Razones para los seis mitos sobre la inmersión lingüística (4): segregación

Continúo con las entradas, siguiendo el excelente ensayo de Mercè Vilarrubias, Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña (Editorial Montesinos, 2012) elaborado desde el más escrupuloso punto de vista pedagógico, revisando las razones por las que se nos vende el modelo de inmersión lingüística como el más beneficioso contra toda evidencia empírica y técnica.

¿Por qué los políticos (nacionalistas) nos dicen lo que nos dicen sobre el sistema de inmersión? –se pregunta. Veamos en forma de conclusión las razones para la insistencia en los seis mitos:

4. Una doble red de escuelas, unas con la lengua vehicular en catalán y otras en español, supondría segregar a los alumnos. El sistema de doble red de escuelas, y la consiguiente elección de los padres sobre donde escolarizar a sus hijos, es la práctica más común en Europa pero para la Generalidad es una forma de segregar a los alumnos. Además, para mantener esta idea debe obviarse primero el hecho de que cuando hay elección por parte de los sujetos, difícilmente puede hablarse de segregación. La actitud beligerante de la Generalidad frente a propuestas de una doble red escolar parece esconder el temor de que pudiera haber más personas que escogieran las escuelas en castellano que las escuelas en catalán. Además, la existencia de un sistema así, independientemente del número que optara por una u otra línea, pondría en riesgo el proyecto de cambiar la relación de fuerzas entre el catalán y el español, o sea, lograr que haya más personas jóvenes que usen la primera lengua en lugar de la segunda. Con el sistema actual, tampoco se logra el cambio numérico anhelado, pero al menos todos los chicos aprenden catalán, y quién sabe si algún día una mayoría se decantará por esta lengua. La doble red es pues demonizada, con una desinformación sobre ella -por parte de los políticos y medios de comunicación- que clama al cielo.

[Mañana continuaremos con la siguiente razón para la insistencia política nacionalista en los seis mitos sobre la inmersión: El sistema de inmersión garantiza la cohesión social en Cataluña].

Razones para los seis mitos sobre la inmersión lingüística (3): lengua materna

Continúo con las entradas, siguiendo el excelente ensayo de Mercè Vilarrubias, Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña (Editorial Montesinos, 2012), elaborado desde el más escrupuloso punto de vista pedagógico, revisando las razones por las que se nos vende el modelo de inmersión lingüística como el más beneficioso contra toda evidencia empírica y técnica.

¿Por qué los políticos (nacionalistas) nos dicen lo que nos dicen sobre el sistema de inmersión? -se pregunta. Veamos en forma de conclusión las razones para la insistencia en los seis mitos:

3. La educación en lengua materna no es importante ni necesaria. Para la Generalidad, la lengua materna no juega ningún papel facilitador del aprendizaje, ni a nivel cognitivo ni a nivel afectivo. La lengua materna de los alumnos no es más que el trampolín a partir del cual se llega a adquirir la lengua vehicular de la escuela. Ello es contrario no sólo a todos los estudios sobre la cuestión sino también a todas las recomendaciones de instituciones internacionales como la UNESCO y la UNICEF. Pero la Generalidad no puede reconocer el papel crucial de la lengua materna como facilitadora del aprendizaje en todas las etapas escolares puesto que ello le llevaría a la necesaria introducción de asignaturas en español y al fomento del uso de la lengua en las aulas, junto con el catalán. Ello sería así porque el español es la lengua materna de al menos la mitad de los alumnos. Lo que pasaría entonces es que el catalán dejaría de tener la condición de única lengua vehicular con lo que pondría en riesgo el proyecto político de cambiar la relación numérica entre los hablantes jóvenes de una lengua y la otra. Para mantener este proyecto, sin embargo, la mitad de los alumnos -cuya lengua materna es el español- deben pagar el precio de no poder realizar parte de su educación en su lengua materna sin ningún otro motivo que la agenda política de la Generalidad.

[El próximo lunes continuaremos con la siguiente razón para la insistencia política nacionalista en los seis mitos sobre la inmersión: Una doble red de escuelas, unas con la lengua vehicular en catalán y otras en español, supondría segregar a los alumnos].

Razones para los seis mitos sobre la inmersión lingüística (2): competencia

Continúo con las entradas, siguiendo el magnífico ensayo de Mercè Vilarrubias, Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña (Editorial Montesinos, 2012) elaborado desde el más escrupuloso punto de vista pedagógico revisando las razones por las que se nos vende el modelo de inmersión lingüística como el más beneficioso contra toda evidencia empírica y técnica.

¿Por qué los políticos (nacionalistas) nos dicen lo que nos dicen sobre el sistema de inmersión? -se pregunta. Veamos en forma de conclusión las razones para la insistencia en los seis mitos:

2. Los alumnos logran una alta competencia en ambas lenguas. Se sigue una línea políticamente correcta: hacer creer a los ciudadanos que la preocupación de la Generalidad está en que los alumnos adquieran y sepan usar ambas lenguas con fluidez y precisión. Sin embargo, no se ha inventado un programa lingüístico que enseñe una sola lengua pero tenga como resultado un alto aprendizaje de dos. Sería fantástico y ahorraría muchos esfuerzos a los alumnos, pero lógicamente las cosas no funcionan así. El esfuerzo, el tiempo, el dinero y la preocupación de la Generalidad están solo del lado del catalán. En cuanto al español, se considera que ya vendrá por sí solo y cada uno alcanzará el nivel que alcance. Efectivamente, algunos alcanzan un ‘pleno dominio’ del español, además del catalán, pero deben encontrarse en un ambiente familiar favorable a ello y hacerlo por su cuenta. Este no es el caso de la mayoría, es sólo el caso de algunos, normalmente chicos de familias acomodadas tanto catalanohablantes como castellanohablantes. Los hechos muestran que ésta es la única manera, ya que el sistema educativo actual no proporciona los medios para lograr en la escuela una competencia alta en español. Sin embargo, decir esto claramente por parte de la Generalidad implicaría hacer dejación pública de sus responsabilidades y pocos gobiernos admitirían tal cosa. Es más fácil decir que enseñamos en ‘una’ lengua pero los alumnos alcanzan el pleno dominio de ‘dos’. El objetivo parece ser no moverse de lo políticamente correcto.

[Mañana continuaremos con la siguiente razón para la insistencia política nacionalista en los seis mitos sobre la inmersión: La educación en lengua materna no es importante ni necesaria].

Razones para los seis mitos sobre la inmersión lingüística (1): consenso

Ahora que el Tribunal Supremo acaba de tumbar la inmersión lingüística en la etapa infantil y que, como siempre rápidamente, se ha dado la respuesta políticamente correcta -la defensa del modelo “pese a quien pese”- desde las instituciones controladas por los nacionalistas catalanes y las entidades afines subvencionadas con los mismos intereses, es oportuno, siguiendo el magnífico ensayo de Mercè Vilarrubias, Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña (Editorial Montesinos, 2012), elaborado desde el más escrupuloso punto de vista pedagógico revisar las razones por las que se nos vende el modelo de inmersión lingüística como el más beneficioso contra toda evidencia empírica y técnica.

La autora nos indica que los referidos mitos son pantallas con tres funciones básicas:

– Lograr hacer el modelo de inmersión aceptable para los ciudadanos.

– Alejar cualquier duda sobre la adecuación de este proyecto a las necesidades de los alumnos.

– Mantener el proyecto libre de críticas.

¿Por qué los políticos (nacionalistas) nos dicen lo que nos dicen sobre el sistema de inmersión? -se pregunta. Veamos en forma de conclusión las razones para la insistencia en los seis mitos:

1. Existe un amplísimo consenso acerca del sistema de inmersión. En los países democráticos los políticos no pueden gobernar diciendo que ignoran los deseos de los ciudadanos. Por ello, la Generalidad afirma que su proyecto cuenta con el aval, no de una parte de la población, sino de la práctica mayoría. Sin embargo, se siente incapaz de llevar a cabo una encuesta que valide este consenso que dice que existe. En el fondo, la Generalidad duda de la existencia de este consenso. Teme que si preguntara a los ciudadanos, muchos no darían su conformidad al sistema de inmersión. Posiblemente un grupo numeroso se decantaría por un sistema de escuelas bilingüe, otro grupo se mostraría a favor del sistema actual y otro grupo optaría por una educación sólo en español. Por ello, la Generalidad evita preguntar. No le interesa el debate, que podría perfectamente resultar en un cambio de modelo.

