El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, arriba, y con Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, abajo (fotos: la Moncloa).

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se han comprometido, este viernes, a alcanzar un acuerdo antes del próximo 30 de junio para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. No han llegado a un acuerdo para la renovación de los cargos directivos de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE).

El acuerdo se produce dos días después de la advertencia a PP y PSOE del Alto Tribunal. Sin embargo, no han trascendido los nombres de los posibles candidatos a renovar el Tribunal Constitucional. Actualmente, hay una plaza vacante desde 2008 (cuando falleció el magistrado Roberto García-Calvo) y tres magistrados del Alto Tribunal tienen el mandato caducado. Entre estos el del vicepresidente, Eugeni Gay.

Poco antes de la reunión con Rubalcaba, Rajoy se ha reunido con Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso. Tras el encuentro, el dirigente nacionalista ha indicado en rueda de prensa que le ha pedido al presidente del Gobierno que, en la renovación del Alto Tribunal, se tenga en consideración el incluir a “un representante catalán”, basándose en el efecto que ha producido, desde su punto de vista, la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Política europea, Bankia y reforma financiera

Fuentes del Gobierno y del PSOE han explicado, según recogen Efe y Europa Press, que en realidad Rajoy y Rubalcaba han ratificado el acuerdo que alcanzaron en febrero, en su anterior reunión pública en la Moncloa, para renovar los miembros con mandato caducado del Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Rajoy y Rubalcaba han estado reunidos durante casi tres horas en el palacio de la Moncloa para analizar la situación económica y política de España, así como para tratar de desbloquear el nombramiento de los citados órganos institucionales. Entre los temas concretos, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición también han tratado sobre la política europea y para abrir un diálogo para la simplificación administrativa a través de la creación de una comisión.

Además, Rajoy ha informado a Rubalcaba de la situación de Bankia, que este viernes ha pedido otros 19.000 millones de euros al Gobierno. El líder del PSOE, por su parte, se ha comprometido en hacerle llegar al presidente una posición concreta del PSOE sobre el Decreto-ley de reforma financiera para intentar llegar a un consenso antes del jueves, día en que se someterá a convalidación en el Congreso.

Si finalmente se accede a la petición de los responsables de Bankia, la cantidad de dinero público supería con creces los 15.000 millones de euros que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, había dicho, recientemente, que aportaría el Gobierno para todo el sector financiero en su conjunto.

Dimisión en bloque… pérdidas de 2.979 millones

Los 19.000 millones de euros serán utilizados para cumplir con los requerimientos de provisiones y de capital que exigen las dos reformas financieras aprobadas por el Gobierno del PP y tapar los agujeros detectados en la matriz del grupo, Banco Financiero y de Ahorro (BFA), por la elevada valoración de su filial Bankia (12.000 millones), que, según los auditores de Deloitte, no se ajustaba a la realidad (alrededor de 1.500 millones).

A los 19.000 millones de euros solicitados ahora se añaden los 4.465 millones en participaciones preferentes que tenía el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y que se convirtieron en acciones, lo que ha permitido al Gobierno hacerse casi con el 100% de BFA.

Tras dar a conocer la cantidad solicitada al Gobierno (y unas pérdidas de 2.979 millones de euros en 2011), el consejo de administración de Bankia ha presentado su dimisión en bloque, salvo dos, entre estos Goirigolzarri. Ahora serán diez los miembros de la dirección del banco, y más técnicos que políticos.

Visto bueno de Europa

La recapitalización del grupo Bankia se realizará en dos fases, una primera ampliación de capital de BFA que suscribirá el Gobierno, y una segunda que acometerá la matriz en Bankia, y en la que los actuales accionistas tendrán derechos preferentes de suscripción.

Todo esto siempre y cuando el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y el Banco de España (así como la Unión Europea) den su visto bueno tanto a la nueva inyección de dinero público (con la compra de acciones) como al plan de saneamiento que Bankia ha aprobado este viernes.

También este viernes, la agencia de calificación Standard & Poor’s ha rebajado la nota de cinco bancos españoles y ha degradado a bono basura la calificación crediticia de cuatro de ellos. La deuda de Banca Cívica, Banco Popular, Bankia y Bankinter es desde hoy bono basura, según S&P; y BFA baja un escalón, desde el bono basura al B+.

La portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes (foto: la Moncloa).

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto-ley de liberalización del comercio, mediante el cual, ‘elimina las licencias previas a la apertura y actividad vinculadas a establecimientos comerciales de hasta 300 metros cuadrados ubicados en todo el territorio nacional, sus instalaciones y determinadas obras previas’.

Según ha explicado la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), esta medida pretende impulsar y dinamizar la actividad del sector minorista, que supone el 5% del PIB, emplea a 1,8 millones de trabajadores, ocupa 606.131 locales y cuenta con 436.496 empresas en toda España.

“Armonizar y buscar una mayor unidad de mercado”

Este Real Decreto-ley forma parte del plan de simplificación de procedimientos administrativos y de la reforma para “armonizar y buscar una mayor unidad de mercado”, especialmente destinado a las pymes y los autónomos, que está implementando el Ejecutivo.

La nueva normativa permitirá abrir un pequeño establecimiento comercial con una simple “declaración responsable” (y un proyecto técnico, cuando sea exigible) y el pago de los impuestos al ayuntamiento correspondiente, sin tener que esperar a recibir la autorización municipal para ejercer la actividad -que hasta ahora podía llegar a tardar dos años-. Posteriormente, será el ayuntamiento el que verifique si el empresario cumple las normas establecidas.

“Una medida que busca cambiar la cultura administrativa”

El Gobierno estudiará la posibilidad de ampliar este procedimiento a empresas de mayor tamaño, mientras que las CCAA podrán ampliar el catálogo de actividades incluidas en la norma así como el umbral de la superficie.

“Es una medida que busca cambiar la cultura administrativa, liberalizar el comercio, simplificar los procedimientos, agilizar trámites, acabar con la burocracia, pero, sobre todo, apoyar a todos aquellos emprendedores que, en este momento de crisis, la administración debería ponerles alfombra roja para abrir, y no dificultades para poder sacar adelante su negocio y sus puestos de trabajo”, ha explicado Sáenz de Santamaría.

Por otra parte, el Ejecutivo ha puesto en marcha una línea de crédito ICO por un importe de 500 millones de euros para facilitar la liquidez de las exportaciones mediante el descuento de facturas.

‘Es inaudito que los altavoces nacionalistas acusen a Esperanza Aguirre de politizar la final de la Copa del Rey. Pero aún lo es más que, los que nunca dicen ni mu y mucho menos escriben cartas indignadas contra los constantes exabruptos de los nacionalistas, lo hagan contra la presidenta [autonómica] de Madrid por incendiaria.

Llevo más de media vida en Cataluña y he visto cómo el deporte, la lengua, la cultura o cualquier otro evento social, han sido politizados hasta la náusea. Viene de lejos. En 1981 llenaron el Camp Nou para cerrarles la boca a todos los ciudadanos de Cataluña que habían firmado el Manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos de Cataluña. El fútbol, el Barça, al servicio del grito, “som una nació”. Servía para politizar la lengua a través del deporte y, a la vez, para despreciar los derechos individuales de los ciudadanos. Sin embargo, ya por entonces Pujol denunció a los firmantes de politizar la lengua. El cinismo del verdugo que pretende pasar por víctima.

Desde entonces hasta hoy el mismo fascismo postmoderno; ellos pueden quemar banderas españolas, despreciar el himno nacional, difundir que España nos roba, acusar al Estado de expolio fiscal, hacer un referéndum ilegal por la independencia camuflado tras una consulta popular, amenazar con instituir una hacienda propia, llenar estadios con banderas, gritos e insultos contra España, votar la insumisión a las sentencias de los tribunales para seguir prohibiendo el español como lengua docente, y siempre mezclarlo todo con eventos deportivos y culturales, donde el Barça es más que un club. A pesar de todo esto y más, tienen la barra de acusar a otros de politizar la final de fútbol de mañana [por este viernes] entre el Athletic y el Barça, cuando fueron los propios diputados nacionalistas quienes primero llamaron a silbar al himno nacional desde las escalinatas del Congreso y convertir el estadio en clamor contra España. No quiero ni pensar lo que pasaría si en Cataluña, en cualquier estadio, manifestación, acto cultural, etc. se pitara Els Segadors y se insultara a Cataluña…

[...] En Cataluña la ultraderecha se deriva del totalitarismo nacionalista, porque no otra cosa es la limpieza lingüística, el sectarismo contra cualquier manifestación cultural o política españolas, el rechazo a los símbolos constitucionales, la insumisión a las sentencias de los tribunales, las amenazas y los chantajes contra la legalidad democrática, o el acoso moral contra todos los que no claudiquen ante la religión nacionalista subvencionada…

El pasado 18 de mayo asistí al último concierto que Bruce Springsteen hizo en Barcelona. Toda una metáfora, sólo la bandera catalana y la americana a cada lado del escenario. Ni una palabra en español salió de la voz ronca de The Boss, ni un saludo escueto a España, pero muchos a Cataluña. Estaba bien aleccionado. Incluso se atrevió a dedicar una canción “a los que luchan en Cataluña”. Sentí lástima por El Jefe. Pasó de la genialidad musical al ridículo político sin darse cuenta que lo habían instrumentalizando. No es una crítica al cantante, es la obsesión catalanista por utilizar cualquier evento deportivo o cultural para plasmar que en Cataluña no existe España. [...] Como en la Feria del Libro de Frankfurt de 2007, donde dejaron una millonada por tener pabellón propio para parecer un Estado. Así me lo contó allí mismo su máximo responsable, Josep Bargalló, por entonces director del Instituto Ramon Llull. El metro cuadrado costó al erario público [autonómico] catalán 3 veces más que a cualquier Estado para publicitar la nació con la disculpa de la literatura. Pero después le echan la culpa a la España que les roba, y montan relojes para evaluarlo cada minuto con campañas con cargo al contribuyente.

