: el número de multas a prostitutas en Barcelona triplica el de ayudas. También en este tema, otro modelo de ciudad es posible.

Bilingüismo escolar: el TSJC vulnera derechos fundamentales

‘Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo. 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley […]’. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

‘Artículo 24. 2. Asimismo, todos tienen derecho […] a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías […]’. Constitución española.

Toda persona tiene derecho a que su proceso sea resuelto dentro de un plazo razonable, es decir, toda persona tiene el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho este que se refiere no solamente a la posibilidad de acceso a la jurisdicción o a la obtención práctica de una respuesta jurídica a las pretensiones formuladas, sino ‘a una razonable duración temporal del procedimiento necesario para resolver y ejecutar lo resuelto’.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación a las dilaciones indebidas, ha mostrado a lo largo de su jurisprudencia que lo importante no es la celeridad en sí misma, sino la importancia de que el proceso se desarrolle sin anomalías. Por tanto, es la correcta administración de justicia, en el marco de un proceso concreto, lo que prima el análisis de esta vertiente del artículo 6 referido. ‘Se tendrá en cuenta la complejidad del caso, la conducta del demandante y de las autoridades implicadas en el asunto’, así como ‘lo que en el litigio arriesga el demandante’. En concreto, la conducta de las autoridades puede determinar la naturaleza de la dilación, especialmente cuando se detecta un razonable grado de pasividad en sus actuaciones.

Por su parte, el Tribunal Constitucional, a través de diversas sentencias, ha establecido que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, si bien no se confunde con el derecho a la ejecución de las sentencias, se halla en íntima relación con él, pues es claro que el retraso injustificado en la adopción de medidas de ejecución afecta en el tiempo a la efectividad del mencionado derecho fundamental.
‘Un plazo razonable’. ‘Sin dilaciones indebidas’. Normalmente cuando se vulnera este derecho se debe a causas estructurales: la falta de recursos materiales y personales unido a un gran volumen de asuntos hace que se colapse nuestro aparato judicial llevando a la consecuente demora en dictar las resoluciones a las que vienen obligados los tribunales.

Lo extraño e inaceptable, bajo ningún concepto, es que esta demora en resolver –lo mismo podríamos decir en la ejecución de sus resoluciones- se produzca, sencillamente, por causas de otro tipo, como por ejemplo, la tenaz oposición de la administración a ejecutar una sentencia firme.

Este proceder del funcionario involucrado al dejar transcurrir el tiempo o paralizar el proceso injustificadamente, no está legitimado por el sistema de normas, ni por consideraciones de trato institucional; menos puede estar librada a sus facultades discrecionales, sino por el contrario, implica la concurrencia de motivaciones extrafuncionales y arbitrarias fundadas en conductas cuya previsibilidad sobre su desvaloración social o funcional como la aceptación complaciente de los efectos lesivos implícitos o derivados del transcurrir indebido del tiempo, es de pleno conocimiento del magistrado; no está demás acotar que esta vulneración no solamente se produce en la etapa decisoria de los procesos, sino en cualquiera de las etapas, incluida su ejecución.

¿Qué pensarán de esto los afectados por los procesos judiciales sobre su solicitud de que el español fuera, también, lengua vehicular en las escuelas catalanas de acuerdo con el derecho vigente? Después de que la administración de la Generalidad de Cataluña hiciera oídos sordos a sus legítimas reclamaciones, iniciaron sus procesos judiciales mediante recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en 2006, y viendo como este los desestimaba, tuvieron que acudir en casación ante el Tribunal Supremo (TS), el cual acabó otorgándoles la razón en 2010. Como mínimo son cinco las sentencias en este sentido que aún no han sido ejecutadas.

La ejecución de las sentencias corresponde en este caso, de nuevo, al TSJC y aquí han surgido, no por esperados menos denunciables, los problemas. ‘Tras varios meses de nuevas dilaciones por parte del Gobierno [autonómico] catalán, como es su estilo, la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que preside el magistrado Joaquín Ortíz Blasco, en un auto de julio de 2011 instó a la Generalidad a aplicar, en un plazo máximo de dos meses, las sentencias del TS en las que conminaban a la Consejería de Educación a garantizar que el español fuera también llengua vehicular en las escuelas junto con el catalán’, explican desde Convivencia Cívica Catalana, la asociación que ha llevado la dirección juridica de los casos, en representación de diversos padres, en su periplo administrativo y judicial.

