En una rueda de prensa conjunta, los dirigentes sindicales han avanzado que el próximo domingo se celebrará la primera de estas manifestaciones que confían sea multitudinaria para demostrar “el clamor” de la calle contra las medidas del Gobierno; unas protestas que tendrán continuidad el 29 de febrero, en el marco de una jornada de movilizaciones contra los recortes presupustarios a nivel europeo.

“El desmantelamiento del derecho al trabajo”

“La reforma es una intervención radical en las relaciones laborales, el desmantelamiento del derecho al trabajo, y vamos a plantear al Gobierno una oportunidad de corregir la reforma“, ha señalado Toxo. Méndez, por su parte, ha suscrito sus palabras y ha indicado que la “siguiente” etapa pasa por una negociación para corregir los “graves atropellos” que se han producido tras la norma “en la estructura y en las posibilidades” de mantenimiento del empleo.

Los sindicalistas han exigido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (PP), la apertura de “un proceso formal” para modificar el Rel Decreto-ley durante su tramitación en el Congreso, y han amagado con la posibilidad de convocar una huelga general si el Gobierno no modifica “los capítulos extremos”, que consideran que solo van a servir para “acelerar la destrucción de empleo por el abaratamiento del coste del despido”. El camino hacia la huelga general “es un camino en el que se tienen que recorrer varias etapas”, ha explicado Méndez.

“Un despido único de 20 días, un despido libre”

Entre los aspectos más criticados por UGT y CCOO destaca la ampliación y flexibilización de las causas objetivas para considerar un despido procedente, que permite una indemnización de 20 días por año trabajado. Méndez ha asegurado que la reforma, en realidad, establece “un despido único de 20 días, un despido libre”, que alienta a los empresarios a despedir a los trabajadores.

Tampoco ha visto con buenos ojos el nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprededores, puesto que, a su juicio, solo pretende una reducción “estadística pero no real” del número de contratos temporales, y aumentará la precarización y la rotación externa al contemplar un año de prueba.

“Creo que en esta primera etapa hay que hacer una labor de información muy profunda para que se conozcan las consecuencias de lo aprobado y para que la gente se conciencie”, ha señalado Méndez. Mientras que Toxo ha apuntado que el papel de las centrales sindicales en este momento debe ser el de “motivar” a los ciudadanos y “remover” las conciencias para que el rechazo a la reforma no se quede en un “movimiento explosivo” de un día. “Gran parte de lo que suceda en el país en los próximos meses está en manos del Gobierno, aunque lo que no va a ocurrir es que la huelga general la convoque el presidente del Gobierno en la fecha que más le convenga”, ha concluido.

La portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante la rueda de prensa de este viernes (foto: La Moncloa).

El Gobierno ha aprobado este viernes un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que, entre otras cosas, flexibiliza las normativas vigentes en este ámbito, abarata el despido, limita el encadenamiento de contratos temporales, aumenta las bonificaciones para contratar empleados en paro, y facilita la aplicación de EREs y la suspensión de los convenios. El texto será remitdo ahora al Congreso para su convalidación, trámite en el que podría ser enmendado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), ha calificado la reforma como “importante”, “de calado” y “completa”, que establece “las bases para crear empleo” y que complementa a las dos grandes reformas planteadas en las últimas semanas: la de austeridad presupuestaria y la de saneamiento del sector financiero. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (PP), ha añadido que se trata de “una reforma histórica” que supone “un antes y un despúes en la legislación laboral”.

33 días de indemnización por despido improcedente

Entre las novedades más destacadas se encuentra la generalización de la indemnización por despido improcedente a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, en el caso de contratos indefinidos. Esto solo afectará a los nuevos contratos, mientras que en los antiguos, el cálculo de la indemnización será mixto: 45 días por año trabajado hasta la fecha de la publicación del Real Decreto-ley -previsto para el próximo lunes-, a lo que se sumarán 33 días por cada año trabajado a partir de entonces. En este caso (contratos antiguos), se mantiene la cuantía máxima de 42 mensualidades.

En el caso de los despidos procedentes por causas objetivas, la nueva norma establece una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades. Además, se ‘clarifican’ las causas de los despidos por motivos empresariales (los conocidos Expedientes de Regulación de Empleo) para evitar la excesiva judicialización, eliminándose la autorización administrativa previa e incluyendo entre los criterios aceptados el hecho de tener pérdidas o una reducción de las ventas durante tres trimestres consecutivos.

Contrato de apoyo a los emprendedores con bonificaciones fiscales

El Gobierno también ha puesto en marcha un contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que será de aplicación a pymes y autónomos que cuenten con un máximo de 50 trabajadores. Este contrato tendrá un período de prueba de un año; la empresa tendrá una deducción fiscal de 3.000 euros para el primer trabajador contratado, si tiene menos de 30 años; la empresa que contrate a un trabajador en paro podrá deducirse fiscalmente el 50% de la prestación por desempleo que estuviera cobrando el trabajador durante un año; y el trabajador podrá cobrar, junto a su sueldo, el 25% de la prestación por desempleo durante un año.

La nueva normativa modifica la negociación colectiva, dando prioridad a los convenios de empresa sobre los de niveles superiores, y facilitando a las empresas en dificultades la no aplicación del convenio de ámbito superior (procedimiento conocido como descuelgue). Además, se establece un límite de dos años para negociar un nuevo convenio, tras los cuales, el convenio quedará extinguido. Por otra parte, se reduce la rigidez profesional y se aumenta la movilidad funcional, lo que se traduce en que los empresarios podrán modificar más fácilmente jornadas laborales y horarios, así como cambiar las funciones de los empleados.

Batería de medidas complementarias

Otras de las novedades son la limitación del encadenamiento de contratos temporales a un máximo de dos años; la autorización a las empresas de trabajo temporal a actuar como agencias privadas de colocación en colaboración con el sector público; la introducción del derecho de los trabajadores con más de un año de antigüedad a un permiso retribuido de 20 horas anuales para formación vinculada a su puesto de trabajo; la creación de nuevas bonificaciones a las empresas que contraten desempleados con especiales dificultades para incorporarse al mercado laboral (jóvenes, mujeres -en determinados sectores-, y desemplados de larga duración mayores de 45 años); la modificación del contrato a tiempo parcial para que sea más fácil de compatibilizar con los estudios; la regulación del teletrabajo, equiparándolo al trabajo presencial; el incremento de la lucha contra el fraude, la economía sumergida y el absentismo laboral; y el establecimiento de la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos.

Por último, el Gobierno ha limitado las indeminizaciones por despido a los directivos de las entidades de crédito a un máximo de dos años de su remuneración fija, salvo que hubiese sido objeto de un expediente sancionador, en cuyo caso no tendrá derecho a indemnización alguna. Los directivos del sector público de la Administración General del Estado no podrán cobrar indemnizaciones por despido de más de siete días por año, con un máximo de seis mensualidades.

El pleno de la Cámara autonómica ha aprobado, este jueves, una proposición de ley que modifica el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, aprobado en los tiempos del último presidente autonómico del PNV, Juan José Ibarretxe, y que establecía la obligación de atender a los clientes de los comercios en vasco, así como la obligación de rotular en las dos lenguas oficiales, para determinadas empresas.

La norma recogía sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros para las compañías que no cumplieran las condiciones establecidas. Un decreto posterior había fijado las características de los negocios que se venían afectados por la norma. Este reglamento no entró en vigor al producirse un cambio de gobierno, y la llegada de Patxi López (PSOE) a la Presidencia autonómica del País Vasco.

Dos formas de entender la libertad, PSC y PSE-PSOE

A finales del pasado mes de enero, la Comisión de Consumo del Parlamento autonómico aprobó la eliminación de las multas lingüísticas y pasó al pleno. Este jueves, ha quedado definitivamente eliminada la norma que multaba a los ciudadanos por motivos lingüísticos. Aunque la normativa afectaba solo a las grandes superficies y empresas de comunicación, transporte y servicios algunos cálculos estimaban en más de 8.000 negocios los que se podrían ver afectados, si hubiera entrado en vigor la norma.