[Mañana continuaremos con la siguiente razón para la insistencia política nacionalista en los seis mitos sobre la inmersión: Los alumnos logran una alta competencia en ambas lenguas].

Trias prevaricador: las señales viarias

‘El artículo 27.1 [del Reglamento sobre el uso de la Lengua Catalana del Ayuntamiento de Barcelona] se refiere a los rótulos y señalización viaria y se limita a establecer la necesidad del catalán, sin que este planteamiento excluya por sí mismo el castellano. Por otra parte el precepto incluye una expresa remisión a la normativa de tránsito, que en efecto impone el uso del castellano -artículo 56 de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobada por Real Decreto legislativo 339/90 y también el artículo 138 del reglamento general de circulación-. Por tanto, no se puede constatar una causa de nulidad en este precepto’ (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de mayo de 2012).

Señal viaria, exclusivamente en catalán, instalada en Barcelona, este mes, en el entorno de la Sagrada Familia (foto: Federico Llosa Marsé).

Como vemos, el TSJC ha recordado que las señales viarias -que el reglamento municipal establece que deben estar rotuladas en catalán- también debe cumplir la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el Reglamento General de Circulación, que exigen su rotulación en castellano.

De hecho, el incumplimiento de estas normas nacionales hace que la mayoría de las multas de tráfico en Cataluña se puedan recurrir y sean devueltos los importes de las sanciones, como ha informado en varias ocasiones LA VOZ DE BARCELONA. Me hice eco de esta problemática en una entrada anterior en la que reclamaba la intervención de la Fiscalía, ante la evidente actitud prevaricadora de nuestras autoridades municipales.

Recordemos que la prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Es comparable al incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un funcionario o juez en el ejercicio de sus competencias (fuente: Wikipedia).

En el caso que nos ocupa sería de aplicación el artículo 404 del Código Penal que señala: ‘A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años’. Después de la reciente sentencia del TSJC aludiendo, una vez más, a la misma situación, creo ya inaplazable una intervención de la misma con todas las consecuencias.

Como vemos en la fotografía, hoy mismo se siguen instalando señales viarias exclusivamente en catalán en Barcelona siguiendo las directrices políticas nacionalistas, en una clara actitud delictiva, con el conocimiento de la Guardia Urbana -cómplice necesario de esta ilegalidad que, aunque sigue las órdenes que marcan sus superiores, no le exime de responsabilidad- contrariando todas las resoluciones judiciales al respecto de forma continuada.

Mientras Trias no respete la legislación y no acate las sentencias, no cabe sino concluir que el alcalde de Barcelona es un presunto prevaricador, un presunto criminal que no respeta las normas de juego democráticas basadas en la división de poderes. ¡Ya es hora de que se le incoen diligencias, se le juzgue criminalmente con todas las garantías del Estado de derecho y se le inhabilite, finalmente, para el cargo que ocupa!

Apatrullando la ciudad (II)

Coche de los Mossos estacionado en la acera en Barcelona (foto: Federico Llosa Marsé).

En la entrada del pasado 7 de marzo de 2012 denuncié los abusos en la utilización del espacio público de Barcelona que venían realizando, en especial, la policía de la Generalidad de Cataluña, Mossos d’Esquadra, es decir, la policía autonómica de Cataluña. Constataba que una policía que desde el 1 de noviembre de 2005 tiene la plena competencia en la ciudad de Barcelona parecía que no había entendido, casi siete años después, qué supone su presencia y su convivencia en la misma con los barceloneses, a los que debería dar siempre ejemplo de civismo.

¿Puede alguien indicar algún precepto de la normativa reguladora de circulación o de la ordenanza municipal correspondiente que permita el estacionamiento en la acera de vehículos pertenecientes a la policía, sin razón de servicio alguna (su conductor y acompañante se fueron tranquilamente a desayunar), como la que recoge la fotografía tomada esta misma mañana? Dudo que se pueda dar respuesta a lo anterior, pues, sencillamente no existe, no está permitido; en consecuencia, debería ser intervenido por la autoridad competente, la Guardia Urbana, expedida la correspondiente sanción (multa) y trasladado al depósito municipal, como a cualquier otro ciudadano.

Como quiera que esta actitud de ciertos agentes se repite y continúa en el tiempo y en distintos lugares, desde la entrada referida anteriormente, y como nada ha cambiado desde entonces (incluso su página web continúa, exclusivamente, en catalán contraviniendo el derecho vigente), es por lo que me veo en la obligación moral de reiterar la denuncia pública. Quizás alguien por fin se sienta aludido y de una respuesta razonada a esta sencilla cuestión.

Trias no quiere a ‘la Roja’

'Se ha abierto la veda contra todo lo que sea o recuerde a lo español en Barcelona. Pintada en una calle de la ciudad' (foto: Federico Llosa Marsé).

Vaya por delante que no hay que ser aficionado al fútbol para indignarse por la actitud de las autoridades municipales ante la propuesta de propiciar la instalación de pantallas gigantes en el espacio público -el de todos- de Barcelona con motivo de la Eurocopa de fútbol y su negativa, más o menos, velada. La indignación viene por la falta de respeto a la igualdad y la libertad de gran parte de los ciudadanos barceloneses: los que quieren expresar su sentimiento español en público disfrutando de un evento deportivo de alcance internacional y observan atónitos como esa posibilidad se les pretende cercenar sin más.

A nadie se le escapa que la excusa esgrimida por el alcalde -¿de todos los barceloneses?-, Xavier Trias (CiU), de que en momentos de crisis “no es una prioridad” para el Ayuntamiento esa instalación, no responde a la verdad, pues, con patrocinadores -que son fáciles de encontrar- no costaría nada a las arcas de la ciudad.

Lamentablemente ya existen precedentes de esta voluntad excluyente de nuestros alcaldes nacionalistas catalanes, y así, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica de 2010 ya hubo problemas, entonces bajo el gobierno de Jordi Hereu (PSC), para instalarlas pese al clamor popular.

El futbol, considerado por muchos el opio del pueblo actual, sin embargo, contiene en su mejor expresión valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la solidaridad, etc., que son dignos de respeto y admiración. En este sentido, la selección española destaca e incluso en el extranjero se nos muestra el camino de convivencia que ejemplifica.

Al final, en Barcelona como en el resto de Cataluña, se palpa la tensión entre aquellos que estamos por la convivencia, el pluralismo y la tolerancia con el que piensa diferente; y aquellos otros que están por la segregación, la uniformidad ideológica y la intolerancia, en una actitud claramente reaccionaria.

Joaquim Forn (CiU) manifestó, en comisión, irónicamente, que “está más interesado en seguir a la selección catalana”; además, con burla hacia muchos ciudadanos, indicó que los partidos “se dan en abierto” en la televisión, por lo que cada uno puede seguir a la selección desde su casa. “Y si después quieren ir a celebrarlo con orden y civismo, perfecto”, añadió. Mucho ojo con estas últimas palabras porque pueden suponer un aviso para navegantes: nadie olvida la represión que sucedió al triunfo de España en el Mundial de Sudáfrica y que se saldó con un gran escándalo. Parece que ahora se avisa de algo parecido: Nuestros excesos los toleramos y pasamos página; los que consideramos extraños, que se atengan a las consecuencias porque serán objeto de dura represión. Pareciera que, desde que a ambos lados de la Plaza San Jaime gobiernan los mismos, se ha abierto la veda contra todo lo que sea o recuerde a lo español en Barcelona.