[...] Si cuando en la final de 2009, el actual portavoz del Gobierno de la Generalidad, Francesc Homs, hizo un corte de mangas al himno nacional español, hubieran salido en tromba los líderes políticos españoles para afearle la conducta como lo ha hecho en esta ocasión la presidenta [autonómica] de Madrid, y hubieran repetido la acción cada vez que ningunean la legalidad constitucional, los ciudadanos sabrían dónde están los límites y quiénes son los maltratadores’.

‘Aguirre agita la final, leo en Europa Press. Aguirre ha echado gasolina al fuego, decía anoche Segurola. Para la buena prensa española la final de Copa no la agitan esos diputados que llaman al boicot, los cientos de llamadas institucionales a mostrar o acaso exhibir repudio a España. No, la final la agita Aguirre, quien, a diferencia de los maldonados y errekondos, ni siquiera cuenta con el amparo de la libertad de expresión, ese espantajo. Así y todo, más extraordinario que la convocatoria misma es que la rueda de prensa anterior a la foto de las escalinatas se celebrara en una sala del Congreso. Me parece comprensible que la cuchipandi nacionalista quiera jugar a Evasión-o-victoria una vez al año: es todo lo que pretende (eso sí, siempre con cargo a España, en la mejor tradición del cine subvencionado). Ahora bien, que el Congreso albergue una rueda de prensa de un grupúsculo que llama a injuriar España, eso no lo igualan muchos países por mucho que se pongan. Recuerdo que al grupo Kortatu, o eran ya Negu Gorriak, les prohibieron actuar en el palacio de los deportes Martín Carpena, así llamado en homenaje al concejal del PP asesinado por ETA en 2000. A nadie le cabía en la cabeza, en efecto, que España además pagara la bala. Pues eso’.

También existe el convencimiento de que la justicia es complicada. El hecho de que el ciudadano exista prácticamente como un ente pasivo, que toda manifestación de su existencia se deba sustanciar a través de abogados, procuradores y otros gestores e intermediarios, hace que los dispensadores de la justicia se perciban como seres distantes e inasequibles. Si se añade la existencia de un entramado organizativo complejo, jueces, secretarios, magistrados, salas, juzgados, tribunales, instancias, audiencias… especialmente, para los ciudadanos comunes, la realidad se vuelve laberíntica.

Además se percibe que, con frecuencia, la justicia es injusta. Ello no sólo ocurre porque sus sentencias muchas veces no gusten a los implicados, especialmente a los desfavorecidos en las resoluciones, sino porque las sentencias dependen de los profesionales que intervienen, del desarrollo de los procesos, de la dilación de los mismos, de los recursos, de las pruebas, de las defensas… lo que acaba llevando a la conclusión de que quien puede disponer de buenos abogados acaba llevándose el gato al agua.

Pero esos factores acabados de citar hacen que la justicia sea percibida como una prestación muy cara. En efecto, no basta con tener razón, ni haber actuado con un criterio honrado, un criterio justo. En caso de litigio, además debe contarse con recursos económicos para afrontar la del tiempo y los gastos derivados de su complejidad. Es un mal asunto que en bastantes ocasiones, para los poderosos, resulte más rentable afrontar un proceso por incumplimiento de la ley que cumplirla en sus estrictos términos.

Hace poco oíamos la afirmación de un ilustre político levantino, implicado en numerosos casos de corrupción, que el caso se había sobreseído por agotamiento temporal, por lo que había prescrito, lo que equivalía a una absolución. El cinismo no podía ser más ofensivo para el sentido común, ni más cruel, y muy especialmente, para los perjudicados.

Es obvio que algo no funciona. Si, como decíamos, la justicia es uno de los pilares del Estado de derecho, y este pilar se percibe como lento, complicado, injusto y muy caro podemos repetir aquello de “Houston, tenemos un problema”. Tenemos un problema con nuestro Estado.

Desde Ágora Socialista hemos convocado una conferencia (en la que participarán Vanessa González y Antonio Pavón) para el próximo martes, 29 de mayo, en el que trataremos estos temas y el turno de oficio, es decir, de una de las formas más frecuentes de afrontar la administración y prestación de justicia. Es la vía de urgencia, de los sin recursos, de los más necesitados, de los más expuestos a la precariedad.

Olegario Ortega es vicepresidente de Ágora Socialista

El texto pasa ahora al Senado. Si no se introducen enmiendas en la Cámara Alta los presupuestos quedarán definitiva aprobados. Si en el Senado se modifica el texto volverá al Congreso para ratificar o rechazar las enmiendas. La sesión en el Congreso que comenzó este lunes ha finalizado el miércoles con la votación desglosada.

Resumen del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012 por secciones (fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

Así, el lunes se han votado el Título I (‘De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones’), se ha aprobado con 176 votos a favor y 141 en contra; el Título II (‘Gestión Presupuestaria’), 177 votos a favor y 139 en contra; el Título III (‘De los Gastos de Personal’), 177 votos a favor, 139 en contra y 1 abstención; el Título IV (‘De las Pensiones Públicas’), 176 votos a favor, 138 en contra y 3 abstenciones; el Título V (‘De las operaciones financieras’) y la Sección 06 (‘Deuda pública’), 176 votos a favor, 139 en contra y 2 abstenciones; y 191 votos a favor y 126 en contra, respectivamente; el Título VI (‘Normas Tributarias’), 176 votos a favor y 141 en contra; el Título VII (‘De los Entes Territoriales’), 177 votos a favor, 139 en contra y 1 abstención; y, finalmente, el Título VIII (‘Cotizaciones Sociales’), 178 votos a favor y 137 en contra; y la Sección 07 (‘Clases pasivas’), 176 votos a favor y 141 en contra.

El martes el pleno ha votado la Sección 25 (‘Presidencia’), que fue aprobada con 180 votos a favor, y 158 en contra; la Sección 19 (‘Empleo y Seguridad Social’), 180 votos a favor, 156 en contra y 3 abstenciones; la Sección 60 (‘Seguridad Social’), 182 votos en contra, 154 en contra y 3 abstenciones; la Sección 13 (‘Justicia’), 178 votos a favor, 159 en contra y 1 abstención; la Sección 27 (‘Economía y Competitividad’), 181 votos a favor, 154 en contra y 3 abstenciones; la Sección 15 (‘Hacienda y Administraciones Públicas’), 180 votos a favor, 157 en contra y 2 abstenciones; la Sección 36 (‘Sistemas de Financiación de Entes Territoriales’), 180 votos a favor, 153 en contra y 6 abstenciones; la Sección 16 (‘Interior’), 182 votos a favor, 155 en contra y 1 abstención; la Sección 20 (‘Industria, Energía y Turismo’), 179 votos a favor, y 160 en contra; la Sección 26 (‘Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad’), 177 votos a favor, y 160 en contra.

Y, finalmente, el miércoles que se han votado la Sección 18 (‘Educación, Cultura y Deporte’), 176 votos a favor y 155 en contra; la Sección 31 (‘Gastos de Diversos Ministerios’), 179 votos a favor, 152 en contra y 1 abstención; la Sección 32 (‘Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales’), 180 votos a favor, 150 en contra y 1 abstención; la Sección 33 (‘Fondos de Compensación Interterritorial’), 176 votos a favor, 152 en contra y 3 abstenciones; la Sección 35 (‘Fondo de Contingencia’), 180 votos a favor, y 150 en contra; la Sección 23 (‘Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente’), 179 votos a favor y 151 en contra; la Sección 12 (‘Asuntos Exteriores y de Cooperación’), 178 votos a favor, 151 en contra y 2 abstenciones; la Sección 34 (‘Relaciones Financieras con la Unión Europea’), 293 votos a favor, 35 en contra y 1 abstención; la Sección 17 (‘Fomento’), 179 votos a favor y 151 en contra; la Sección 14 (‘Defensa’), 178 votos a favor, 152 en contra y 1 abstención; y la ‘Exposición de motivos’, 180 votos a favor, 146 en contra y 2 abstenciones. Tras estas partidas, se han votado las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales; aprobadas con 172 votos a favor, y 159 en contra; y los anexos, que han contado con el respaldo de 183 diputados, el rechazo de 147 y la abstención de un congresista.