La posición del PSOE en el País Vasco contrasta con la política que mantiene el PSC en Cataluña, que incluso durante los siete años en los que controló el Gobierno autonómico (formando el tripartito con ERC e ICV-EUiA) mantuvo y aumentó la presión a los comerciantes con las multas lingüísticas, en este caso, por no utilizar al menos el catalán pese a que el español es lengua oficial de Cataluña y el Tribunal Constitucional ha dictado que no se podía sancionar a los comerciantes por utilizar solo el español. CiU ha continuado con esta práctica.

‘La historia que voy a relatar hoy es rigurosamente cierta. Hace poco más de medio año, llegó a Madrid una mujer divorciada con la intención de ganarse la vida. Procedía de Cataluña y deseaba, como cualquier madre, lo mejor para su hijo, una criatura de ocho años. Buscó domicilio, se adaptó lo mejor que pudo al nuevo trabajo y, por encima de todo, se esforzó por encontrar el mejor centro educativo. Dio con él, pero, como decía el camarada Lenin, “los hechos son testarudos” y el niño sólo había estudiado en catalán a lo largo de su corta vida. [...] No se trataba sólo de que su ortografía resultara un verdadero desastre -ya se sabe que las bes y las uves no coinciden precisamente en catalán y en español-, sino de que padecía serias dificultades para entender las explicaciones en matemáticas o en cualquier otra materia. [...] Hace apenas unas horas, el niño entregó a su madre unas notas que incluían un dos en matemáticas. Las había ocultado durante unos días temeroso de que su madre lo castigara. Abrumado por aquella suma de sinsabores, acabó preguntando: “Mamá, ¿por qué no nos volvemos a Cataluña? Allí, era listo”. Estoy convencido de que la madre tuvo que realizar un esfuerzo casi sobrehumano para no romper a llorar al escuchar aquellas palabras. Su hijo es, a fin de cuentas, una víctima más de la sectaria e inhumana política adoctrinadora -que no educativa- del nacionalismo catalán. Esa política condena a los niños castellanoparlantes a convertirse en criaturas que sufren en Cataluña el mismo drama que este niño catalán y a niños catalanes, como el de esta historia totalmente verídica, a no abandonar jamás su terruño si es que desean entender algo y que los entiendan. ¡Maravilloso futuro el de no poder salir de tu tierra y verte obligado a convertirte en siervo de la gleba de los nacionalistas que la controlan! Artur Mas ha definido recientemente la “inmersión lingüística” como algo marcado con líneas rojas. El color debe proceder de las lágrimas de sangre derramadas por los padres decentes que contemplan cómo sus hijos son las víctimas inocentes de una política educativa criminal‘.

El PSOE de Parla ha celebrado una asamblea para decidir la lista de delegados que van a acudir al congreso regional del partido. Sin embargo, la sesión se ha visto perturbada cuando se han presentado en el local alrededor de 30 policías locales de paisano y han empezado a increpar a los miembros del PSOE.

Amenazas de muerte al alcalde

Según las mismas fuentes consultadas por Efe, el alcalde, José María Fraile (PSOE), y algunos de sus compañeros han salido del local y se ha entablado una discusión con los agentes que ha terminado con el presidente del partido en la localidad, Luis Navarro, de unos 70 años de edad, tendido en el suelo.

“Han empezado a insultar al alcalde, le han dicho que con la policía no se juega y que le iban a matar. Algunos de estos agentes iban con la cara descubierta y les han reconocido sus propios compañeros de la Policía Local que han tenido que intervenir”, han explicado desde el Ayuntamiento.

Durante la discusión se han producido momentos de tensión que han provocado la intervención del Cuerpo Nacional de Policía, ya que “iban a por el alcalde”, pese a que “el alcalde ha salido a intentar a hablar con ellos” pero “le han tirado huevos”. “Han lanzado huevos contra miembros del partido y contra la fachada de la agrupación”, han añadido.

El concejal de UPyD

El alcalde ha denunciado que, además, entre los agentes que han intentado abordar la sede del PSOE, se encontraba el concejal de UPyD, Juan Carlos Machuca. “En el próximo pleno voy a pedir la dimisión de Machuca y la reprobación por alentar este altercado desde su condición de cargo público. No puede estar ahí mirando ante una escena como ésta”, ha criticado, tras indicar que llevará a ante la fiscalía la actuación de los agentes de policía.

El martes pasado, una concentración convocada por el la Federación de Servicios Públicos UGT (UGT FSP) frente al Ayuntamiento también acabó con insultos y amenazas al alcalde. En esta ocasión, el Ayuntamiento hizo público un comunicado para rechazar las formas con las que los trabajadores municipales (entre ello, policías locales) habían expresado su rechazo al alcalde y al equipo de gobierno local.

El director y productor Iñaki Arteta se embarcará en un nuevo proyecto cinematográfico. Documentalista especializado en el terrorismo de ETA, entre otros filmes ha producido El infierno vasco, Arteta está preparando un documental, titulado 1980, que ‘se adentrará en los hechos terroristas sucedidos durante ese año, el de más actividad asesina de la banda terrorista ETA‘.

‘El recorrido por este año sangriento se efectuará a través de los recuerdos y opiniones de varios periodistas, un pensador, una víctima y un policía, que de diferentes maneras y con distintas edades vivieron aquel año’, se apunta desde la web creada para dar a conocer el proyecto.

Arteta ha explicado a LA VOZ DE BARCELONA que para la realización del documental no cuenta con ayudas públicas. Pero seguirá buscándolas. Además, ha abierto la puerta a que los ciudadanos puedan financiar el proyecto a través del sistema de crowdfunding o financiación colectiva. Para poder realizar la cinta el director necesita 40.000 euros, aunque ha señalado que el proyecto en su conjunto tendrá un coste de alrededor de 220.000 euros. En el momento de cerrar esta noticia, desde la web ya había recolectado unos 12.000, según ha adelantado el propio Arteta. Las donaciones se puede realizar a través de la página en internet de la productora Leize Producciones.

1980, reflexiones para el presente

Casi cien asesinatos, cientos de explosiones, decenas de intentos fallidos de atentado, decenas de secuestros, centenares de actos terroristas de todo tipo, recorren el calendario de 1980, un año extraordinariamente convulso. ‘Una reto para la joven democracia, una prueba moral para la ciudadanía’, se añade en la presentación de la previa (cuyo vídeo acompaña la noticia).

En un momento como el actual, en el que ETA ha decidido no matar pero no disuelve su entramado, y desde algunos sectores políticos democráticos se pide a la ciudadanía de España que se pase página cuando ni siquiera los terroristas han pedido perdón, la productora considera ‘especialmente trascendente repasar episodios como estos para extraer reflexiones válidas para el presente’.

Arteta, por su parte, ha recordado que, desde la perspectiva de 2012, parece “casi, casi increíble lo que pasó en 1980″ y está convencido de que, cuando se vea el documental, “a muchos les parecerá que la democracia ha soportado un momento de auténtica desestabilización”.

Finalmente, preguntado por la indiferencia de las instituciones y parte del sector cinematográfico ante proyectos de esta importancia, Arteta ha dicho que ”a la gente del cine” le “cuesta mucho acercarse al terrorismo”. El cineasta vasco cree que “los terroristas todavía no son personas non gratas del todo” y que existe “una cierta simpatía” hacia todo lo que rodea al mundo de ETA. “Es un tema que repele en el sector del cine”, ha añadido.

Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. Este miércoles había quedado visto para sentencia el segundo juicio celebrado contra él en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello.

Durante el juicio, celebrado entre el 17 y el 19 de enero pasados, el juez había declarado su inocencia, había asegurado que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y ha dicho asumir “todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad“.

Tiene abiertas dos causas más

El abogado de la acusación, defensor del empresario imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri y autor de la querella inicial que dio lugar al procedimiento, había pedido una pena de diez años de inhabilitación. Por su parte, los letrados de Francisco Correa y Pablo Crespo habían solicitado que dicha inhabilitación se prolongara entre 17 y 15 años. Los fiscales, Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero, habían pedido la absolución de Garzón. El Supremo le ha condenado a once años, y la decisión no se puede recurrir.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ya está suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos otros procedimientos en su contra. La causa abierta por una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes del franquismo sin competencias y el proceso por unos cobros que habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York (Estados Unidos).