“¿De qué tienen miedo? ¿Tienen miedo de ver las calles llenas de barceloneses y catalanes con banderas españolas y senyeres disfrutando de un partido de fútbol, disfrutando de una victoria de España?“, peguntó Javier Mulleras (PP). Para Forn, eso es sólo “un patriotismo de tres al cuarto”. Es lo que tiene la falta absoluta de empatía de los nacionalistas.

En fin, San Sebastián, controlada por los nacionalistas filoetarras de Bildu, y Barcelona, controlada por los nacionalistas conservadores de CiU, tendrán el dudoso honor de ser las dos únicas grandes capitales de provincia sin pantallas gigantes para ver a la Roja… si alguien no lo evita a tiempo.

¿Francia, Portugal y Alemania? Adelante, podemos repetir la gesta… y después a celebrarlo como Dios manda; de forma sonora, ruidosa, estruendosa -diría- para que lo oigan aquellos que quieren silenciarnos.

SOS urgente: legitimación activa en peligro

En el ámbito del derecho procesal existe la legitimación activa, que le compete al demandante o actor, que puede ser una persona física o jurídica, y la legitimación pasiva, referida al demandado, que les confiere la ley procesal para poder actuar dentro de un proceso, en reclamo de sus intereses o derechos violados o en defensa y oposición de los derechos pretendidos por el actor, respectivamente.

Los éxitos judiciales de Convivencia Cívica Catalana (CCC), promotora de recursos que han dado lugar a sentencias del Supremo que obligan a la Generalidad de Cataluña a restablecer el bilingüismo escolar, no han gustado a algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Así, el TSJC ha avalado la nueva estrategia planteada por la Generalidad y por varias entidades nacionalistas para intentar frenar las acciones de CCC en defensa de la libertad lingüística en Cataluña y ha considerado, en una sentencia del 9 de mayo de 2012, que no está legitimada jurídicamente para personarse en el proceso contra el decreto aprobado por la Generalidad en septiembre de 2010 que obliga a los profesores universitarios a acreditar un nivel C de catalán o similar, al entender que no son parte directamente perjudicada por el decreto.

Aunque CCC ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo por esta cuestión, lo cierto es que ya está siendo utilizado, alegando su jurisprudencia en otros pleitos, por los servicios jurídicos de las administraciones al servicio de los intereses partidistas nacionalistas. En este sentido Impulso Ciudadano presentó recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Enseñanza de la Generalidad por considerar contrario a derecho el articulo 6.d) del decreto 155/2010, de 2 de Noviembre, de la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente (DOGC núm. 5753 – 11/11/2010).

El precepto impugnado dice: la dirección dirige y lidera el centro desde el punto de vista pedagógico y entre sus funciones le corresponden específicamente ‘garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación, administrativa y de comunicación utilizada normalmente en las actividades del centro, en los términos que establece el título II de la Ley 12/2009, tal como se concreten en el proyecto lingüístico que forma parte del proyecto educativo del centro’. Este precepto habilita, por ejemplo,  al director del centro educativo sancionar a un profesor que dé las clases en castellano o impedir que el castellano se convierta también en lengua vehicular de enseñanza o de las actividades administrativas.

El régimen lingüístico que han de aplicar estos directores es el que emana de la Ley 12/2009, de Educación de Cataluña (LEC). Impulso lo considera inconstitucional y por ese motivo ha solicitado al TSJC que anule ese artículo del decreto y que, previamente, interponga cuestión de inconstitucionalidad contra la LEC. La demanda argumenta extensamente las razones de la inconstitucionalidad.

El pleito está en la fase final, únicamente pendiente de que la Generalidad presente sus conclusiones, pero ahora el abogado de la Administración autonómica, basándose en el referido auto que niega legitimación activa a CCC, ha presentado un escrito por el que pretende que el TSJC declare inadmisible el recurso contencioso-administrativo porque, según la Generalidad, Impulso no tiene legitimación para impugnar este decreto.

Alega, con cita de esta sentencia que no es suficiente ‘la defensa del ejercicio del bilingüismo lingüístico efectivo por parte de la asociación recurrente para entender acreditada la legitimación, ya que no es suficiente la obtención de una recompensa de orden moral o solidaria o el beneficio de carácter cívico o de otra índole, pues en realidad una posible sentencia estimatoria no habría de producir utilidad alguna ni perjuicio de ninguna clase en la esfera jurídica de la recurrente ni en la defensa de sus componentes al no actuar en defensa de sus intereses individuales’.

El tema es de una enorme trascendencia porque, de consolidarse esa nueva doctrina de la sala del TSJC, ni Impulso ni otras asociaciones que luchan contra la política lingüística de la Generalidad podrán recurrir y todos los esfuerzos llevados a cabo resultarán baldíos. La Generalidad y los nacionalistas habrán dado un enorme paso al retirar al mundo asociativo del frente judicial contra la política lingüística.

A los miembros de Impulso se les ha ocurrido una forma imaginativa de ayudar a evitar el desaguisado. Necesitan de la ayuda de todos los padres de alumnos en edad escolar y de los docentes de los centros educativos. Si quieres, puedes prestar tu ayuda; es urgente. Más información en la web de la entidad.

Miedo

Asistí ayer a la coferencia-coloquio organizada por la asociación de izquierda no nacionalista, Ágora Socialista, que dio la sabadellenca periodista y catedrática de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona, Mercè Vilarrubias, bajo el título Educación bilingüe en las comunidades bilingües, basada en su libro Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña (Editorial Montesinos) recientemente presentado.

La brillante ponente catalanoparlante, con un lenguaje claro, sencillo y bien documentado realizó una exposición que debería repetirse por toda la geografía catalana -animo a partidos políticos y asociaciones afines a que colaboren en esta tarea importantísima en mi opinión-. Sus razones pedagógicas nunca mejor dicho servirían para informar de aquello de lo que nuestras instituciones no nos dan cuenta:

– Que el modelo de inmersión establecido en Cataluña es único en Europa (en Finlandia, por ejemplo, considerado un país con una alta cohesión social y el modelo educativo más desarrollado, coexisten dos líneas diferenciadas en finés y en sueco).

– Que en Europa, allí donde se incorporó una nueva lengua a la educación se hizo sin sustituir las escuelas en la lengua previa (como por ejemplo en Gales, donde los colegios eran en inglés y al incorporarse el galés lo hizo con colegios propios diferenciados).

– Que la UNESCO admite el modelo de inmersión siempre que sea con carácter voluntario.

– Que el mejor modelo para los alumnos, probablemente, desde el punto de vista pedagógico es el bilingüe.

– Que no existe estudio alguno sobre la supuesta cohesión social que proclama la propaganda nacionalista al defender, a capa y espada, el modelo de inmersión.

– Que no se puede aprender una lengua de forma culta sin estudiar en ese idioma contrariamente a la propaganda nacionalista que señala que el español se aprende fuera de las aulas.

– Que contrariamente a lo que se hace entender a través de la propaganda institucional, los totalitarios e intolerantes son los que imponen el uso exclusivo de una de las lenguas oficiales.

Pero, dicho lo anterior, uno se pregunta ¿por qué se hace esto? ¿por qué se engaña a la población? Aquí, también, Vilarrubias nos da la clave: por miedo. Miedo a que se descubra que todo el sistema de inmersión lingüística obligatoria está al servicio de un proyecto político partidista; miedo a que se conozca que se anteponen e imponen sentimientos nacionalistas a nuestros hijos en vez de razones pedagógicas; miedo a consultar a los padres que modelo lingüístico prefieren, ya que muy probablemente supondría evidenciar la falta de legitimidad democrática de su proyecto; miedo, en fin, a las consecuencias que se derivarían para algunos cargos públicos si mantienen sus amenazas de no acatar las resoluciones judiciales.

Dando razones para el optimismo, Vilarrubias señala que “nunca es demasiado tarde” para rectificar. Critica a los sindicatos por no haber defendido los derechos del niño y de los docentes y se extraña del apoyo, incondicional, de los partidos políticos autodenominados de izquierda al sistema.