La Sección 01, correspondiente a la ‘Casa de Su Majestad el Rey’, ha recibido 296 votos a favor y 32 en contra; la Sección 02, de ‘Cortes Generales’, ha quedado aprobada con 300 votos a favor, 29 en contra y 2 abstenciones; la Sección 03, sobre el ‘Tribunal de Cuentas’, ha obtenido 297 votos a favor, 31 en contra y 2 abstenciones; la Sección 04, con el ‘Presupuesto del Tribunal Constitucional’, ha recibido 298 votos a favor y 31 en contra; la Sección 05, del ‘Consejo de Estado’, se ha aprobado con 295 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones; y la Sección 08, relativa al ‘Consejo General del Poder Judicial’ ha salido adelante con el respaldo de 297 diputados, el voto en contra de 33 y una abstención. Y la partida de ‘Sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales, fundaciones y otros organismos públicos’ se ha aprobado con 179 votos a favor, 151 en contra y 1 abstención; el ‘Anexo de inversiones reales’, con 176 votos a favor, 152 en contra y 3 abstenciones.

Atacan a pedradas la sede del Círculo Balear en Palma de Mallorca (foto: Círculo Balear).

La Fundación Círculo Balear ha sufrido un nuevo ataque contra su sede de Palma de Mallorca, que ha supuesto la rotura de uno de los cristales de la fachada por el impacto de una piedra o de algún objeto contundente lanzado desde la calle la madrugada del domingo al lunes.

Esta es la enésima agresión que sufre la entidad balear, conocida por su labor en defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. En otras ocasiones, grupos radicales han arrojado pintura en la fachada de su sede y han amenazado a los miembros de la entidad dibujando una diana alrededor del logo de la asociación en la puerta de entrada.

Denuncian “el extremismo” del “nacionalismo catalanista”

Aunque se desconoce quién ha realizado este ataque, el presidente del Círculo Balear y ex director de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Islas Baleares, Jorge Campos, ha recordado la reiteración de los ataques de “grupos catalanistas violentos” contra la entidad.

“Desde que el Gobierno [autonómico] balear anunció un cambio en la política lingüística en favor de la libertad, los sectores catalanistas radicales han iniciado una campaña cada vez más violenta de acoso tanto a los miembros del Gobierno autonómico como al Círculo Balear por ser la entidad independiente más importante en la defensa de las libertades y derechos constitucionales. Estos hechos demuestran el extremismo al que ha llegado el nacionalismo catalanista en Baleares, al protestar, incluso de forma violenta, por unas políticas que el Gobierno [autonómico] aún no ha llevado a cabo“, ha señalado.

Campos también ha criticado la agresión sufrida hace unos días por el presidente autonómico de Baleares, José Ramón Bauzá (PP). “La respuesta del catalanismo intolerante ha sido atacarnos”, ha insistido. Además, ha criticado a las formaciones nacionalistas y de izquierdas por no condenar estos actos de violencia, y ha lamentado que dirigentes del PP, como el alcalde de Manacor, Antoni Pastor, o el ex presidente autonómico Cristóbal Soler, “ayuden económicamente a organizaciones pancatalanistas radicales, o incluso las defiendan”.

“El catalanismo radical no tiene respuesta por parte del Gobierno autonómico”

“El catalanismo radical, que aquí es muy minoritario, se envalentona y cada vez es más violento y sus medidas de protesta son cada vez más contundentes, al ver que, hagan lo que hagan, no tienen respuesta por parte del Gobierno [autonómico] balear, en concreto, por parte del Consejero de Educación, Rafael Bosch (PP). Están infringiendo todo tipo de normativas [desde algunos centros escolares] y, claro, como no hay contestación, como cuando infringen una norma no se les sanciona, pues van a más“, ha declarado Campos a LA VOZ DE BARCELONA.

Este martes, una conferencia pronunciada por presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, y organizada por el Círculo Balear, en el Auditorio de Palma, ha tenido que ser protegida por la policía para evitar posibles agresiones de grupos radicales.

Nota informativa del Tribunal Constitucional.

‘Ante tan reiterados y duraderos incumplimientos, el pleno del Tribunal Constitucional ve necesario recordar el respeto que se debe a la Constitución, advirtiendo que, de prolongarse tales incumplimientos, adoptará las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa indeseable situación’. Contundente advertencia a PP y PSOE de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para que estos partidos renueven la composición del Alto Tribunal.

Los magistrados del TC, en protesta por la falta de acuerdo para renovar a los magistrados cuyo mandato ha finalizado, han emitido una nota pública mostrando su disconformidad con la situación que vive el Alto Tribunal. La decisión se ha adoptado en una reunión celebrada este martes y por unanimidad de los once magistrados que componen el pleno, desde el fallecimiento en 2008 de Roberto García-Calvo, cuya plaza sigue sin cubrirse por la incapacidad de PP y PSOE para llegar a un acuerdo en el Congreso.

La Cámara Baja también debe renovar a otros tres magistrados, Eugeni Gay -vicepresidente-, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2010 y que ‘llevan ya más de diez años y medio ejerciendo como tales porque el Congreso de los Diputados no cumple el deber de renovar el tercio que le corresponde’.

Una nota desafortunada

Las asociaciones de jueces, tras conocer la nota informativa del TC, han pedido a los magistrados que clarifiquen en qué consisten estas medidas ‘drásticas’ que piensan adoptar. Así lo han manifestado distintas asociaciones judiciales a la agencia Efe. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su portavoz, María Teresa Sáez, ha asegurado que no alcanza “a comprender qué tipo de medidas” podría tomar el Alto Tribunal para acelerar el relevo de las plazas en cuestión.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, ha considerado que la advertencia del TC no es más que un “brindis al sol claramente intrascendente”, más aún cuando no ha especificado el tipo de medidas que piensa adoptar. No obstante, ha señalado que el Alto Tribunal tiene una “razón importante para echar en cara” a PP y PSOE -imprescindibles para la renovación- que no alcancen un acuerdo, pero que “de ahí a adoptar medidas de fuerza va un abismo”, por lo que ha calificado el anuncio de los magistrados de “desafortunado”.

Logo de la campaña de Catalunya Acció para pitar al himno nacional, a la bandera de España y al Príncipe de Asturias en la final de la Copa del Rey de fútbol del próximo 25 de mayo (foto: xiulaperlaindependencia.cat).

El boicot que algunas entidades nacionalistas están preparando de cara a la final de la Copa del Rey de fútbol, que este viernes disputarán el F.C. Barcelona y el Athletic de Bilbao en el estadio Vicente Calderón de Madrid, ha generado un cruce de reproches entre los políticos, espoleados por la indignación mostrada por la presidenta autonómica de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP).

Al igual que ocurrió en la final del año 2009, en la que coincidieron los mismos equipos, plataformas independentistas, como Catalunya Acció y ESAIT, llevan varias semanas promoviendo una pitada de los asistentes contra el himno nacional, contra la bandera de España y contra la presencia del Príncipe Felipe en el acto deportivo. Representantes de CiU, ERC, ICV y BNG en el Congreso han hecho este lunes un llamamiento a convertir la final de la Copa en un acto reivindicativo en favor de las selecciones autonómicas. Además, el día del partido, la Falange y otros grupos de extrema derecha se manifestarán en Madrid ‘contra el aquelarre separatista’.

“El ultraje a la bandera es delito en el Código Penal y no se debe consentir”

En una entrevista realizada este martes en Onda Cero, Aguirre, preguntada por su opinión sobre esta campaña, ha señalado:

“Esto lo llevo pensando mucho tiempo. Desde que el anterior presidente de Francia, Sarkozy, dijo: “Como se silbe otra vez la Marsellesa, se suspende el partido”, tengo la convicción de que los ultrajes al himno, a la bandera o al Jefe del Estado, que son delito en el Código Penal, no se deben consentir. Por tanto, mi opinión es que el partido se debe suspender y celebrarse luego a puerta cerrada en otro lugar. ¿Eso va a causar mucho follón? Puede. Pero me parece que estas cosas no se deben consentir, entre otras cosas, porque este es el campeonato de España. Y esta copa la entregaba el presidente de la República cuando había República, Franco cuando estaba Franco, y ahora es la Copa de Su Majestad el Rey, pero es el campeonato de España. Si hay alguna parte de los aficionados, porque estoy segura de que no son todos -hay afición del Athletic de Bilbao y del Barcelona en toda España, y hay muchos que no son nacionalistas, ni mucho menos separatistas, ni antiespañoles-, que quieren silbar, pues mire usted, el partido no se va a celebrar, así de claro“.

Como era de esperar, a lo largo del día se han producido todo tipo de reacciones a estas declaraciones. El promotor de la campaña, ex candidato de Solidaritat en las pasadas municipales por Barcelona y polémico activista independentista, Santiago Espot, ha calificado a Aguirre de “totalitaria” y ha comparado su posición con la clausura del estadio del Barça en 1925 por los silbidos del público al himno nacional durante la dictadura de Primo de Rivera.