Fundamentos de derecho

En la sentencia de 70 páginas los jueces del Supremo han recordado que: ’El derecho de defensa es un elemento nuclear en la configuración del proceso penal del Estado de derecho como un proceso con todas las garantías. No es posible construir un proceso justo si se elimina totalmente el derecho de defensa, de forma que las posibles restricciones deben estar especialmente justificadas’.

En este sentido, para los magistrados que han condenado a Garzón, ‘no se trata en realidad de examinar la suficiencia de los indicios o de la motivación, o de cuestiones relativas a la proporcionalidad de una medida que restringe el derecho a la intimidad’, sino que se evalúa ‘la valoración jurídico penal de dos resoluciones judiciales que, incidiendo directamente sobre el derecho a la defensa suprimiendo la confidencialidad, acordaron la escucha y grabación de las comunicaciones entre los imputados presos y sus abogados defensores, sin que existieran datos de ninguna clase que indicaran que los letrados mencionados en los hechos probados estaban aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer nuevos delitos’. Garzón fue el juez instructor del caso Gürtel.

El Supremo, además, ha recordado a Garzón que el juez también está sujeto a la ley y que ‘el Estado de Derecho se vulnera cuando el juez, con el pretexto de aplicación de la ley, actúa solo su propia subjetividad concretada en una forma particular de entender la cuestión a resolver, y prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho, acoge un significado irracional de la norma, sustituyendo así el imperio de la ley por un acto contrario de mero voluntarismo’.

En el texto de la sentencia, los magistrados señalan que: ‘En la conducta del acusado, pues, la injusticia consistió en acoger una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose solamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del primero, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados’.

Y todo esto ‘resulta inasumible desde cualquier interpretación razonable del derecho’, según reza la sentencia, por lo que la decisión de Garzón de escuchar las conversaciones entre los abogados y los reos, durante la instrucción del caso Gürtel, ‘es injusta, pues, en tanto que arbitrariamente restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable’.

Mapa elaborado por 'Abc' situando los municipios que han sido denunciados por el Gobierno ante la ilegalidad que están cometiendo.

La ley es la ley, guste o no, y si no gusta, cámbiese. Con este lema, el Gobierno ha denunciado a 94 municipios del País Vasco que no cumplen la Ley de Banderas. Una situación similar se vive en Cataluña (en más de un centenar de ayuntamientos), aunque en esta Comunidad el Ejecutivo no ha tomado la misma iniciativa y solo la actividad asociativa (con respaldo de Ciudadanos) está consiguiendo que se restablezca la legalidad. El último caso ha sido el de la localidad barcelonesa de San Pol de Mar.

Alrededor de un centenar de los 251 ayuntamientos del País Vasco han sido denunciados en el último año por la Administración General del Estado al no cumplir la Ley de Banderas. Así lo recoge un informe al que ha tenido acceso Abc y ha publicado este jueves. La bandera de España tiene que ondear en la fachada de los consistorios de toda la nación y ocupar un lugar preferente en el interior de los edificios oficiales. Esta norma no impide que, además, estén visibles las banderas de la Comunidad Autónoma correspondiente y la de la localidad.

Según consta en el informe, realizado por la Delegación del Gobierno en el País Vasco con fecha de 26 de enero de 2012, se han producido un total de 94 denuncias dirigidas a otros tantos ayuntamientos, que han motivado la apertura de expedientes por parte del Gobierno. De estos expedientes, solo tres han acabado en denuncia ante los tribunales. Son Lanestosa, Escoriaza y Zalla.

El nuevo delegado, también hará cumplir la ley

La gran mayoría de las denuncias han sido notificadas después de que el pasado 11 de junio tuviera lugar la constitución de los nuevos gobiernos municipales, tras las elecciones del mes de mayo, y después de que el anterior delegado del Gobierno, Mikel Cabieces (PSOE), anunciara -solo tres días después de los comicios- que enviaría un requerimiento a cada uno de los 251 municipios del País Vasco recordándoles que la ley es igual para todos. En un tercio de estos gobierna Bildu.

Aunque es cierto que la Delegación del Gobierno no puede obligar a cumplir la ley a los ayuntamientos, sí tiene competencia para denunciarlos ante los tribunales, que es la única institución que puede forzar a los alcaldes a que cumplan la ley bajo penas de multas e inhabilitaciones. La Abogacía General del Estado, recoge el diario de Vocento, han interpuesto 57 recursos contenciosos contra otros tantos ayuntamientos por este motivo, solo en 2011.

El nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco es el ex diputado autonómico Carlos Urquijo (PP). Desde que tomó posesión, el pasado 9 de enero, ya se han comunicado 13 requerimientos más. Y se han presentado cuatro recursos más ante la justicia, después de la negativa de los alcaldes a cumplir la Ley de Banderas. La mayoría de los consistorios están controlados por Bildu, PNV y Aralar. Aunque se han dado casos de consistorios administrados por el PSOE, como Irún (Guipúzcoa), y por el PP, en Álava.

Con el dato del cierre del año, el último en solitario antes de su absorción, la cifra supera en unos 1.000 millones de euros las pérdidas que se declararon por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) solo unos meses antes. El Banco CAM pertenece al Banco Sabadell desde el pasado 7 de diciembre, fecha en la que el Banco de España autorizó la adjudicación del antigua caja de ahorros por un euro. Desde el 22 de julio el banco está intervenido por el Gobierno por los negativos datos de solvencia.

Adjudicado por un euro

Durante el primer trimestre de 2012 está previsto que se concrete el traspaso del banco (considerada la cuarta caja de ahorros más importante de España hace solo un par de años) al Banco Sabadell para que deje de estar gestionada por un grupo de interventores nombrados por el Banco de España.

El Sabadell, a cambio, recibirá una ayuda procedente del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de las entidades financieras, por importe de 5.249 millones de euros con el objetivo de sanear la entidad alicantina. La cartera de créditos dudosos de la caja de ahorros era de unos 24.000 millones de euros cuando fue intervenida.

‘[...] La ruina que nos embarga, la emigración de nuestros jóvenes, la falta de perspectivas, la desmoralización, la desconfianza y el pesimismo, el hastío y la indiferencia, se producen en un escenario donde la clase política que, en mayor o menor medida, ha detentado el poder en los últimos treinta años se ha convertido en casta partitocrática, gracias en buena parte al diseño aberrante de un Estado que ha concluido por funcionar a día de hoy como diecisiete taifas contemporáneas, con evidente y reiterada conculcación de la Constitución de 1978 y el uso interesado de una ley electoral no sólo gravemente injusta, sino que impide la ventilación necesaria de los partidos en un sistema democrático.

El café para todos del presidente Suárez y los entonces bienintencionados políticos de la Transición fue una respuesta tan voluntariosa como ingenua al siempre amenazante problema de los nacionalismos vasco y catalán, como todos los nacionalismos, “un mal en estado puro”, que diría Bertrand Russell. Pero aquella respuesta tan coyuntural y contentadiza que se las prometía muy felices, con visos de futuro descentralizador y armónico de un Estado por fin diverso y solidario, lejos de conseguir ninguna de sus grandes perspectivas ha devenido un régimen en sí problemático, ni confederal ni federal, sino asimétrico, es decir, basado en privilegios y distinciones, como en el Antiguo Régimen que derrocó la Revolución francesa, y con un futuro nada halagüeño. Una verdadera involución histórica, si tenemos en cuenta que el principio fundamental de toda democracia contemporánea, luego de las revoluciones liberales del siglo XVIII, se basa en la nación soberana de ciudadanos, con iguales derechos y obligaciones en cualquier parte de su territorio, algo que ha quebrado flagrantemente el Estado autonómico en España que, para colmo, sigue manteniendo como emblema intocable fueros medievales en el País Vasco y Navarra, asunto intolerable en cualquier país políticamente evolucionado.

Todavía más. El balance del régimen autonómico al cabo de más de tres décadas de funcionamiento es preocupantemente negativo. No sólo no ha neutralizado, mucho menos integrado, los nacionalismos vasco y catalán, mientras ha resucitado el, hace tan solo cuarenta años, moribundo nacionalismo gallego, y reavivado toda clase de miméticos y grotescos nacionalismos de campanario (particularismos todos bastante más razonablemente contemplados en la Constitución de 1931 y en sus respectivos Estatutos republicanos), sino que los ha exaltado y dado alas hacia el independentismo económico y político, poniendo en serio riesgo la unidad imprescindible de la hacienda pública y de mercado del conjunto del Estado.