Quizás haya motivos para el optimismo: el problema está en el centro del huracán, el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios ya han empezado a cercenar los abusos nacionalistas, los ciudadanos son cada vez más conscientes del problema pese a la mayoritaria pasividad que se observa en estos temas y, empiezan a expresarse públicamente en defensa de sus derechos.

Sólo los que no tengan razones deberían preocuparse del futuro. Adelante, todos con valentía y la mirada al frente; el miedo es cosa de otros.

Rigau en TV3, o la suma sacerdotisa en su templo

Al saber que la consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, la psicóloga gerundense Irene Rigau (CDC), asistiría, me quedé ayer hasta altas horas de la noche para poder ver por la televisión pública de Cataluña, TV3, el debate sobre educación que el programa Ágora, bajo el título Ens hi juguem el futur, dedicaba a tan fundamental cuestión.

Ver los informativos y debates de TV3 es como introducirse en una iglesia de una religión, mayoritaria en el poder en Cataluña, cuyos invitados la profesan y expresan sus dogmas que se pretende han de ser acogidos con mucha fe y escaso o nulo fundamento razonable por los ciudadanos.

Suponía que en algún momento del mismo se haría mención a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y las sentencias de tribunales ordinarios derivadas de la misma respecto a la inmersión lingüística. Efectivamente ello ocurrió; pero, tangencialmente y en el minuto 59:16, de un programa que duró una hora, un minuto y 41 segundos. Además, lo fue para faltar a la verdad.

Con la connivencia del presentador del programa, Xavier Bosch, se preguntó a la consejera hasta cuando estaba dispuesto el Gobierno autonómico nacionalista a aguantar con la finalidad de “no separar a los alumnos por razón de lengua”. Solemnemente, como corresponde a tan alta dignidad religiosa sentenció: “No separaremos a los alumnos por razón de lengua”. El entrevistador insistió: “¿Está dispuesta a desobedecer sentencias, si hace falta?”. Respondiendo: “Evidente”, y manifestando no querer convertirse en una “heroína”.

Si lo que pretende la consejera es desacatar las resoluciones judiciales, al menos, que explique la realidad de su contenido: lo que indican estas es que se ha de reintroducir el castellano en las aulas como lengua vehicular en convivencia con la lengua catalana. Nadie habla ni ha hablado de segregar a los alumnos en dos líneas por razón de lengua.

Pese a todo, el debate fue fructífero y merece su visión, aunque los invitados al templo comunicativo de TV3 deberían ser conscientes -si no lo son- que se discrimina a los mismos, entre otras cosas y precisamente, por razón de lengua y que la participación en programas como el de ayer, los hace cómplices de un sistema que ha sido puesto en cuestión por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia aludida y diversos observatorios de protección de derechos humanos.

Me llamó la atención que nadie plantease la relación entre el alto fracaso escolar en esta Comunidad Autónoma española y la ausencia de bilingüismo en las aulas; sobre todo, porque quedó aceptado por todos los contertulios que la situación económica y formativa de los padres es un elemento determinante del fracaso escolar y que se dan muchos mejores resultados en la escuela rural catalana -donde predomina aplastantemente el catalán- que en las grandes conurbaciones urbanas, donde precisamente se concentra la población de lengua materna española.

Por cierto, se dio un dato que desconocía: ¿sabían que la provincia española de Soria obtiene mejores resultados en el informe PISA que la propia Finlandia a la que siempre se ha puesto como modelo a seguir? La suma sacerdotisa no hizo comentario alguno al respecto. Quizás en otra ocasión. Amén.

Hispania por España en ‘La Vanguardia’

‘Hace algún tiempo, durante los años del Gobierno tripartito catalán, escuché por radio una entrevista con Joan Puigcercós, el entonces líder de Esquerra Republicana. En varias ocasiones repitió: “Nosotros, los catalanistas…”. En un momento dado, le interrumpió el periodista que le entrevistaba: “Pero ustedes, ¿son catalanistas o nacionalistas?”. Puigcercós salió del paso con la siguiente explicación: “Mire, en realidad, somos nacionalistas. Pero si nos denomináramos así, en Europa se creerían que somos un partido de extrema derecha. Por esto decimos que somos catalanistas”‘ (citado por Francesc de Carreras, en su artículo Patriotismo y nacionalismo, publicado en La Vanguardia el 3 de mayo de 2012).

Artículo de Juliana en 'La Vanguardia' publicado el 18 de junio de 2012.

Leo en La Vanguardia –uno de los diarios de mayor tradición en Barcelona- de hoy, 18 de junio de 2012, un artículo de Enric Juliana, a propósito de las elecciones griegas, bajo el título de Hélade se aferra al euro; Hispania respira, con la partitura del FMI. Pareciera que los nuevos jefes del centenario rotativo barcelonés nutrido de subvenciones nacionalistas tienen prohibido, como contrapartida a las mismas, usar la palabra España en titulares (eso sí, en la edición digital son más españolistas que nadie).

Y es que la cabecera de referencia del grupo Godó concentra más de un tercio del total de las subvenciones del departamento autonómico de la Presidencia a los medios de comunicación en 2011, no siendo ajenas a las mismas el lanzamiento de la edición en catalán del referido rotativo. El uso del lenguaje para los fines totalitarios del nacionalismo es tan antiguo como este y el control de los medios de comunicación de masas en Barcelona es básico; cuestión de supervivencia. Donde no existen razones se impone la manipulación informativa hasta alcanzar los objetivos.

Les remito al siguiente artículo, Lenguaje y Nacionalismo, en el que se trata extensamente el tema. Primera lección para saber con qué y quiénes nos enfrentamos: la manipulación del lenguaje por los nacionalistas.

¿Quién teme a la Oficina Antifraude?

La Oficina Antifraude de Cataluña de la Generalidad de Cataluña (OAC) es un ente que actúa con independencia del Gobierno autonómico y de las administraciones públicas, adscrito al Parlamento autonómico de Cataluña. Aunque se empezó a gestar en el año 2005, por diversas discrepancias no fue hasta el año 2008 que se aprobó su ley de creación con la firme oposición de CiU y PP.

La finalidad de la OAC es prevenir e investigar posibles casos concretos de uso o destino ilegales de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público. Comprobará cualquier acto de corrupción, práctica fraudulenta o conducta ilegal que afecte a los intereses generales (fuente: Viquipèdia).

Al frente de la OAC hay un director que, como garantía de independencia, es nombrado por un período de seis años, renovable una sola vez. Ha sido siempre, precisamente, la independencia de la referida OAC la que ha centrado el debate sobre su creación, las modificaciones de su ley y el devenir de la misma. Sin embargo, y pese a las evidentes conexiones de sus cargos directivos con el poder político, su plantilla de trabajadores, fundamentalmente funcionarios y por lo tanto sujetos a las garantías que recoge el artículo 103 de la Constitución, se nutre de la élite de la administración pública (inspectores de hacienda, subinspectores, secretarios de administración local, etc.) siendo, por tanto, garantía de imparcialidad y buen trabajo.

Además, sus expedientes abiertos demuestran que ha actuado hasta la fecha con una, más que aceptable, independencia del poder político. Destaca su intervención en casos tan polémicos como el del Palacio de la Música de presunta financiación irregular de CiU que no descartó, el caso GISA de presunta adjudicación irregular de obras, con ramificaciones que afectaban al PSC y a ERC o la investigación abierta al pancatalanista empresario valenciano Eliseu Climent, por presunta desviación de subvenciones.

No obstante, la OAC estuvo prácticamente desactivada durante meses desde la llegada de CiU a la Generalidad y la muerte súbita del anterior director a primeros de enero 2011. Además, las decisiones del nuevo director, Daniel de Alfonso Laso (asignado a propuesta de Artur Mas, con la abstención de ICV-EUiA y ERC), paralizando procesos de selección de personal y negándose a aceptar denuncias anónimas o denuncias salvaguardando la identidad del denunciante, evidenciaban un edulcoramiento de la misma que podían llevar a su desactivación y/o desaparición como ya adelantó, en su día, LVdB.