“Todos pueden expresar libremente sus sentimientos”

El líder de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha considerado las palabras de la presidenta autonómica como “un atentado a la libertad de expresión”, ha señalado que “no se puede poner un esparadrapo en la boca de la gente” y ha defendido que cada uno se exprese como quiera, mientras lo haga sin violencia.

Además, ha considerado que es “habitual” que se silbe a los “representantes del Estado o de partidos políticos” en este tipo de eventos. “Yo iré al partido pero no silbaré. Entre otras cosas porqué estaré en el palco y se notaría mucho. Si estuviera en el asiento, tampoco”, ha añadido.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), ha señalado que Aguirre “es una persona a la que le gusta hacer declaraciones altisonantes cuando tiene problemas para sacarse la atención de encima”, ha pedido “sentido común” y ha instado a “no crispar el ánimo”.

Mientras que presidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, ha abogado por que “todos los barcelonistas y aficionados que vayan a la final puedan expresar libremente sus sentimientos”. “Solo faltaría”, ha añadido. Por su parte, Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha calificado de “poco democrática” la opinión de la presidenta autonómica de la Comunidad de Madrid. Y el primer secretario del PSC, Pere Navarro, se mostrado “sorprendido” por estas declaraciones.

“Un magnífico espectáculo plurinacional”

El consejero de Interior de la Generalidad, Felip Puig (CiU), ha declarado que la final será “un magnífico espectáculo plurinacional, aunque en Madrid no lo acaben de entender”, y ha criticado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de autorizar una manifestación de la Falange el mismo día del partido. “Supongo que en Madrid no lo deben ver como una manifestación de ultraderecha, porque si fuera de ultraderecha y claramente identificables con gente que puede promover determinado tipo de actitud, pues no se hubiera autorizado”, ha destacado.

Las palabras de Aguirre también han tenido detractores entre sus compañeros de filas. Así, el presidente del Congreso, Jesús Posada (PP), ha indicado que “las medidas de este tipo, si se toman, tienen que tomarse en última instancia”. Y el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha señalado que, siguiendo el criterio de la presidenta autonómica, “habría que suspender la final [de la Europa League] de Bucarest, donde había banderas con el águila”.

Mientras que la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha limitado a hacer “una llamada a la reflexión a todo el mundo”. “El deporte es algo para disfrutar y no para hacer de él objeto de otro tipo de reivindicaciones“, ha añadido.

El ‘corte de mangas’ de Homs

Sin embargo, la más sorprendente de todas las respuestas ha sido la del portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), que ha calificado las declaraciones de Aguirre de “incomprensibles para el común de los mortales”. “Será porque no tiene trabajo la señora Aguirre, o tal vez porque debe formar parte de su manera de actuar: las cosas que no le gusta las disimula, las tapa, las silencia. Lo hemos visto con los números, y eso es bastante más grave. Esa forma de funcionar que, cuando una cosa no les gusta, la maquillan. Luego pasa lo del dicho: se coge antes a un mentiroso que a un cojo”, ha subrayado.

“Ya se pueden imaginar el entusiasmo que generan al portavoz del Gobierno [autonómico] este tipo de declaraciones”, ha insistido en tono irónico, tal vez recordando que en la final de la Copa del Rey de 2009, cuando era diputado autonómico, Homs ‘homenajeó al himno con un corte mangas’, según recogió entonces El Periódico. Así las cosas, el viernes se verá si las preocupaciones de la presidenta autonómica de la Comunidad de Madrid estaban fundadas o no.

“Hay Comunidades Autónomas que quieren ser nación y si fueran nación estarían intervenidas. [...] Desacreditar el sistema autonómico es equivocado y cruel”.

La Sección Cuarta de lo Penal del Alto tribunal, en una resolución de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Paloma González, ha ratificado el cierre inicial del proceso decretado en febrero pasado por el juez Fernando Grande-Marlaska, que apuntó que el accidente se debió a la fatiga y a la falta de preparación de la tripulación.

El proceso de contratación no supuso un ‘incremento del riesgo’

La Audiencia ha considerado de esta forma que el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, no tuvieron ninguna responsabilidad en el accidente y que el proceso de contratación del avión siniestrado no supuso un ‘incremento del riesgo’ de la operación.

La Sala ha rechazado las peticiones de la Fiscalía y de los familiares de los militares fallecidos, y ha señalado que, en la gestión de la contratación del avión, los imputados se limitaron a cumplir ‘con la misión encomendada acudiendo a los mecanismos legales de índole comercial arbitrados por la OTAN’.

El mismo protocolo que en otras 43 operaciones anteriores

Además, la resolución ha subrayado que con anterioridad a la contratación del vuelo siniestrado, se llevaron a cabo otras 43 operaciones ‘de similar índole, con similares aviones y con idéntica forma de proceder a la adjudicación en las compañías aéreas sin que, por lo demás, se haya acreditado a instancia de ninguna de las partes recurrente ni otra causa del accidente distinta a la descrita en el auto’.

Y ha concluido que los imputados no llevaron a cabo ‘ninguna acción generadora de un riesgo no permitido, ni ostentaban ni asumían la condición de garantes de que el resultado no se produjera, de forma tal que el desgraciado resultado no hubiera podido ser evitado mediante una hipotética acción omitida‘.

La Justicia da así por cerrada la investigación del trágico accidente, otra de cuyas ramificaciones, la identificación errónea de 30 de los 62 militares fallecidos, también concluyó el pasado 20 de abril, cuando el Consejo de Ministros indultó a los dos condenados por falsedad en documento oficial.

El eco de las críticas al anterior Gobierno recubre el atropello tratando de ocultar el origen sistémico de la crisis y haciéndonos colar unos Presupuestos Generales del Estado rateros. Sin embargo, la embestida neoliberal a los derechos adquiridos de los trabajadores no sólo responde a la implementación de programas concretos, sino que presta su silueta a una nueva era oscura para la clase obrera.

La contraposición entre capital y trabajo revelada a través de la evolución de los salarios se observa vehementemente en la reforma, pero indicadores como la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) nos muestran datos significativos con anterioridad a la puesta de largo oficial de la crisis. En concreto, las rentas de trabajo han caído un 19%, desde los primeros años 80 del siglo XX, en su aportación a la riqueza generada y en relación con las rentas de capital.

Esta contraposición se corresponde con la pérdida de la independencia económica bajo las directrices del eje francoalemán (Unión Europea) y ha aumentado con la aplicación de los programas neoliberales confiados al PSOE y al PP por parte de sus mentores europeos. Con la sempiterna complicidad, tanto en el caso de los socialdemócratas como en el de los conservadores, de los partidos nacionalistas regionales mayoritarios. El hecho es que los salarios cayeron, entre 2000 y 2007 (el año cero de la crisis), en la misma proporción que se incrementó la tasa de ganancia del capital, en un 3,4%. A día de hoy, los beneficios empresariales superan a las rentas salariales: un 46,2% del PIB frente al mínimo histórico de un 46%.

La servidumbre al euro impide plantearse una devaluación, por lo que ahí se ha apuntalado el ataque a los salarios. El cierre de las viejas fábricas y la apertura de nuevos mercados (globalización) son el contexto de una depresión salarial que cursa con la destrucción del empleo y el crecimiento del ejército industrial de reserva (desempleados) que pugna por un puesto de trabajo, y de países y regiones de un mismo país que compiten entre sí por atraer inversiones. He aquí que una reforma para abaratar brutalmente el despido, como la reciente, se convierta en uno de los puntos negros de este proceso.

Entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco de España no son precisamente sospechosas de pretender soluciones revolucionarias, pero han aportado datos, referidos a antes de la crisis, en el primer caso, y a uno de los períodos álgidos de la misma (2010) en el segundo, que nos informan sobre el hundimiento de los salarios en clave de diferencias entre las rentas y desigualdad social. El factor coadyuvante definitivo es la galopante regresividad de un sistema tributario que grava terriblemente al grueso de la población y, en sentido inverso, exime a los más ricos.

La cuestión estriba en que el 70% de las rentas financieras está en manos de sólo un 10% de la población española, y un 1% de esas sagas burguesas posee cerca de la mitad de tales rentas. Estamos hablando de una clase social que detenta sociedades y fondos de inversión (instituciones de inversión colectiva, IIC), bancos, cajas y empresas, y que absorbe insultantes sueldos, pensiones y, principalmente, descomunales plusvalías generadas de la explotación directa de la clase trabajadora.

¿Acaso pueden justificarse los ajustes presupuestarios cuando estamos sometidos al pago draconiano de una deuda opaca, no auditada? ¿Pueden argumentarse los rescates públicos a la banca nacional y europea o esa suerte de tributos a los oligopolios como son las infladas tarifas eléctricas? ¿Cómo tomarnos un Plan de Lucha contra el Fraude que apenas persigue a los timadores de poca monta a la par que se abre una amnistía fiscal para el defraudador más poderoso y dañino?