La Generalidad presentó un recurso a la decision del TSJC y se suspendió el ultimátum de los dos meses hasta resolver el recurso, en lo que nosotros consideramos un auténtico fraude de ley. Entonces Convivencia presentó su recurso a esta decisión. En una providencia [notificada el 15 de diciembre de 2011] el tribunal que debe decidir sobre este recurso acordó, ‘dada la trascendencia de la cuestión que ha de resolverse’, someter a la consideración del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, si la misma ha de ser votada y fallada por el Pleno de la sala de lo Contencioso’. Es decir, por los 24 magistrados que la integran. Aún se espera resolución al efecto.

Con la situación creada se pone bajo sospecha la obligada independencia e imparcialidad que se supone de los tribunales ya que cabe deducir que con tal decisión, se pretende diluir la responsabilidad originaria de juzgar –ejecutar en este caso lo juzgado- que correspondería a un grupo reducido de magistrados en la totalidad de los que integran el citado pleno del TSJC evitando así, en la medida de lo posible –imposible en mi opinión- que las presiones y miradas con toda la carga emocional que comporta (¿fanatismo?) el nacionalismo catalán se centren en unos pocos funcionarios.

Más allá de ciertas actitudes que bordean el delito de prevaricación recogido en nuestro Código Penal y del evidente desacato al que nos tienen acostumbrados ciertos dirigentes de las administraciones públicas catalanas –cuyos responsables últimos espero las depuren en las instancias competentes cuando llegue el momento oportuno-, lo que no se puede tolerar hoy ya es retrasar más los procesos aludidos. No podemos tener la justicia secuestrada en Cataluña.

El TSJC, en mi opinión, con su actuación en estos asuntos está vulnerando derechos fundamentales: el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable del artículo 6 de el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del artículo 24 de la Constitución. Esta es la gravedad de la situación.

El último viaje

Un buen amigo, acompaña este vídeo en homenaje a Antonio Machado, con esta dedicatoria:

«Un día como hoy, hace 73 años, fallecía exiliado, en Colliure (Francia), el poeta Antonio Machado. Una bandera de la República española, roja, gualda y morada, cubría (y no sé si aún cubre) su féretro en el cementerio. Y un buzón recogía los comentarios de los visitantes que tuvieran, o creyeran tener, algo que decirle.

Sirva como homenaje a él y a todos los (demás) hombres buenos -en el buen sentido de la palabra-, a los de sangre jacobina y a los de manantial sereno, a los que nada deben, a los que, casi desnudos, parecen hijos de la mar».

La casualidad hizo que su último viaje partiera de la ciudad en la que vivimos: ‘A finales de enero de 1939, y ante la inminente ocupación de la ciudad, sale de Barcelona viajando con Joaquín Xirau Palau en una ambulancia que les fue proporcionada por José Puche Álvarez, Director General de Sanidad -cuentan que su madre, exhausta y desorientada, constantemente, le preguntaba cuándo llegarían a Sevilla-. Tras unos primeros días en Raset (Gerona), pasa su última noche en España, la del 26 al 27 de enero, en Viladasens. En la tarde del día 28 llega finalmente a Collioure (Francia), en donde muere el día 22 de febrero en el Hotel Bougnol-Quintana. A los tres días, fallece su madre. En el bolsillo de su abrigo se encuentra un último verso: ‘Estos días azules y este sol de la infancia’ […] [La fatalidad no acaba aquí]. En febrero de 2010 la especialista en Machado, Monique Alonso, hizo público que, poco antes de morir el poeta, la Universidad de Cambridge le había enviado una carta ofreciéndole un puesto en su rectorado. La carta llegó a Collioure al día siguiente de su entierro’ (fuente: Wikipedia).

Me uno al homenaje de mi amigo -otro hombre bueno- al poeta de los versos más bellos jamás escritos en lengua española, lamentando la falta de memoria y lo desapercibido que ha pasado, para la mayoría, tan señalada fecha.

A la calle algunos, mientras otros cantan ‘blues’

‘»Los problemas no se resuelven con manifestaciones», ha dicho el ministro Wert. Lástima que la historia no le conceda la razón: en una mayoría significativa de los casos se sale a la calle cuando otras medidas de presión han fracasado. Lo de Valencia viene de lejos’ (Elvira Lindo, en el El País).