Hace ya varias semanas que saltó la noticia, que iba en la línea de lo apuntado, de una hipotética desaparición de la OAC ya pactada a alto nivel. Para negar lo anterior, el propio director ha tenido que saltar a la palestra denunciando que “la Oficina Antifraude es víctima de un ataque” pero no se quedará “quieto”:

“Soy consciente de que hay enemigos que no quieren nada bueno para la Oficina. Soy consciente de que hay movimientos, y empiezo a saber de dónde vienen, o tengo casi seguro de dónde vienen, a los que no les interesa para nada la existencia de esta oficina. Pero no voy a quedarme quieto ni permitir el cierre. Dicho esto, la forma más fácil de empezar el cierre es sembrar el mensaje de todos son iguales, es un chiringuito, es una agencia de viajes, de dónde vendrá ese tío… Y eso luego lo mezclamos con si tienes apellidos catalanes o no, y al final se genera un estado de opinión, que es estupendo en una época de crisis para justificar que con los recortes, fuera la Oficina. Pero yo también tengo cartas. Serán mejores o peores, pero recibo cartas en esta mano”.

¿A quién molesta la existencia de la OAC? ¿Quién la teme? No es aventurado pensar que a los que están siendo investigados o a los que lo serán, potencialmente, en el futuro: principalmente ciertos altos cargos de grandes partidos políticos que controlan o han controlado las instituciones públicas catalanas y la pléyade de subvencionados que los acompañan. Los ciudadanos tenemos el derecho a saber quién está detrás de esta campaña contra una institución absolutamente necesaria contra la corrupción y el deber de denunciarla.

Muerte de un ciclista

Muerte de un ciclista es una película hispano-italiana dirigida por Juan Antonio Bardem en 1955. En ella, una mujer casada mantiene un romance secreto con un profesor universitario. Un día en uno de sus encuentros iban juntos en un coche cuando atropellan a un ciclista, para que no les reconocieran deciden salir huyendo (fuente: Wikipedia).

Como vemos, los accidentes de ciclistas vienen de antiguo. En una entrada anterior ya advertí de la existencia de puntos negros para los mismos en la ciudad de Barcelona y la escasa respuesta institucional a este problema; todo ello a propósito de la muerte reciente de dos de ellos.

No es de extrañar, ya que España encabeza el ranking europeo de ciclistas fallecidos en carretera. Las asociaciones ciclistas promueven una mayor educación en seguridad vial para reducir la siniestralidad y sitúan a los coches como los principales causantes de los accidentes. Sin embargo, unas mínimas precauciones podrían minimizar el riesgo: el uso de la luz delantera y trasera, timbre, bomba y un kit antipinchazos. Además, se aconseja a los ciclistas usar casco, rodilleras y gafas, así como revisar la presión de los neumáticos o adaptar la altura del sillín.

También ayudaría el que las señales de tráfico fueran conocidas por estos –de ahí la propuesta que ya hice de exigirles acreditar unas mínimas nociones teóricas y prácticas– y estuviesen, al menos, en los dos idiomas oficiales en la ciudad (en español tal y como exige la Ley de tráfico y el Reglamento general de circulación; y en catalán, tal y como recoge el Reglamento de Uso de la Lengua catalana en el Ayuntamiento de Barcelona que recientemente ha interpretado ajustándolo a derecho una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña).

“Nosotros continuaremos haciendo lo que hacemos, y no tenemos problemas”, ha manifestado el alcalde de Barcelona en respuesta al toque de atención judicial referido, en una actitud que, como mínimo, cabe definir como imprudente. Ya hace tiempo que se solicitó en vía parlamentaria el que la señalización de las carreteras fuera bilingüe sin resultado; ahora es ya una exigencia y su incumplimiento pudiera derivar en responsabilidad, incluso, penal. Una vez más repito, en relación a los nacionalistas, que nadie está por encima de la ley; ni siquiera las mayorías parlamentarias y los que las representan.

Resumiendo: con unas cuantas medidas preventivas, con la utilización de material adecuado, con el conocimiento del espacio viario y con una señalización sin discriminación por razones lingüísticas, el riesgo de padecer accidentes se minimizaría. Estamos hablando de lesiones graves que se pagan, en ocasiones, con la vida y ello debería llevarnos a reflexionar. Desde una sala de hospital, anclado a una máquina que le mantiene en vida en estado de coma, los familiares nos preguntamos si al coger la bicicleta aquel día fatídico tuvo todo esto en cuenta. ¡Qué sirva de experiencia! Nosotros no huiremos.

‘La Marató’ de TV3: “No faltan sillas, sobra cinismo”

La Marató de TV3 es un telemaratón anual con fines benéficos que se celebra el domingo antes de Navidad. El evento se emite en TV3, la televisión autonómica de Cataluña, y está organizado conjuntamente por el ente público Televisión de Cataluña y la Fundació La Marató de TV3 (fuente: Wikipedia).

Desde 1992, el objetivo del programa es recaudar fondos para la investigación y divulgación de enfermedades, y desde 1996 la fundación de La Marató se encarga de gestionar el dinero, seleccionar los mejores proyectos científicos y financiar las campañas publicitarias de sensibilización. Además de la emisión por TV3, normalmente superior a las 12 horas de emisión ininterrumpida, se celebran actividades en las principales ciudades catalanas, y se vende un disco con actuaciones desinteresadas de artistas musicales.

La Fundació ‘La Marató’ de TV3 se estructura a través de un patronato que es el órgano de gobierno, representación, administración y decisión de la fundación. Son miembros natos del mismo la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que designa tres representantes, uno de los cuales será su presidente (antes el director general); Televisió de Catalunya, SA, que designará dos representantes uno de ellos será su director; y el director de Catalunya Ràdio, SRG. Además, forman parte también un representante designado por la Consejería de Salud; un representante de la Consejería de Empresa y Empleo y un representante de la Consejería de Gobernación.

Es evidente la raíz política de la idea –nacionalista-, su organización –controlada por altos cargos del Gobierno de la Generalidad de Cataluña- y su desarrollo –dirigido por el patronato indicado- que intenta trasladar a la población catalana un ideal de solidaridad catalana más ficticio que real. Un buenismo que intenta ocultar la realidad de una sociedad en crisis no sólo económica sino, también, de valores.

El último episodio de este tipo de telemaratones lo hemos vivido este último domingo, 27 de mayo, contra la pobreza y bajo el eslogan de Que ningú es quedi fora de joc. Al final, se han recaudado 4.030.182 euros. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas (CiU), llamaba a la población a implicarse ya que “llega un momento en que las administraciones no pueden ir más allá”.

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), impulsó la organización de un partido de futbol sala de la primera plantilla del F.C. Barcelona. Es un honor y satisfacción poder colaborar en esta idea “excelente”, algo que no se ve en el mundo; manifestó. Los miles de trabajadores del Ayuntamiento, pese a la añadida publicitación interna de la campaña, esquilmados por la crisis, tan solo han podido aportar 1540,16 euros.

En la línea de lo que indicaba, La Marató per la pobresa, para el nuevo director de TVC, Eugeni Sallent, se trata de “un proyecto en mayúsculas que se convierte en un proyecto de país”. En fin, aquí todo acaba siendo defendido y justificado así; nada puede acabar de otra forma si tiene la bendición de las instituciones catalanas.

Somos muchos los críticos con este tipo de actos y cada vez lo somos más. “No faltan sillas, sobra cinismo” es el lema de un contraespot del Sobren cadires, un trabajo crítico con La Marató per la Pobresa. El audiovisual ha arrasado en Youtube con más visionados que el anuncio oficial de la cadena autonómica, publicado hace más de un mes.

El contraespot, elaborado por activistas de colectivos anticapitalistas, es una réplica perfecta del anuncio original en el que cinco personas se sitúan en torno a cuatro sillas, que al final comparten, dando a entender que la solución a la pobreza está en repartirla. El spot alternativo señala a la “evasión fiscal de los más ricos” como responsable de la pobreza, y añade que “sobran capitalistas y sobra la violencia que los ampara”, con una imagen que evoca a los Mossos de paisano con brazalete policial que intervinieron en las manifestaciones de principios de este mes en Barcelona para evitar incidentes. El vídeo termina con la disyuntiva “caridad o solidaridad, conciencia o lucha. Tú eliges”.