Con objeto de buscar apoyos para su reforma laboral y, al mismo tiempo, realizar una mezquina jugada política, el Gobierno popular y sus altavoces han querido presentar la lucha de clases como un conflicto de la pequeña y la mediana empresa con sus trabajadores. Se pretende dar por sentado que las facilidades en el despido y la volatilidad de condiciones laborales como los mismos salarios van a ser determinantes en la salida de la crisis.

Sin embargo, se ignora flagrantemente que el mercado de trabajo tiene un impacto mucho menor en la competitividad de la economía que el modelo productivo o la falta de crédito. Se ignora que la supremacía del capital financiero unida a una industria y una tecnología decadentes y dependientes (las que nos impone la UE con el beneplácito de los partidos gobernantes) traban el futuro de un país, y que la suma del ataque al trabajo más los recortes en el bienestar de los ciudadanos conduce irremediablemente a su empobrecimiento y a la subsiguiente caída de la demanda de bienes y servicios.

Pero, por encima de todo, al mundo del trabajo le urge desmentir para siempre la ruidosa y pesada falacia que insiste en la supuesta rigidez del mercado laboral. En este sentido y en alusión directa a los salarios de los trabajadores, el último informe de Eurostat (2011), la oficina estadística de la Comisión Europea, ha concluido que la media de los costes laborales en España (costes salariales por hora más otros costes como las cotizaciones a la Seguridad Social) son los más bajos de entre los análogos correspondientes a países destacados de la UE-27 y de la zona euro: 20,6 euros frente a 23,1 (UE), que incluye a los países del este de Europa, y frente a 27,6 (zona euro). A la vista está que queda completamente descartado buscar en el trabajo la causa de la crisis, del paro, de la falta de creación de empleo, del cierre de empresas.

Por tanto, una vez desvanecidas las cortinas de humo, es fácil entrever los sectores que serán beneficiarios de esta nueva entrega de la deconstrucción del trabajo. Los negocios puramente financieros, los todopoderosos oligopolios, la banca, las telecomunicaciones y la llamada sociedad de la información, las cadenas de distribución, la industria energética, el ocio, las constructoras y los laberintos más sórdidos de la economía golfa recibirán mano de obra recién horneada al gusto de las tendencias neoliberales. Semejantes poderes fácticos seguirán siendo protagonistas de sobornos, chantajes y corruptelas de toda índole, de presiones sobre la política, de apropiación de prebendas y adquisición de privilegios con menoscabo de otros sectores y a expensas de las Administraciones públicas.

El adelgazamiento del Estado social, unido a una fiscalidad llena de agujeros, les libra del poco lastre que pudieran llevar consigo. Las PYME, aturdidas, contemplarán ante sí las consecuencias del libertinaje fiscal y comercial, y de la práctica liquidación del derecho laboral: la competencia desleal las irá borrando del mapa, y los autónomos y pequeños empresarios no tendrán más opción que formar parte de esta actual clase trabajadora reproletarizada o del ejército de desempleados.

‘La concentración de capitales se hace mayor, los capitalistas grandes arruinan a los pequeños y una fracción de los antiguos capitalistas se hunde en la clase de los obreros, que por obra de esta aportación padece de nuevo la depresión del salario y cae en una dependencia aún mayor de los pocos grandes capitalistas; al disminuir el número de capitalistas, desaparece casi su competencia respecto de los obreros, y como el número de éstos se ha multiplicado, la competencia entre ellos se hace tanto mayor, más antinatural y más violenta. Una parte de la clase obrera cae con ello en la mendicidad o la inanición tan necesariamente como una parte de los capitalistas medios cae en la clase obrera’ (Karl Marx, Manuscritos económico-filosóficos de 1844, 1932).

Creación de monopolios, despótica fijación de cuotas de mercado, puestos de trabajo aplastados, derechos adquiridos que han pasado a mejor vida. ¿De qué sirve la victoria pírrica que supone bajar el sueldo o despedir a un empleado si apenas hay demanda en el contexto de una ciudadanía depauperada y de un mercado monopolizado por una élite? Los berridos de la canciller alemana Angela Merkel son asentidos por el obediente mandatario español Mariano Rajoy, pero tampoco Alemania debería de ser un ejemplo para los que todavía creen honestamente en esta Europa a varias velocidades.

El anterior Gobierno socialdemócrata de aquel país adelantó la agenda neoliberal que ahora aplican los democristianos, igual que nos ha pasado en España y ha ocurrido históricamente con la izquierda reformista. El país germano es, sin miedo a exagerar, otra sociedad fuertemente desigual (el 25% de los trabajadores es submileurista) que precariza laboral y socialmente a la población a través de las mismas medidas que estamos sufriendo los españoles (atraso de la edad de jubilación, recorte de pensiones y prestaciones, contratos basura, depresión salarial…) demostrando que la dialéctica de Estados matiza la lucha de clases sin excluirla en modo alguno. Casi tan sólo la herencia de las amplias conquistas sociales logradas durante años y, en primer lugar, la nervuda organización de los trabajadores alemanes de la gran industria está sirviendo de colchón. Vale la pena reflexionar profundamente sobre esto último.

Diego Vega es consultor laboral y miembro de Alternativa Ciudadana Progresista

Esta modificación ha sido causada por la contabilización de un déficit 3.000 millones mayor al inicialmente anunciado por varias CCAA, según se ha comprobado tras revisar los planes de ajuste económico-financiero aprobados este jueves en  el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Madrid y Valencia, las principales culpables

En concreto, la Comunidad de Madrid ha aumentado el cálculo del déficit con el que cerró el año pasado desde el 1,13% hasta el 2,21% (unos 2.000 millones más); una modificación al alza que su presidenta autonómica, Esperanza Aguirre (PP), avanzó en febrero que sería necesaria debido a la caída de los ingresos previstos.

La Comunidad Valenciana ha elevado su déficit desde el 3,68% hasta el 4,5% (869 millones más); Castilla y León ha reconocido un déficit del 2,59%, frente al 2,35% previsto (137 millones más); Andalucía ha aumentado las cifras de déficit en 32 millones, y la Región de Murcia, en 17 millones.

El Gobierno mantiene el objetivo de déficit del 5,3%

En un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que este aumento de las cifras del ‘avance provisional de las cuentas del sector público’ realizado en febrero corresponde a ‘gasto registrado y pendiente de pago que no estaba incluido en la comunicación provisional’. ‘Se ha identificado de una manera más correcta el déficit de las CCAA gracias a la operación de pago a proveedores, que ha supuesto una auténtica circularización de deudas pendientes’, ha añadido Hacienda.

A pesar de ello, el Ministerio ha insistido en que ‘estas desviaciones no tendrán impacto en las cuentas de este año’, y ha reiterado que ‘todas las CCAA están comprometidas con el objetivo de alcanzar el 1,5% de déficit en el 2012′. Por ello, también mantiene el 5,3% de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas como objetivo para este año.

La portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes (foto: la Moncloa).

El Gobierno revisará mes a mes el cumplimiento de los planes de reequilibrio económico-financiero de las CCAA aprobados este jueves en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Así lo ha anunciado este viernes la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Por primera vez habrá un control mensual de la ejecución [presupuestaria] de las CCAA en términos homologables y transparentes para todos los ciudadanos”, ha señalado la portavoz del Ejecutivo, apelando a lo que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recientemente aprobada.

Además, ha recordado que si algún gobierno autonómico se desvía y no cumple lo previsto en sus planes de ajuste, podría ser sancionado o intervenido, lo que supondría que una delegación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se haría cargo de la gestión económica del mismo.

Todas las CCAA “hacen común un objetivo de nación”

Sin embargo, Sáenz de Santamaría ha querido dejar claro que el Gobierno tiene una valoración “sumamente positiva” del CPFF de este jueves. “Marca un hito muy importante en el desenvolvimiento del Estado autonómico. El acuerdo de ayer es un consenso de primer nivel, es un auténtico pacto de Estado en que todos sus miembros hacen común un objetivo de nación, que es controlar el déficit para salir de la crisis. En ese acuerdo se pone además de manifiesto la viabilidad del Estado de las autonomías, que es capaz de marcarse objetivos comunes y de fortalecer la unidad de todos sus miembros para conseguir lo que tiene que ser un elemento fundamental en la salida de la crisis, que es el control del déficit”, ha subrayado.

Según la vicepresidenta del Gobierno, con la aprobación de los planes de reequilibrio, “las CCAA y el Gobierno ponen a cero sus cuentas con un elemento fundamental, el control del déficit, para salir de la crisis”. Y ha querido “agradecer” a todas las CCAA “la responsabilidad” con la que han actuado.

El Ejecutivo descarta, de momento, la posibilidad de avalar la deuda de las CCAA o emitir hispanobonos. “El Gobierno ya ha ayudado financieramente a muchas CCAA a lo largo de este procedimiento”, ha destacado Sáenz de Santamaría en referencia al plan de pago a proveedores.