[...] Si sustituimos los caciques de antaño por los representantes del aparato de los partidos actuales, vemos, como en aquel régimen de libertad vigilada, que los políticos autonómicos no necesitan tener excepcionales riquezas ni un poder político o económico extraordinario para hacerse con el poder regional y su disfrute, pero sí les es imprescindible el control de la Administración. Y aquí, ante la mansedumbre de los funcionarios y su mirar para otro lado, en medio de una insultante indiferencia social y la ya tradicional anemia cívica española, se ha ido tejiendo la urdimbre del clientelismo y su concomitante conculcación de normas y leyes para, una vez que el partido gobernante asienta su régimen, tras un par de legislaturas seguidas, extender la impunidad de las corruptelas en el saqueo del botín público. Así lo estamos viendo, atónitos, en el expolio de la Comunidad Valenciana, en la alucinante quiebra de la catalana, o en el increíble patio de Monipodio andaluz, por poner los ejemplos más escandalosos’.

“El PSC ha tenido siempre voz propia”, ha indicado López, en dos entrevistas radiofónicas (en RAC1 y Catalunya Ràdio). Pero ha señalado que PSC y PSOE siempre han votado lo mismo y juntos (salvo en el Senado, que el PSC tiene grupo independiente en coalición con ICV-EUiA): “Así fue y así seguirá siendo. [...] Estoy convencido de que no se producirá [una ruptura]“.

En este sentido, López ha recordado que el PSC descartó tener grupo propio en el Congreso, al margen del PSOE, pero también ha dicho que “el PSC y el PSOE tienen una relación diferente, que no se produce en otra parte de España, [porque] es, sencillamente, otro partido“. Además, el secretario de Organización ha defendido que Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, conoce bien el PSC.

“Cuando el PSC y el PSOE vamos de la mano, a Cataluña le suele ir bien”

De la misma manera se ha manifestado Eduardo Madina, número tres del PSOE en el Congreso. A la cuestión de la revisión del pacto entre el PSC y el PSOE, propuesta en las últimas horas por algunos de los dirigentes socialistas de Cataluña, ha indicado que la buena relación entre ambas formaciones son “una garantía de estabilidad de la vertebración del Estado”. Madina ya defendió el pasado verano la misma posición.

La dirección saliente del grupo parlamentario del PSOE, en la reunión de este martes en el Congreso (foto: PSOE).

“Hemos sido siempre el elemento que hemos engrasado bien las relaciones con una Comunidad importante como Cataluña”, ha recordado Madina, que ha zanjado el asunto: “Cuando lo hacemos bien, a este país le va bien. [...] Cuando el PSC y el PSOE vamos de la mano, a Cataluña le suele ir bien”.

El mismo congresista ha dicho a sus compañeros de parlamento que “todo lo que sucede aquí, afecta igualmente a Cataluña”, para recordarles que PSC y PSOE votarán juntos. Por otro lado, en la reunión del PSOE en el Congreso, el grupo parlamentario ha escogido a Soraya Rodríguez, ex secretaria de Estado en Cooperación, como nueva portavoz del partido en la Cámara Baja.

El núcleo duro de la dirección del PSOE, fieles a Rubalcaba, y los dos representantes del PSC, de la confianza de Chacón.

El PSOE tiene nueva ejecutiva y es al estilo del nuevo secretario general. Alfredo Pérez Rubalcaba ha confeccionado una Comisión Ejecutiva Federal sin Carme Chacón, que este sábado, tras perder la elección por liderar el partido, comunicó que no formaría parte de la ejecutiva ni del núcleo duro del grupo parlamentario. Sí pidió a Rubalcaba que integrara en la ejecutiva a gente de su candidatura. Según los chaconistas no lo ha hecho.

La única concesión a los que apoyaron a Chacón es la Presidencia del partido -un cargo más honorífico y de representación que ejecutivo- que ha nombrado a José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, y que sustituye a Manuel Chaves. El PSC sigue con dos representantes en la ejecutiva, como ha venido haciendo desde 1978. Son José Zaragoza y Esperanza Esteve, vocales. De la entera y absoluta confianza de Chacón.

Así, la nueva número dos del PSOE es Elena Valenciano, vicesecretaria general, que coordinó la campaña electoral e Rubalcaba para el 20N. El secretario de Organización es Óscar López, secretario general del PSOE de Castilla y León. Patxi López, lendakari del País Vasco, y al que algunos sitúan como delfín de Rubalcaba, es secretario de Relaciones Políticas. Y cierran un núcleo duro dentro de la ejecutiva Inmaculada Rodríguez Piñeiro, secretaria de Economía y Empleo, y Antonio Hernando, responsable de Relaciones Instucionales, Polítícas y Autonómicas.

Una ejecutiva controlada por el rubalcabismo

Además, la ejecutiva la componen los siguientes dirigentes del PSOE. Gaspar Zarrías, secretario de Ciudad y Política Municipal; Jesús Caldera, secretario de Programas; Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social; Rafael Simancas, secretario de Formación; Purificación Causapié, secretaria de Igualdad; María González, secretaria de Participación, Redes e Innovación; María del Mar Villafranca Jiménez, secretaria de Educación y Cultura; Hugo Morán, secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad; Juan Moscoso, secretario de la Unión Europea; Marisol Pérez, secretaria de Cooperación e Emigración; Carmela Silva, secretaria de Inmigración;

Y los vocales: Jaime Lisawestzky, Emiliano García Paje, Eduardo Madina, Maru Menéndez, Sergio Gutiérrez, Carlos Pérez, Carolina Darías, Francina Armengol, María Teresa Noguera, José Miguel Rodríguez, Alejandro Soler, María Gámez, Javier Fernández, María José Fernández, Carmen Montón, Maite Fernández, Patxi Vázquez, Lola Gorostiaga.

La Comisión Ejecutiva Federal ha contado con el apoyo de 723 delegados (80,42%) de los 899 que han votado (956 tenían derecho a ello); ocho votos han sido nulos; 168, en blanco; y ninguno ha votado en contra. Además, el Comité Federal ha contado con el apoyo de 704 votos de los delegados; 185, en blanco; ningún nulo ni en contra; han votado 890.

Un PSOE “útil” para los ciudadanos

Una vez han tomado asiento los nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva Federal, con una gran ovación de los delegados a Patxi López, Rubalcaba se ha dirigido a los dirigentes, militantes y simpatizantes del PSOE. Lo primero que ha hecho el secretario general del PSOE ha sido dar las gracias, sobre todo, a José Blanco y Manuel Chaves. Y ha informado de que el candidato socialista a las próximas elecciones generales se decidirá mediante unas “primarias a la francesa”, en las que podrán votar militantes y simpatizantes.

Rubalcaba ha enviado el mensaje de “unidad” señalando que: “Ayer me votasteis el 52%, hoy el 80%; [...] gracias a todos por vuestro trabajo”, en referencia a la intención que manifestó este sábado tras ganar a Chacón de querer formar una dirección integradora. “Nadie se va a sentir representante de una generación o de un territorio”, sino que la ejecutiva es “un equipo ante todo”, ha indicado.

El líder del PSOE ha pedido a los dirigentes del partido “un cambio de óptica” para “recuperar la confianza de los ciudadanos españoles”, y ha instado a todo el partido a cambiar el “ritmo” y “el paso” para ser útiles a los ciudadanos y convertirse en una auténtica oposición al PP. “Salimos de este congreso más fuertes y, lo que es más importante, esto nos va a permitir hacer una política más útil”, ha indicado.

“Un partido pensando en los intereses de los españoles y de España”

En su discurso, el ex ministro del Interior, ha acusado duramente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), por poner los intereses de su partido en Andalucía por ecnima de los intereses de España, al no presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado ya, y dejarlos para junio, cuando en septiembre se tendrán que presentar los presupuestos de 2013. En este sentido, Rubalcaba ha criticado a Rajoy por la próxima reforma laboral que propondrá en breve, pese al “excelente acuerdo para los trabajadores, el empleo y la economía española” que patronal y sindicatos han firmado solo hace unos días.