Lo dicho, tú eliges.

Trias totalitario

Hechos son amores y no buenas razones, dice el dicho popular. El pasado miércoles, 23 de mayo de 2012, el Ayuntamiento de Barcelona, con su alcalde Xavier Trias (CiU) a la cabeza, homenajeó a la entidad, radical y totalitaria, Òmnium Cultural entregándole la Medalla de Oro al Mérito Cultural.

El acto se convirtió, según relatan las crónicas en un nuevo mitin independentista en la Casa de la Ciudad; la de todos. De Òmnium Cultural se puede esperar de todo… pero, nada bueno. La asociación se nutre de gran cantidad de políticos de la transversal ideología nacionalista, incluyendo a destacados miembros de CiU y ERC que evidencian el maridaje entre sus dirigentes y los de las instituciones catalanas, hasta el punto de ser de facto un interlocutor más al decidir la toma de determinadas resoluciones políticas y llevar a cabo significativas acciones ejemplarizantes, cuya organización sería inviable, por su propia naturaleza, desde las instituciones públicas.

Muriel Casals, su presidenta, por ejemplo, aseguró hace unos meses, en los informativos TV3 (el No-Do de los nacionalistas), que “de la misma forma que ellos [los fundadores de Òmnium] se enfrentaron al orden existente para dar pasos adelante, entenderían que nosotros en estos momentos también, a veces, hiciésemos una cierta violencia sobre el orden existente para dar pasos adelante”, palabras que recuerdan al terrorismo de baja intensidad con el que algunos denominaban a la kale borroka del País Vasco.

Este tipo de declaraciones que en otras latitudes harían intervenir a la autoridad judicial por la presunta comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo, aquí no sólo no son perseguidas, sino que gozan de apoyo informativo prime time en los medios de comunicación públicos.

“Òmnium es sinónimo de compromiso con Cataluña y es sinónimo de nuestros mejores valores, es un referente cívico y es un referente social. La Barcelona y la Cataluña de hoy no serían lo que son sin la labor de defensa de nuestra lengua, de nuestra cultura y nuestra identidad nacional que Òmnium siempre ha encabezado. Sois un ejemplo para el país [por Cataluña]. […] Òmnium siempre nos recuerda que no hemos de desfallecer y hemos de continuar perseverantes para luchar por nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra nación catalana. […] Tendréis siempre, siempre, siempre la colaboración de este Ayuntamiento”.

Son palabras del alcalde de todos los barceloneses en su intervención en el referido acto. Si alguien habla como un totalitario, utiliza los medios estratégicos de éste, lo premia y lo elogia hasta el punto de ponerlo de ejemplo y ofrecerle siempre no su colaboración, sino, la de la institución que representa. ¿Qué es, en definitiva?

#noquieropagar

No vull pagar es una campaña ciudadana contra los peajes amortizados en los Països Catalans. Comenzó a principios de abril de 2012 en Cataluña, un mes después se extendió al País Valencià y a las Illes Balears (Túnel de Sóller) (fuente: Viquipèdia). El #novullpagar originariamente fue puesto en marcha por Solidaritat Catalana per la Independència (SI), movimiento político español cuyo fin es la consecución de la independencia de Cataluña y su constitución como Estado soberano en el seno de la Unión Europea. Para ello se presentó a las elecciones al Parlamento [autonómico] de Cataluña de 2010 con ese fin como programa electoral. Sus promotores fueron Joan Laporta, Alfons López Tena y Uriel Bertran. Toma su nombre de la coalición de principios del siglo XX Solidaridad Catalana. Actualmente tiene cuatro escaños en el Parlamento [autonómico] de Cataluña, tres por la circunscripción de Barcelona y uno por la de Gerona (fuente: Wikipedia).

Visto lo anterior, la campaña se circunscribe al nacionalismo más radical dentro de su estrategia de desgaste de todos los ámbitos, políticos o no, que controla el Gobierno de España o recuerdan a ésta, y, supone, no lo olvidemos una ilegalidad. El gobierno de CiU en la Comunidad Autónoma de Cataluña ha dado amplia cobertura mediática a esta campaña desde los medios de comunicación que controla (TV3, Catalunya Ràdio, etc.), si bien, matiza oficialmente su apoyo.

A semejanza de la campaña anterior, propongo que los ciudadanos de Cataluña no nacionalistas -varios millones, según las encuestas- elaboremos un listado de las cosas a las que no querríamos contribuir con nuestros impuestos y que, sin embargo, nos vemos forzados a pagar. A diferencia de la anterior campaña, los deseos que propongo están sujetos a la legalidad más estricta; aquella que el nacionalismo olvida siempre que choca con sus intereses, confesables o no tanto. Sin embargo, y muy a su pesar, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el derecho nos amparan. Nadie está por encima de ellos; hagámosles que cumplan con la legalidad vigente.

No quiero pagar:

– Una educación, exclusivamente, en una sola lengua oficial como vehicular.

– Multas por rotular en una de las lenguas oficiales.

– Por una televisión autonómica que evita a los catalanes que hablan español.

– Embajadas en el extranjero que sólo responden a intereses ideológicos.

– Las subvenciones a entidades afines a ciertos partidos políticos que sirven para financiarlos.

– [Ponga su petición en los comentarios, y haga que la lista sea lo más larga posible]

Ponga un gerente en su vida

‘Frente a una indignación que no se concreta y frente al silencio ensordecedor de la indiferencia, la política institucional cada vez está más desconectada de la sociedad y más conectada con unas élites cerradas que solo se escuchan a sí mismas. Y así se va avanzando por la senda que marca la economía, que es la palabra mítica que sirve de eufemismo de las relaciones de fuerza reales. ¿Quién es esta economía que todos tenemos que obedecer? Un ente compuesto, formado por los que tienen poder económico y lo usan para influir en beneficio de sus intereses; un sinfín de expertos rendidos al dinero, que en esta crisis han puesto en evidencia a los más famosos departamentos universitarios y escuelas de negocios; unos tecnócratas con viaje de ida y vuelta entre el capital y la política, y unos conversos que creen que solo de pan vive el hombre. En este contexto, ¿dónde está la discusión sobre la sociedad que queremos?’, Josep Ramoneda, en un artículo publicado en El País el 27 de febrero de 2012.

El término gerente denomina a quién está a cargo de la dirección de alguna organización, institución o empresa o parte de ella. El papel del gerente es utilizar tan eficientemente como sea posible todos los recursos a su disposición a fin de obtener el máximo posible beneficio de los mismos. En otras palabras, maximizar la utilidad productiva de la organización, sección, etc. (fuente: Wikipedia).

Esta figura pensada, fundamentalmente, para el sector privado con el objetivo maximizador de beneficios que le caracteriza, fue introducida, en el sector público a partir de la división en este de tres ámbitos de actuación: el político, el político-profesional y el profesional. Los gerentes se incardinaban en el segundo ámbito y, a diferencia de los del nivel político, teóricamente, no tenían porqué cesar de forma automática cuando cesaban sus superiores o se producía un cambio de gobierno.

Así, en el Ayuntamiento de Barcelona la estructura gerencial -siguiendo las peticiones de las poderosas escuelas de negocios de la ciudad, que insaciables reclamaban como necesario profesionalizar a los directivos públicos- ya fue introducida a principios de los años 90 del pasado siglo por el entonces alcalde Pasqual Maragall (PSC), olvidándose, progresivamente, de que los objetivos de una administración pública son bien distintos a los de una empresa, pudiéndose resumir en dar servicio al interés general exigiéndose que ‘en sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúen de conformidad con los principios de transparencia y de participación’ (artículo 3 de la Ley que regula el régimen jurídico de las mismas).