Avanza la Ley de Transparencia

La portavoz del Gobierno ha adelantado algunos datos sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia que se está desarrollando y que ha recibido cerca de 3.700 aportaciones por parte de los ciudadanos a través de una página web habilitada para ello.

Una vez aprobada esta ley, las administraciones públicas se verán obligadas a facilitar más información en temas relacionados con la adjudicación de contratos, el Gobierno implementará un plan de simplificación normativa, y se establecerá un régimen sancionador de los altos cargos de todas las administraciones que incumplan unas normas de buen gobierno.

El Gobierno espera ahorrarse unos 10.000 millones de euros con la aplicación de las medidas convalidadas este jueves. El trámite obliga al Ejecutivo a llevar las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros como Decreto-ley al Congreso, Cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta, por lo que la votación y el debate han quedado en un mero trámite parlamentario.

Más ratios de alumnos y cartera de servicios comunes para las CCAA

Las medidas propuestas en educación afectarán a todos los niveles educativos (universitarios y no universitarios) y combinan medidas de carácter excepcional con otras de carácter estructural que, según el Gobierno, introducen novedades que pretenden contribuir a mejorar de forma permanente la eficiencia del sistema educativo.

Entre otras, la propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte permitirá aumentar hasta un 20% los ratios máximos de alumnos por clase, incrementar la jornada lectiva de los profesores y elevar de tres a diez días el período máximo en que la baja de un profesor puede cubrirse sin contratar a un sustituto. En cuanto a las universidades, las CCAA podrán acordar una subida de los precios públicos de la matrícula de hasta el 25% para los nuevos alumnos.

En cuanto al texto relativo a la sanidad aprobado por el Congreso, este ha fijado bajo los criterios de igualdad, calidad, eficacia y eficiencia,  según la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, una cartera de servicios comunes para todas las CCAA. Además, entre otras medidas, ha establecido la creación de un nuevo sistema de aportaciones del usuario en farmacia y de una Plataforma de Compras Centralizada como mecanismo de ahorro.

También medidas de medio ambiente y RTVE

El primer Decreto-ley ha sido aprobado con 179 votos a favor (PP y UPN) y 135 en contra, y se ha rechazado que el texto de los recortes en educación se tramitara como proyecto de ley con 137 votos a favor, 167 en contra y 1 abstención. El texto relativo a la sanidad se ha aprobado con el respaldo de 178 congresistas (PP y UPN) y el voto en contra de 137. Su tramitación como proyecto por el procedimiento de urgencia también se ha rechazado con 139 votos a favor y 176 en contra.

Además, el Congreso ha aprobado el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente; el Real Decreto Ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio; y el último dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los congresistas, aprobado con 265 votos a favor, uno en contra y 37 abstenciones.

Si se define la escuela como un templo de la verdad -de la misma manera que se construyen templos dedicados a quimeras perjudiciales- , en ese caso los profesores deberían actuar como filtros que acorralaran y dejaran a la intemperie las creencias falsas. Esta solución no es, sin embargo, tan sencilla de aplicar.

Uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión. John Stuart Mill defendió este derecho en su libro Sobre la libertad, donde se puede encontrar este fragmento clásico:

‘Si toda la humanidad, menos una persona, fuera de una misma opinión y esta persona fuera de opinión contraria, la humanidad sería tan injusta impidiendo que hablase como ella misma lo sería si teniendo poder bastante impidiera que hablara la humanidad’.

El único límite al ejercicio de la libertad de expresión se encuentra según Mill en la difamación y en la agresión gratuita. Aunque este límite entraña problemas, la idea fundamental está clara: se puede afirmar lo que se quiera, pero sin perjudicar injustificadamente a los demás. La libertad de expresar cualquier idea, ya sea esta verdadera o falsa, es uno de los pilares de la democracia, y uno de los principios que debe regir en cualquier institución democrática.

Mill añadió una interesante continuación a su reflexión, explicando lo que ocurre cuando se prohíbe o censura una idea. Según afirma, las consecuencias son siempre negativas:

‘Si la opinión es verdadera se les priva de la oportunidad de cambiar el error por la verdad; y si es errónea, pierden lo que es un beneficio no menos importante: la más clara percepción y la impresión más viva de la verdad, producida por su colisión con el error’.

Prohibir creencias supone siempre una pérdida: si es verdadera por razones obvias, y si es falsa, porque su manifestación ayuda a que las creencias verdaderas brillen con más intensidad. Mill no identifica libertad de expresión con la tolerancia con las ideas falsas, sino con el conflicto y la ‘colisión’, es decir, con el ejercicio de la crítica.

¿De qué creencias estamos hablando al referirnos a creencias falsas? Sirva este ejemplo: es frecuente que se critique a las empresas farmacéuticas a la vez que se alaba los productos naturales u homeopáticos. Como ramificaciones que se extienden hasta el infinito, encontramos seguidamente a los que rechazan los pesticidas, las vacunas o los transgénicos, y por no faltar, hay incluso los que sienten pánico ante el wifi. Se trata de una oposición global y visceral hacia la ciencia y sus productos, basada en la opinión de que las industrias (sobre todo farmacéuticas) acumulan un gran poder y tienen unos intereses mercantiles incompatibles con el respeto a la vida en general y a la vida humana en particular. Sería absurdo negar que las empresas tienen intereses y que esperan obtener beneficios de sus inversiones. ¿Y quién no? El cinismo se encuentra en creer que los intereses son lo único que hay y que todo se mueve por el interés (tesis que además se puede adornar recurriendo a autoridades académicas como Michel Foucault). Según esta forma de relativismo, los intereses y las luchas de poder agotan la explicación de la realidad.

Sin embargo, los intereses acaban allí donde empiezan los hechos, y la ciencia tiene el método para ampliar el número de hechos y ponerlos a disposición del progreso humano. Se dirá que hay fraudes y errores también en la ciencia, pero las aduanas y controles que constituyen el método científico convierten esta actividad en la fiscalización más precisa de las creencias de que disponemos hasta la fecha, ya sea al contrastar las hipótesis con la realidad, o bien por el ejercicio de transparencia que obliga a que los experimentos sean reproducibles en otros laboratorios. La industria farmacéutica y de los transgénicos se asienta sobre esta maquinaria de la verdad construida por el ser humano y concebida para mitigar el dolor y el sufrimiento, y que tiene la pretensión de robarle tanto terreno a la muerte como sea posible.

Las creencias falsas constituyen un océano en el que nadan algunos peces que constituyen los hechos. Y la ciencia proporciona los mejores instrumentos para su pesca. Richard Dawinks resume muy bien este espíritu cuando aconseja a su hija:

‘Y la próxima vez que alguien te diga que una cosa es verdad, prueba a preguntarle: “¿Qué pruebas existen de ello?”. Y si no pueden darte una respuesta, espero que te lo pienses muy bien antes de creer una sola palabra de lo que te digan’.

¿Supone ser intolerante defender las creencias verdaderas y atacar las creencias falsas y perjudiciales? ¿La renuncia a la reflexión es el sacrificio que hay que hacer en beneficio de la tolerancia y en definitiva de la democracia? Es más, ¿en el aula se puede exponer cualquier idea? ¿Toda idea es defendible? ¿Tienen que recibir las creencias verdaderas y las falsas el mismo tratamiento desde la imparcialidad?

No todas las creencias merecen el mismo trato. Hay que jerarquizarlas, sopesarlas y clasificarlas, y al señalar las falsas hay que aportar razones. Cuando la tolerancia consiste en abrazar el relativismo, estamos debilitando nuestra democracia, erosionamos la convivencia y dinamitamos el progreso. Someter a escrutinio las ideas, creencias e hipótesis que manejamos en nuestra vida cotidiana es una obligación moral, un imperativo como ciudadanos. Y por la posición que ocupan maestros y profesores, esta actitud tendría que constituir la esencia de su ejercicio laboral. “¿Y en qué me baso para creer esto?”, tendría que ser una máxima aplicada a todas las creencias (desde el pacifismo hasta el cambio climático, por citar algunas de las más comunes y aceptadas). Agarrarse a una ideología constituye en realidad el naufragio del pensamiento.

Hay que exigir la tolerancia respecto a la expresión de las ideas sin renunciar al combate de las ideas erróneas (renuncia que se expresa por ejemplo cuando un profesor respeta la opción de los padres que deciden no vacunar a sus hijos, sin tener en cuenta que se expone a estos niños y a sus compañeros a enfermedades que pueden ser mortales). Tengo la convicción de que las creencias falsas son un lastre para el progreso humano. Mientras que las creencias falsas jamás han permitido que vuelen aviones, las creencias verdaderas nos han llevado a la Luna. En las creencias verdaderas se encuentra el triunfo sobre la enfermedad y sobre los desmanes y limitaciones de la naturaleza; en las erróneas, solo encontramos pobreza y muerte. La historia humana ha sido un progresivo y constante arrinconamiento de las ideas erróneas.