Finalmente, ha señalado los retos que el PSOE tiene ante sí y por España. “Empleo, Europa y equidad; [...] las tres ‘E’ para España”, ha indicado el nuevo líder socialista que ha calificado como “una causa nacional sobre la que hay que trabajar”, la lcuha contra el desempleo. Y ha indicado que la equidad es “hacer compatible la cohesión con la competitividad” y mantener el Estado del bienestar, crecer económicamente, invertir en educación y una nueva “redistribución a través del gasto”.

Sus últimas palabras, antes de que el congreso se diera por concluido con el himno de La Internacional, han sido para recordar que el PSOE es “un partido al servicio del conjunto de los españoles” y ha instado a sus militantes a hacer “un partido pensando en los intereses de los españoles y de España”.

Rubalcaba, durante la exposición de su candidatura ante los 956 delegados del XXXVIII Congreso Federal del PSOE (foto: PSOE).

Solo podía ganar uno. Ese ha sido Rubalcaba. Los 956 delegados del XXXVIII Congreso Federal del PSOE han escogido a Alfredo Pérez Rubalcaba como nuevo secretario general del PSOE, en sustitución de José Luis Rodríguez Zapatero. Carme Chacón (PSC) tendrá que esperar por 22 votos.

A Rubalcaba le han votado 487 delegados, por 465 a Chacón, dos votos en blanco, uno nulo y una abstención, según ha informado el presidente del congreso, José Antonio Griñán. En el congreso de 2000, que llevó a Zapatero a la Secretaría General del PSOE, el ganador lo hizo por solo nueve votos por delante de José Bono.

Un PSOE unido

Los dos aspirantes habían defendido por la mañana -en poco más de una hora cada uno- sus candidaturas con una llamada a que el PSOE se mantenga fuerte, unido y luche contra la crisis económica. Tanto Rubalcaba, que lo hizo primero, como Chacón, que cerró los discursos por un sorteo, han criticado al PP.

La votación ha estado supervisada por un miembro de cada candidatura, junto a tres representantes de la Secretaría de Organización del PSOE, formando una comisión electoral. Esta comisión, encargada del escrutinio urna a urna, ha estado formada por Juan Vicente Guillén (Teruel), como presidente de la comisión, Jesús Gutiérrez (Asturias), Ruth Porta (Madrid), Francisco Javier Conejo (Málaga) y Natividad Pérez (Albacete).

“Somos un partido fuerte”

Una vez conocido el resultado, el nuevo secretario general del PSOE se ha dirigido a los delegados del congreso. Sus primeras palabras han sido para repetir uno de sus leitmotiv de campaña: ”Somos un partido fuerte”; darle las ”gracias” a Chacón; y recordar a Zapatero, Felipe González y Joaquín Almunia, ex líderes del PSOE.

En un brevísimo discurso, Rubalcaba, que se ha declarado estajanovista en su trabajo con los colaboradores, ha defendido la “unidad” y el “cambio” para el partido, y ha insistido en que desde este momento es el secretario general de “todos los socialistas”: “Y os aseguro que de todos”, ha añadido.

Finalmente, en su primera intervención en público, el nuevo líder del PSOE ha indicado que: “Hemos hecho lo más fácil, [pero] lo más difícil empieza ahora, las comisiones y las enmiendas. [Y] merecen toda nuestra consideración y todo nuestro trabajo”, en referencia a las enmiendas y el trabajo que les queda a los delegados del congreso. Sus últimas palabras: “Lo que toca ahora es trabajar, trabajar y, después, trabajar”.

En un artículo titulado El centro intenta mantenerse, el rotativo fija su atención en algunos de los faraónicos proyectos desarrollados en la época de bonanza. Por ejemplo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, una obra que define como ‘una enorme y brillante nave espacial amarrada imperiosamente en un antiguo cauce de un río’ que, sin embargo, ‘flota en el tempestuoso mar de la deuda regional’.

El caso de la Comunidad Valenciana

Previsiones de déficit de las CCAA para 2011 (gráfico: 'The Economist').

The Economist recoge que el nuevo Gobierno del PP ‘culpa en gran parte’ a las CCAA del ‘fracaso’ en alcanzar el objetivo de déficit presupuestario fijado para 2011, que, con datos todavía provisionales, habría superado en más de dos puntos el 6% del PIB establecido a nivel nacional.

Entre las CCAA que han cerrado sus cuentas más lejos del objetivo de déficit (1,3% del PIB a nivel autonómico), el artículo destaca los casos de Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana, y recuerda que a esta última Moody’s ha rebajado recientemtente la calificación de su deuda hasta el nivel de bono basura.

Una Comunidad gobernada por el PP durante 17 años

El consejero de Hacienda de la Generalidad Valenciana, José Manuel Vela (PP), ha asegurado que el déficit de su Comunidad, finalmente, no alcanzará el 4%, y ha culpado de la situación financiera al anterior Gobierno del PSOE. Vela ha reconocido que la produfunidad de la crisis causada por el estallido de la burbuja inmobiliaria les ha sorprendido, señala The Economist.

‘Mientras España pelea para convencer a sus socios europeos y a los mercados de que puede controlar el exceso en el gasto, Valencia será observada, sobre todo porque el partido de Rajoy la ha gobernado durante 17 años. Si el PP no puede limpiar su propio patio trasero, ¿qué esperanza hay que lo haga en otra parte?’, se pregunta el rotativo.

Retrasos ‘insostenibles’ en los pagos a proveedores

La revista advierte de los problemas que tendrá Rajoy para conseguir reducir el déficit hasta los objetivos fijados, y señala que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (PP), ha reclamado ‘un mayor realismo respecto las perspectivas de crecimiento de España e, implícitamente, sobre su capacidad de ajustar sus presupuestos’. ‘Rajoy, temeroso de las acusaciones de incumplimiento, se compromete cuidadosamente a cumplir cualquier objetivo que se le fije‘, concluye el rotativo.

Entre los aspectos que inspiran más optimismo, destaca la ausencia de elecciones autonómicas en los próximos meses -más allá de las andaluzas y asturianas- y el hecho de que 13 de los gobiernos autonómicos están en manos del PP. Pero califica de ‘insostenible’ los retrasos en los pagos que están sufriendo los bancos que han concedido préstamos a corto plazo y los proveedores.

La Generalidad de Cataluña ‘se rebeló’ contra el objetivo fijado por el Gobierno

The Economist también señala el caso de Cataluña, ‘la región más rica de España’, que califica de ‘animadora para la consolidación progresiva frente a la terapia de choque’. La Generalidad ‘se rebeló contra el objetivo del año pasado, prometiendo extender su ajuste a lo largo de dos años’, indica, lo que considera ‘una prueba evidente de la incapacidad de Madrid para imponer su voluntad’.

El semanario británico recuerda que el objetivo de déficit que se fijó la Generalidad para 2011 fue del 2,6%. Y recoge las palabras del presidente autonómico, Artur Mas: “Establecer metas inalcanzables es destruir la confianza, que es lo que más necesitamos”.

Sin embargo, posteriormente a la publicación del artículo se ha conocido que la liquidación provisional del Presupuesto de la Generalidad del año pasado ha revelado un déficit del 3,29% del PIB, una cifra que asciende hasta al 3,66% -y la sitúa en el entorno de los datos de la Generalidad Valenciana- si no se contabilizan como ingresos los 759 millones que la Administración autonómica reclama al Gobierno y que realmente no ha obtenido.

Zapatero se ha despedido, este viernes, de la Secretaría General del PSOE, ante los delegados del XXXVIII Congreso Federal del partido (foto: vídeo PSOE).

El XXXVIII Congreso Federal del PSOE, que se celebra en Sevilla, da por cerrada la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero con la aprobación de su gestión (y de la Comisión Ejecutiva Federal) al frente del partido los últimos cuatro años. De los delegados presentes en el congreso, 734 han apoyado el informe de gestión de la dirección saliente (90,84%), 21 han votando en contra (2,60%) y 53, se han abstenido (6,56%).

Además, uno de los aspirantes a la Secretaría General, Antonio Quero, no ha obtenido los avales suficientes (20%) para poder convertirse en candidato. Así, este domingo, los delegados del congreso federal escogerán entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón.