El esperado Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en el año 2007 introdujo, en su artículo 13, una ancha regulación del ‘personal directivo profesional’, es decir, fundamentalmente de los gerentes, a los que, desgraciadamente, no se les exigía siquiera una mínima titulación; sólo un difuso ‘mérito y capacidad’ y ‘criterios de idoneidad’ parecía querer acallar conciencias. Lo anterior supuso un sistema de reclutamiento ad hoc artesanal y personalista puesto a puesto, que ha degenerado en los últimos años, especialmente en las administraciones locales, en un enorme clientelismo y que tiene como resultado una mediocridad de una parte importante de estos empleados públicos.

Sea como fuere, en la actualidad en el Consistorio barcelonés encontramos gerentes, extraordinariamente bien pagados –entre 75.000 y 147.700 euros anuales (datos oficiales de 2011), si bien desconocemos su número, nombres y cualificación profesional. ¿Dónde queda la transparencia que le exige la legislación, señor Trias, alcalde de Barcelona? ¿Puede usted llenarse la boca con esos conceptos, cuando ni tan siquiera sabemos sus retribuciones completas con cargo a fondos públicos? Una vez más, le animo a que recupere la vergüenza y comparta esa información con los contribuyentes que, además, somos ciudadanos y vecinos de esta ciudad.

También la legislación exige que la designación de los gerentes se lleve a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia. Vista la realidad del día a día de nuestro Consistorio, resulta, como mínimo, burlada esa exigencia en la mayoría de ocasiones. Nadie, con un mínimo de visión y criterio, se cree que en el Ayuntamiento de Barcelona exista concurrencia para esos puestos… y, últimamente –muy especialmente desde la llegada al poder de nuevo equipo de gobierno-, ni publicidad. ¿Lamentable, no creen?

Así, investigando en la vida de algunos gerentes que han hecho vida laboral en el Consistorio barcelonés, en sus institutos, empresas, consorcios o fundaciones relacionadas, encontramos integrantes de profesiones tan horradas como camilleros, administrativos u otras varias de escasa cualificación, y, en ocasiones, con el mérito tan discutible de ser las parejas, coyunturales o no, de los anteriores, familiares, amigos, etc. Todo ello sin el menor sonrojo ni la más mínima intención de explicarse.

Ponga un lacayo, perdón un gerente, en su vida y verá como esta mejora, puesto que este, por un precio razonable, le hará el trabajo sucio de servirle de barrera respecto al resto de empleados públicos y, en general, respecto a la ciudadanía. El no sabe no contesta elevado al grado de norma general y cotidiana en nuestras administraciones; también, en la que rige Barcelona.

Para acabar, una anécdota divertida e ilustrativa que me contó un gran amigo hace años y que sirve para resumir la situación y reflexionar sobre el tema:

Un hombre camina por la calle de un pequeño pueblo, cuando de pronto se da cuenta que encima de él hay un globo aerostático flotando. De ese globo cuelga una canasta, y en esa canasta hay un señor, que le hace señas desesperado. Con curiosidad, se aproxima lo más que puede y escucha con atención. Al fin, el piloto del globo logra que el aparato descienda un poco y le grita:

– Disculpe. ¿Podría ayudarme? Prometí a un amigo que me encontraría con el a las dos de la tarde, pero ya son las dos y treinta, y no se dónde estoy.

El transeúnte, con mucha cortesía le respondió:

– ¡Claro que puedo ayudarle! Usted se encuentra en un globo de aire caliente, flotando a unos veinte metros encima de esta calle. Está a cuarenta grados de Latitud Norte y a cincuenta y ocho grados de Longitud Oeste.

El aeronauta escucha con atención, y después le pregunta con una sonrisa:

– Amigo, ¿es usted ingeniero?

– Sí, señor, para servirle, pero ¿cómo lo supo?

– Porque todo lo que usted me ha dicho es técnicamente correcto, pero esa información no me sirve de nada, y sigo perdido.

El ingeniero se queda callado a su vez, y al final le pregunta al del globo:

– Usted, ¿no será por casualidad, gerente?

– Sí, soy gerente de una empresa. ¿Cómo lo ha averiguado?

– ¡Ah! Muy fácil: Mire, usted no sabe ni dónde esta, ni para dónde va. Hizo una promesa que no tiene ni idea de cómo cumplir, y espera que otro le resuelva el problema. Está exactamente tan perdido como antes de preguntarme.

No a la web del ‘sheriff’ Puig

Desde la llegada a su cargo de Felip Puig (CiU), a la Consejería de Interior de la Generalidad de Cataluña, han sido constantes los problemas, entre otras cosas, producidos por las peculiares formas de ejercer su función, muy alejadas de la prudencia que cabe exigir a cualquiera que la desempeñe y más propias de los sheriffs del antiguo oeste americano.

Llama poderosamente la atención la creación de una página web a raíz de los sucesos acaecidos durante la jornada de huelga general del 29 de marzo de 2012 con la siguiente presentación:

‘La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) demana la col·laboració dels ciutadans/es per tal que aportin informació que permeti la identificació de les 68 persones següents, de les quals la PG-ME disposa d’elements d’incriminació de la seva participació en actes delictius o vandàlics. La PG-ME garanteix la plena confidencialitat de la identitat i de les dades facilitades pels ciutadans/es, i els agraeix la seva implicació en la lluita per erradicar els episodis de violència urbana’.

Desde un primer momento han sido múltiples las dudas razonables sobre esta web para identificar a los violentos, llegándose a considerar por algunos el portal como una “práctica inquisitiva” propia de la caza de brujas de la época de McCarthy en EEUU. Incluso se cometió la barbaridad de insertar la fotografía de un menor, lo que obligará a intervenir a la fiscalía ya que ésta debe hacerlo en los casos de difusión de imágenes de menores que puedan ‘implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación o que sea contraria a sus intereses’.

También el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) ha abierto “actuación de oficio” para saber si existe alguna “irregularidad” en la web para identificar a los vándalos. En el mismo sentido, la sociedad civil se ha opuesto, en general y abiertamente, a cualquier recorte en la interpretación de los derechos fundamentales, demandando, igualmente que se cierre la web del sheriff Puig.

Sirva como ejemplo este Comunicado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), de 18 de mayo de 2012, institución nada sospechosa de cuestionar el orden establecido:

‘La Junta del Colegio de Abogados de Barcelona reitera que la violencia callejera por parte de grupos minoritarios (al aprovecharse de concentraciones y/o manifestaciones legales de la ciudadanía) no justifica ni legitima ninguna reforma legislativa que tienda a reducir los derechos constitucionales de asociación, de reunión, de expresión, de presunción de inocencia, de derecho al honor y a la propia imagen que tienen todos los ciudadanos.

Esto comporta que la ciudadanía se convierte en víctima no sólo de los ataques de los grupos violentos que dañan bienes y derechos de las personas, sino también de las reformas legislativas que recortan derechos y endurecen más el Código Penal, que ya prevé penas graves por las actitudes violentas y los ataques a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Por ello, el Colegio de Abogados de Barcelona manifiesta que debería cerrarse la web del departamento de Interior de la Generalidad mientras no se resuelvan ciertos aspectos que pueden considerarse inconstitucionales por atentar contra los derechos a la presunción de inocencia, al honor y a la propia imagen. Igualmente, desde el ICAB se considera que la difusión de las fotografías e imágenes de ciudadanos no imputados judicialmente debería ser autorizada expresamente por un juez’.

Por otra parte, no cabe olvidar que en el establecimiento de páginas web como la indicada, y a semejanza de otras que promocionan abiertamente la transición nacional, subyace un sustrato ideológico, nacionalista y conservador, que pretende la eliminación del disidente a las consignas que se consideran políticamente correctas en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Ahora que ya han sido puestos en libertad todos los detenidos y encarcelados, preventiva e injustamente, durante semanas a raíz de aquellos hechos que sirvieron de excusa a la creación de tan reaccionario instrumento, me uno a la pregunta que se hacen muchos ciudadanos:

‘Nos preguntamos, para cuando habrá una fiscalía especial que investigue a los banqueros, políticos corruptos y empresarios que han creado una crisis que están llevando a millones de personas a la exclusión social y la miseria. Para cuando una web con todas las fotos de los delincuentes de guante blanco que son tratados como señores por los poderes públicos. Para cuando una web con las fotos de los Mossos que han mutilado con bolas de goma y machacado a porrazos a ciudadanos. Señor Puig eso sí es violencia y usted siempre la justifica’.