En la plaza pública conviven tanto ideas verdaderas como falsas, y pienso que la tarea del profesor ha de consistir en proveer a los alumnos del instrumental conceptual y argumentativo para que sepan defenderse por sí mismos del desorden y caos de ideas al que están expuestos desde su nacimiento. Digo la tarea del profesor, pero pienso más concretamente en la tarea del profesor de filosofía, en donde con mayor claridad recae la responsabilidad de enseñar a pensar a los alumnos, y de proporcionarles las herramientas para que piensen de forma crítica y responsable (lo que implica, entre otras cosas, que no se les aplauda cuando deciden incendiar las calles para reclamar calefacción). En la tarea de dar las herramientas para combatir las creencias falsas se justifica la existencia de una asignatura como esta en el bachillerato.

¿La filosofía es la homeopatía del pensamiento? Así lo afirma el siempre estimulante periodista Cristian Campos en su blog El Pandemonium. Campos denuncia la irrelevancia, incluso el efecto placebo, de creer que se está pensando donde no hay más que malabarismos en el aire. Si renunciamos al pensamiento crítico, y si rechazamos proporcionar a los alumnos las herramientas para combatir creencias falsas en aras de una tolerancia mal entendida, estamos convirtiendo el aula en una farsa y un simulacro en el que en realidad abandonamos a los alumnos a su infantilismo (que se expresa a menudo odiando lo que les rodea y queriendo destruir y llevarse por delante todo lo que encuentren a su paso). Si queremos una sociedad formada por ciudadanos adultos que contribuyan a incrementar el bienestar de todos, el instrumento de la crítica es indispensable.

Roger Corcho es colaborador de Tercera Cultura

Un grupo de radicales ha agredido este martes al presidente autonómico de Baleares, José Ramón Bauzá (PP), cuando se dirigía a la sede de su partido en Manacor (Mallorca).

Los agresores, mezclados entre decenas de personas que protestaban con una cacerolada contra las políticas del Gobierno autonómico, aprovecharon el momento en el que el dirigente popular abandonó el coche -que no pudo acercarse hasta la puerta de la sede porque los manifestantes se lo impidieron- para acosarle, gritarle y tirarle todo tipo de objetos.

La presencia de la policía en el lugar, que conocía desde horas antes que se había convocado la protesta por internet, no ha sido suficiente para evitar el ataque. Tres agentes de la Policía Nacional -entre ellos un escolta del presidente autonómico- resultaron heridos leves al recibir el impacto de algunas de las piedras que lanzaron los radicales. Aunque se ha abierto una investigación, todavía no se han producido detenciones.

“Una manifestación de odio y mucha agresividad”

El consejero de Presidencia de Baleares, Antonio Gómez (PP), que acompañaba a Bauzá en el momento de la agresión, ha señalado que temió por su integridad física durante el trayecto entre el coche y la sede popular, y ha asegurado que no se trataba de “ninguna manifestación para defender algún tipo de idea, sino una manifestación de odio y mucha agresividad”.

El Ayuntamiento de Manacor, con el voto favorable de los seis grupos que lo forman (PP, PSIB-PSOE, PSM-IV-ExM, AI Portocristo, ALM y Esquerra), ha aprobado un comunicado en el que ‘condena el uso de la violencia’ y ‘expresa su respeto al derecho a manifestarse’. Este ataque se suma a la agresión recibida unas horas antes por el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), en Orense.

Javier Fernández, líder del PSOE en Asturias y próximo presidente autonómico del Principado (foto: PSOE).

El socialista Javier Fernández será el próximo presidente autonómico del Principado de Asturias gracias al apoyo de IU y UPyD, tras haber llegado a un “acuerdo básico” con la formación liderada por Rosa Díez.

El pacto, que está pendiente de algunos flecos para que sea definitivo, se ha cerrado este miércoles tras casi dos meses después de las elecciones autonómicas del pasado 25 de marzo.

En los comicios el PSOE fue el partido más votado, con 17 de los 45 escaños de la Cámara autonómica, seguido de Foro Asturias (12), el PP (10), IU (5) y UPyD (1). Estos resultados situaban a UPyD como formación clave para la gobernabilidad de la Comunidad. Pero una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), tras una reclamación de Foro, ordenaba una nueva votación parcial para los emigrantes.

El Constitucional reasigna al PSOE un escaño de Foro

Sin embargo, tras varios recursos del PSOE e IU por la decisión del TSJC, el Tribunal Constitucional confirmó el escaño 17 (en juego) al PSOE. El empate se mantenía, 22 diputados autonómicos entre las dos posibles coaliciones naturales, la formada por PSOE e IU, por una parte, y la compuesta por Foro y PP, por otra, dejando al único representante de UPyD -Ignacio Prendes- como árbitro para desnivelar la balanza.

Finalmente, tras varios días de negociaciones y ante la amenaza de una posible intervención por parte del Gobierno de las cuentas del Principado, la formación magenta ha llegado a un acuerdo con la alianza de izquierdas para investir a Fernández como nuevo presidente autonómico.

Según han recogido varios medios locales de Galicia, los dos radicales han podido acceder al recinto, y al grito de ”¿dónde está el dinero de mi educación?”, se han abalanzado sobre Núñez Feijóo, que ha llegado a perder el equilibrio, y le han agredido, reteniéndolo para exponerle sus demandas. Acto seguido han actuado los agentes del equipo de seguridad, que han inmovilizado a los dos jóvenes y les han identificado.

Contra los recortes

Los agresores formaban parte de un grupo de unas 50 personas que se habían concentrado fuera del recinto ferial para protestar contra los recortes que están aplicando el Gobierno nacional y la Junta de Galicia.

Los manifestantes eran integrantes de la Plataforma SOS en Defensa dos Servizos Públicos, del colectivo de indignados de Orense, del colectivo Estudiantes sin futuro y miembros de las Xuventudes Socialistas.

La consejera autonómica de Hacienda y Administración Pública de la Junta, durante la rueda de prensa para presentar los ajustes de 3.500 millones de euros (foto: Junta de Andalucía).

Las Comunidades Autónomas han de ajustarse al máximo al objetivo tope del 1,5% de déficit de su PIB para este año, si quieren evitar ser intervenidas. A la misma hora que Artur Mas y Andreu Mas-Colell han anunciado un recorte de 1.500 millones de euros, la Junta de Andalucía hacía lo suyo anunciando un ajuste de 3.500 millones de euros.

Este martes, el Gobierno autonómico de Andalucía ha anunciado un ahorro de 2.500 millones de euros, en previsiones de gasto, y otros 1.000 millones, que se obtendrán vía ingresos. El Consejo de Gobierno autonómico ha aprobado el Plan Económico y Financiero de la Junta de Andalucía (2012-2014), según ha informado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo (PSOE), que presentará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde debe ser aprobado.

El ajuste de la Junta, anunciado este martes, supone retocar el 12% del presupuesto que ya se había aprobado para este año, previsto de 32.020 millones de euros.

Paralización de las obras públicas

Aguayo ha señalado que la Junta reducirá en unos 200 millones de euros la previsión de gasto aprobado en una de las últimas reuniones del Gobierno autonómico en funciones. Además de esta reducción del gasto, la consejera ha anunciado la aprobación de una serie de medidas fiscales con el objetivo de ingresar 1.000 millones de euros, en el marco de unas medidas presupuestarias “equilibradas, justas y equitativas”.

Entre estas reformas, destaca el anuncio de que la Junta no aplicará el aumento de la ratio escolar y la “reprogramación” de unos 570 millones de euros en inversión pública, de forma que no se realizará ninguna obra pública nueva salvo casos muy excepcionales. El Gobierno autonómico, además, ha aprobado reducir en un 5% del sueldo del presidente, consejeros y viceconsejeros de la Junta, así como una bajada en los complementos y retribuciones de carácter variable de los empleados públicos, tanto funcionarios como interinos.

Subida de impuestos

El equipo de gobierno ha establecido un aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas a la semana para los empleados públicos, reducirá el número de altos cargos, se bajará el número de horas extraordinarias y se llevará a cabo una reducción de los complementos adicionales de pagas extraordinarias de junio y diciembre. Esta reducción de salario, según los cálculos de Aguayo, podría llegar hasta el 6,5%, según las categorías.

Para ingresar esos 1.000 millones de euros anunciados, la Junta contempla un aumento de los tipos de ciertas figuras tributarias, como el tramo autonómico del IRPF en un punto (que pasará al 23,5%, en el caso de rentas entre 60.000 a 120.000 euros, y al 25,5%, para rentas de 120.000 euros en adelante), en el Impuesto de Patrimonio, y el impuesto especial de hidrocarburos, entre otros, así como medidas contra el fraude fiscal o un plan de optimización en la recuperación de un tercio de la cantidad entregada en concepto de adelanto de fondos europeos, así como el mantenimiento de medidas como venta y alquiler de activos patrimoniales, el llamado sale and lease back.

El congresista de UPyD, durante la conferencia en Barcelona sobre el modelo de Estado y fiscal de España (foto: LVdB).