En su discurso de despedida como secretario general del PSOE, Zapatero ha pedido a todo el partido que tenga responsabilidad, colaboración y “sentido de Estado” con el actual Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, porque el objetivo del PSOE no es “derrotar al PP sino la crisis económica y ver cómo se crea empleo” y por coherencia con lo que ellos tantas veces pidieron al PP cuando gobernaban.

Zapatero ha reconocido que ya no le correspondía a él marcar el tono de la oposición al PP pero ha subrayado que España vive un momento de “profunda preocupación social” y que el PSOE debe demostrar su “capacidad histórica” de hacerse cargo de los principales problemas de España. Y, en clave interna, que gane quien gane “reciba el mismo apoyo” que él ha tenido.

Autocrítica pero no hubo “improvisación”

Sí ha dedicado buena parte del discurso, de más de una hora, a hacer balance de los once años y medio que ha liderado el PSOE y a una reflexión que ha considerado necesaria en “momentos difíciles”. Empezando la autocrítica por las derrotas electorales, ha reconocido que también la de las municipales se debió a “la situación del país y lógicamente de quien gestionaba y se responsabilizaba de la situación del país”.

El hasta este fin de semana líder del PSOE, se ha mostrado convencido de que sin la crisis financiera de 2008 España no habría tenido una “crisis económica tan dura” y sin la crisis de la deuda griega “seguramente” no habría tenido que adoptar las medidas de recorte que tuvo que tomar en mayo de 2010, medidas que ha vuelto a justificar porque salvaron a España de ser intervenida.

El ex presidente del Gobierno recibió un caluroso aplauso al iniciar el XXXVIII Congreso Federal del PSOE (foto: vídeo PSOE).

Sin embargo, ha reconocido que al margen de esos acontecimientos internacionales la economía española ya tenía debilidades y también el hecho de haber tardado demasiado en admitir que había crisis. Pero se ha justificado en que se le exigía algo que “casi nadie fue capaz de hacer, vaticinar una de las crisis más dura desde la gran depresión”. Y ha añadido: “Pero, como fue verdad, lo he reconocido, no tengo ningún problema en solemnizarlo ante vosotros”.

Zapatero ha justificado las decisiones tomadas al frente del Gobierno, estos últimos meses, apuntando que ya cuando fue elegido, en el 35 Congreso (2000), dejó claro que pondría los intereses del país por encima de los del partido y ha defendido que sus prioridades fueron siempre evitar el “colapso” financiero y, además, mantener la cohesión social.

Todo esto en un “campo de juego” hostil, con una “oposición sin concesiones, una minoría parlamentaria y una Europa lenta que no fue capaz de resolver a la primera la crisis griega y por ir con paños calientes permitió que se produjeran otras crisis de deuda soberana”. Hubo errores, ha reconocido, pero entre ellos no estuvo el de la “improvisación”, sino que se dio respuesta en cada momento de las circunstancias y manteniendo la cohesión social.

La cultura como ideal colectivo de España

Al margen del tema económico, Zapatero ha advertido de que España necesita “recuperar ideales colectivos” como los tuvo en la Transición a la democracia desde la dictadura porque, en su opinión, ahora los españoles son capaces de “discutir por casi todo”, hasta por el Quijote.

Para el ex presidente del Gobierno, este ideal colectivo debería estar en torno a la cultura española, un “objetivo que puede ser compartido con todos”, a pesar de que él ha recibido ataques “hasta en la ceja”, en una referencia graciosa al apoyo de 2008 que entorno a la cultura se denomino los de la ceja, por haber apoyado a este sector.

Zapatero ha hecho un repaso de sus acciones de gobierno, especialmente en materia de derechos civiles y sociales. Como el matrimonio de personas del mismo sexo, una nueva ley del aborto, ley de dependencia o la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y que ha aprovechado para criticar al PP por querer modificar el contenido de esta asignatura.

También ha tenido palabras de reconocimiento para los socialistas del País Vasco en el momento de decir, aunque fuese “en voz baja”, que los socialistas tienen que sentirse “satisfechos”, porque “es muy probable que nunca más vuelva a haber una muerte a manos de ETA”. En especial, Zapatero ha tenido palabras de recuerdo para Isaías Carrasco, ex concejal del PSOE asesinado en 2008.

Griñán, Iglesias y Chaves, intervinieron en la primera jornada del Congreso Federal del PSOE (foto: vídeo PSOE).

Y, finalmente, ha tenido palabras para quienes hablan de crisis de la socialdemocracia, no siempre con buenas intenciones, proclamando que los valores socialdemócratas no están en crisis, sino que se extienden por el mundo y que lo que sí tiene que hacer el PSOE es una “adecuada comprensión” de los cambios tecnológicos y económicos, para interiorizarlos y “liderarlos”.

Además de Zapatero, también han intervenido a puerta abierta el secretario de Organización, Marcelino Iglesias, el presidente del PSOE, Manuel Chaves, el secretario general de las Juventudes Socialistas, Sergio Gutiérrez, y el presidente del XXXVIII Congreso Federal,  José Antonio Griñán.

‘[...] Obsesión por la imagen y por el efecto mediático, un modelo político carente de memoria, de pasado, un adanismo perpetuo que le permite a la señora Chacón presentarse como nueva en la plaza, como una promesa cargada de futuro e ir a Olula del Río y hacerse retratar allí como “la Carmen de España y no la de Merimée”. Y esa es otra: que una dirigente del PSC y, por lo tanto, corresponsable de la persecución del español y de la inmersión lingüística catalana, se presente ante sus compañeros andaluces como la mejor opción, si no es descaro es pura amnesia. Sólo alguien carente de memoria puede pretender ser adalid de “las nuevas ilusiones” habiendo estado desde el inicio en el núcleo duro del zapaterismo (miembra del Gobierno y de la Ejecutiva). Una aventura política que ha concluido -como algunos habíamos previsto- en una auténtica catástrofe que la señora Chacón y sus palmeros se niegan a asumir. Prefieren acogerse a una realidad virtual en la cual la derrota se ha producido sólo a causa de un hecho ajeno a sus responsabilidades: la crisis. Una forma como otra cualquiera de echar balones fuera y seguir mandando… que ya escampará. Un modelo de partido en el cual “quienes deciden no tienen nada que decir y los que tienen algo que decir no deciden”. Métodos y prácticas que, de triunfar esta señora en el Congreso, conducirán al PSOE hacia la irrelevancia política’.

“Carme Chacón quiere ofrecer la imagen de una persona que acaba de llegar y que va a cambiar el partido con felicidad, con alegría, con entusiasmo… y da la sensación de que [Alfredo Pérez] Rubalcaba pertenece al viejo aparato, heredero de Zapatero, etc., etc. Cuando yo creo que las cosas son un poquito distintas. Si no se enfadara nadie, yo diría que Chacón es Zapatero con faldas”.

El nivel educativo de los jóvenes (Young Education Attainment Level) es uno de los indicadores europeos sobre educación que formó parte de los objetivos de Lisboa para 2010. Se trataba de superar el 85%, pero aunque casi ningún país lo consiguió, sólo Malta, Portugal e Islandia quedaron por debajo de España.

Perder más de cuatro puntos en diez años

Además, España ha tenido la peor evolución de la década (excepto Noruega, por un tema técnico de la serie estadística), estando en un 66%, en 2000 (el máximo histórico), y situándose en un 61,7%, en 2011. Estos porcentajes (elaborados por una encuesta comparable en toda la Unión Europea) miden el nivel de jóvenes que llegan a superar la educación Secundaria superior (es decir, Bachillerato o FP, en España) y se tienen en cuenta entre los 20 y los 24 años de los jóvenes.

La tabla muestra los datos de los jóvenes de 20 a 24 años que acaban el Bachillerato o la FP en España, por CCAA (cuadro: José Manuel Lacasa).

Lacasa ha indicado que este indicador es más fiable que lo que conocemos popularmente como fracaso escolar pues ‘mientras que el primero es más estable y suele coincidir con la tasa bruta de titulados en Secundaria superior, el abandono escolar temprano es muy sensible a cambios en la organización escolar y a medidas educativas tomadas poco tiempo antes’.

Así, estos datos del nivel educativo de los jóvenes en España, que se solían publicar regularmente hace años, se pueden desgranar, ahora, por CCAA. Algo que, por otra parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como ha señalado Lacasa, no ha publicado en sus informes y evaluaciones regulares. ¿Puede que sea porque ninguna Comunidad Autónoma cumple con el objetivo marcado para 2010?