Huelga en las aulas públicas

Cartel de los estudiantes sevillanos para la huelga del 22M.

Los principales sindicatos estudiantiles han convocado a una huelga general en la educación hoy 22 de mayo en protesta por los recortes educativos y en defensa de los servicios públicos. Por primera vez todas las etapas de la educación se suman a este paro conjunto que tendrá un gran alcance nacional. Los sindicatos representativos de la enseñanza, FE-CCOO, ANPE, CSI-F, STEs-i y FETE-UGT firmaron el pasado 9 de mayo por una huelga estatal en el sector.

A esta huelga están llamados todos los profesionales de la educación de los distintos niveles educativos, desde profesorado, personal de servicios educativos, educadores de Educación Infantil y personal de administración y servicios.

Las medidas aprobadas por el Congreso con el voto en solitario del Gobierno del PP y con la oposición del resto de grupos parlamentarios, supondrá, según esgrimen los sindicatos, la pérdida de calidad e igualdad de oportunidades, la pérdida de derechos, el aumento de las tasas universitarias, la privatización de los servicios educativos, la disminución de becas, el aumento de la jornada laboral, la pérdida de miles de puestos de trabajo, el abandono de determinados programas de apoyo a la Educación Infantil y de nuevas tecnologías, la no implantación de ciclos de Formación Profesional actualizados y un largo etcétera que representa un gran paso atrás en la calidad del sistema educativo.

Los organizadores aseguran que, tras el triunfo del PP en las urnas “se ha producido un brutal ataque a la calidad e igualdad de oportunidades en la educación”, que ya venía gestándose con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La huelga es apoyada por la Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, que ha hecho pública una declaración para sumar a la mayor cantidad de participantes posible en las manifestaciones y el Manifiesto por una educación de calidad y en igualdad. Con anterioridad ya había elaborado otro, titulado Manifiesto en defensa del Estado de bienestar social y de los servicios públicos. Con la sanidad y la educación no se juega.

Lamentablemente, los gobiernos del PP a nivel nacional y de CiU a nivel autonómico sí están jugando con el futuro de muchos ciudadanos en edad formativa.

Me vienen ahora a la memoria aquellas palabras del orador, ministro religioso y activista estadounidense El-Hajj Malik El-Shabazz, nacido con el nombre de esclavo Malcolm Little y más conocido como Malcolm X: Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today (“La Educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy”).

Peaje en el centro, sí

Se denomina peaje al pago que se efectúa como derecho para poder circular por un camino. En la antigüedad, se llamaba portazgo a la suma que debía pagarse para cruzar cierto límite (puerta) entre dos zonas territoriales. En términos más generales se asocia el concepto de peaje a la tasa o tarifa que se cobra a un medio de transporte terrestre, fluvial o marítimo como derecho de tránsito para utilizar la infraestructura de la respectiva vía de comunicación; por ejemplo a los automóviles para poder circular por una autopista, o a los barcos para poder atravesar por un canal de navegación o una hidrovía. En la mayoría de los casos la vía o ruta marítima sujeta a peaje permite a los usuarios ahorrar tiempo de viaje y reducir sus costos de operación, con respecto al tránsito por vías o rutas alternas libres de peaje. El dinero recaudado a través de un peaje se destina normalmente a financiar la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras viarias (carreteras, túneles, canales de navegación o puentes), (fuente: Wikipedia).

Autocar turístico, en el centro de Barcelona (foto: Federico Llosa Marsé).

Entre los diferentes tipos de peaje, encontramos el peaje urbano de congestión: tasa, cargo o impuesto que se cobra en algunas ciudades bajo la política de tarifas de congestión, como los implantados en Buenos Aires, Estocolmo, Londres, Milán y Singapur, con el propósito de disminuir la cantidad de vehículos que acceden a una determinada zona del centro para reducir la congestión de tránsito, y en los programas más recientes, también tienen el objetivo de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque no se trata de un peaje en el sentido tradicional, los medios de comunicación con frecuencia lo llaman peaje urbano.

¿Es necesario establecer un peaje de este tipo que limite el acceso de vehículos privados al centro de la ciudad de Barcelona? El RACC realizó unos estudios, según publicaba La Vanguardia de 4 de julio de 2009, en los que destacaba, entre sus conclusiones, que los accesos a las dos grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona, están dominados por el coche, que se impone con claridad al transporte público. Para entrar a estas dos ciudades españolas en coche se precisa, según los citados estudios, un promedio de 39 minutos mientras que hacerlo en transporte público consume 72. Advertía de la necesidad de mejorar el transporte público para que haya una alternativa potente al vehículo privado y destacaba de la comparación de los estudios de Barcelona y Madrid la disposición de los conductores a pagar más de tres euros para eludir los atascos: el 60% de los de la primera ciudad lo haría por el 41% de la segunda. En conclusión, existe congestión de tráfico en Barcelona y los afectados directos, los conductores, estarían dispuestos a pagar mayoritariamente un peaje si ello contribuyese a evitarla.

Por su parte, la Unión Europea realizo un informe en el que estudió el impacto del tráfico sobre la población en 10 ciudades europeas, entre ellas Barcelona -que obtuvo el peor resultado- (muy alejada de Granada -la ciudad más limpia de entre las analizadas-). Las calles barcelonesas son responsables de entre el 25% y el 30% de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias que padecen los ciudadanos, estima el estudio. El informe, que retrató la polución entre 2004 y 2006 para concluir que los niveles registrados durante esos tres años hurtaron 13,7 meses de vida a los barceloneses, ha destapado una incidencia del tráfico sobre la salud mayor a la asumida hasta ahora por la comunidad científica. Los expertos señalan que la orografía de la capital catalana complica las cosas: entre el mar, la montaña y la escasa precipitación, las partículas contaminantes y el dióxido de nitrógeno quedan estancadas sobre la ciudad. Así que en Barcelona hace falta más contundencia que en otras capitales y eso pasa por reducir el tráfico. En conclusión, Barcelona es una ciudad que sufre altas cotas de contaminación atmosférica, muy por encima de la media permitida desde el punto de vista de los estándares europeos.

Finalmente, cabría señalar que la ciudad condal es eminentemente terciaria, con un sector turístico muy potente y en expansión. ¿Quién no siente ya, hace tiempo, la presión ambiental que producen la ingente cantidad de autobuses turísticos que campan a sus anchas por el centro? Recientemente, los taxistas de Barcelona han propuesto establecer un peaje de acceso al centro de la ciudad que obligaría a pagar a los no residentes que quisieran entrar, con lo que se podría recaudar fondos para reducir el déficit del transporte público y mejorar el servicio. La iniciativa supondría crear un área con acceso de pago comprendida entre las calles Entenza, Travesera de Gracia, Marina, Avenida Diagonal, Paseo de Colón y Paralelo, con lo que calculan que disminuiría un 30% el número de vehículos privados que circulan por el centro y un 15% los niveles de contaminación acústica y atmosférica.

Me parece que esta propuesta va en el buen camino. Debemos exigir a los representantes políticos en el Consistorio barcelonés que no hagan dejación de sus funciones por motivos electorales y den una respuesta rápida y contundente a un problema que se agrava por momentos. Una demanda de menos contaminación (a niveles europeos) y más y mejor transporte público que redunde en una mayor movilidad, ya no son negociables, sino, una simple cuestión de supervivencia y calidad de vida que exigimos los vecinos de Barcelona.

En Estocolmo, el peaje urbano se implantó en 2006 sin debate político: se puso a prueba durante seis meses, una comisión de expertos evaluó los efectos de la medida sobre la contaminación y el proyecto se sometió a votación popular. Casi el 60% de los ciudadanos apoyó el peaje. Algunos piensan que Barcelona el resultado sería muy distinto; otros confiamos en la madurez de los ciudadanos de esta ciudad.