“[...] Como Estado somos un híbrido extraño. Una cosa rara a medio camino entre lo federal y lo centralista, y con rasgos confederales. La confederación es un paso medio para unirse más o para separarse más. [...] La crisis económica ha puesto de relieve que [en UPyD] teníamos razón porque la crisis ha hecho que se visualice que el Estado es inviable. [...] La crisis nace porque hemos desarrollado un sistema [de Estado] que exacerba lo peor y no permite el control. [...] El sistema federal le va a España como un guante. [...] Lo de las balanzas fiscales es un cuento chino, es una bravata de ricos para acusar a los pobres de que estos les roban. Es lo mismo que han dicho los populistas nórdicos y xenófobos de Finlandia con relación al sur de Europa. [...] Si un partido racista y xenófobo del norte de Europa o Italia gana es fascista, pero si gana el PNV o CiU son progresistas. [...] ¿Hay que temerles en serio [a los nacionalistas]? Sí y no. No hay que permitirles que digan lo que dicen pero nunca llegan hasta el final. Como ejemplo: la ilegalización de Batasuna. No pasó nada. [Los nacionalistas] solo ganan el pulso cuando te retiras. Solo hay que marcar una línea y decirles que hasta aquí han llegado. [...] El nacionalismo es un ataque a la democracia porque intentan trocear países que ya existen”.

La primera cuestión que me vino a la mente fue: entiendo que Armendáriz, un profesional con una dilatada trayectoria detrás de las cámaras y, por consiguiente, con un cierto prestigio dentro del celuloide hispano, denegara la invitación, por las razones antes esgrimidas. Cuidado, que el ego no nos ciegue: que la entienda no significa que la comparta. Más bien, todo lo contrario: la conmino con virulencia. No obstante, la decisión es comprensible en el sentido que según determinadas personalidades se les infla el ego con demasiada facilidad, lo que provoca que se obnubilen y perciban la realidad desde una determinada distancia.

Sin embargo, ¿quién es Jenner para tan tremenda osadía? No es una interrogación formal, que pretende incurrir en un cuestionamiento de la presunta celebridad de la teórica estrella, sino que es una pregunta literal: ¿quién es Michelle Jenner?, o dicho en otros términos, ¿qué ha hecho en la vida la señorita Jenner para que, presuntamente, tome la decisión de no mezclarse con la turba en su particular camino a Málaga?

Alguien puede decir: eres un ignorante cinéfilo y por eso desconoces su figura, empero este no es el caso: he asistido a muchos festivales, seminarios, conferencias y ciclos, devorado cientos de libros de historia y técnica cinematográfica para considerarme un outsider del mundo del séptimo arte.

Así pues, lo primero que hice fue buscar información sobre la rutilante estrella. Vi que su carrera es relativamente parca en grandes títulos, por ese motivo su target de presentación es una serie televisiva de cierto éxito de audiencia (no de crítica). Perfecto y maravilloso, pensé: una muchacha con un estupendo porvenir cinematográfico. Ahora bien, ¿a qué se deben esas ínfulas clasistas, precisamente, cuando uno se halla en una carrera todavía en ciernes? ¿Nadie de los que constituye su cortijo le ha dicho que aquellos de los que presuntamente huye son los que le dan de comer?

Sí Michelle, porque si esa muchedumbre de la que te escabulles deja de ver tus series de televisión, abandona las salas en las que se proyectan tus películas, no serías rentable y pasarías a ser una actriz más, dentro del ingente número de profesionales del gremio que derrochan su talento fuera de las pantallas, y de los escenarios, remunerados. Como dijo Hegel, para que exista un reconocimiento, debe haber alguien que te reconozca y si no hay nadie al otro lado ese reconocimiento se desvanece y pasas a ser uno más de la multitud.

No se trata de personificar un ataque por una mala decisión (por eso somos seres humanos), sino de sacar a la luz una actitud que ha impregnado al mundo de la cultura, y a otras esferas públicas: la carencia de humildad, la soberbia más exacerbada. Y, dicho fenómeno, se erige en uno de los problemas más relevantes de nuestro tiempo: la gente, en según qué contextos, se cree poseedora de un respeto, de un aura, de la que no se ha hecho acreedora. O, dicho en otros términos, el respeto es un reconocimiento que se conquista merced al duro trabajo, humildad, esfuerzo, sacrificio, perseveración…

Y, repito, esta exhortación no se circunscribe exclusivamente al mundo de la farándula, sino que, por el contrario, puede (y debería) generalizarse en todos los ámbitos de nuestra existencia. Sólo virando de actitud hacia una perspectiva más humilde -que no sumisa-, empezaremos a ver la luz al final del túnel.

Oriol Alonso Cano es docente de Filosofía y Epistemología en la UOC e investigador de la Facultad de Filosofía de la UB

Tras una jornada pacífica de reivindicación, la Policía Nacional ha desalojado esta madrugada a los poco más de un centenar de indignados que se han quedado en la Puerta del Sol de Madrid tras la protesta del 12M, con motivo del primer aniversario del 15M. El saldo: 18 manifestantes detenidos y dos agentes heridos leves, según la Dirección General de la Policía.

La Policía Nacional ha desalojado por completo, en apenas una hora, la Puerta del Sol y los principales accesos a la plaza, minutos antes de las 5:00 horas. Varias decenas de furgones de la Unidad de Intervención Policial han accedido a la plaza y los agentes han procedido a establecer un cordón en torno a los indignados que permanecían en la plaza, y les han pedido que la abandonen.

Denuncia ante la Delegación

Una vez desalojada la plaza, la policía ha procedido también a despejar las principales calles de acceso y ha disolver a los grupos de indignados que aún quedaban, algunos de ellos portando material de acampada como sacos de dormir que todavía permanecían en la zona. Además, pasadas las 6:00 horas, en la Gran Vía madrileña la policía ha tenido que intervenir y ha detenido a varias personas.

Antes de la intervención, los agentes de la policía han advertido a los ciudadanos que estaban en la plaza que, en caso de permanecer en la zona, se les identificaría para interponer la correspondiente sanción ante la Delegación de Gobierno, ya que esta había fijado las 22:00 horas del sábado como límite horario para las concentraciones.

Villar Palasí reformó el sistema educativo español modernizándolo en 1970 (foto: CSIC).

El pasado 7 de mayo falleció José Luis Villar Palasí (Valencia, 1922), ministro de Educación entre 1968 y 1973 y padre de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa  (LGE), norma que supuso una enorme modernización del sistema educativo en España. Según ha informado Magisnet, Villar Palasí murió en Madrid.

Además de ministro durante el franquismo, Villar Palasí fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Pero pasará a la historia de España por ser el impulsor de la mayor y mejor reforma educativa (1970) que implantó la obligatoriedad de la enseñanza primaria pública hasta los 14 años (desde los 6 años) con la Educación General Básica (EGB) y creó la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Lenguas regionales

La reforma educativa, además de establecer la EGB, creó el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y la Formación Profesional (FP). Entre otras prerrogativas, la nueva norma establecía que en las regiones en las que además del español se utilizara otra lengua se estudiaría obligatoriamente una asignatura de esta lengua, y en BUP, una asignatura de literatura de la lengua regional.

La LGE, sin embargo, tuvo problemas de financiación por la oposición de las Cortes franquistas. La disputa parlamentaria entre tecnócratas (entre los que cabe situar a Villar Palasí) y falangistas dio lugar a la anécdota entre José Solis Ruiz, secretario general del Movimiento, y el impulsor de la reforma. Solis Ruiz interpeló a Villar Palasí con un “más deporte y menos latín”, a lo que este, aludiendo a la población de la que era natural Solís (Cabra, Córdoba), respondió: “Gracias al latín, los nacidos en Cabra se llaman egabrenses”.

En 2008, según recoge el diario Levante, Villar Palasí, en Valencia por última vez, admitió lo difícil que fue el “parto” de la ley educativa, cuyo proyecto presentó al Consejo de Ministros franquista a la semana de asumir la cartera de Educación:

“Yo no era apolítico, pero no tenía un grupo detrás. Ni era del Opus ni falangista. Era un freelance. Tenía el Consejo de Ministros en contra y si hubiera tardado un año en presentar la propuesta hubiera habido sus más y sus menos”.

No fue hasta el periodo 1975-1977 cuando se puso en marcha en toda su extensión. Estuvo vigente hasta 1990, con la aprobación de la LOGSE por parte del Gobierno del PSOE.

Asesor y especialista

Su llegada al Ministerio de Educación, en 1968, se produjo en un momento especialmente crítico, porque las facultades universitarias del campus de Madrid estaban cerradas por orden del Gobierno a raíz de los enfrentamientos que se habían producido entre los estudiantes y las fuerzas de seguridad. Villar Palasí fue también procurador en las Cortes franquistas.

Finalmente, cabe destacar que Villar Palasí (además de hablar doce lenguas, entre ellas el valenciano, su lengua materna) fue miembro del Consejo Asesor Académico para los Estudios de las Áreas de Ciencias Jurídicas, Empresariales y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, entre otros cargos.