La media española, a 24 puntos del objetivo europeo

En una comparecencia en el Congreso, Mato ha lamentado los problemas que las personas desplazadas temporalmente a otra Comunidad Autónoma distinta de la de su residencia tienen a la hora de recibir asistencia sanitaria, unos problemas que en los últimos tiempos se han visto agravados en diferentes puntos de Cataluña.

“La ciudadanía, con razón, no entiende estas trabas a la asistencia sanitaria que financia con sus impuestos. Con la e-salud conseguiremos que todos lo españoles cuenten con una tarjeta que les permita acceder a todo el sistema sanitario, o a la prestación farmacéutica en cualquier parte de la geografía nacional“, ha señalado la ministra, y ha añadido que también generalizarán para toda España el sistema de historias clínicas digitales y el de recetas electrónicas.

CiU dice que ya hay un “documento común”

Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada frontalmente por CiU, lo que no es de extrañar, puesto que es habitual que los nacionalistas promuevan el uso de la tarjeta sanitaria como documento identificativo oficial -tal y como en su momento reconoció públicamente el ex vicepresidente de la Generalidad Josep-Lluís Carod Rovira-, habida cuenta que en ella no aparece ninguna referencia a España.

La congresista Conxita Tarruella ha advertido a la ministra que CiU defenderá las competencias de la Generalidad frente al Gobierno y ha considerado que no es necesaria una tarjeta sanitaria única para toda España:

“Nosotros no es que estemos en contra de que haya un documento común para todos los españoles donde sea más fácil el control del tema de la sanidad, pero ya lo tenemos. Hay un documento común que tenemos todos los españoles que es el DNI. El tema de las tarjetas sanitarias es una competencia de las CCAA -el modelo, el diseño, la forma-. Añádale a esa tarjeta sanitaria el número del DNI de cada español, y no habrá problemas de incompatibilidades. Añádalo en su sistema informático, donde se pueda controlar que poniendo ese DNI pueda verse de qué Comunidad proviene ese paciente, y no perdamos esfuerzos, dinero, en hacer un nuevo modelo coordinado, que todos vayan bien… cuando es una competencia autonómica”.

Un problema que lleva años sin resolverse

La cuestión de la homogeneización a nivel nacional del sistema de tarjetas santitarias es un tema que se arrastra desde hace años. En marzo de 2010 la entonces ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció la sincronización de las tarjetas para que los ciudadanos pudiesen ser atendidos sin problemas en toda España.

En agosto pasado, en este caso con Leire Pajín al frente del Ministerio, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley que establecía ‘el formato único y común de tarjeta sanitaria válido para todo el Sistema Nacional de Salud’. Sin embargo, nunca ha llegado a aplicarse. En Cataluña, solo Ciudadanos se ha posicionado abierta e insistentemente a favor de aplicar esta medida.

Un pacto nacional de salud

La propuesta del Gobierno forma parte de un proyecto de Pacto de Estado por la Sanidad y los Servicios Sociales que, en colaboración con las CCAA, pretende llegar a acuerdos para garantizar y mejorar la sanidad “pública, gratuita y universal”. La ministra Mato ha insistido en que “no va a haber copago sanitario” como fórmula para financiar la Sanidad.

Este pacto incluiría, entre otras cosas, la definición de una cartera de servicios sanitarios y un catálogo de prestaciones sociales básicas para todo el país; el establecimiento de un calendario de vacunación único a nivel nacional; la unificación de las compras de productos farmacéuticos de todas las CCAA; la implantación de un sistema de libre elección de médico y de centro de salud; y la revisión de la Ley de Dependencia para evitar desigualdades en su aplicación en las diferentes CCAA.

Datos del paro por CCAA a enero de 2012 (fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

En enero de 2011 el desempleo ha subido en 130.930 parados respecto al mes anterior. Por otra parte, desde enero de 2011, el paro se ha incrementado en 368.826 personas (8,72%). Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones respecto a diciembre: en Agricultura se ha incrementado en 6.282 (4,30%); en Industria ha subido en 15.105 (2,96%); en Construcción ha aumentado en 16.347 (2,11%); en Servicios se ha incrementado en 132.581 (5,07%). El colectivo Sin Empleo Anterior ha subido en 7.155 personas (1,89%).

El desempleo masculino se ha situado en 2.288.393 al aumentar en 78.655 (3,56%) y el femenino en 2.311.436, al subir en 98.815 (4,47%) en relación al mes de diciembre. Comparado con enero de 2011, el paro masculino ha subido en 183.154 (8,70%) personas y el femenino se ha incrementado en 185.672 (8,73%).

En Cataluña, 633.210 parados

El paro registrado ha subido en las 17 Comunidades Autónomas, encabezadas por Andalucía (39.050) y la Comunidad de Madrid (22.756). En Cataluña el paro ha subido en 18.966 personas; tras estas tres CCAA: Comunidad Valenciana (16.757), Galicia (13.050), Castilla y León (11.384), Castilla-La Mancha (10.948) y País Vasco (10.473). En cuanto a las provincias, el desempleo registrado se ha incrementado en todas, encabezadas por Madrid (22.756) y Barcelona (13.131).

En Cataluña, las cuatro provincias han visto incrementado el número de desempleados en las listas del Ministerio. Además de Barcelona, en Tarragona ha subido en 2.455 parados; en Gerona, en 2.011; y en Lérida, en 1.369 personas. Con estos datos, el paro registrado en Cataluña se sitúa en 633.210 personas.

Después de las elecciones del 20N, en otro texto, Les Moutons de Panurge, constataba que los partidos tradicionales y al uso (PP, PSOE, IU y gli altri) se habían llevado el gato al agua con el 64% del censo electoral. Y, por otro lado, me asombraba de los 7 millones de votos cosechados aún por el PSOE y del incremento sustancial de votos de CiU. Estos dos partidos obtuvieron, respectivamente, millones y cientos de miles de votos, a pesar de que habían procedido y estaban dedicados a la destrucción del Estado del bienestar tanto en España como en Cataluña; y, al mismo tiempo, estaban exigiendo sacrificios sin cuento, a los sufridos ciudadanos de a pie, por desmanes de los que no eran responsables.

Ahora bien, fue el PP el que obtuvo la mayoría absoluta (casi 11 millones de votos, 44,62% de los votos emitidos y 186 diputados). Con estos resultados, el PP remató el éxito arrollador e incontestable, conseguido, seis meses antes, en las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011. Y para rematar la faena, el PP sólo espera conseguir el poder también, el 25 de marzo próximo, en Andalucía, feudo tradicional y cortijo particular del PSOE.

Para barrer en las elecciones municipales, autonómicas y generales, el PP contó con la ayuda inestimable e impagable del lamentable desgobierno de la res pública por parte del PSOE, capitaneado por José Luis Rodríguez Zapatero. En efecto, éste negó reiteradamente la crisis que nos atenazaba, no hizo nada contra ella o lo que hizo fue contraproducente. Sólo tenía la vista puesta, partidaria y egoístamente, en los sondeos sociológicos y en las siguientes elecciones. Este desgobierno socialista dejó a España hecha unos zorros y prácticamente en estado de coma: 5,3 millones de parados, un déficit del 8,2% en las cuentas del Estado, una corrupción sistémica, un despilfarro ingente de recursos, un crecimiento negativo de la economía, subidas generalizadas de los precios, congelación de pensiones y sueldos de los funcionarios, recortes en las partidas fundamentales del Estado del bienestar (sanidad, educación, servicios sociales) y en los sueldos de los funcionarios y de los asalariados, en general… Que sais-je encore? ¡Así se las ponían a Fernando VII!, se le podría decir a Mariano Rajoy.

Pero, además del preocupante y crítico legado socialista, el partido de Rajoy, durante meses, se dedicó también a prometer la luna y a propalar unos mensajes que contribuyeron a llevar una mayoría absoluta de votos al molino del PP, el 20N. En efecto, durante meses, reiteró, por activa y por pasiva, que conocía la situación crítica en la que se encontraba España, que sabía lo que tenía que hacer y, además, cómo hacerlo. Prometió transparencia, decir siempre la verdad, tomar el toro de la crisis por lo cuernos y no dejarse distraer ante el problema fundamental de España: la crisis económica y el paro. Por eso, juró y perjuró que no subiría los impuestos, ya que sería contraproducente, sino todo lo contrario: había que bajar los impuestos y favorecer el ahorro y el consumo para incentivar la economía y la creación de empleo e incrementar así los ingresos del Estado.