Si en Valencia la cosa viene de lejos, en Barcelona también. Acumulamos los ciudadanos de la ciudad condal un cúmulo de despropósitos en la utilización de los escasos recursos públicos y de actuaciones directamente corruptas que no han tenido la correspondiente y obligada respuesta ni política ni judicial. Parece que la asunción de responsabilidades solo afecta a los de siempre: el pueblo llano, mientras otros hacen como si la cosa no fuera con ellos, en una actitud que les permite estar por encima del bien y del mal.

¿Se acuerdan ustedes del caso Palacio de la Música? Aún es hora de que Félix Millet y los que le acompañaban en la oscura trama de corrupción que, presuntamente, servía para financiar ilegalmente a Convergència Democràtica de Catalunya, respondan ante la justicia. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar más para que se celebre el juicio?

Siendo este el caso más escandaloso, no es sino uno más en una lista larga de casos de corrupción que han colmado el vaso de la paciencia ciudadana; veamos, el listado es largo y sin duda incompleto: utilización de tarjetas de crédito para usos particulares, caso Matas; mafias policiales, recalificaciones anuladas por el Tribunal Supremo, caso GISA; liberados sindicales privilegiados ilegalmente por el poder político según los tribunales; municipios del área metropolitana que no rinden cuentas a la Sindicatura de Cuentas, pese a que les obliga la ley; planes de urbanización que permiten edificar en zona verde, lo que evidentemente es ilegal; nepotismo, caso Pretoria; altos cargos sindicales acaparan pisos de protección oficial; políticos que hacen viajes al extranjero de difícil justificación con cargo al erario público; trama de concesión de licencias ilegales en diversos distritos del Ayuntamiento de Barcelona; etc.

Mientras tanto, en un contexto de crisis y bajo su excusa que lo puede todo, se cierran hospitales y centros de atención primara (CAP), se limita el presupuesto en cultura, se dejan de hacer colegios, lo que condena a barracones a una generación de estudiantes, se alargan las listas de espera, se rebaja el salario de los funcionarios, se despide al personal interino de la funcion pública, no se convocan oposiciones que dejan tirados a miles de ciudadanos que llevan años preparándolas, se cierran guarderías, se limitan las ayudas a los comedores escolares, se suben las tarifas de los transportes públicos, etc.

Ante esta situación, creo llegado el momento de que los ciudadanos de Barcelona nos levantemos y hagamos oír nuestra voz como una sola. El próximo lunes los trabajadores de TMB iniciaran una huelga que durará cuatro días. Quieren hacer de la Plaza de España una segunda Plaza de Cataluña en defensa de los derechos de los trabajadores y para canalizar la indignación ciudadana. Apoyémosles; es una buena oportunidad.

¿No creen que existen motivos, más que justificados, para que nos echemos a la calle? Mientras tanto, como el presidente de los EE.UU, habrá una minoría que continuará cantando blues… la cosa no va con ellos. Hagamos que nos escuchen.

F.C. Barcelona: jugadores nacionales, directivos nacionalistas

Siguiendo con la línea de observación empírica de otro posts de este blog en referencia al Ayuntamiento de Barcelona, hagamos hoy un sencillo ejercicio y comparemos los orígenes y apellidos de los componentes de la plantilla del F.C. Barcelona para la temporada 2011-2012 con la composición de la directiva del referido club (para estos últimos no dispongo del dato de su lugar de nacimiento, pero, resulta fácil deducir que son nacidos, si no todos, su inmensa mayoría, en Cataluña):

Plantilla del F.C. Barcelona para la temporada 2011-2012 (lista: LVdB).

Así, de entrada, resulta que de los 20 miembros de la directiva actual, es decir, 40 apellidos, no aparece ninguna vez alguno de los 5 apellidos más comunes en Cataluña –García, Martínez, López, Sánchez y Rodríguez- y sólo 3 (un Pérez, un Gutiérrez y un Martin) están en la referida lista entre los 25 más comunes; mientras que entre los jugadores de la plantilla de jugadores aparecen con asiduidad apellidos de la lista –hasta 5 veces alguno de los 5 más comunes- y eso en una época caracterizada por la presencia masiva de canteranos.

¿Nos equivocaríamos mucho sin fijásemos estos paralelismos generales? Jugadores-origen modesto (obrero) vs. directivos-origen acomodado (burgués); y jugadores-nacionales vs. directivos- nacionalistas. ¿Creen en las casualidades?