Ahora bien, llegado al poder, el Gobierno de Rajoy, en contradicción con las promesas hechas durante la precampaña y la campaña, empezó a rascar los bolsillos de los contribuyentes, subiendo los impuestos (IRPF, IBI); y continuó con los recortes en el gasto público (sanidad, educación, investigación, dependencia, etc.), iniciados por Rodríguez Zapatero, que han puesto en peligro el Estado del bienestar. Ahora bien, todas estas medidas son sólo “el inicio del inicio”, según Soraya Sáenz de Santamaría. Las medidas duras (¿subida del IVA, entre otras?) llegarán en marzo, después de las elecciones andaluzas y cuando se aprueben los presupuestos de 2012.

Estas medidas contradicen las promesas del PP y confirman lo que se puede leer en cualquier manual de Derecho Político: llegados al poder, los partidos sufren una metamorfosis y padecen una amnesia, que les hace olvidar todo lo prometido y que les empuja a hacer lo contrario de lo prometido, con tal de aferrarse al poder y permanecer en él sine die, disfrutando de sus pompas y prebendas y haciendo las Américas. Con este comportamiento paradigmático quedan corroboradas las palabras del viejo profesor Tierno Galván cuando aseveró que “las promesas electorales se hacen para no cumplirlas después”. Este punto de vista implica que, para la casta política, el fin (conquista del poder) justifica cualquier medio: incluso la mentira y el engaño sistemáticos a los electores.

Con su voto, al no querer dar una lección y un escarmiento a toda la casta política, los ciudadanos que se acercaron a las urnas, el pasado 20N, han vuelto a gritar lo que el poeta Recaredo cinceló, al final de uno de sus poemas, con estos versos: “¡No insistas Espartaco! / Porque al esclavo todavía le siguen / gustando sus cadenas”. Por eso, a los votantes moutons de Panurge, que participaron en las elecciones del 20N, me permito decirles: “Si votaste el 20N, no te quejes ahora”. Sin embargo, pensando en los futuros comicios, creo que lo razonable sería sacar alguna lección de todo esto. Hace unos días, un parado de larga duración me la sirvió en bandeja: en las próximas elecciones, me dijo, “habrá que votar a las putas. Votar a sus hijos e hijas no ha servido para nada”.

Manuel I. Cabezas González es profesor titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona

Fabián Estapé, en uno de sus últimos actos públicos (foto: Osona.com).

El economista Fabián Estapè ha fallecido este miércoles a los 88 años en León, ciudad donde residía desde hace años, a causa de un ataque cardíaco. Es considerado como el introductor en España de la obra de Joseph A. Schumpeter y de la llamada escuela histórica e institucionalista. En sus textos, influenciados por las tesis de John Kenneth Galbraith, se mostró partidario de una economía mixta.

Nacido en Portbou (Gerona) en 1923, se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1946 y se doctoró en Derecho por la Universidad Central de Madrid en 1953. Fue catedrático de Economía y Hacienda en la Universidad de Zaragoza (1956-1960). Posteriormente regresó a la Universidad de Barcelona, donde ejerció como catedrático de Política Económica y fue rector en dos ocasiones (1969-1971 y 1975-1976).

Del Gobierno franquista al PSUC

Durante la etapa final del franquismo, fue miembro de la Comisión Consultiva del Plan de Desarrollo y comisario adjunto del mismo (1972-1974), colaborando con su amigo y entonces ministro Laureano López Rodó. A finales de los 50 fue miembro de la junta directiva del F.C. Barcelona. Tras la muerte de Franco militó en CCOO y en el PSUC, y ejerció una importante influencia en toda una generación de economistas españoles.

Según señala en sus memorias -Sin acuse de recibo (2000)-, durante su etapa como profesor universitario pasaron por sus clases más de 34.000 alumnos. Colaboró con diversos medios de comunicación -principalmente La Vanguardia, donde escribió durante más de 50 años-, publicando más de 1.500 artículos, con el objetivo de acercar la economía a los ciudadanos. El último de ellos, este mismo martes, en El Economista.

Entre otras obras destacan Notas sobre la actualidad económica (1957), Ensayos sobre la historia del pensamiento económico (1971), Ensayos sobre economía española (1972) y Proyección de la investigación en el desarrollo de la industria en España (1996). Ha sido galardonado con la Legión de Honor de Francia, con la Cruz de Alfonso X el Sabio y con la Cruz de San Jordi.

‘[...] El término nación comienza a ser utilizado políticamente con el liberalismo, con la revolución liberal en Europa. Por eso es el concepto de nación en sus comienzos un concepto revolucionario. Como bien explica José Álvarez Junco -Mater Dolorosa-, los problemas de España para consolidarse como Estado nacional tienen que ver precisamente con las dificultades de los conservadores para hacer suyo el concepto de nación, que, por sus orígenes, les resultaba extraño. Cuando los conservadores hacen suyo el término es cuando España da un salto importante en su consolidación como Estado nacional.

Nación en el sentido liberal, revolucionario, es un concepto eminentemente político. Define a una comunidad política. Es la sociedad que se constituye en comunidad política para actuar como un sujeto político colectivo en virtud de su propia voluntad, y que queda representada en las instituciones decididas por la voluntad popular. Rompe con la encarnación de la nación por el monarca, por el rey.

[...] Esta dimensión política se da ciertamente en sociedades que luego han sido culturalmente homogéneas, aunque en el momento en que se constituyeron como comunidad política no lo fueran. Esta realidad, ocultada por el devenir, convertido en mito, de Francia como paradigma del Estado nacional, debe ser rescatada para entender lo que significa la nación política: una comunidad en la que lo que une a quienes la conforman es la idea de ser ciudadanos, sujetos de derechos, y no pertenecientes a una comunidad lingüística o cultural. La Francia de la revolución francesa era una sociedad en la que convivían más de 90 lenguas y patois, y hay quien afirma que la definitiva homogeneización cultural y lingüística de Francia no se produce hasta 1918, sobre la fuerza de la frase mort pour la patrie: habría sido la experiencia de la Gran Guerra, como la siguen llamando los franceses, la que habría hecho la homogeneidad de Francia y de los franceses.

[...] La comunidad política de la nación liberal es ahora una comunidad en la que al ciudadano se le sobrepone y se le impone -el imperialismo es de doble dirección, hacia fuera y hacia dentro de la propia sociedad- una identidad cultural, un sentimiento de pertenencia colectiva marcado por una misma lengua, una misma tradición, una misma cultura y una misma identidad. Esta fusión de concepto político y de concepto cultural es la semilla de la tragedia de Europa en el siglo XX.

[...] El problema de España no reside tanto en la nación cultural española sino en los nacionalismos periféricos que en lugar de superar el nacionalismo español de finales del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, lo mimetiza, lo reproduce en los mismos defectos. Por eso, el problema del reconocimiento del plurinacionalismo de España no está en el Estado, sino en los nacionalismos catalán y vasco y el socialista vasco Jesús Eguiguren, que son incapaces de pensar Euskadi y Cataluña como entidades a su vez plurinacionales.

[...] España no necesita volver a un nacionalismo político-cultural cuando puede desarrollar un nacionalismo patriótico y un patriotismo constitucional eminentemente político, que sin negar la existencia y las grandezas -y miserias- de la tradición española, se enorgullece con razón de la conquista política y democrática llevada a cabo con la Constitución de 1978 que implica su constitución como comunidad política integrando e incluyendo distintas lenguas, identidades, culturas y pueblos. Nada más grande que este nacionalismo político, que esta idea de Nación política superadora, que no negadora, de identidades y culturas.

[...] Como escribe acertadamente Maurizio Viroli -Por amor a la patria-, nada hay más grande que estar orgulloso de las reglas, leyes y normas que aseguran la convivencia de los distintos individuos en paz. Eso es la nación política, eso es la democracia, esa la gran cultura constitucional que nace con la revolución francesa y para cuyo abandono no existen razones de peso’.